EL PUEBLO PANAMEÑO LE GANA AL EXTRACTIVISMO MINERO

Naturaleza con Derechos – Diciembre 2023

La Corte Suprema de Panamá declaró, el 28 de noviembre 2023, la inconstitucional del Contrato- Ley 406 sobre minería de cobre. Este fue el resultado de las masivas protestas frente a un contrato hecho por el gobierno panameño con empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.

Las protestas paralizaron al país durante varias semanas, así como el trasporte terrestre centroamericano. La decisión de la Corte Suprema de anular el contrato-ley 406 constituye un triunfo del pueblo movilizado.

El contrato era por 20 años prorrogables, en la mayor mina a cielo abierto de cobre de Centroamérica. El contrato le daba a la empresa además, la posibilidad de expropiar terrenos dentro y fuera del área adjudicada, la gestión directa de puertos y aeropuertos.

La concesión se encuentra en un corredor biológico mesoamericano (de gran importancia ecológica), que une Centroamérica con México. El contrato se hizo a través de una ley aprobada en el Parlamento panameño en octubre 2023, sin debate previo, ni estudios de impacto ambiental, lo que despertó la reacción de la población. Fue una ley express aprobación en dos días.

First Quantum Minerals es la sexta empresa minera más grande del mundo en extracción de cobre, la que empezó la explotación minera en Panamá en 1977, pero lo que desencadenó las protestas fue la extensión del contrato por 20 años prorrogables.

El 3 de noviembre, en una primera fase de las protestas, el Parlamento Panameño aprobó un proyecto de ley de moratoria minera indefinida en el país. La ley, propuesta por el Ejecutivo, prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional, pero el Contrato – Ley seguía vigente y en manos de la Corte, por lo que las protestas no se detuvieron.

El 13 de noviembre de 2023, la canadiense First Quantum Minerals manifestó que tuvo que reducir sus operaciones por un bloqueo realizado por pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Limón.

Una encuesta ciudadana hecha en 2023, muestra que dos de cada tres panameños y panameñas encuestadas priorizan el medio ambiente por encima del crecimiento económico. Pese a ello, la cuestión ambiental ha pasado desapercibida en los debates parlamentarios hasta que estallaron las protestas a finales de octubre.

El ciclo de protestas inició de forma rápida y extendida. Se inició el 22 de octubre con una convocatoria nacional organizada por colectivos como la organización juvenil Sal de las Redes, el Movimiento Panamá Vale más sin Minería, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares y la Asociación de Profesores de Panamá. La demanda de quienes salieron a la calle era la derogación del contrato-ley y la aprobación de una moratoria minera. Luego se añadieron otras demandas sociales como un incremento en el presupuesto en salud, el control a la corrupción, entre otras.

Aunque la aprobación del contrato-ley fue el detonante, las protestas se enmarcan en un descontento social por la crisis del covid-19 y las restricciones impuestas lo que supuso una caída de 17,9% del PIB en 2020, profundizando las brechas sociales preexistentes y provocó un aumento de la pobreza.

“Los sectores indígenas, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, ciudadanos independientes siguen conmemorando, celebrando esta gran victoria del pueblo panameño de liberarse de un enclave colonial minero, la cual aspiran a una economía solidaria, ecológica y justa”, dijo Olmedo Carrasquilla luego de que se conoció el resultado de la Corte.

La finalización de la extracción minera en Panamá constituirá un hito para el anti-extractivismo en la región.

Fuentes:

Jon Subinas y Salvador Martí i Puig (2023). Panamá se levanta contra la minería. Nueva Sociedad https://nuso.org/articulo/panama-se-rebela-contra-la-gran-mineria/

Radio Temblor. Corte Suprema de Justicia de Panamá declara inconstitucional la Ley 406 del contrato minero. 29 de noviembre 2023.

DW. La economía panameña “no ha dependido de la minería”. https://www.youtube.com/watch?v=FuFP6az4r7M

 

Fuente: Naturaleza con derechos

Honduras. “Sólo enjuiciando a todos los culpables se garantizará justicia integral para Berta”

En horas de la noche del 1 de diciembre, agencias noticiosas y redes sociales lanzaban un comunicado del Ministerio Público de Honduras, en el que se informaba de un “requerimiento fiscal con orden de captura contra otro implicado en el asesinato de Berta Cáceres”.

