¿Qué es el Contrato Ley Minero 92? [Conflicto minero en Cañazas y La Mesa de Veraguas]

Conflicto minero en Cañazas y la Mesa de Veraguas

Es la ley que otorga a la sociedad Vera Gold Corporation una concesión para la extracción de minerales metálicos, oro, plata y otros, en un área de 2,549.17 hectáreas en los corregimientos de Cañazas y San Marcelo (en Cañazas) y Bisvalles (en La Mesa); ambos distritos de la provincia de Veraguas.

Esta concesión aprobada por la Asamblea panameña en 2013 revive la antigua mina Santa Rosa, que operó entre fines de la década de los 80 e inicio de los 90. Su operación y posterior abandono causó daños a las fuentes hídricas por los derrames de las tinas de lixiviación, impactó negativamente los ecosistemas, afectó la salud de los trabajadores y las comunidades y profundizó la desigualdad social.

El contrato es por 20 años inicialmente, con una prórroga por 20 años más. 

Los cánones y regalías son irrisorios en comparación al daño ambiental y social que la actividad volvería a causar, efectos negativos a cuyo daño no se le puede poner precio.  

El modus operandi de la concesión sufre de los mismos males de corrupción, falta de transparencia, nula rendición de cuentas e imposición que caracterizan estos proyectos.

Vera Gold Corporation estima una reserva de 1.1 millón de onzas de oro. Para obtenerlo será necesario procesar a diario 4 mil toneladas métricas de tierra a fin de obtener un gramo de oro por tonelada durante los 14 años que duraría la extracción. 

El contrato no deja claro qué tipo de Plan de Restauración se ejecutará para los ecosistemas afectados. El año de su aprobación (2013) marcó serias circunstancias adversas por las condiciones climáticas y la degradación ambiental, lo que garantiza un mayor debilitamiento y duración más prolongada de recuperación de los ecosistemas.

Según el proyecto, Vera Gold Corporation cuenta con tres estudios de impacto ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) actualmente Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) para el transporte, prestación, exploración y explotación de oro y otros minerales metálicos. El proyecto también tiene un contrato ley otorgado por el gobierno de Panamá que le permite obtener concesiones adicionales en un radio de 50 km alrededor de Santa Rosa. Veragold afirma que utiliza tecnologías de flotación y engrosamiento de pasta para reducir el impacto ambiental de sus operaciones y mejorar la recuperación de los metales.

Minería y corrupción

El proyecto minero Santa Rosa sus activos financieros pasaron por varias empresas: primero fue Silver Global, S.A., una sociedad creada en 2007 y que cinco años después cambió su nombre a Vera Gold Corporation,.

Pero fue Navin Bhakta, un empresario cercano al presidente Ricardo Martinelli, quien pactó en 25 millones de dólares la venta de la concesión de oro que obtuvo su sociedad, por la cual supuestamente pagó al Estado unos pocos miles de dólares. (Fuente: Contra Viento y Marea).

Silver Global (actualmente Vera Gold Corporation) cedió en septiembre de 2011 las concesiones y derechos de la antigua mina Santa Rosa a cambio de 20.5 millones de dólares en efectivo y 4.5 millones de dólares en acciones a Golden Phoenix, una minera de Estados Unidos con operaciones en Estados Unidos, Canadá y Perú.

Para entonces, Silver Global, S.A. era presidida por el estadounidense Antonio Bonilla; Bhakta era su vicepresidente y secretario, así como director, mientras que el tesorero era Juvenal Monteza.

Con el contrato ley 92 de noviembre de 2013 Antonio Bonilla es el representante legal de la sociedad sociedad Vera Gold Corporation.

Contaminación y justicia ambiental

El sábado 6 de junio de 1998 se registró un grave desastre cuando las tinas de lixiviación de la mina cedieron ante la presión de la intensa lluvia. El agua de la tina contenía cianuro, se desbordó y llegó a los ríos y quebradas vecinas, provocando la muerte de media tonelada de peces y camarones tan solo en las quebradas de La Mina y El Corozal. Las consecuencias del derrame fueron confirmadas por el director provincial del SINAPROC, Alejandro López y por su director nacional, Roberto Velásquez. Otros derrames de cianuro se dieron en julio y diciembre de 1999 ocurridos en las tinas de tratamiento del oro de la mina. Nunca se dio una investigación rigurosa y reparaciones al respecto.

