Desde la red de Jubileo Sur/Américas, expresamos nuestro apoyo solidario al pueblo de Perú y a las organizaciones y familiares de las personas asesinadas por el gobierno usurpador de Dina Boluarte. Les acompañamos en la gran Jornada Nacional de Lucha que han convocado en ocasión de las nuevas Fiestas Patria, y hacemos nuestro grito por justicia y un alto a la impunidad.
Habrá actos culturales, vigilias, marchas y recordatorios diversos en todo el país, “para recuperar nuestra patria con la fuerza y la imaginación de nuestros pueblos que luchan de corazón contra la dictadura y por verdadera democracia”. Han declarados los días 28 y 29 de julio Días Nacionales de Luto y, encabezada por las asociaciones de familiares de las víctimas, en Lima se realizará una gran Marcha fúnebre para reinvidicar a lxs caídxs y sobrevivientes de las protestas 2022-2023. ¡Luto nacional! es la consigna, ¡Justicia y Castigo a los asesinos del Pueblo! la demanda.
Entre las diversas acciones descentralizadas que tendrán lugar, abrazamos en especial a las mujeres feministas diversas, populares y comunitarias de la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú, integrantes también de Jubileo Sur/Americas, quienes en Chiclayo y en Lima marcharán para honrar con lucha y memoria a los más de 80 asesinadxs y las decenas de pueblos criminalizados y silenciados por la represión y la opresión del modelo económico y político extractivista, racista, patriarcal y endeudador.
En Perú como en todos los rincones de Nuestra América, el pueblo no olvida ni perdona. No hay independencia donde hay impunidad nos recuerdan; Dina Boluarte y su Congreso mafioso son responsables.
Los impactos devastadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) están a la vista en pueblo tras pueblo, país tras país, la naturaleza y el clima. A través de la miseria planificada y el austericidio, golpes de Estado y el sostén de gobiernos dictatoriales y represivos, desde hace ya más de 80 años impulsan un verdadero anti-desarrollo basado en la apropiación, el extractivismo y el endeudamiento neocolonial e imperialista de nuestros territorios, cuerpos y bienes comunes.
Imponen y aseguran la cobranza de una asfixiante e ilegítima deuda financiera, aumentando impunemente las deudas socioecológica y climática, económica, política, cultural y de género con los pueblos y el equilibrio ecosistémico en general.
Detrás de un discurso aparentemente “técnico” y plagado de buenas intenciones, el FMI y el BM son pilares fundamentales de una arquitectura financiera internacional al servicio de los intereses del gran capital y la globalización corporativa y financiarizada. Fomentan la mercantilización y la privatización de los procesos de producción y reproducción de la vida y profundizan la dependencia y la desigualdad. Mientras contribuyen a la acumulación de cada vez más riqueza en cada vez menos manos, aumentando la explotación y el empobrecimiento de las grandes mayorías, sobre todo del Sur global.
El avance de la crisis ecológica y climática mundial no es ajeno a las políticas que promueven e imponen estas instituciones financieras internacionales (IFIs) y sus contrapartes regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La contaminación, la pérdida de la biodiversidad, el aumento descontrolado del calentamiento global – con sus múltiples secuelas de inundaciones, sequías y otros eventos climáticos extremos -, la pérdida de vidas y de las fuentes de sostén de comunidades enteras, los desplazamientos poblacionales forzosos, el acaparamiento de tierras y la violación grave y sistemática de los derechos humanos y de la naturaleza, son consecuencias directas de sus programas, préstamos y condiciones.
No obstante, en vez de cambiar sus políticas, redoblan la apuesta. Continúan financiando la extracción de combustibles fósiles y el control corporativo de la llamada “transición energética”. Promueven el mercadeo de carbono y otras falsas soluciones a la emergencia climática, incluyendo el engañoso canje de deuda por conservación, clima o naturaleza – como mecanismo de financiarización y control territorial de las zonas más biodiversas de bosques, mares y océanos. El FMI agrega a su recetario tradicional de condiciones, la búsqueda de “resiliencia”, tras la cual se pintan de verde los intereses capitalistas de siempre. Fingen contribuir a las urgentes necesidades de adaptación y mitigación con más préstamos. Y para colmo, el BM se hace cargo del fondo creado supuestamente para resarcir los “daños y pérdidas” provocados por las mismas políticas que fomenta.