Horas después, luego de que familiares de la luchadora social hondureña asesinada hace casi ocho años, miembros del Copinh (Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras) y del equipo legal de la Causa Berta Cáceres formularan hipótesis sobre el posible nuevo involucrado, comenzó a circular copia de una orden de captura contra el ciudadano Daniel Eduardo Atala Midence, como supuesto responsable “a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de Bertha Isabel Cáceres Flores”.

Al momento de caer bajo las balas asesinas de un comando criminal, hace 93 meses, un 2 de marzo de 2016, en su casa en la ciudad de La Esperanza, Berta Cáceres y el Copinh, organización de la cual fue cofundadora hace 30 años, estaban librando una larga y difícil batalla contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) sobre las aguas del río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

Daniel Atala Midence es miembro de la familia Atala Zablah, una de las más ricas y poderosas de Honduras, y fungió como gerente financiero de Desa. Desde su posición –asegura el Copinh– era el encargado de autorizar y administrar pagos de informantes para vigilar, perseguir, criminalizar y enjuiciar a sus integrantes.

Junto a David Castillo, presidente de Desa, dirigió las acciones ilegales para la construcción del proyecto Agua Zarca. También es hijo de José Eduardo Atala Zablah y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, todos ellos miembros de la junta directiva de Desa.

Desde esta estructura “familiar” se dirigieron ataques sistemáticos contra Berta y el Copinh, en medio de un clima de odio y persecución, que desembocaron en el asesinato de la coordinadora de la organización indígena Lenca y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015, el mayor galardón para activistas de base en pro del medioambiente.

Siete meses después del crimen, familiares de Berta Cáceres entregaron al sistema de administración de justicia todas las pruebas que demostraban cómo Castillo y los ejecutivos de Desa generaron un patrón de persecución permanente que llevó al asesinato de Berta.

Es imposible entender su asesinato sin entender el contexto de ataques sistemáticos que le antecedió y que también son parte integrante del crimen. Sin embargo, todo quedó engavetado.

Hasta el momento, ha sido exclusivamente gracias a la tenacidad, la firmeza, el coraje y la total entrega de la familia de Berta y el Copinh, al trabajo invaluable del equipo legal y al clamor de la solidaridad nacional e internacional, si se han podido dar pasos importantes en aras de lograr verdad y justicia.

Manos asesinas y eslabón criminal

En diciembre de 2019 fueron condenados a penas de hasta 50 años de reclusión los siete autores materiales del crimen, entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de Desa, ex militares y militares activos. Cuatro de ellos también fueron condenados por la tentativa de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Cáceres en la casa y que logró sobrevivir al ataque.

En julio de 2021 fue hallado culpable como coautor del asesinato de Berta Cáceres, el ex presidente de Desa y ex oficial de la inteligencia militar hondureña, graduado de la academia de West Point, David Castillo. Un año después fue sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión. En la estructura criminal que organizó, financió y ejecutó el crimen, Castillo fungió como eslabón entre los mandantes y los autores materiales.

Lamentablemente, los dos casos aún no están cerrados y las sentencias no están firmes, ya que los recursos de casación presentados por las defensas de los imputados siguen pendientes de la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

También en el juicio denominado “Fraude sobre el río Gualcarque”, que finalizó en marzo de este año y donde se demostró la responsabilidad penal de las seis personas imputadas, entre otros el mismo David Castillo y varios funcionarios públicos, en los delitos de fraude, violación de deberes de los funcionarios, falsificación de documento, uso de documento falso y usurpación de funciones, el Tribunal de Sentencias del Circuito Anticorrupción aún no dicta sentencia.

Además, tanto la familia de la dirigente indígena asesinada, como el equipo legal y el Gaipe (Grupo asesor internacional de personas expertas) advirtieron que todavía faltaba traer al banquillo de los acusados a los autores intelectuales del crimen, y demás personas e instituciones involucradas.

En la misma sentencia contra los siete autores materiales, se dice que su asesinato fue perpetrado “con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desa, entre ellos el señor Sergio Rodríguez (uno de los siete sentenciados n.d.r) y otros más que no son parte de este proceso”.