Huelga y condiciones laborales 

Además de los daños ambientales, el sector obrero también fue víctima de las malas administraciones y el descenso del precio del oro en el mercado internacional, la cual desembocó en una huelga en mayo de 1999.

Tras ello, la compañía de origen canadiense Greenstone Resources redujo alrededor de 75 por ciento sus actividades en enero y despidió unos 400 trabajadores de la mina Santa Rosa.

Pero unos 100 trabajadores de la subcontratista Brown y Root que aún se mantenían en ese entonces trabajando en mina Santa Rosa se declararon en huelga para reclamar 250.000 dólares en prestaciones que le adeudaba dicha compañía, la que a su vez demandó a Greenstone Resources por supuesto incumplimiento de contrato.

Tanto los 100 trabajadores como Brown y Root, que reclama 1.6 millones de dólares, pidieron y lograron un secuestro de los bienes que Greenstone Resources mantenía en la mina Santa Rosa para asegurar el pago de sus prestaciones (Fuente: IPS-Inter Press Service).

Actualidad

En el marco de la crisis en Panamá 2023, el contrato ley minero 92 de 2013 para explotar, extraer y exportar oro y otros metales en el distrito de Cañazas y La Mesa resurge generando un gran debate y rechazo, por lo cual diversas comunidades y organizaciones socioambientales se organizaron y presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia CSJ el 14 de noviembre de 2023. La acción legal fue admitida, el número de expediente es 120445-2023 y la magistrada ponente es Miriam Yadira Cheng Rosas. Y que fue sometida a consulta la Procuraduría de la Nación confirmando su inconstitucionalidad.

¿Por qué es importante este caso? Porque la reactivación de esta mina ES UN PELIGRO LATENTE Y REAL, no fue descartada con la Ley de Moratoria 407.

Exigimos que se declare inconstitucional esta concesión porque pone en peligro el agua, el derecho a la vida y a un ambiente sano que consagran tanto la Constitución como la reciente Ley 287 que reconoce los derechos de la naturaleza. 

 

Fuente: Radio Temblor

Alertan sobre las peligrosas decisiones que se toman en la COP28

Con una fuerte preocupación por el curso de las negociaciones y  proponiendo una Cumbre de los Pueblos en miras a la -3COP30 a realizarse en Brasil en 2025, representantes de organizaciones por la Justicia Climática de América Latina y El Caribe se pronunciaron desde la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. 

En el marco de la COP28 que se realiza en Dubai, organizaciones de Latinoamérica y el Caribe agrupadas en la Campaña Global para Exigir Justicia Climática se pronunciaron este martes de manera crítica sobre el rumbo de la conferencia y plantearon los desafíos para orientar las negociaciones en el sentido de la justicia climática. 

Activistas de distintos países pusieron en el centro la crisis desde una mirada regional, alertando sobre las peligrosas decisiones que se están tomando en la Conferencia, como la promoción de falsas soluciones a la crisis climática, en particular realizando una dura advertencia en torno a la geoingeniería. “La COP28 está considerando varias propuestas de técnicas de geoingeniería, especialmente para ‘remover’ carbono”, afirma Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC). “Son tecnologías que no existen en realidad, son especulativas, no se conoce si funcionarán, pero conllevan nuevos riesgos ambientales y para las comunidades. Peor aún, ni siquiera serán eficientes para atender el cambio climático. Estas tecnologías son una peligrosa distracción de lo que necesitamos hacer: reducciones de emisiones de CO2 drásticas, cambiando los modelos energéticos, de producción y consumo”, concluye la representante del Grupo ETC, con sede en México.

También se realizó una evaluación de los primeros días de la Conferencia de las Partes, planteando su postura en torno al Fondo de Pérdidas y Daños, donde la justicia climática no fue un factor, para las organizaciones. “El Fondo de Pérdidas y Daños adoptado en la COP28 carece de elementos básicos para garantizar el acceso a la justicia. La justicia y la dignidad no son transacciones, algo que los partidos y algunas ONG han olvidado hace mucho tiempo en la CMNUCC. Las comunidades de primera línea tienen derecho a reparaciones, esa es la realidad”, sentencia Adrián Martínez, parte La Ruta del Clima, articulación de Costa Rica. “Cuanto más tiempo los partidos de la CMNUCC no comprendan que las negociaciones deben basarse en el derecho internacional y los derechos humanos, más nos alejaremos de la justicia climática. Un proceso moralmente fallido que reconozca el poder como justicia no traerá paz ni dignidad”, concluyó.