¿No será hora de poner fin a la acción del FMI y el BM, cerrándolos y exigiendo la sanción y reparación de sus crímenes contra los pueblos y la naturaleza?
Desde la Campaña ¡ALTO al FMI-BM! ¡Reparación YA!, llamamos a fortalecer las resistencias populares, impulsando acciones y denuncias y articulando esfuerzos en ese sentido en la región y el mundo. Llamamos a unir fuerzas para exigir y construir alternativas reales, de buen vivir, basadas en la participación y el protagonismo popular, el reconocimiento y respeto de los derechos y necesidades de los pueblos y de la naturaleza y el ejercicio de nuestra soberanía y autodeterminación.
El FMI y el BM fueron creados hacia el final de la II Guerra Mundial a través de los Acuerdos de Bretton Woods para promover la liberalización comercial, la estabilización monetaria y la inversión extranjera, vinculadas todas a la valorización del dólar estadounidense como moneda de transacción y reserva de valor. Junto a la expansión militar de EE.UU., jugaron un papel central en la consolidación de la “Pax Americana” y el posterior avance de la especulación y la financiarización económica.
Al cumplirse un nuevo aniversario de su creación, y mientras se experimenta con cada vez mayor sufrimiento, incertidumbre y violencia, el derrumbe de ese ordenamiento y poder, precisamos fortalecer el ¡Nunca Más! y asegurar la consolidación de otras relaciones e instituciones.
Llamamos entonces a seguir animando iniciativas colectivas en todos los escenarios locales, regionales y mundiales – incluyendo la Semana de Acción en octubre frente a las reuniones del FMI y el BM, la campaña de Jubileo 2025, los Encuentros Ecosocialistas, la COP30 y las Cumbres de los Pueblos en Belém y frente al G20 en Johannesburgo -, multiplicando las acciones que contribuyen a:
visibilizar los impactos de la acción criminal del FMI, el BM y sus beneficiarios, en relación sobre todo a la crisis climática y los derechos al agua y la energía;
ejercer nuestro derecho a juzgar y a sancionar a los responsables de las políticas de austericidio y despojo, realizando sesiones del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM;
lograr la anulación y no pago de las deudas ilegítimas y odiosas promovidas y garantizadas por estas IFIs y la restitución y reparación de lo cobrado injustamente;
fortalecer las resistencias a sus préstamos y programas, incluyendo sobre todo los relacionados con los megaproyectos, el extractivismo y las falsas soluciones climáticas; y
apoyar los esfuerzos para cerrar el FMI y el BM y construir alternativas ancladas en el protagonismo popular, la soberanía y la autodeterminación, los derechos de los pueblos y de la naturaleza y el Buen Vivir.
¡ALTO al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial!
¡Anulación y no pago de las deudas ilegítimas y odiosas!
¡Cierre del FMI-BM y Reparación YA de la miseria, devastación y deudas provocadas!
Les effets dévastateurs du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) sont visibles dans tous les peuples, tous les pays, la nature et le climat. À travers la misère planifiée et l’austérité, les coups d’État et le soutien à des gouvernements dictatoriaux et répressifs, ils encouragent depuis plus de 80 ans un véritable anti-développement basé sur l’appropriation, l’extractivisme et l’endettement néocolonial et impérialiste de nos territoires, de nos corps et de nos biens communs.
Ils imposent et garantissent le recouvrement d’une dette financière étouffante et illégitime, augmentant en toute impunité les dettes socio-écologiques et climatiques, économiques, politiques, culturelles et de genre envers les peuples et l’équilibre écosystémique en général.