Faltan los mandantes

Para las víctimas, procesar y castigar a los mandantes del crimen es imprescindible si se quiere alcanzar la verdad integral del asesinato de Berta, que incluye también el crimen político de generar terror en las comunidades lencas y pretender aplastar la resistencia y la dignidad de los pueblos que luchan contra el extractivismo.

Para el Copinh, la familia de Berta y el equipo legal sólo habrá justicia completa, que implica verdad, reparación y no repetición de los crímenes que se cometieron, cuando se haya capturado, enjuiciado y condenado a los que orquestaron y financiaron el asesinato.

Daniel Atala Midence es uno de ellos.

Durante siete años, prevaleció la impunidad. Ahora las nuevas autoridades (interinas) del Ministerio Público parecen querer ir a fondo de este y otros crímenes, que han quedado impunes por la falta de voluntad de un sistema de justicia corrupto y vendido a los grupos de poder económico y político.

“Tras el nombramiento de las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público, como Bufete Estudios para la Dignidad solicitamos una reunión urgente para abordar varios temas, en especial el de la Causa Berta Cáceres”, dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal que representa a la familia de la lideresa indígena.

“Nos aseguraron que están comprometidos con el caso y finalmente nos llegó la noticia del requerimiento fiscal y orden de captura contra Daniel Atala. Si por un lado apreciamos tanto el interés como la determinación que están mostrando – continuó Fernández –, por el otro quisiéramos que esto se combinase con el mayor sentido de responsabilidad y rigor en la persecución de la autoría intelectual del asesinato de Bertita (Cáceres)”.

Para el abogado y también coordinador del Madj (Movimiento amplio por la dignidad y la justicia) es importante que las nuevas autoridades tomen en cuenta también los diferentes eslabones de la Causa Berta Cáceres, como la responsabilidad de funcionarios públicos, actores financieros nacionales e internacionales que patrocinaron económicamente el proyecto Agua Zarca, grupos económicos vinculados con el modelo extractivo-energético que opera en el país, cruzado con las formas de corrupción y violencia.

“Los ejecutivos de Desa desarrollaron una conducta, un comportamiento propio de una asociación criminal. La nueva administración del Ministerio Público debe conducir un proceso judicial por esta vía.

Además – continuó Fernández – deben reconocer y tratar a las víctimas, a la familia de Bertita y al Copinh, como sujetos, como parte protagónica de este proceso, algo que siempre se les ha negado”.

Para el abogado, es el momento de demostrar que se está dando un cambio trascendental en el sistema de justicia.

“La comunidad que demanda justicia en la Causa Berta Cáceres ha tenido que dar una gran pelea en contra de un sistema de justicia corrupto que genera impunidad. Se han logrado condenas a los autores materiales y a un autor intermediario del crimen a pura presión.

Ahora debemos pasar al nuevo eslabón. Sólo así se logrará no sólo garantizar justicia integral para Bertita, sino también abrir el camino para que se les garanticen verdad, justicia, reparación y no repetición a las cientos de víctimas de este modelo extractivo criminal”, concluyó Fernández.

Por: Giorgio Trucchi | LINyM

Tomado de: nuevanicaraguaymas.blogspot.com

 

Fuente: Radio Temblor 

Frente al FMI y la Deuda, invitamos a proponer y a debatir

Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, invitamos a un encuentro amplio de todas las organizaciones y colectivos que buscamos fortalecer y articular las luchas contra la deuda externa y sus múltiples consecuencias.

La propuesta es debatir los cambios en la situación a partir del nuevo gobierno de la ultraderecha encabezado por Milei, y en ese contexto ver las iniciativas y propuestas para continuar la lucha contra la dominación del FMI y de la deuda eterna.

Será el próximo miércoles 13 de diciembre, a las 17 hs, en Rincón 74 (sede de la FJA), CABA. En la medida posible, abriremos una conexión virtual para compañeras y compañeros que están fuera del AMBA y querrán participar. 

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO

E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

Más información/confirmaciones:

autoconvocatoriadeuda@gmail.com

 

Fuente: Autoconvocatoria por la suspension del pago de la deuda

Panameños exigen ejecución del fallo de inconstitucionalidad y cierre de la mina Cobre Panamá

Luego del fallo de inconstitucionalidad del contrato ley 406 dado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de noviembre, el pueblo panameño está a la expectativa del cierre definitivo de la mina. Frente a ello, el movimiento Panamá Vale Más sin Minería ha instalado una vigilia permanente en las afueras del Ministerio de Ambiente MIAMBIENTE para entre otras cosas, exigir el cumplimiento del cierre de la mina y la renuncia del Ministro Milciades Concepción de esta institución.