La conferencia también tuvo lugar para plantear la relación de la crisis ambiental global y su afectación en los territorios a través de los incendios en Bolivia y la Amazonía, lo que se materializó en la voz de Carmen Capriles, coordinadora de la organización boliviana Reacción Climática.“Es esencial honrar y recordar a las millones de vidas perdidas este año a causa de los incendios forestales. Desde seres indefensos de la naturaleza sin escapatoria hasta valientes como Johnny, el guardaparque boliviano que, protegiendo la biodiversidad, perdió su hogar ante la inminencia del fuego.La inversión en mitigación y adaptación sigue siendo crítica, no solo por que son sumideros de carbono, sino para preservar estos reservorios de recursos hídricos en un mundo donde el ciclo del agua está fracturado. Ninguna vida merece acabar calcinada por la avaricia humana. Es momento de actuar con urgencia y responsabilidad“, afirmó la activista. 

Así mismo, el activista del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Osver Polo, afirma que “se debe exigir a este espacio de la COP28 y a los gobiernos partes de la CMNUCC, el diseño e implementación de políticas y programas efectivos para el abandono de los combustibles fósiles”, además de “rechazar la transición energética corporativa y las falsas soluciones, detener la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola con lógicas corporativas, que destruyen los territorios, regular la minería de transición, de explotación de los minerales críticos, evitando la reproducción de las lógicas extractivas de vulneración de derechos, de violencia e inseguridad”. Respecto a las alternativas, afirma la necesidad de “promover, desarrollar, financiar y subsidiar iniciativas de transición energética justa, popular e inclusiva, con anclaje y soberanía territorial, hídrica, alimentaria y energética, democratizar la energía, desde el enfoque de género e interseccionalidad, impulsando procesos de desmercantilización energética, haciendo que la energía sea un derecho fundamental, que dignifique la vida de las personas”. También recalcó que es vital “exigir que el financiamiento climático sea dirigido hacia procesos de generación de justicia energética, reconociendo la vulnerabilidad multidimensional que el cambio climático ha generado en la región”.

Así las cosas, se anunció en la conferencia que en este momento alrededor de 40 organizaciones y movimientos populares brasileños están liderando el proceso de construcción de la Cumbre de los Pueblos COP30, en 2025, en  la ciudad de Belém. “La Cumbre pretende ser un proceso autónomo y amplio de la sociedad civil organizada, con el objetivo de visibilizar las iniciativas de justicia climática que los movimientos sociales vienen llevando a cabo en los territorios”, explica Maureen Santos, representante de la Federación de Órganos de Asistencia Social y Educativa (FASE). “Aprovechar esos espacios para pensar el futuro e involucrar las agendas populares de los territorios es fundamental, para procesos con más conexión y más unidad”, afirmó Santos.

Finalmente el coordinador para Latinoamérica y el Caribe de DCJ, Eduardo Giesen, destacó el lanzamiento del Informe de la campaña que busca expulsar a los grandes contaminadores de las COP. “Alrededor de 2.400 lobbistas de las empresas de combustibles fósiles están acreditados en la COP28 hoy, más de cinco veces de la cantidad que hubo en la COP27”. Además reiteró el apoyo de la organización global al pueblo Palestino: “no podemos dejar de manifestar nuestra solidaridad, dolor y espanto por la continuación de los ataques de Israel sobre el pueblo palestino en Gaza, que ya tiene más de 16 mil muertos, la gran mayoría niños y mujeres”.

Redacción Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática

 

Fuente: Radio Temblor

¡Detengamos el mercado de carbono ya!

Comunicado de prensa, 4 de diciembre de 2023

Durante los últimos 20 años, la compensación de carbono ha sido una barrera para acciones reales contra el cambio climático, ha dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios y ha provocado daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática. A pesar de esto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28) que se realiza en este momento en los Emiratos Árabes Unidos va en camino a convertirse en el más grande evento de promoción de los mercados de carbono de todos los tiempos. Durante esta semana, los gobiernos decidirán si van a poner en marcha estos mercados como parte de la política internacional sobre el clima y la presidencia, en manos de los Emiratos Árabes Unidos, realizará varios eventos temáticos para promocionarlos.