Derrière un discours apparemment « technique » et plein de bonnes intentions, le FMI et la BM sont les piliers fondamentaux d’une architecture financière internationale au service des intérêts du grand capital et de la mondialisation corporative et financiarisée. Ils encouragent la marchandisation et la privatisation des processus de production et de reproduction de la vie et aggravent la dépendance et les inégalités. Ils contribuent ainsi à l’accumulation d’une richesse toujours plus grande entre les mains d’un nombre toujours plus restreint de personnes, augmentant l’exploitation et l’appauvrissement des grandes majorités, en particulier dans les pays du Sud.
L’aggravation de la crise écologique et climatique mondiale n’est pas étrangère aux politiques promues et imposées par ces institutions financières internationales (IFI) et leurs homologues régionales, telles que la Banque interaméricaine de développement (BID). La pollution, la perte de biodiversité, l’augmentation incontrôlée du réchauffement climatique – avec ses multiples conséquences telles que les inondations, les sécheresses et autres événements climatiques extrêmes -, la perte de vies humaines et des moyens de subsistance de communautés entières, les déplacements forcés de populations, l’accaparement des terres et la violation grave et systématique des droits humains et de la nature sont les conséquences directes de leurs programmes, prêts et conditions.
Cependant, au lieu de changer leurs politiques, elles redoublent d’efforts. Ils continuent à financer l’extraction des combustibles fossiles et le contrôle des entreprises sur la soi-disant « transition énergétique ». Ils encouragent le marché du carbone et d’autres fausses solutions à l’urgence climatique, y compris l’échange trompeur de dette contre la conservation, le climat ou la nature, comme mécanisme de financiarisation et de contrôle territorial des zones les plus riches en biodiversité des forêts, des mers et des océans. Le FMI ajoute à son arsenal traditionnel de conditions la recherche de la « résilience », derrière laquelle se cachent les intérêts capitalistes habituels. Ils prétendent contribuer aux besoins urgents d’adaptation et d’atténuation en accordant davantage de prêts. Et pour couronner le tout, la Banque mondiale prend en charge le fonds créé soi-disant pour indemniser les « dommages et pertes » causés par les politiques qu’elle encourage.
N’est-il pas temps de mettre fin à l’action du FMI et de la BM, en les fermant et en exigeant la sanction et la réparation de leurs crimes contre les peuples et la nature?
Depuis la campagne « STOP au FMI-BM ! Réparation MAINTENANT ! », nous appelons à renforcer les résistances populaires, en encourageant les actions et les dénonciations et en coordonnant les efforts en ce sens dans la région et dans le monde. Nous appelons à unir nos forces pour exiger et construire des alternatives réelles, basées sur le bien-vivre, la participation et le protagonisme populaires, la reconnaissance et le respect des droits et des besoins des peuples et de la nature, ainsi que l’exercice de notre souveraineté et de notre autodétermination.
Le FMI et la BM ont été créés vers la fin de la Seconde Guerre mondiale par les accords de Bretton Woods afin de promouvoir la libéralisation commerciale, la stabilisation monétaire et les investissements étrangers, tous liés à la valorisation du dollar américain en tant que monnaie de transaction et réserve de valeur. Parallèlement à l’expansion militaire des États-Unis, ils ont joué un rôle central dans la consolidation de la « Pax Americana » et dans l’essor ultérieur de la spéculation et de la financiarisation économique.
À l’occasion d’un nouvel anniversaire de leur création, et alors que nous vivons de plus en plus de souffrances, d’incertitudes et de violence, l’effondrement de cet ordre et de ce pouvoir, nous devons renforcer le « Plus jamais ça ! » et assurer la consolidation d’autres relations et institutions.