Por otro lado, como medida de represalia contra quienes estaban protestando, se han levantado cargos contra 21 dirigentes especialmente en el área de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí, entre ellas Damaris Sánchez. Y en la capital contra estudiantes universitarios Abraham Hidalgo, a quien la policía y la fiscalía habían allanado su casa en búsqueda de pruebas pero que en la audiencia salió liberado. Misma situación se repitió con los conocidos “guerreros del mar” del área de Donoso, Arcadio Pitti y Sabino Ayarza, quienes lograron ser absueltos pero la fiscalía insiste en apelar la medida.

Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

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La empresa First Quantum Minerals, al conocer el fallo de la Corte Suprema de Panamá, ha anunciado que recurrirá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para defender sus intereses ante la decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucional el contrato minero que le otorgaba la concesión por 20 años prorrogables. El CIADI es una institución del Grupo del Banco Mundial, especializada en arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados que hayan invertido en los Estados anteriores. La Corte Suprema consideró que la ley 406 que aprobaba el contrato violaba la Constitución Nacional, la legislación ambiental y los derechos de los pueblos indígenas afectados por la actividad minera. La decisión se produjo luego de más de un mes de protestas masivas en contra de la explotación minera por parte de First Quantum Minerals en una zona protegida, donde se han denunciado graves impactos ambientales y sociales. Los últimos acontecimientos han sido que la empresa se niega a cerrar la mina y liquidar a los trabajadores.  

Por otro lado, en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, los habitantes están protestando contra el contrato ley minero 92, que le otorga a la empresa Vera Gold Corporation una concesión para la extracción de minerales metálicos. El Movimiento Por un Veraguas Verde solicita que se declare inconstitucional dicha ley.

Por: Dania Betzy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional

Fuente: Radio Temblor

Para luchar contra el cambio climático, debemos enfrentar el problema del consumo alimentario, de manera urgente

Hoy es de conocimiento general que, para romper con la evolución actual del cambio climático, es necesario cambiar la manera en que producimos pero también la manera en que consumimos energía.

Solamente cambiar fuentes de energía “contaminantes” por energías “limpias” no funcionará. Es por esto que tenemos que producir y utilizar menos energía si queremos mantener nuestro planeta habitable, mientras luchamos por la justicia y la equidad en el acceso y el consumo energético.

Algunas personas llaman a esto “decrecimiento”, o abandonar la mentalidad que considera el crecimiento económico como la medida de nuestro éxito como sociedades. Las investigaciones muestran que el crecimiento económico “verde” no es suficiente ya que nos tomaría cientos de años lograr el impacto necesario.[1] Tenemos que reducir radicalmente las emisiones y tenemos que hacerlo rápido. Y en términos políticos, sabemos que la decolonización —garantizar justicia en la distribución de los recursos, el poder y la riqueza— debe ser nuestra brújula.[2] Son un pequeño número de sociedades altamente industrializadas las que provocan la mayor parte del derroche y el consumo excesivo de los recursos de nuestro planeta.

Lo mismo sucede con los alimentos, que son, después de los combustibles fósiles, la segunda mayor fuente de emisiones contaminantes a nivel mundial. Es por esta razón que no sólo tenemos que cambiar el modo en que producimos alimentos, sino también la manera en que los consumimos. Si bien esto puede parecer evidente, cuando se sacan las cuentas sobre contaminación, el consumo alimentario es normalmente ignorado o no se aborda lo suficiente (y es cada se vuelve más urgente hacerlo). Para 2100, tan sólo el consumo mundial de alimentos podría añadir casi 1 °C al calentamiento del planeta, y es probable que este 2023 ya estemos llegando al límite fijado por el Acuerdo de París este año, de un aumento de temperatura de 1,5 °C.[3] Se nos está acabando el tiempo para cambiar, de manera razonable, este escenario.