El fraude y el daño a las comunidades locales provocados por los proyectos de compensación de carbono han sido ampliamente documentados. Durante todo 2023, investigaciones hechas desde la academia y la ciencialos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han denunciado cómo estos proyectos generan permanentemente falsas reducciones de las emisiones, conducen a acaparamientos de tierra y violan los derechos humanos y de los pueblos originarios (ver más abajo). Ejemplos recientes incluyen el desplazamiento forzoso del Pueblo Ogiek de la Selva Mau en Kenya para dar cabida a proyectos de compensación de carbono y el abuso sexual generalizado en un proyecto de carbono en Kenya, operado por Wildlife Works de Estados Unidos. Durante los últimos meses, Kenya, junto con Liberia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe han firmado acuerdos con Blue Carbon de Dubai, que afectan a un total de 24 millones de hectáreas de tierras comunitarias.

Las nuevas fronteras para la compensación de carbono se basan en una carrera por convertir suelos agrícolas así como áreas marinas y costeras en áreas de “remoción”, las que, según las empresas, van a capturar carbono y crear “nuevos” créditos de carbono. Ninguna de estas tecnologías ha probado poder almacenar carbono de manera permanente. Por ejemplo, el cultivo industrial de algas a gran escala está invadiendo los territorios de las comunidades costeras y creando nuevas amenazas para el medio ambiente marino y la red trófica de los mares.

El mercado de bonos de carbono también ha dado pie a una ola creciente de especuladores en torno a la geoingeniería y el caos climático, a menudo perjudicando a comunidades locales y de pueblos originarios. Quienes han elaborado los proyectos de compensación de carbono, los grupos que definen los estándares, los auditores y quienes comercializan los créditos se han embolsado millones emitiendo bonos de carbono que no han reducido las emisiones pero sí han exacerbado la crisis climática. Cuando estos proyectos, muchos de los cuales han sido rebautizados como “soluciones basadas en la naturaleza” o “soluciones climáticas naturales”, se han implementado en zonas marinas y costeras, como “carbono azul”, han obligado a las comunidades locales a involucrarse en costosas y complicadas batallas legales por reafirmar sus derechos, recuperar sus territorios y resistirse a los proyectos. En el Parque Nacional de la Cordillera Azul, en el Amazonas peruano, las comunidades kichwa ya han sido afectadas por un proyecto REDD de alto costo. El Proyecto de Conservación y Restauración de las Turberas de Katingan en Indonesia también está impactando negativamente a las comunidades Dayak. Las “soluciones basadas en la naturaleza” de Total Energies, con base en plantaciones de árboles para producir bonos de carbono en los llanos de Bateke en la República del Congo, territorio de las comunidades indígenas Aka y de campesinos Bantu, es otro caso en que los derechos de las comunidades están siendo violados. En la medida en que estos proyectos continúan con los procesos de despojo de siglos, ahora con justificaciones “verdes”, son en realidad colonialismo a base de acaparamientos verdes.

Los mercados de carbono no son una solución al cambio climático. Lo que se necesita de manera urgente es un énfasis renovado en mantener los combustibles fósiles en el suelo y compromisos por llevar a cabo acciones climáticas reales basadas en la equidad y la justicia.

CITAS

Jutta Kill, del Movimiento Mundial por los Bosques dijo, “El comercio de bonos de carbono es temerario e irresponsable. Se ha perdido demasiado tiempo intentando mejorar un concepto que está estructuralmente errado. Demasiados proyectos han llevado al acaparamiento de tierras y han causado conflictos y daños a comunidades locales, campesinas e indígenas.”

Shalmali Guttal de Global South dijo, “Organizaciones de pequeños pescadores y de comunidades costeras y rurales han rechazado de manera inequívoca la llamada “Economía Azul” y han señalado que los conceptos de sustentabilidad y resiliencia están siendo deformados para permitir el avance de la “colonización climática” y expandir las fronteras de la extracción y explotación de la naturaleza”

Kirtana Chandra de Amigos de la Tierra Internacional dijo, “Los mercados de carbono alimentan el acaparamiento verde por parte de los grandes contaminadores. Sin embargo, en la COP28, los gobiernos decidirán si van a expandir el alcance de los mercados de carbono  e incluir nuevas tierras, nuevos mares y nuevos tipos de riesgosas actividades de compensación. Esto sería un desastre para el clima y para las comunidades más afectadas por el cambio climático. Lo que necesitamos son reducciones reales de las emisiones y financiamiento real para las acciones contra el cambio climático.”