Nous appelons donc à continuer d’encourager les initiatives collectives à tous les niveaux local, régional et mondial – y compris la Semaine d’action en octobre devant les réunions du FMI et de la BM, la campagne Jubilé 2025, les Rencontres écosocialistes, la COP30 et les Sommets des peuples à Belém et devant le G20 à Johannesburg -, en multipliant les actions qui contribuent à :
rendre visibles les impacts des actions criminelles du FMI, de la BM et de leurs bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la crise climatique et les droits à l’eau et à l’énergie ;
exercer notre droit de juger et de sanctionner les responsables des politiques d’austérité et de spoliation, en organisant des sessions du Tribunal des peuples et de la nature contre le FMI et la BM ;
obtenir l’annulation et le non-paiement des dettes illégitimes et odieuses promues et garanties par ces IFI, ainsi que la restitution et la réparation des sommes injustement perçues ;
renforcer la résistance à leurs prêts et programmes, notamment ceux liés aux mégaprojets, à l’extractivisme et aux fausses solutions climatiques ; et
soutenir les efforts visant à fermer le FMI et la BM et à construire des alternatives ancrées dans le protagonisme populaire, la souveraineté et l’autodétermination, les droits des peuples et de la nature et le Bien Vivre.
STOP au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale !
Annulation et non-paiement des dettes illégitimes et odieuses !
Fermeture du FMI-BM et réparation immédiate de la misère, de la dévastation et des dettes causées !
The devastating impacts of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) are evident in country after country, people after people, nature and climate. Through planned misery and austericide, coups d’état, and the support of dictatorial and repressive governments, for more than 80 years they have been driving a true anti-development based on neocolonial and imperialist appropriation, extractivism, and indebtedness of our territories, bodies, and common goods.
With total impunity, they impose and ensure the repayment of suffocating and illegitimate financial debt, increasing their socio-ecological, climate, economic, political, cultural, and gender debts to peoples and ecological balance in general.
Behind a seemingly “technical” discourse riddled with good intentions, the IMF and the World Bank are fundamental pillars of an international financial architecture that serves the interests of big capital and corporate and financialized globalization. They promote the commodification and privatization of the processes of production and reproduction of life, and deepen dependence and inequality. At the same time, they contribute to the accumulation of ever more wealth in ever fewer hands, increasing the exploitation and impoverishment of the vast majority, especially in the global South.
The advance of the global ecological and climate crisis is not unrelated to the policies promoted and imposed by these international financial institutions (IFIs) and their regional counterparts, such as the Inter-American Development Bank (IDB). Pollution, loss of biodiversity, uncontrolled global warming—with its multiple consequences of floods, droughts, and other extreme weather events—the loss of lives and livelihoods of entire communities, forced displacement of populations, land grabbing, and the serious and systematic violation of human and nature rights are direct consequences of their programs, loans, and conditions.
However, instead of changing their policies, they are upping the ante. They continue to finance fossil fuel extraction and corporate control of the so-called “energy transition.” They promote carbon trading and other false solutions to the climate emergency, including the deceptive debt-for-conservation, climate, or nature swaps—as a mechanism for financialization and territorial control of the most biodiverse areas of forests, seas, and oceans. The IMF adds to its traditional set of conditions the pursuit of “resilience,” behind which the usual capitalist interests are painted green. They pretend to contribute to the urgent needs of adaptation and mitigation with more loans. And to top it all off, the World Bank takes charge of the fund supposedly created to compensate for the “damages and losses” caused by the very policies it promotes.
Isn’t it time to put an end to the actions of the IMF and the World Bank, shutting them down and demanding sanctions and the reparation of their crimes against peoples and nature?
From the Stop the IMF-WB! Reparation Now! Campaign, we call for the strengthening of popular resistance, the promotion of actions and denunciations, and the coordination of efforts in this regard in the region and around the world. We call to join forces to demand and build real alternatives for living well, based on popular participation and protagonism, the recognition and respect of the rights and needs of peoples and nature, and the exercise of our sovereignty and self-determination.
The IMF and the World Bank were created towards the end of World War II through the Bretton Woods Agreements to promote trade liberalization, monetary stabilization, and foreign investment, all linked to the strengthening of the US dollar as a medium of exchange and reserve currency. Along with the military expansion of the US, they played a central role in the consolidation of the “Pax Americana” and the subsequent rise of a speculative and financially driven global economy.