Cambiar el sistema

El movimiento contra el cambio climático actual, que nació de una crítica clara y aguda del papel de los combustibles fósiles como principal motor desestabilizador de nuestro clima, no sólo hace un llamado a utilizar energías renovables, demanda también importantes recortes en la exploración, producción y utilización de la energía destinada a los países más ricos. Y esto requiere cambios estructurales profundos en la forma en que estas sociedades usan y consumen energía.

Significa mayor utilización de transportes colectivos, mayor duración y reparabilidad de productos, y mucho menor consumo de bienes no esenciales. Abordar y controlar el consumo en un sentido amplio significa también menos manufactura, menos trabajo, menos viajes, más tiempo para hacer cosas “no productivas” (y por lo tanto no destructivas). Esto depende de la toma de conciencia respecto de lo que es escaso y en cambiar su utilización. En otras palabras, tenemos que adoptar culturas de sobriedad, pero no la neoliberal que conocemos bajo el eufemismo de “austeridad”, que castiga a los pobres.

Con el sistema alimentario ocurre lo mismo. Durante el siglo pasado, gran parte del sistema alimentario mundial fue industrializado a través de la introducción de insumos químicos, monocultivos a gran escala, granjas industriales de animales, mecanización pesada y riego. Los sistemas alimentarios locales fueron desmantelados y globalizados, y las corporaciones transnacionales tomaron el control sobre todos los aspectos de la cadena alimentaria. Debido a esto, el sistema alimentario industrial representa ahora más de un tercio de las emisiones mundiales de gases con efecto de invernadero, al mismo tiempo que es el principal causante de la deforestación, la crisis hídricas, el colapso de la biodiversidad, además de numerosas enfermedades. El Banco Mundial, que desempeñó un papel importante en la promoción de este modelo catastrófico, estima que el sistema alimentario mundial nos cuesta ahora 12 billones de dólares anuales en gastos económicos, ambientales y sociales ocultos.[4]

Las corporaciones del agronegocio y la alimentación, que controlan y se benefician de este sistema, se demoraron en proponer soluciones a la crisis actual. Esto ha ido cambiando a medida que la preocupación por la crisis climática se ha extendido gradualmente al sector alimentario, y durante los últimos años la mayoría de estas corporaciones han anunciado planes “cero neto”, asociándose con gobiernos y agencias internacionales en programas para reducir las emisiones en la agricultura. Todas estas iniciativas empresariales giran en torno a técnicas y tecnologías que aseguran que pueden hacer la agricultura más eficiente, y todas ellas parten de la idea de que es posible mantener los altos niveles de producción y consumo actuales. De hecho, todos estos modelos corporativos se basan en proyectar el crecimiento de sus ventas de productos con altas emisiones, esgrimiendo la mentira de que éstos pueden ser “neutrales en carbono”, “verdes” y “libres de deforestación.”[5] No es de sorprender, entonces, que las promesas de “cero neto” por parte de las corporaciones alimentarias dependan en gran medida de programas de bonos de carbono.[6]

Obviamente, esto no va a funcionar. Pero tampoco es necesario ni deseable que así sea. La verdad es que el sistema alimentario industrial se organiza en función de las ganancias de las corporaciones, no busca utilizar y repartir recursos finitos (y emisiones) con el fin de garantizar que los ocho mil millones de personas en este planeta tengan suficientes alimentos nutritivos para comer. Tenemos un sistema alimentario mundial basado en la producción en masa de unos pocos cultivos básicos para convertirlos en carne, lácteos y alimentos procesados, además del suministro constante de productos de lujo para los ricos (pensemos en el chocolate, las flores y las fresas), todo lo cual genera enormes emisiones sin proveer demasiada nutrición a cambio.

Este sistema alimentario controlado por las corporaciones es también derrochador. Un tercio de los alimentos producidos se desperdicia, lo que significa que termina en vertederos donde genera importantes gases con efecto de invernadero, especialmente metano. Además, hay que aclarar que gran parte de la comida que producen estas corporaciones es “basura”. Por ejemplo Nestlé (la empresa suiza que domina las góndolas de los supermercados a nivel mundial y que gasta cientos de millones de dólares al año en lobby y publicidad para asegurar la venta de sus productos) ha reconocido que “usando la definición comúnmente aceptada, el valor nutricional de menos de la mitad de sus principales alimentos y bebidas puede ser considerado ‘saludable’”.[7] Pensemos en toda la tierra, el agua y la energía que podrían ser redirigidas hacia la producción de alimentos nutritivos si quitáramos los productos Nestlé de este mundo.