Devlin Kuyek de GRAIN afirmó, “Los mercados de carbono, los mecanismos de compensación y las “remociones” de carbono no pueden brindar soluciones a la crisis climática. Éstos han creado un sistema que permite que las corporaciones contaminantes y  los países ricos retarden la acción y obtengan ganancias de la crisis. Aunque sigan regulaciones de Naciones Unidas o cuenten con su aprobación, la compensación de las emisiones de carbono en todas su formas, incluyendo REDD y las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” o el “carbono azul”, son un fraude y deben abandonarse”.

Laura Dunn, del Grupo ETC dijo “En el mundo de las compensaciones de emisiones de carbono, el cultivo de algas marinas se presenta como el nuevo “petróleo verde”. Pero nuestro reciente informe “El engaño de las algas marinas” muestra que el cultivo industrial  de algas marinas no salvará el clima ni la naturaleza. La geoingeniería del planeta mediante inmensas plantaciones de algas marinas destruirá los ecosistemas y pondrá en peligro a las comunidades costeras”.

Anuradha Mittal, Directora Ejecutiva del Instituto Oakland resaltó: “En la COP 28, los líderes mundiales y los negociadores necesitan reconocer de una vez por todas que los mercados de carbono son un fracaso como fuente de financiamiento para las acciones contra el cambio climático. Son volátiles e inestables, presas del fraude, incapaces de reducir las emisiones, y en realidad dañan a las comunidades. No podemos permitirnos perder más tiempo en esta falsa solución. El mundo necesita de manera urgente maneras alternativas de impulsar la acción contra el cambio climático, porque los mercados de carbono han fracasado”.

José Bravo, de la Alianza por la Transición Justa, dijo: “El mercado de la contaminación y los sistemas de compensación de emisiones sólo han servido para llenar los bolsillos de las empresas contaminantes más grandes del mundo. Para recuperar cualquier credibilidad después de la farsa de esta COP28, el UNFCCC necesita abandonar los subsidios a quienes contaminan y que se comience a seguir el camino de las y los trabajadores y las comunidades más afectadas por el cambio climático, que están construyendo vías basadas en soluciones climáticas reales”.

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NOTAS

Algunos ejemplos de los daños a las comunidades locales provocados por proyectos de compensación de carbono

– Casi la mitad de las compensaciones adquiridas por Chevron están vinculadas a acusaciones de haber provocado daño a comunidades o la degradación de ecosistemas, particularmente en el Sur Global o en comunidades más afectadas por el cambio climático.
– Un mapa global de los proyectos de compensación de emisiones de los últimos años muestra que un 72% han causado daño a comunidades locales o de pueblos originarios.
– Un proyecto de combustibles derivados de desperdicios para producir créditos de carbono en Kerala, India, está envenenando el aire de los pueblos aledaños densamente poblados.
– Los proyectos de compensación de emisiones de la empresa Total, en la República del Congo, le ha quitado la tierra a los campesinos y está poniendo en peligro su sustento.
– Las comunidades que viven dentro del área de los proyectos REDD+ del Alto Mayo en Perú fueron violentamente expulsadas de sus casas por las autoridades del parque.
– La African Forestry Impact Platform recientemente adquirió Green Resources, una empresa noruega de plantaciones forestales y créditos de carbono con una historia de acaparamiento de tierras, violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental en Uganda, Mozambique y Tanzania.

