Pronunciamiento: Alerta ante el intento de reforma constitucional en Ecuador

En Audiencia internacional el pasado 13 de octubre, sobre los impactos de las políticas, préstamos y programas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en relación al Agua, el Clima y la Energía, el Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI y el BM deliberó sobre cómo las acciones de estos dos organismos multilaterales han incidido e inciden en la vida del Ecuador.

Se destacaron sus impactos a través de la deuda externa que da continuidad a una herencia colonial ligada a una historia de dominación, de despojo, de saqueo y de crímenes. Esta deuda eterna significa sacrificar las condiciones de vida de la mayoría y de la Madre tierra, la Naturaleza, para favorecer abiertamente a determinados sectores empresariales que configuran el entramado del poder oligárquico, que impulsa una verdadera cruzada en contra de los derechos de los pueblos y de la naturaleza consagrados en la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008.

Por lo que este Tribunal, junto al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, en ejercicio de sus respectivos mandatos, deciden pronunciarse en defensa de la Constitución de Montecristi, por la importancia que reviste en relación a las problemáticas que nos concierne.

Por primera vez, un Estado reconoció a la naturaleza —la Pachamama— como sujeto de derechos, con el derecho a existir, mantenerse y regenerar sus ciclos vitales. Este hito no solo significó un avance jurídico, sino un acto de justicia ecológica y de sabiduría ancestral, estrechamente ligado al reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural, que afirma la convivencia de diversos pueblos y culturas con sus propias cosmovisiones y formas de relacionarse con la Tierra y que es una referencia mundial para repensar la relación entre humanidad y naturaleza.

La Constitución de Montecristi afirma, además, los derechos que garantizan una vida digna, el derecho a la resistencia, a la amplia y activa participación ciudadana, a la soberanía alimentaria, energética y económica y a la Paz, también amenazada por el potencial retorno de bases militares estadounidenses a las islas Galápagos y a otros lugares del territorio ecuatoriano.

Las oligarquías y el gobierno, el entramado financiero, corporativista y geopolítico que los sostiene, están empeñados en reducir todo lo que son los mecanismos de participación ciudadana, las consultas populares, la consulta previa libre e informada, la consulta ambiental, instrumentos que en su mayoría garantizan derechos a los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, así como a las comunidades de todo el país.

Por lo que estos Tribunales expresan su rechazo absoluto a este pretendido retroceso en derechos y garantías, que no tiene otro fin que el de profundizar la neoliberalización y saqueo extractivista de la economía ecuatoriana, de la mano de la militarización de la sociedad en un ambiente de creciente autoritarismo. Y advierten a la comunidad internacional que un retroceso en estos derechos sería un golpe profundo a las soluciones verdaderas frente a la crisis social, ecológica y climática, pues los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos, encarnan una alternativa ética, política y civilizatoria indispensable para garantizar la vida.

Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Ecuador en sus luchas por defender la vida, sus territorios, la naturaleza de la que forman parte. Llamamos a estrechar lazos para consolidar las luchas de resistencia y tejer procesos comunes para ir avanzando en la construcción de esos otros mundos posibles que garanticen siempre la vida digna de los seres humanos y la vida digna de los seres no humanos, la madre tierra, la naturaleza.

– 15 de noviembre de 2025

Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza

Statement: Alert regarding the attempted constitutional reform in Ecuador

In an international Hearing on October 13, on the impacts of the policies, loans, and programs of the International Monetary Fund and the World Bank in relation to Water, Climate, and Energy, the Peoples and Nature Tribunal against the IMF-WB deliberated on how the actions of these two multilateral organizations have affected and continue to affect life in Ecuador.

They highlighted the impacts of external debt, which perpetuates a colonial legacy linked to a history of domination, dispossession, plunder, and crimes. This eternal debt means sacrificing the living conditions of the majority and of Mother Earth, Nature, in order to openly favor certain business sectors that make up the oligarchic power structure, which is waging a veritable crusade against the rights of peoples and nature enshrined in the Constitution of Montecristi, approved in 2008.

Hence, this Tribunal, together with the International Rights of Nature Tribunal, in exercise of their respective mandates, decide to speak out in defense of the Constitution of Montecristi, given its importance in relation to the issues that concern us.

For the first time, a State recognized nature—the Pachamama—as a subject of rights, with the right to exist, maintain itself, and regenerate its life cycles. This milestone not only represented a legal advance, but also an act of ecological justice and ancestral wisdom, closely linked to the recognition of the plurinational and intercultural State, which affirms the coexistence of diverse peoples and cultures with their own worldviews and ways of relating to the Earth, and which is a global reference for rethinking the relationship between humanity and nature.

The Montecristi Constitution also affirms the rights that guarantee a dignified life, the right to resistance, to broad and active citizen participation, to food, energy, and economic sovereignty, and to peace, which is also threatened by the potential return of US military bases to the Galapagos Islands and other parts of Ecuadorian territory.

The oligarchies and the government, the financial, corporatist, and geopolitical web that sustains them, are determined to reduce all mechanisms of citizen participation, popular consultations, free and informed prior consultation, and environmental consultation, instruments that for the most part guarantee the rights of indigenous and Afro-Ecuadorian peoples and nationalities, as well as communities throughout the country.