El consumo es manejado por las corporaciones

Para abordar la crisis climática necesitamos controlar, de manera equitativa, la producción y el consumo de carne industrial, de lácteos industriales y de alimentos innecesarios privilegiados por las corporaciones. En su reemplazo, tenemos que dar prioridad a la producción y el consumo de alimentos locales y saludables. Los estudios científicos que demuestran cuánto contribuyen los alimentos industriales a la catástrofe climática siguen avanzando.[8] De acuerdo a investigadores de la Universidad de Oxford,[9] ahora sabemos que reduciendo el consumo de las poblaciones pudientes o bien alimentadas de carnes rojas y lácteos producidos industrialmente, se pueden disminuir hasta en un 75% las emisiones contaminantes derivadas de la alimentación. Y reemplazar los alimentos de origen animal con legumbres, nueces, frutas y verduras nos permite importantes beneficios para la salud: reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, y disminuye la mortalidad causada por enfermedades relacionadas a la alimentación.

Sin embargo, estos cambios no deben trivializarse ni reducirse a comportamientos individuales ya que producimos y consumimos un exceso de alimentos y energía de manera colectiva. Las agendas corporativas (que a través del marketing, el lobby político y los acuerdos comerciales van contra el interés general) impulsan la sobreproducción y el consumo excesivo (véase el recuadro sobre Jalisco.) El sistema comercial mundial depende y refuerza cada vez más el consumo, la estimulación y el crecimiento. Según la Organización Mundial del Comercio, actualmente las emisiones generadas por la producción y el transporte de bienes y servicios de importación y exportación representan entre el 20% y el 30% de las emisiones globales de gases con efecto de invernadero. En el caso de las frutas y verduras representa un 36%.[10] El camino que recorre la carne vacuna para llegar a los hogares chinos ilustra muy bien el problema.

Veamos que pasa con el azúcar. Si bien las autoridades climáticas del Reino Unido han recomendado reducir un 20 % el consumo de carne y de lácteos para 2030, y una reducción del 35 % en el consumo de carne para 2050, ahora es el azúcar la que toma protagonismo.[11] El Reino Unido produce azúcar más que suficiente para toda su población y los “costos climáticos” que por ello se pagan están relacionados con un elevado uso de la tierra y el agua, la pérdida de la capa superficial del suelo, la pérdida de la biodiversidad y una serie de subsidios mal enfocados. El costo sanitario es, por supuesto, igualmente preocupante: dos tercios de la sociedad británica tienen sobrepeso o son obesos. A pesar de eso, el país importa casi el doble de la cantidad de azúcar que produce, generando una “factura climática” aún mayor.[12] Este exceso de consumo no está impulsado por una demanda por parte de los consumidores, sino que por la avaricia empresarial. El azúcar es un ingrediente alimentario barato que aumenta las ventas, especialmente en forma de alimentos altamente procesados. Las importaciones están cubiertas por los numerosos acuerdos de libre comercio firmados por el Reino Unido, los cuales favorecen los intereses corporativos y no el bien común de la población. Movimientos sociales británicos exigen ahora una reestructuración total de la industria, que incluya redireccionar los subsidios del azúcar hacia las frutas y las verduras con el fin de hacerlas más accesibles para todos.

Nuestra oportunidad de avanzar

Como se ha señalado, si bien la acción individual es importante, no podemos reducir este asunto, ni cargar con la responsabilidad a las personas individuales. Suena lógico reducir las importaciones en países donde se consume un exceso de carne , lácteos y alimentos innecesarios producidos industrialmente, además de hacer que los sistemas de producción sean más ecológicos. Pero en primer lugar tenemos que encontrar formas de acabar con las corporaciones que causan todo eso.

Esto requiere algunos cambios políticos radicales y una presión organizada por parte de los movimientos sociales. Por fortuna, debido a la experiencia directa de la gente con el colapso climático, ha crecido la idea de que necesitamos cambios urgentes y que éstos se logran a través de la acción colectiva.