As we mark another anniversary of their creation, amid the increasing suffering, uncertainty, and violence being experienced as that order and power collapse, we need to strengthen efforts to put an end to such policies and practices and ensure the consolidation of other relationships and institutions.
We thus call to continue promoting collective initiatives in all local, regional, and global settings—including the Week of Action in October ahead of the IMF and World Bank meetings, the Jubilee 2025 campaign, the Ecosocialist Encounters, COP30, and the Peoples’ Summits in Belém and ahead of the G20 in Johannesburg—multiplying actions that contribute to:
highlighting the impacts of the criminal actions of the IMF-WB and their beneficiaries, in relation to the climate crisis and water and energy rights in particular;
exercising our right to judge and to sanction those responsible for the policies of austericide and dispossession, by holding sessions of the Peoples’ and Nature Tribunal against the IMF-WB;
achieving the cancellation and non-payment of illegitimate and odious debts promoted and guaranteed by these IFIs, and the restitution and reparation of what has been unjustly taken;
strengthening resistance to their loans and programs, including in particular those related to megaprojects, extractivism, and false climate solutions; and
supporting efforts to shut down the IMF and the World Bank and build alternatives anchored in popular participation, sovereignty and self-determination, the rights of peoples and nature, and Good Living.
STOP the International Monetary Fund and the World Bank!
Cancel and refuse to pay illegitimate and odious debts!
Shut down the IMF-WB
Reparations NOW for the misery, devastation, and debts they have caused!
Comprender los impactos de la hidroeléctrica y la lucha por la reparación territorial y cultural. “La reparación va más allá de la restitución de tierras”, dice el cacique Oscar Benites
Pueblo indígena Avá-Guaraní Paranaense del lado brasileño (primera foto arriba) y del lado paraguayo: un solo pueblo luchando por reparaciones. Fotos: Leandro Moretti/Brasil de Fato PR y Asociación Yvy Parana Rembe´ýpe
El 5 de mayo de 2025, la Central Hidroeléctrica de Itaipú cumplió 50 años desde el inicio de su construcción y 41 años de operación. Con una capacidad instalada de 14.000 megavatios (MW), la planta cuenta con 20 unidades generadoras de 700 MW cada una. En 2024, la producción alcanzó los 67 millones de megavatios-hora (MWh) – cerca del 13 % de la energía eléctrica consumida en Brasil y alrededor del 90 % del consumo paraguayo.
Fruto de una asociación establecida durante las dictaduras cívico-militares de Brasil y Paraguay, Itaipú es uno de los mayores proyectos hidroeléctricos del mundo. Su construcción fue emblemática del empuje estratégico del Banco Mundial en ese entonces, hacia las megarepresas que aseguraban una buena tasa de interés para los grandes capitales prestadores y energía barata para la expansión de las empresas transnacionales del Norte.
El embalse de la planta inundó tierras fértiles, totalizando 780 km² del lado brasileño y 570 km² del lado paraguayo. Estas inundaciones forzadas provocaron el desplazamiento de más de 42.000 personas, entre comunidades indígenas y campesinos, generando conflictos sociales y violaciones a los derechos humanos.
Los impactos ambientales, sociales y humanos son incalculables, generando una deuda socioecológica que aún no ha sido pagada. El pueblo avá-guaraní de Paraná, de ambos lados de la frontera, es el mayor acreedor de esta deuda y lucha por reparaciones desde hace décadas.
Central hidroeléctrica y embalse de Itaipú Binacional. Fotografía: IHA/CC BY 2.0
Recién en marzo de 2025 los las comunidades indígenas del lado brasileño vieron los primeros pasos hacia reparaciones concretas, con el anuncio de que Itaipú Binacional destinaría 240 millones de reales (44 millones USD) para la compra de emergencia de 3.000 hectáreas en la región hidroeléctrica para comunidades de las Tierras Indígenas Tekoha Guasu Guavirá y Tekoha Guasu Okoy Jakutinga, en el oeste de Paraná.