Algunos ejemplos de fraude y comercio en créditos fantasmas

– Descritos como “Plata-por-estafas-de carbono” por el NewYorker, el Proyecto REDD de South Pole en Kariba, Zimbabwe, obtuvo 100 millones de dólares por créditos de carbono antes de colapsar en medio de un escándalo en octubre de 2023.
– UN estudio de 2023 encontró que la mayoría de los principales proyectos de compensación de emisiones podrían clasificarse como “probablemente basura”, mientras otro estudio sobre los principales certificadores de compensaciones de emisiones concluyó que “la mayor parte de los créditos probablemente no representan beneficio alguno para el clima.”
– Un estudio de Mongabay y New Humanitarian halló que las aseveraciones de naciones unidas sobre la neutralidad de las emisiones se basan, en gran medida en créditos de carbono que poco hacen por reducir los gases con efecto de invernadero. Algunos de ellos están vinculados a informes de daño ambiental, desplazamiento o problemas de salud.
– Una evaluación del Northern Kenya Grassland Carbon Project, hecha por el Northern Ragelands Trust (NRT), encontró que se basa en supuestos metodológicos incorrectos, y llama a cuestionar la credibilidad de las compensaciones que genera.
– Una investigación de Le Monde encontró que tres proyectos de compensación de emisiones en Portel, Brasil (que han vendido créditos de Carbono a Air France, Boeing, Bayer, Veolia, LCL y Samsung) son fraudulentos y no han tenido beneficios para el clima.
– En Papua Nueva Guinea, una investigación de ABC encontró evidencia de que talas comerciales estaban ocurriendo en una selva tropical que se suponía estaba siendo protegida por un sistema de créditos de carbono conducido por la empresa NIHT de Estados Unidos
– Una publicación del Penn Center for Science, Sustainability and the Media de Estados Unidos, concluyó que las compensaciones de emisiones de carbono van en contra del Acuerdo de París de Naciones Unidas.
– La investigación hecha por el ex proveedor de compensaciones de emisiones de carbono Compensate sugiere que los crédito de la mayoría de más de 170 proyectos de compensaciones “basadas en la naturaleza” que se venden en los mercados son “inadecuadas para el uso como compensaciones”.
– De acuerdo a su propio análisis, la agencia BenZero de calificación de compensaciones de emisiones indicó que aunque “la teoría de los mercados de carbono asume que todos los créditos representan la no emisión o la remoción de  1 tCO₂e…. la evidencia muestra de manera creciente que no es así.”

Organizaciones:

Global Justice Ecology Project
Friends of the Earth International
GRAIN
ETC Group
Focus on the Global South
World Rainforest Movement
A Growing Culture
The Oakland Institute
Indigenous Climate Action
Just Transition Alliance
Hoodwinked Collaborative
Indigenous Environmental Network

Contactos para la prensa:

– Friends of the Earth International: Madeleine Race, communications officer, madeleine@foei.org, +31 645 198 654 (EN, FR, ESP)
– GRAIN: Ange David Baimey, ange@grain.org, +22505345274, Côte d’Ivoire (EN,FR)
– Focus on the Global South: Shalmali Guttal, s.guttal@focusweb.org. India and Thailand. +918971368696.
– ETC group: Laura Dunn, laura@etcgroup.org +1 514-607-9979 (EN)
– The Oakland Institute: Anuradha Mittal amittal@oaklandinstitute.org +1 510 469 5228
– Indigenous Climate Action: ATTN: Katie Wilson & Rosalyn Boucha, media@indigenousclimateaction.com (EN)
– Indigenous Environmental Network (IEN): Daisee Francour, Communications Director, daisee@ienearth.org +1 415 312 5958 [EN]

 

Fuente: Movimiento Mundial por los bosques tropicales

¿Hasta cuándo extractivismo? Pueblos de todo el país salen a las calles para decir «basta»

La Campaña Plurinacional Anti-Extractiva es una convocatoria de organizaciones socioambientales y asambleas, que se proponen unir las realidades de diferentes territorios del país para visibilizar cómo el modelo económico-político vigente afecta el ambiente, la salud y la vida. Un llamado a reflexionar sobre la participación, las complicidades de los gobiernos y el rol de las corporaciones.

Convocar a diversos territorios del país afectados por el extractivismo en todas sus expresiones. Ese es el objetivo de la Campaña Plurinacional Anti Extractiva, que organizó una serie de actividades para el próximo lunes 4 de diciembre. Ya hay confirmadas 35 movilizaciones en Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán. En cada lugar, las asambleas saldrán a las calles para visibilizar las maneras en que avanza el extractivismo según la geografía: fumigaciones con agrotóxicos, megaminería y explotación petrolera.