En este contexto, resulta urgente intensificar una serie de medidas prácticas que hoy son impulsadas por distintos activistas e investigadores. Estas medidas son:

  1. Acabar con el desperdicio de comida, una de las mayores fuentes de emisiones contaminantes.
  2. Reducir el consumo excesivo concentrado unos pocos países, tanto de carne y lácteos producidos industrialmente, como de alimentos suntuarios (frutas y verduras fuera de temporada, artículos de lujo como frutos del bosque, bayas, moras y dulces, etcétera). Importante papel pueden jugar los impuestos, aranceles y otras herramientas fiscales, como también algunas iniciativas por parte de los distribuidores de alimentos. Deben frenarse o rescindirse los acuerdos comerciales que impulsan el exceso de oferta, como por ejemplo el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
  3. A través de políticas agresivas, cómo la reducción de los rebaños, restringir la producción de carne y lácteos industriales en Europa, Norte América, Brasil, Australia y Nueva Zelanda.
  4. Apoyar a agricultoras y agricultores para que abandonen los fertilizantes químicos y prohibir el confinamiento de animales, ambos causantes de enormes cantidades de óxido nitroso y metano respectivamente.
  5. Repensar y rediseñar el sistema de distribución de alimentos. Las ciudades necesitan reorganizar el comercio minorista de alimentos, distribuyendo las tiendas y los mercados de manera equitativa, ofreciendo alimentos saludables en lugar de productos ultraprocesados. También deberíamos considerar la zonificación u otras políticas públicas que limiten la presencia de las corporaciones y protejan a quienes venden y a las cooperativas locales. Necesitamos socializar mejor la distribución de alimentos. Ya hay quienes buscan lograr esto estableciendo sistemas de seguridad social alimentaria, luchando por permisos locales y por protecciones sociales a nivel nacional para vendedores ambulantes, y tratando de fortalecer los mercados públicos mediante controles de precios, subsidios e infraestructura pública. Y es posible hacer mucho más en este frente.
  6. Eliminar las regulaciones y las leyes que perjudican a quienes localmente producen alimentos y reemplazarlas por políticas que apoyen los sistemas de producción y comercialización agroecológica liderados por campesinas y campesinos.
  7. Por último, debemos detener los acaparamientos silenciosos de tierra y del agua que están ocurriendo en todo el mundo con el fin de expandir la producción de monocultivos agrícolas para exportación.[13] Es necesario también apoyar los amplios movimientos sociales, desde Argentina hasta Arizona y desde Camerún hasta Francia, que se están movilizando para mantener la tierra y el agua bajo control social, como bienes comunes que pertenecen a los pueblos en sus territorios, y no como mercancías para ser explotadas en beneficio de unos pocos.[14]

En pocas palabras, necesitamos construir más sistemas públicos, más acción colectiva y nuevas economías para lograr la justicia que la gente anhela. Pero es necesario que lo hagamos rápido. Las corporaciones, juntos con otros criminales climáticos, no se quitarán del camino a menos que los obliguemos a hacerlo.

Cómo los acuerdos de libre comercio fomentan hábitos de consumo que destruyen a las comunidades rurales.

En un caso entre muchos otros, veamos cómo opera esto en las comunidades locales alrededor de El Grullo, en el estado mexicano de Jalisco. Antes de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entrara en vigor en 1994, las tierras se administraban colectivamente, campesinas y campesinos producían una variedad entremezclada de cultivos alimentarios tradicionales y pastoreaban animales en los bosques de las laderas. La gente tenía acceso al agua, la tierra y los alimentos. El excedente de maíz, queso y otros alimentos producidos se vendían en la ciudad para generar algunos ingresos.

Luego vino el TLCAN, y la gente perdió los mercados locales ante un maíz estadounidense cuyas importaciones subsidiadas y baratas inundaron el país. El gobierno mexicano comenzó una campaña para animar a la gente a dedicarse a la producción de papas y otros monocultivos bajo contrato con empresas de comida rápida. Comenzó así un ciclo de deudas, uso de químicos, deforestación y debilitamiento del control colectivo de los pueblos sobre los territorios.

Hoy las comunidades son más pobres que nunca y las tierras están devastadas. Las tierras y la producción han sido conquistadas por el crimen organizado y las corporaciones de alimentos, las cuales se centran en la producción a gran escala de agave (tequila) y de cultivos de exportación ambiental y socialmente destructivos, como el aguacate, las “berries” y las uvas, dirigidos principalmente a los supermercados de Estados Unidos y Canadá. Los prósperos sistemas alimentarios de Jalisco fueron destruidos dando paso a un sistema de producción y consumo organizado en torno a las ganancias de las corporaciones.