These Tribunals therefore express their categorical rejection of this attempted rollback of rights and guarantees, which has no other purpose than to deepen the neoliberalization and extractive plundering of the Ecuadorian economy, hand in hand with the militarization of society in an environment of growing authoritarianism. They warn the international community that a setback in these rights would be a profound blow to real solutions to the social, ecological, and climate crisis, as the rights of nature and the collective rights of peoples embody an ethical, political, and civilizational alternative that is indispensable for guaranteeing life.

We express our solidarity with the peoples of Ecuador in their struggles to defend life, their territories, and the nature of which they are a part. We call for closer ties to consolidate the struggles of resistance and weave common processes to advance in the construction of those other possible worlds that can guarantee a dignified life for human beings and a dignified life for non-human beings, Mother Earth, and nature.

– November 15, 2025

Peoples and Nature Tribunal against the IMF-WB

International Rights of Nature Tribunal 

Por la justicia climática y las reparaciones incondicionales: la deuda ecológica con Haití debe saldarse

En 2025 se cumplirán diez años de la adopción del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Observamos que, diez años después, el proceso internacional de negociación climática presenta numerosas deficiencias en su capacidad para ofrecer soluciones concretas. Este fracaso se manifiesta en diversos niveles.

La brecha entre los objetivos y la realidad. El principal problema de las conferencias climáticas radica en la discrepancia entre los compromisos determinados a nivel nacional (CDN) y la trayectoria científica necesaria para limitar el calentamiento global. Las contribuciones voluntarias determinadas a nivel nacional son insuficientes; sitúan al planeta en una senda que conducirá a un calentamiento superior a los objetivos del Acuerdo de París.

Falta de concienciación real. Los acuerdos suelen basarse en un sistema de compromisos voluntarios, sin mecanismos de sanción suficientemente contundentes para obligar a los Estados a cumplir sus promesas. Su aplicación no siempre es vinculante. Los países desarrollados no han cumplido su promesa de aportar 100.000 millones de dólares anuales para financiar la acción climática. Esta situación genera desconfianza y envenena las negociaciones.

Influencia de los intereses económicos y falsas soluciones. El proceso de la COP a menudo se basa en la influencia de diversos actores económicos interesados ​​en mantener el statu quo.

Con motivo de la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebra en Belém, Brasil, los movimientos populares haitianos exigen justicia climática y reparaciones incondicionales. Nuestro país sufre desde hace años un grave colapso estatal y una profunda crisis humanitaria exacerbada por los impactos del cambio climático. Esta combinación de vulnerabilidad, violencia y fragilidad institucional requiere una respuesta política y financiera acorde con la responsabilidad histórica de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y adaptada a las realidades de las comunidades que viven y resisten a diario.

Exigimos el reconocimiento formal, al más alto nivel, de un estatus especial para Haití: «País que enfrenta un colapso estatal y una grave crisis humanitaria, situación agravada por el cambio climático». Este reconocimiento debe traducirse de inmediato en acciones concretas que proporcionen subsidios y eliminen las barreras burocráticas y financieras que impiden una acción eficaz contra los impactos del cambio climático.

Al micrófono, el profesor Camille Chalmers, de la Plataforma Haitiana para la Defensa del Desarrollo Alternativo (PAPDA).

Aprovechamos esta oportunidad para recordar la historia colonial y el rescate de 90 millones de francos en oro que Francia obligó a Haití a pagar en 1825 a cambio de reconocer su independencia: una deuda ilegítima que lastró al país durante más de un siglo.

Esta deuda, que obligó a Haití a destinar todos sus recursos al pago a Francia, es una de las principales causas de la actual crisis ecológica y la deforestación, ya que muchos gobiernos haitianos se vieron obligados a talar y vender madera valiosa en el mercado internacional para obtener divisas y pagar al Estado francés, a los antiguos propietarios de esclavos y a los bancos privados franceses.

La explotación forzada de nuestros recursos naturales fomentó una deforestación masiva, que contribuyó significativamente al debilitamiento del ecosistema y a la vulnerabilidad del país ante los impactos climáticos. Por lo tanto, exigimos la cancelación inmediata y coordinada de todas las deudas ilegítimas que oprimen al país: un primer paso simbólico pero esencial para liberar recursos públicos para la adaptación, la recuperación y la resiliencia.

Exigimos que Francia devuelva todo el dinero robado a Haití en virtud de la Ordenanza de la Infamia de 1825. Francia debe indemnizar y compensar al pueblo haitiano por todos los daños y la destrucción causados ​​por este rescate. Reparación. Restitución. Paralelamente, es necesario reformar el acceso al Fondo de Ayuda para Daños y a todos los instrumentos multilaterales: los procedimientos deben permitir la financiación directa a organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y grupos comunitarios, sin condicionalidades políticas que oculten las responsabilidades históricas de los países capitalistas. Proponemos la creación de un mecanismo de financiación de emergencia para que Haití pueda afrontar los impactos del cambio climático.