Asambleas territoriales, organizaciones, comunidades originarias y personas autoconvocadas se organizaron en torno a una pregunta «¿Hasta cuándo extractivismo?», con el objetivo de visibilizar cómo este modelo económico de explotación de la naturaleza se vincula con cada uno de los problemas locales. “Ninguna localidad está sola frente a la avanzada extractivista, que atenta contra la integridad de las personas, los territorios y el resto de los seres vivos”, señalan. Las principales consignas son “basta de extractivismo”, “gobierne quien gobierne” y “¿hasta cuándo?”.

Ante la avanzada, campaña anti extractiva

Paula Keaser es vocera de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), una de las organizaciones que participan de esta convocatoria y explica que la intención es sumar a más territorios creando «conciencia sobre el extractivismo», de acuerdo a cómo se vive en cada lugar.

De manera colectiva, las organizaciones que impulsan esta campaña construyeron una definición de «extractivismo». Lo entienden como «un modelo productivo que cosifica, explota y se apropia de la naturaleza para ponerla al servicio de la acumulación de capital». Entre las consecuencias de ese modelo, por ejemplo, mencionan la contaminación de las fuentes de agua por la megaminería, los movimientos sísmicos por el fracking, los agrotóxicos en la leche materna y los incendios forestales.

«El extractivismo es cualquier actividad que se dedique a extraer, utilizar o explotar cualquier bien común sin consentimiento ni consulta a las comunidades que habitan en los lugares donde se hace esa extracción o explotación. Esas actividades avanzan sobre las comunidades sin tener licencia social y dejan un pasivo ambiental y enfermedades. Y esa localidad, pueblo o ciudad queda como una zona devastada», completa Keaser.

¿HASTA CUÁNDO? Campaña Plurinacional Anti-extractivista.
Foto: Nicolás Pousthomis

La activista destaca la propuesta de la campaña de salir a las calles, en distintos puntos del país, para expresar como ciudadanos de a pie que «los negocios que nos proponen los Estados junto a las megacorporaciones afectan nuestras vidas, que dejan un pasivo que no tiene vuelta atrás. Eso se logra porque nos mal informan y nos tienen por fuera de los que son los verdaderos proyectos».

«El objetivo de la campaña es abrir más el juego, llegar a más personas para que sepan que sí hay luchas, que sí hay resistencias, que sí hay espacios ganados y que si no fuera por la resistencia que generamos a pulmón, desde los distintos territorios, hoy estaríamos muchísimo peor», sostiene.

«Necesitamos romper el cerco mediático»

Para Fabricio Di Giacomo, de la Multisectorial Golfo San Matías, “el extractivismo es una manera de apropiarse de la naturaleza, considerándola como un recurso al que se puede explotar sin límites. En ese modelo de apropiarse la naturaleza, de los territorios y de los cuerpos, solamente importa la ganancia. Y los derechos, los sentimientos y la salud de quienes habitamos los territorios, y de los territorios mismos, terminan siendo saqueados y lastimados”.

El Golfo San Matías es uno de los territorios del país que está siendo amenazado por el proyecto denominado «Vaca Muerta Sur», una oleoducto que unirá la cuenca neuquina con la costa rionegrina. Por eso, la asamblea que defiende el ecosistema costero también se sumó a esta campaña. Desde Las Grutas, Di Giacomo grafica: “Acá el extractivismo avanza con cara de petróleo”. El año pasado la Legislatura de Río Negro reformó, a medida de YPF, de la Ley 3308 para permitir la instalación de la terminal de un oleoducto que llegará desde Vaca Muerta a la localidad de Punta Colorada, en el golfo.

En las comunidades de la costa del Mar Argentino, donde la población vive de la pesca y del turismo, los gobiernos y las petroleras prometen progreso, desarrollo y trabajo. El asambleísta denuncia que, de aprobarse, el oleoducto «Vaca Muerta Sur» podría significar el “fin de la vida tal como la conocemos”. Y remite al saldo del extractivismo petrolero en otra provincia: “Vaca Muerta tiene estadísticas horribles, no solamente de contaminación sino de un montón de impactos sociales negativos. Neuquén, donde se encuentran la mayor parte de las perforaciones, es la segunda provincia más pobre de la Patagonia por segundo año consecutivo, según el Indec”.