En la región, la lucha por la demarcación se enfrenta a una violencia creciente, con ataques de campesinos y matones que roban, hurtan, queman, vigilan con drones, arrojan pesticidas y se llevan las vidas de indígenas y animales en las aldeas.
El acuerdo aprobado por el Supremo Tribunal Federal (STF) es parte de la resolución parcial de una acción que se tramita en la Cámara de Mediación y Conciliación de la Administración Pública Federal y de la Acción Civil Original (ACO) 3.555/DF, de autoría de la Procuraduría General de la República de Brasil y que se tramita en el STF debido a las acciones y omisiones de la Unión, de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) e Itaipú Binacional durante la construcción de la planta.
Pérdidas, daños y reparaciones
El Pueblo Avá-Guaraní de Paraná exige reparaciones por los traslados forzados, expulsiones sin consentimiento, usurpación de territorio y destrucción de vínculos comunitarios, que generaron conflictos internos, incertidumbre, desolación, hambre, enfermedad, tristeza y muerte.
Bajo las toneladas de hierro y hormigón, represadas en 29 mil millones de m³ de agua que inundaron 150 mil hectáreas (más de 210 mil campos de fútbol), quedaron sumergidas memorias y tradiciones, tierras y territorios, bosques y fauna, afectando todas las esferas de la vida tradicional del pueblo Avá-Guaraní de Paraná. 600 km² de bosques y 800 km² de tierras agrícolas quedaron bajo el agua y el Salto de las Siete Caidas (Saltos del Guairá), la mayor cascada del planeta en volumen de agua, desapareció.
Tekoha Guasu Okoy Jakutinga, en el Oeste de Paraná. Fotografía: Colección Cimi
Las indemnizaciones pagadas a partir de 1981 fueron irrisorias, haciendo imposible a las familias afectadas comprar tierras en el oeste de Paraná. Parte del terreno no fue inundado y hoy alberga cultivos de soja de la agroindustria o reservas biológicas administradas por Itaipú.
En 2024, la planta hidroeléctrica tuvo un beneficio neto de US$ 442,9 millones (aproximadamente R$ 2,39 mil millones), un aumento de más de tres veces en comparación con 2023. En el primer semestre de ese mismo año, la empresa binacional transfirió R$ 701 millones en regalías a Brasil, pagados a 347 municipios, seis estados y la Unión. A las comunidades indígenas, ni un centavo.
El cacique Oscar Benites, de la aldea Yva Renda, en Santa Helena (PR) e integrante de la Comisión de la Verdad que desde hace años impulsa la investigación y reparación de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, manifestó:
Históricamente, desde las Cataratas del Iguazú hasta Guaíra, los Avá-guaraníes perdimos 50 mil hectáreas, y en la conciliación del STF obtuvimos 3 mil hectáreas que dividimos en dos zonas, ya que aquí se recuperaron diez aldeas, que se extendían desde Iguazú hasta Ocoy-Jacutinga. Nuestra antigua costumbre, y hasta el día de hoy, la tierra siempre ha sido comunal.
Benites destacó la necesidad de infraestructura en las áreas adquiridas:
Si se compra la zona, necesita viviendas indígenas, escuelas, centros de salud y saneamiento básico. Porque si simplemente compran la tierra y nos envían, ¿qué pasa con el agua? ¿Y con la salud? ¿Cómo nos protegeremos si surge alguna enfermedad? Tenemos que garantizar la sostenibilidad para la gente.
También destacó que las reparaciones van más allá de la restitución de tierras.
El líder indígena avá-guaraní Oscar Benites. Foto: reproducción/V Foro Triple Frontera
La reparación no se limita a alimentos y medicinas, sino que hay muchas otras cosas que deben ser devueltas, y esto requerirá mucha lucha, porque no es lo único que hemos perdido. Hemos perdido nuestra cultura avá-guaraní, nuestra organización, nuestras costumbres, nuestra tierra, nuestra medicina, el río.