Nuestras prioridades son concretas y urgentes: fortalecer la soberanía alimentaria mediante la agroecología campesina, restaurar y proteger las cuencas hidrográficas a través de programas de reforestación gestionados localmente, establecer y mantener sistemas de alerta temprana comunitarios, construir infraestructura resiliente e implementar una amplia gama de soluciones descentralizadas de energía renovable para electrificar de forma sostenible las zonas rurales. Este enfoque puede generar empleo, capacidad técnica y resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

La dimensión regional de la lucha contra el cambio climático es fundamental. Hacemos un llamado a los países del Caribe y a otros aliados latinoamericanos para que unan fuerzas y exijan compromisos firmes con respecto a las pérdidas y los daños causados ​​por el cambio climático, así como la cancelación de la deuda. Instamos a las principales potencias regionales con una importante responsabilidad histórica en el cambio climático (como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea) a que asuman sus responsabilidades, contribuyendo directamente a los mecanismos de reparación y ajustando sus políticas migratorias y de seguridad para evitar que sus decisiones agraven la crisis humanitaria en Haití.

Por último, la postura de los movimientos populares haitianos exige reparaciones, redistribución de recursos y respeto a la dignidad del pueblo. La crisis climática no es una mera expresión retórica en Haití; se manifiesta en una grave crisis alimentaria, el desplazamiento forzado de la población y la destrucción de la infraestructura nacional. Los agricultores están perdiendo sus cosechas y ganado, ya sea por sequías o inundaciones.

Apoyar a Haití en la lucha contra el cambio climático no es un acto de caridad, sino una obligación moral y una condición necesaria para la estabilidad y la seguridad de toda la región del Caribe. Ninguna condición política puede sustituir el derecho fundamental a la reparación y la justicia.

Camille Chalmers es economista, profesora y secretaria de la Plataforma Haitiana para la Defensa del Desarrollo Alternativo (PHADA), además de miembro del Jubileo de las Naciones Unidas por Haití.

Publicado en el sitio web Brasil de Fato.

La Deuda con el Clima, en la COP30 y más allá

Frente a la mercantilización, la financiarización y el endeudamiento de la Vida y la Naturaleza: ¡Nuestras resistencias y alternativas!

La crisis climática y social golpea con cada vez mayor fuerza a los pueblos, cuerpos y territorios de nuestra América latina y el Caribe, del Sur global y el mundo entero. Las inundaciones y sequías, las tormentas huracanadas, la ocupación, explotación y devastación de los bosques, los glaciares, los ríos y las llanuras, las costas y las aguas del mar, hasta los centros urbanos tornados inhabitables, son evidencias irrefutables de su avance.

Por cierto, no es una crisis nueva, ni puede ser tratada y mucho menos resuelta, sin entenderla como parte integral del proceso que viene de lejos, de dominación y control colonial, capitalista, racista y patriarcal, de nuestra Casa Común. Desde inicios de la era colonial, el Norte global –a través de sus gobiernos, instituciones financieras y corporaciones y medios culturales y de comunicación – ha explotado y saqueado la riqueza, bienes naturales, saberes, trabajo y vida de los pueblos del Sur, dejando una secuela de miseria, devastación, represión y deudas amén de sus círculos locales de cómplices y colaboracionistas.

Pero se viene acelerando, con la proliferación de nuevas modalidades de extracción y explotación y falsas soluciones a las mismas crisis que genera. Sumando, desde ya, el enorme despliegue de un paraguas ideológico y discursivo que se ha ido evolucionando desde el “desarrollo” y el “desarrollo sostenible”, a la “transición energética” y la “economía verde”.

La red Jubileo Sur, desde su constitución en el año 1999, ha buscado aportar al fortalecimiento de las resistencias y la construcción de alternativas a esta crisis. Nuestra acción, junto a diversos pueblos, redes y movimientos, ha contribuido a profundizar en el vínculo estructural entre la dominación ejercida por la Deuda Financiera ilegítima reclamada a nuestros países, y la generación de las Deudas Históricas, Sociales y Ecológicas de las cuales los pueblos y la naturaleza somos acreedores. Y en este caminar, el reconocimiento de la Deuda Ecológica y Climática y la demanda de su reparación, asumieron una centralidad.

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Deuda ecológica, Deuda climática y las negociaciones climáticas

El concepto de Deuda Ecológica se profundizó primero con la observación de la responsabilidad histórica de los países del Norte por la degradación ambiental en la Conferencia de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Desarrollo (Rio ´92). Y, luego, en referencia específica a la Deuda Climática, con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 1994), que buscó reconocer y responder a las asimetrías de poder y de consecuencias climáticas consolidadas a partir de la revolución industrial y el uso desproporcionado de los bienes ecológicos y de la emisión de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, este principio quedó en el papel, mientras los principales generadores de las Deudas Ecológica y Climática, siguen evadiendo sus responsabilidades históricas y actuales. El mismo Protocolo de Kioto (2005), que estableció la obligatoriedad de reducir emisiones de acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, habilitó el mercadeo de carbono como alternativa “compensadora”.

Desde entonces, los procesos de negociaciones internacionales relacionados, incluyendo las Conferencias de las Partes (COP por sus siglas en inglés), ponen en evidencia la captura financiera y corporativa de estos espacios multilaterales y el propósito mercantil de sus resultados, confirmando el poder del mercado y de los grandes intereses geopolíticos por sobre las decisiones de la inmensa mayoría de los países periféricos.