Esta situación no se va a solucionar haciendo que las plantaciones de uva sean más eficientes o sostenibles. Sólo se va a reparar cuando las comunidades recuperen el control de sus territorios y cuando quienes consumen en Estados Unidos y Canadá se despidan de las uvas importadas.

(Texto basado en una entrevista realizada a integrantes del Colectivo por la Autonomía)

[1] Jegim Vogel and Jason Hickel, “Is green growth happening? An empirical analysis of achieved versus Paris-compliant CO2–GDP decoupling in high-income countries”, The Lancet, septiembre de 2023: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(23)00174-2/fulltext

[2] Sobre esto ver la excelente presentación en “Beyond Growth 2023”, Bruselas, 15-17 de mayo de 2023: https://www.beyond-growth-2023.eu.

[3] Catherine Ivanovitch et al, “Future warming from global food consumption”, Nature Climate Change, 6 de marzo de 2023: https://www.nature.com/articles/s41558-023-01605-8. Berkeley Earth”, septiembre, 2023 temperature update”: https://berkeleyearth.org/september-2023-temperature-update/

[4] Banco Mundial, “Food finance architecture: Financing a healthy, equitable, and sustainable food system”, 23 de septiembre de 2021: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/879401632342154766/food-finance-architecture-financing-a-healthy-equitable-and-sustainable-food-system

[5] A partir de 2026, en la Unión Europea la palabra “carbono neutral” estará prohibida en las etiquetas de los productos (pero no en servicios como los pasajes de avión). Ver Nikolaus Kurmayer, “EU reaches deal banning climate-neutral product claim”, 21 de septiembre de 2023: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-reaches-deal-banning-climate-neutral-product-claims/

[6] Por ejemplo, el gigante estadounidense de los dulces Mars Inc. admite que necesitaría compensar al menos el 20% de sus emisiones para llegar al cero neto. Mars, “Net zero road map”, septiembre de 2023: https://www.mars.com/sites/g/files/jydpyr316/files/2023-09/Mars%20Net%20Zero%20Roadmap%202050_2.pdf

[7] Alistair Gray, “Nestlé says less than half of its mainstream food and drinks are considered ‘healthy’”, Financial Times, 21 de marzo de 2023: https://www.ft.com/content/8d42f7e8-72a6-4d85-9990-ad2a2cd0da21

[8] Ver resumen de Médicos por una Medicina Responsable, 29 de octubre de 2023: https://www.pcrm.org/good-nutrition/vegan-diet-environment

[9] Estos resultados reflejan las dietas del Reino Unido. Ver Damian Carrington, “Vegan diet massively cuts environmental damage, study shows.” The Guardian, 20 de julio de 2023: https://www.theguardian.com/environment/2023/jul/20/vegan-diet-cuts-environmental-damage-climate-heating-emissions-study. Este estudio fue publicado integro en Nature Food el 20 de julio de 2023: https://www.nature.com/articles/s43016-023-00795-w.

[10] Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente, “Field to fork: global food miles generate nearly 20% of all CO2 emissions from food”, 25 de enero de 2023: https://environment.ec.europa.eu/news/field-fork-global-food-miles-generate-nearly-20-all-co2-emissions-food-2023-01-25_en

[11] Oliver Morrison, “Sugar: the next ingredient set to come under fire for its climate impact?”, Food Navigator, 23 de abril de 2021: https://www.foodnavigator.com/Article/2021/04/23/Sugar-the-next-ingredient-set-to-come-under-fire-for-its-climate-impact

[12] James Tapper, “Cap UK’s sugar supply to fight obesity, say campaigners”, The Guardian, 28 de octubre de 2023: https://www.theguardian.com/society/2023/oct/28/cap-uks-sugar-supply-to-fight-obesity-say-campaigners

[13] Ver la herramienta de búsqueda de GRAIN: https://farmlandgrab.org.

[14] GRAIN, “El acaparamiento de agua por parte de la industria alimentaria deja a las comunidades sin una gota”, 26 de septiembre de 2023: https://grain.org/e/7039.

Publicado originalmente en GRAIN

 

Fuente: Desinformemonos