El coordinador de la Red Jubileo Sur Brasil, Francisco Vladimir, llamó la atención sobre la deuda histórica causada por la destrucción de la naturaleza y de la vida:
Durante 25 años, Jubileo Sur Brasil ha denunciado este sistema que vivimos a diario. Escuchar a los campesinos y pueblos indígenas denunciar cómo la central hidroeléctrica de Itaipú está afectando sus vidas es nuestra prioridad y exigir reparaciones. Queremos que los gobiernos brasileño y paraguayo tomen conciencia de que Itaipú Binacional ha causado daños a la vida de la población.
Colonialismo y dictaduras
La lucha de los Avá-Guaraní por reparaciones fue un eje central de los debates del V Foro Social y Popular de la Triple Frontera, realizado en abril en Ciudad del Este, Paraguay. En la reunión se discutieron temas comunes que afectan a las poblaciones fronterizas, como la extracción de tierras y energía; dictadura, deuda y memoria; Violencia contra comunidades indígenas y rurales y violaciones de derechos humanos.
Además de Oscar Benítez, Francisco Vladimir y Beverly Keene, en la delegación de Jubileo Sur/Américas asistieron la asesora del Frente Guasú Mercedes Canese y el periodista Rubén Penayo, ambos de la Campaña Causa Nacional de Itaipú.
Las presiones ecológicas, la deforestación, la violencia extrema, la explotación de la mano de obra indígena y la semiesclavitud marcaron la colonización del Avá-Guaraní incluso antes de la construcción de la hidroeléctrica. Según un informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Paraná , los crímenes contra los avá-guaraníes ocurren en la región oeste de Paraná desde principios del siglo XX. En la década de 1940 hubo una masacre con invasión de tierras ancestrales por parte de los blancos, expulsión y asesinato de los indígenas que fueron asesinados y arrojados a las Cataratas del Iguazú.
Familia Ava-Guaraní en Tekoha Guasu Okoy Jakutinga. Fotografía: Colección Cimi
Después del golpe militar de 1964 en Brasil, la situación empeoró con restricciones de uso en la región fronteriza y cambios en la política indígena del Estado. El primer director general de Itaipú fue el general José Costa Cavalcanti, vinculado a la “línea dura” del régimen y responsable de las medidas preliminares para la construcción de la represa, como la expropiación y adquisición de terrenos.
En la época, los derechos de las comunidades originarias fueron irrespetados, pues, para la política indígena del Estado, los Avá-Guaraníes eran considerados “indios integrados” y, por tanto, no necesitaban ser atendidos por acciones indígenas. Ya no constituían “obstáculos para el progreso”, como señala el antropólogo Kimiye Tommasino en el Informe sobre la identificación y delimitación de la Tierra Indígena Guaraní de Araça’í .
Para Beverly Keene, de Diálogo 2000 (Argentina), hay mucho que reparar en América Latina debido a su historia con el colonialismo y las dictaduras que afectaron a Argentina, Brasil y Paraguay, entre otros países.
Aún tenemos mucho trabajo por hacer para vincular la memoria de esa experiencia con la búsqueda de verdad, justicia, castigo y reparación. Por eso fue importante trabajar, en el Foro de la Triple Frontera, en la conexión con la represión actual, con los nuevos acuerdos de deuda en Paraguay y un nuevo acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional y el avance de la “economía verde” como una falsa solución a la crisis climática.
La economista es una de les activistas que movilizan la campaña internacional “¡ Fuera el FMI-Banco Mundial! ”, denunciando los 80 años de impactos de las políticas de estas instituciones financieras, que profundizan las desigualdades, las deudas ilegítimas y la devastación ambiental en el Sur Global. Organizada por movimientos y redes populares como Jubileo Sur/Américas y Jubileo Sur Brasil, la iniciativa exige el fin de estas políticas y reparaciones históricas por los daños causados, entre otros.
“Es un proyecto de extranjerización, apropiación y control sobre nuestros pueblos, territorios y bienes naturales. Esto tiene una larga historia había dictaduras y en medio de este proceso está la deuda, la construcción de Itaipú con las deudas económicas, las deudas ecológicas, las deudas con el pueblo”, señala Beverly.