Dejan de lado tanto la ciencia que señala cuáles son las causas del calentamiento global, así como el derecho democrático de los pueblos a expresarse y ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones que los afectan de manera directa, como son políticas y proyectos petrodependientes a nivel nacional e internacional o las soluciones de deuda y mercado que se han impulsado desde inicios de las negociaciones sobre clima.

Han desconocidos, entre otras alternativas presentadas, los Acuerdos de los Pueblos de Cochabambaresultado de la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (2010), donde participaron más de 35.000 representantes de movimientos y organizaciones sociales de 140 países. Ahí y en muchas otras instancias, han sido propuesto caminos alternativos concretos, incluyendo: el reconocimiento jurídico de los Derechos de la Naturaleza; el establecimiento de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la anulación y no pago de las Deudas financieras ilegítimas y odiosas y la realización de reparaciones climáticas, en vez de más deuda, explotación fósil y negociados “verdes”.

Los Acuerdos de París (COP21) dinamitaron la obligatoriedad de la reducción de emisiones, retrocediendo la acción climática de los Estados a la categoría de “voluntaria” y avanzando su entrega a la especulación financiera y los mercados de carbono. Como resultado, no solo no se alcanzó el pico e inicio del descenso en las emisiones de gases de invernadero, que se buscaba alcanzar entre 2020 y 2025 para poder limitar el calentamiento climático a menos de 1,5 grados, sino que las emisiones globales continúan aumentándose.

Nada hace pensar que, en la COP30 en Belém, se modificará el actual direccionamiento de mercantilización de las negociaciones, de desatención a las verdaderas causas del calentamiento global, de retroceso en el establecimiento de obligaciones de corte de emisiones suficientes y vinculantes y de reparación a las Deudas Socio-ecológicas y Climáticas. Al contrario, los Derechos Humanos, de los Pueblos y de la Naturaleza, se encuentran en un estado de gran indefensión y vulnerabilidad frente a los acuerdos que se pretenden alcanzar e implementar.

No más Deudas

La última COP29, realizada en Bakú (Azerbaiyán) en 2024, tuvo entre sus resultados finales un acuerdo que promete triplicar la financiación climática desde fuentes públicas del Norte global hacia el Sur, elevando la meta de 100.000 millones de dólares alcanzada recién en 2022 y con el 70% en la forma de nueva deuda, a 300.000 millones de dólares anuales para 2035. A la vez, se comprometieron a sumar un billón de dólares en financiamiento privado (o sea, el triple del monto de fondos públicos), para la misma fecha. El lanzamiento en Belém de un Fondo de Inversiones para la preservación de los Bosques Tropicales (TFIF/TFFF), es un ejemplo flagrante de la hipocresía y auto-promoción de los actores y mercados financieros que buscan seguir garantizando sus ganancias, bajo un nuevo paraguas verde.

Hay mucho debate alrededor del financiamiento climático, el mismo que no es para enfrentar el problema del clima, sino que podría inclusive acarrear mayor endeudamiento para los países del Sur global. Además, gran parte de las propuestas incorporan en roles centrales al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, cuyos créditos, condiciones, asesoramiento y exigencias, desde su creación hace ya más de 80 años, siguen siendo una parte importante del problema y no una solución.

En su Audiencia sobre Agua, Clima y Energía, en octubre 2025, el Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM escuchó al respecto múltiples testimonios desde pueblos indígenas y organizaciones populares de Haití, Colombia, Brasil y Argentina y participantes de las Audiencias anteriores en Ecuador y Perú.  Fueron denunciadas la acción criminal de estas instituciones, junto a la complicidad de gobiernos, fondos de inversión y empresas transnacionales, a través de la promoción, entre otras, de megaproyectos eólicos y la consolidación de mercados de carbono, la privatización de sistemas de agua y saneamiento, el canje de deudas por conservación o acción climática y la continuación de las políticas coloniales de saqueo, deuda y control.

Pese a las críticas cada vez mayores, tanto el FMI como el Banco Mundial siguen saliendo airosos de las negociaciones sobre clima y hasta ven fortalecidos sus mandatos. Se presentan como quienes tienen la “solución” para la crisis de la cual se encuentran entre sus principales responsables. Es inaceptable la participación de estas Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en el diseño o gestión de fondos, como los de “Pérdidas y Daños”, o de Inversiones para los Bosques Tropicales (TFIF) o para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática, mismo en las negociaciones que tienen que ver con el clima o con solucionar los problemas ambientales. El FMI, el BM, el BID y demás bancos multilaterales deben estar fuera del clima.

A esta realidad, se suma un monumental proceso de sobre-endeudamiento público en los países del Sur global, para hacerle frente al hecho que los países, especuladores y empresas del Norte no cumplen con sus obligaciones de reducción de emisiones y de reparaciones frente al Cambio Climático. Mientras más de 3 mil millones de personas viven en países del Sur global que pagan más en intereses sobre una Deuda ilegítima, que lo que invierten en salud o educación, los costos de detener el calentamiento global son transferidos a esos mismos pueblos del Sur, al igual que los costos tanto del crecimiento de sus ganancias en el Norte, como de sus crisis económicas. Crisis que los pueblos del Sur padecen históricamente y que ya pagaron varias veces, con su trabajo, riqueza y vidas. Es hora de dejar de pagar lo que no son deudas nuestras.

El Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial estima que, durante el año 2023, casi 200.000 millones de dólares salieron de los países que siguen calificando como “en vías de desarrollo”, para los bolsillos de los prestadores privados del Norte global. Asimismo, en gran medida por causa del aumento en las tasas de interés y en el valor del dólar estadounidense, el costo de “servir” las deudas eternas de los países del Sur global se ha duplicado desde 2014, alcanzando 1,7 billón de dólares en 2023 – dejando poco margen para cumplir con los derechos básicos de sus poblaciones incluyendo la acción climática. ¿Quién ayuda a quién?, y ¿Quién debe a quién?, continúan siendo interrogantes claves para salir del círculo vicioso de más pagamos, más debemos y menos tenemos para hacer frente a cada vez más problemas.

Basta de falsas “soluciones” para sostener el mismo sistema

Desde los años 70 hasta ahora, el capitalismo ha buscado superar sus crisis de sobre-producción, sobre-valorización del capital, de crecimiento económico y de la tasa de ganancias, impulsando nuevos procesos de mercantilización y una profunda financiarización de la Naturaleza, donde todo se puede comprar o vender en cualquier Bolsa de Valores.

Con esta nueva fase del capitalismo, por ejemplo, con el mercado de los bonos de carbono, los Programas de Reducción de Emisiones de Carbono causados por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+), los Mecanismos de Desarrollo Limpio, los Servicios Ambientales y otros, los pueblos pasan a proveer un nuevo tipo de trabajo asalariado – cuando no directamente esclavo -, donde sus territorios son transformados en mercancía y la Naturaleza pasa a ser un “servicio ambiental”.

Estas “falsas soluciones” al Cambio Climático no paran de proliferar, generando grandes impactos en las comunidades más vulnerables que son expulsadas de sus tierras o sometidas a regímenes de propiedad del carbono sobre sus bosques. Hablamos de la vida concreta de millones de personas, tanto del campo y las zonas costeras como de los centros urbanos, que día a día sufren la voracidad del capital y se ven afectadas en su vida cotidiana, costumbres, saberes, culturas y creencias. Todo para que los especuladores y corporaciones acumulen más poder y ganancias millonarias a costa de la vida de las y los más débiles y de la Naturaleza y para que el sistema capitalista siga reproduciendo capital y sacrificando la vida.

En cuanto a la transición energética hegemónica impuesta – una verdadera “transacción energética” – además de las energías renovables, está en expansión el sector relacionado con la electrificación y la transición energética en curso: la minería de minerales llamados de transición, pero que son minerales de sacrificio. Los territorios donde se desarrolla y las poblaciones que los habitan se verán profundamente afectados en relación con las bases naturales del sustento de la vida. La descarbonización de la economía esencial para frenar la crisis climática, multiplica la demanda de minerales estratégicos y tierras raras.

En las últimas décadas, las grandes corporaciones, sus instituciones públicas y privadas, así como sus ideólogos y pensadores fomentaron soluciones del mercado como la gran solución frente a la “cuestión ambiental”. En la época de la Conferencia de Estocolmo, en 1972, la “protección” del “medio ambiente” se presentaba como un obstáculo al “desarrollo”. En Río´92, algunos visionarios ya sugerían que el mundo corporativo debía levantar la bandera del “desarrollo sustentable”, pues había chances de convertirlo en un buen negocio. En Río+10 (2002), el concepto de “responsabilidad social corporativa” fue el slogan del sistema, vendiendo al sector privado como el portador de las soluciones para la crisis ambiental, y preparando el terreno para el actual avance de las “falsas soluciones”.

COP30 y más allá

En la COP30, veinte años después, esta tendencia se profundiza. Nos quieren hacer creer que el mismo desarrollo, los mismos sistemas y lógica financiera y tecnológica, el mismo mercado y los mismos préstamos, los mismos empleos y las mismas instituciones que causaron y causan tantas injusticias sociales y ecológicas, ahora, pintados de verde, van a resolver todos los problemas. Frente a esto, los pueblos, sus organizaciones y movimientos sociales, tenemos que asumir un protagonismo claro, contundente y autónomo, para generar una mayor organización y movilización popular y coordinar estrategias.

Precisamos de la articulación de ideas, prácticas políticas y estrategias transformadoras para estar a la altura del desafío que debemos enfrentar. En ese sentido, apostamos a que la Cumbre de los Pueblos hacia la COP30junto a la multiplicidad de actividades relacionadas, sean un avance decidido al servicio de las luchas y resistencias populares en donde las personas y comunidades afectadas por el sistema capitalista, la crisis climática, el modelo de desarrollo y la deuda –el corazón del sistema-, son los principales protagonistas. Son ellos y ellas, junto con la Naturaleza, quienes día a día enfrentan con dignidad la barbarie del capital y están construyendo, con sus esfuerzos y luchas, ese Otro mundo posible.