De izquierda a derecha, Rubén Peñayo, Beverly Keene, Francisco Vladimir, Mercedes Canese y Oscar Benites en el Foro Social y Popular de la Triple Frontera.
El costo de mil millones de dólares y la deuda restante
El costo inicial estimado para la construcción de Itaipú fue de alrededor de US$ 4.000 millones, pero el costo final superó los US$ 20.000 millones, el equivalente a más de US$ 70.000 millones en valores actuales. Gran parte de ese monto fue financiado con préstamos externos que endeudaron a Paraguay y Brasil durante décadas –en este último caso, el último tramo de la deuda recién se pagó en febrero de 2023–.
Entre los principales prestamistas figuraban bancos privados como Citibank, Dresdner Bank, Deutsche Bank, Swiss Bank Corporation y JPMorgan. Se contó además con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que monitorea la solvencia y capacidad de pago de los países ante un proyecto considerado “estratégico” para la integración energética regional durante la Guerra Fría.
Para Paraguay, con una economía considerablemente más pequeña, la deuda contraída tuvo un impacto proporcionalmente devastador. El país se comprometió durante más de 30 años a pagar su parte de la construcción, aún sin tener autonomía sobre la venta de energía por parte del país. Gran parte de esta energía se vendió a Brasil a precios muy bajos, según lo establecido en el Anexo C del Tratado de Itaipú.
La ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía de Paraguay, es parte de la campaña Itaipú Causa Nacional que moviliza a la sociedad paraguaya a revisar el Anexo C del Tratado de Itaipú. El documento establece las bases financieras y de prestación del servicio para el suministro eléctrico de la planta entre ambos países. La campaña impulsa asimismo la reparación de la deuda histórica con el pueblo Avá guaraní paranaense, acompañando desde el lado paraguayo donde la situación es también apremiante.
Agronegocios en tierras avá-guaraníes en Paraguay. Foto: Asociación Yvy Paraná Rembe´ýpe
Presentó en las mesas de debate la reflexión sobre «las deudas odiosas que nuestro pueblo tuvo que pagar, principalmente como consecuencia de las dictaduras militares impuestas con el propósito de instaurar también una dictadura económica, endeudando a nuestro pueblo, rico en recursos naturales. Esta deuda no ha sido saldada. Seguimos sufriendo sus consecuencias, sufriendo por la deuda, por la extracción de nuestros recursos naturales y la destrucción de nuestra naturaleza».
Por lo tanto, la principal demanda del Foro «es que nosotros, los pueblos, podamos recuperar la soberanía sobre los recursos naturales. Nuestra región es rica y no deberíamos tener pobreza, no deberíamos tener esta enorme desigualdad», añade.
Rubén Penayo afirma que existe un espacio que debe recuperarse «basándose en los intereses de los pueblos indígenas, la preservación de la naturaleza y los intereses de la propia empresa binacional para que la vida útil de la central hidroeléctrica sea mucho más larga. En el Foro Social de la Triple Frontera, dejamos claro que para las comunidades indígenas esto representa 140 mil hectáreas en el caso de Itaipú y 120 mil hectáreas en el caso de la central Yacyretá».
Para el periodista de la Campaña Itaipú Causa Nacional, «esto tiene que ver con el llamado neocolonialismo legal. Debemos desmantelar toda esta estructura legal porque practica el lavado de imagen, que afecta gravemente a la naturaleza y se disfraza como un problema ecológico», concluye.
Para la red de Jubileo Sur/Américas en el Cono Sur, la reparación de las deudas de Itaipú -tanto la deuda histórica con el pueblo Avá-guaraní, como la deuda ecológica y la deuda binacional con todo el pueblo paraguayo-, es una prioridad de largo aliento. Durante este año, se seguirá activándola en el marco de la campaña ¡Fuera el FMI-BM! y en los preparativos hacia la Cumbre de los Pueblos y la COP30, como paso imprescindible en la construcción de alternativas de justicia y soberanía energética, financiera, socioecológica y climática en la región.