Por eso, frente a esta situación, hacemos un llamado a la unidad del campo popular, a aglutinar fuerzas contra-hegemónicas para potenciar nuestras energías, recursos, ideas y perspectivas. A plantearnos nuevos proyectos de sociedad post-capitalista, no-extractivista, libre de deudas, dominaciones y opresiones de cualquier tipo. A desenmascarar que el capitalismo no tiene cómo ser humano, no tiene cómo ser verde: sólo es el color de los dólares que acumulan sobre la vida de las personas y la Naturaleza. A coordinar esfuerzos para luchar por alternativas superadoras, incluyendo entre ellas:

  • Anulación total e incondicional de las deudas ilegítimas reclamadas a los países del Sur.
  • Reparación de las Deudas Históricas, Sociales, Ecológicas y Climáticas promoviendo cambios estructurales en las relaciones entre los países y hacia adentro de nuestros países.
  • Reducción de emisiones reales en los países del Norte y rechazo a las falsas soluciones de mercado como los bonos verdes o de carbono, Mecanismos de Desarrollo Limpio, REDD+, energía nuclear, agro-combustibles, geoingeniería, energías renovables corporativas y a gran escala, canjes de deuda por conservación o acción climática, entre otras.
  • Des-financiarización y desmercantilización de nuestras economías y cierre de las Instituciones Multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la OMC y los bancos regionales como el BID. Por la gestión de financiamiento climático público, adicionale y no reembolsable.
  • Revisión y rechazo de los Acuerdos Comerciales, Tratados de Protección a las Inversiones y toda forma de aplicación de los derechos de propiedad intelectual y de falsas soluciones tecnológicas como la geoingeniería, nanotecnología, tecnología terminator, etc.
  • Dejar los combustibles fósiles bajo la tierra y promover un cambio en el modelo de producción y consumo sobre la base de la armonía, la complementariedad, la solidaridad y el equilibrio entre todos con todo.
  • Restructuración ecológica de las ciudades. Combatir la especulación inmobiliaria, el racismo ambiental, la gentrificación y el desplazamiento de las poblaciones empobrecidas.
  • Reconocimiento y protección de los derechos de las poblaciones forzadas a inmigrar por las causas e impactos de la crisis climática.
  • Garantía de los territorios y del consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas y tradicionales que mantienen los ecosistemas que protegen el clima. Respetar y aprender de las formas de vida de los pueblos y comunidades del Sur y sus alternativas de vida.
  • Defensa de la Soberanía Alimentaria, Energética y Financiera de los pueblos, con la promoción de modelos de producción y consumo que restauran control a las poblaciones involucradas e impiden nuevos proyectos que reproducen los patrones imperiales.

Nuestro mundo no está en venta, nuestra dignidad, amor por la tierra, saberes y culturas tampoco.

La Naturaleza, la Pachamama, la vida: ¡NO se venden, NI se endeudan! ¡Se defienden!

Jubileo Sur/Américas

Brasil, Belém, Noviembre de 2025

The Debt to the Climate, at COP30 and beyond

Faced with the commodification, financialization, and the indebting of Life and Nature: Our resistance and alternatives!

The climate and social crisis is hitting the peoples, bodies, and territories of our Latin America and the Caribbean, the global South, indeed the entire world, with increasing force. Floods and droughts, violent storms, the occupation, exploitation, and devastation of forests, glaciers, rivers, plains, coasts, and seas, as well as urban centers rendered uninhabitable, are irrefutable evidence of its advance.

Of course, this is not a new crisis, nor can it be addressed, much less resolved, without understanding it as an integral expression of a longstanding process of colonial, capitalist, racist, and patriarchal domination and control of our Common Home. Since the beginning of the colonial era, the global North—through its governments, financial institutions, corporations, and cultural and media outlets—has exploited and plundered the wealth, natural resources, knowledge, labor, and lives of the peoples of the South, leaving a trail of misery, devastation, repression, and debt, not to mention its local circles of accomplices and collaborators.

But this process is increasingly accelerating, with the proliferation of new forms of extraction and exploitation and false solutions to the very crises it generates. In addition, there is the enormous deployment of an ideological and discursive umbrella that has evolved from “development” and “sustainable development” to “energy transition” and the “green economy.”

Since its establishment in 1999, the Jubilee South network has sought to contribute to the strengthening of resistance and the building of alternatives to this crisis. Our action, together with various peoples, networks, and movements, has contributed to a deepening of the structural link between the domination exercised by the illegitimate financial debt claimed from our countries and the accumulation of the historical, social, and ecological debts of which we, the peoples and nature, are the creditors. In this course, the recognition of the Ecological and Climate Debt and the demand for its reparation has taken on a critical importance.

> Access the document in Spanish and also in Portuguese.

Ecological debt, climate debt, and climate negotiations

The concept of Ecological Debt was first explored in depth with the observation of the historical responsibility of the countries of the North for environmental degradation at the United Nations Conference on Environment and Development (Rio ’92). And then, with specific reference to Climate Debt, with the principle of common but differentiated responsibilities of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, 1994), which sought to recognize and respond to the asymmetries of power and of climate consequences consolidated since the industrial revolution with the disproportionate use, by the North, of the environment and greenhouse gas emissions.

However, this principle remained on paper, while the main drivers of Ecological and Climate Debt continue to evade their historical and current responsibilities. The Kyoto Protocol itself (2005), which established the obligation to reduce emissions in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities, enabled carbon trading as a “compensatory” alternative.

Since then, the related international negotiation processes, including the Conferences of the Parties (COP), have exposed the financial and corporate capture of these multilateral spaces and the commercialization of their results, confirming the power of the market and large geopolitical interests over the decisions of the vast majority of the more peripheral countries.

They disregard both the science that points to the causes of global warming and the democratic right of peoples to express themselves and be taken into account when decisions are made that directly affect them, such as oil-dependent policies and projects at the national and international levels or debt and market solutions that have been promoted since the beginning of the climate negotiations.

Among other alternatives presented, they have ignored the Cochabamba Peoples’ Agreements, the result of the Peoples’ Summit on Climate Change and the Rights of Mother Earth (2010), in which more than 35,000 representatives of social movements and organizations from 140 countries participated. There, and in many other instances, concrete alternatives have been proposed, including: the legal recognition of the Rights of Nature; the establishment of an International Climate Justice Tribunal; the cancellation and non-payment of illegitimate and odious financial debt; and the implementation of climate reparations, instead of more debt, fossil fuel exploitation, and “green” deals.

The Paris Agreements (COP21) further undermined the mandatory nature of emissions reductions, downgrading climate action by states to the category of “voluntary” and advancing its surrender to financial speculation and carbon markets. As a result, not only was the peak and initial decline in greenhouse gas emissions – which was aimed to be achieved between 2020 and 2025 in order to limit global warming to less than 1.5 degrees – not reached, but global emissions continue to rise.

There is no reason to believe that COP30 in Belém will change the current direction of the negotiations, which are focused on commodification, neglecting the real causes of global warming, backtracking on the establishment of sufficient and binding emissions reduction obligations, and failing to address socio-ecological and climate debt. On the contrary, the human rights of peoples and nature are in a state of great defenselessness and vulnerability in the face of the agreements that are expected to be reached and implemented.

No more debt

The last COP29, held in Baku (Azerbaijan) in 2024, produced, among other results, an agreement that promises to triple climate finance from public sources in the global North to the South, raising the target of $100 billion recently reached in 2022 – although with 70% in the form of new debt -, to $300 billion annually by 2035. At the same time, they committed to adding $1 trillion in private financing (i.e., triple the amount of promised public funds) by the same date. The launch in Belém of the Tropical Forest Investment Fund (TFIF/TFFF) is a flagrant example of the hypocrisy and self-promotion of financial actors and markets that seek to continue guaranteeing their profits under a new green umbrella.

There is much debate surrounding climate finance, which is not intended to address the climate problem, and indeed, more often than not, leads to greater indebtedness for countries in the global South. Furthermore, many of the proposals give central roles to the International Monetary Fund (IMF), the World Bank (WB), and other Multilateral Development Banks, whose loans, conditions, advice, and demands, since their creation more than 80 years ago, continue to be a significant part of the problem rather than a solution.

At its Hearing on Water, Climate, and Energy in October 2025, the Peoples’ and Nature Tribunal on the IMF-WB heard multiple testimonies from indigenous peoples and grassroots organizations in Haiti, Colombia, Brazil, and Argentina, as well as participants from previous hearings in Ecuador and Peru. The criminal actions of these institutions were denounced, along with the complicity of governments, investment funds, and transnational corporations, through the promotion of, among other things, large-scale wind energy projects and the consolidation of carbon markets, the privatization of water and sanitation systems, debt swaps for conservation or climate action, and the continuation of colonial policies of plunder, debt, and control.

Despite growing criticism, both the IMF and the World Bank continue to emerge unscathed from climate negotiations and even see their mandates strengthened. They present themselves as having the “solution” to the crisis for which they are among the main culprits. The participation of these International Financial Institutions (IFIs) in the design or management of funds, such as those for “Loss and Damage,” or for Tropical Forest Investment Funds (TFIF) or for Sustainability and Climate Resilience, or even in the negotiations related to climate or to solving environmental problems, is unacceptable. The IMF, the World Bank, the IDB and other multilateral banks must be kept out of climate.

On top of this reality, there is a monumental process of public over-indebtedness in the countries of the global South, in part to cope with the fact that the countries, speculators, and corporations of the North are not fulfilling their obligations to reduce emissions and provide reparations for the climate crisis. While more than 3 billion people live in countries of the global South that pay more in interest on debt that is illegitimate than they invest in health or education, the costs of stopping global warming are transferred to those same peoples in the South, as are the costs of both the growth of profits in the North and its economic crises. These are crises that the peoples of the South have historically suffered and for which they have already paid several times over with their labor, wealth, and lives. It is time to stop paying debts that are not ours.

The World Bank’s Independent Evaluation Group estimates that, during 2023, nearly $200 billion flowed out of countries still classified as “developing”, and into the pockets of private lenders in the global North. Furthermore, largely due to rising interest rates and the value of the US dollar, the cost of “servicing” the eternal debt of countries in the global South has doubled since 2014, reaching $1.7 trillion in 2023 – leaving little room to fulfill the basic rights of their populations, including climate action. Who helps whom, and who owes whom, remain key questions if we are to break out of the vicious cycle wherein the more we pay, the more we owe, and the less we have to tackle ever-increasing problems.

No more false “solutions” to sustain the same system

From the 1970s to the present, capitalism has sought to overcome its crises of overproduction, overvaluation of capital, economic growth, and profit rates by promoting new processes of commodification and a profound financialization of nature, where everything can be bought or sold on any stock exchange.

With this new phase of capitalism, for example, with the markets for carbon credits, the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) programs, Clean Development Mechanisms, Environmental Services, and others, peoples are now providing a new type of wage labor—if not outright slavery—where their territories are transformed into commodities and Nature becomes an “environmental service.”

These “false solutions” to climate change continue to proliferate, generating major impacts on the most vulnerable communities, who are expelled from their lands or subjected to carbon ownership regimes over their forests. We are talking about the everyday lives of millions of people, both in rural and coastal areas and in urban centers, who suffer daily from the voracity of capital and see their daily lives, customs, knowledge, cultures, and beliefs affected. All so that speculators and corporations can accumulate more power and make millions in profits at the expense of the lives of the weakest and of Nature, and so that the capitalist system can continue to reproduce capital and sacrifice life.

As for the hegemonic energy transition imposed—a true “energy transaction”—, in addition to renewable energies, the sector related to electrification and the ongoing energy transition is expanding: the mining of minerals called transition minerals, but which are actually sacrifice minerals. The territories where this is taking place and the populations that inhabit them are being profoundly affected in relation to the natural foundations of their lives and livelihoods. The decarbonization of the economy, essential to curb the climate crisis, multiplies the demand for strategic minerals and rare earths.

In recent decades, transnational corporations, based mostly in the global North, together with their public and private institutions, their ideologues and thinkers, have promoted market solutions as the great solution to the “environmental issue.” At the time of the Stockholm Conference in 1972, “environmental protection” was presented as an obstacle to “development.” At Rio+92, some visionaries were already suggesting that the corporate world should raise the banner of “sustainable development,” as there were opportunities to turn it into good business. At Rio+10 (2002), the concept of “corporate social responsibility” was the system’s slogan, selling the private sector as the bearer of solutions to the environmental crisis and paving the way for the current advance of “false solutions.”

COP30 and beyond

At COP30, twenty years later, this trend is deepening. They want us to believe that the same development, the same financial and technological systems and logic, the same market and the same loans, the same jobs and the same institutions that caused and continue to cause so much social and ecological injustice, now painted green, are going to solve all the problems. In the face of this, we, the peoples, our organizations and social movements, must take on a clear, forceful, and autonomous lead in order to generate greater popular organization and mobilization and coordinate strategies.

We need to articulate ideas, political practices, and transformative strategies to rise to the challenge we face. In this sense, we are determined that the Peoples’ Summit towards COP30, together with the multiplicity of related activities, will be a decisive step forward in the service of popular struggles and resistance, where the peoples and communities affected by the capitalist system, the climate crisis, the development model, and debt—the heart of the system—are the the main protagonists. It is they, together with Nature, who day after day face the barbarity of capital with dignity, and are building, through their efforts and struggles, that Other World that is Possible.

In the face of this situation, we call for unity among popular movements, for a coming together of counter-hegemonic forces to strengthen our energies, resources, ideas, and perspectives. To propose new projects for a post-capitalist, non-extractivist society, free from debt, domination, and oppression of any kind. To expose the fact that capitalism cannot be humane, that it cannot be green: green is only the color of the dollars that are accumulated at the expense of people’s lives and Nature. To coordinate efforts to fight for real alternatives, including among them:

  • Total and unconditional cancellation of the illegitimate debt claimed from the countries of the South.
  •  Reparation of Historical, Social, Ecological, and Climate Debt by promoting structural changes in the relations between countries and within our countries.
  •  Effective reduction of emissions in countries of the North and rejection of false market solutions such as green or carbon bonds, Clean Development Mechanisms, REDD+, nuclear energy, agrofuels, geoengineering, corporate and large-scale renewable energies, debt swaps for conservation or climate action, among others.
  •  De-financialization and de-commodification of our economies and the shutting down of multilateral institutions such as the IMF, the World Bank, the WTO, and regional banks such as the IDB. For the provision of additional, non-reimbursable public climate finance.
  •  Review and rejection of trade agreements, investment protection treaties, and all forms of intellectual property rights and false technological solutions such as geoengineering, nanotechnology, terminator technology, etc.
  •  Leave fossil fuels underground and promote a change in the production and consumption model based on harmony, complementarity, solidarity, and balance among everyone and with everything.
  • Ecological restructuring of cities. Combat real estate speculation, environmental racism, gentrification, and the displacement of impoverished populations.
  •  Recognition and protection of the rights of populations forced to migrate due to the causes and impacts of the climate crisis.
  •  Guarantee of territories and prior informed consent for indigenous and traditional peoples who maintain ecosystems that protect the climate. Respect and learn from the ways of life of the peoples and communities of the South and their alternative ways of life.
  •  Defense of peoples’ food, energy, and financial sovereignty, with the promotion of production and consumption models that restore control to the populations involved and prevent new projects that reproduce imperial patterns.

Our world is not for sale, nor are our dignity, love for the earth, knowledge, and cultures.

Nature, Pachamama, Life: they are NOT for sale, NOR are they to be indebted! They must be defended!

Jubilee South/Americas

Brazil, Belem, November 2025