¿HASTA CUÁNDO? Campaña Plurinacional Anti-extractivista.
Foto: Diego Izquierdo

Di Giacomo asegura: “El extractivismo es un monstruo que utiliza herramientas de manipulación muy sofisticadas y hace que la gente, muchas veces, ni siquiera sepa lo que está pasando o por qué pasa lo que pasa”. Al respecto, apunta contra los grandes medios: “Esta narrativa tiene cómplices en los medios hegemónicos, que desaparecen de la agenda cualquier tipo de problemática que tenga que ver con el extractivismo. Intentan convencer a la población a fuerza de repetir información falsa, con financiamiento del poder económico”.

Ante esa situación, el rol que queda a las asambleas es movilizarse y visibilizar la información sobre el impacto de este modelo en los cuerpos y los territorios. “Necesitamos romper el cerco mediático para que más gente pueda saber que si vive en el campo y tiene enfermedades no es por una cuestión azarosa, sino porque la están fumigando con agrotóxicos; que si un pescador ya no pesca como antes o desaparecen especies no es ‘porque hay alguna cosita’; que si no podés tomar agua del río es porque hay empresas que son responsables junto con el Gobierno“.

«Queremos elegir cómo vivir»

Verónica Argomedo vive en Baradero, uno de los pueblos fumigados del noreste de la provincia de Buenos Aires. “Llegué hace 8 años con mi hija, mi hijo y mi compañero. Fuimos directamente a vivir al campo y, a partir de llevar a la escuela a mis hijos, me encontré con la problemática de las fumigaciones”, relata. En ese lugar se respira, además del veneno de los campos, el humo de las islas quemadas en el delta del Paraná.

Gracias a la lucha de la Asamblea de Baradero, se discutió una ordenanza que restringe las fumigaciones. Sin embargo, el límite que se terminó imponiendo en el Concejo Deliberante fue mínimo: 120 metros. Aún con esta limitada zona de resguardo, su implementación es deficitaria: «Llamás a la Policía y nadie sabe cómo actuar. Medioambiente tampoco sabe. Quienes deberían tomar cartas en el asunto no lo están haciendo». Por eso, señala la entrevistada, es tan relevante la campaña ante la falta de información en la sociedad y de aplicación por parte del Estado.

“Hablamos de extractivismo, pero a ese concepto lo entendemos solamente nosotros. La propuesta es que podamos entrelazar lo cotidiano con el extractivismo y también con las diferentes luchas“, argumenta. En ese sentido, alude al femicidio de Magalí Gómez, ocurrido el fin de semana pasado en Baradero. “Es importante que los colectivos feministas entiendan que los femicidios también son extractivismo, porque todo está de alguna manera regido por el mismo sistema patriarcal, racista y opresor que todo lo mercantiliza, lo vende y lo cosifica”. 

Agrtóxicos en Exaltación de la Cruz
Foto: Exaltación Salud

Muchas veces la noción de extractivismo se asocia a prácticas como el fracking, pero “el extractivismo agropecuario es una metodología que le quita la vida al suelo para arrasar con todo que no sea el cultivo principal, que desmonta para implantar monocultivos que no son alimentos sino commodities. Y el efecto que tiene en el ecosistema justamente es matar todo lo vivo», insiste.

El año pasado, los vecinos de Baradero presentaron los resultados de un estudio, hecho con recursos propios, que reveló la presencia de glifosato en los cuerpos de niñas y una docente de una escuela rural. Argomedo expresa: “Queremos elegir cómo vivir, manifestar que ya no necesitamos los agroquímicos para cultivar porque la ciencia demostró claramente que está destruyendo toda la vida“.

“Gobierne quien gobierne” y los pronósticos ante Milei

Los tres asambleístas comparten su preocupación ante el próximo gobierno de Javier Milei, ante los discursos que niegan el cambio climático y ante la política represiva que, antes de asumir, ya ostenta. Y coinciden en una lectura más profunda sobre el rol histórico de los gobiernos frente al extractivismo: “Todos los gobiernos vienen haciendo una venta de nuestros territorios, de forma más o menos obvia, pero siempre detrás de los negociados”, denuncia Argomedo. Y señala que las comunidades expresan sus preocupaciones y necesidades pero no se las escucha. 

“La democracia tal como está ya también debería tener su modificaciones. Necesitamos mecanismos de representación ciudadana que sean vinculantes, en los que uno realmente pueda participar de las decisiones que se toman en los territorios, ser escuchados y tomados en cuenta”, propone. 

Di Giacomo suma: “Se ha hablado mucho en el último tiempo de la grieta social y política. A las elecciones se presentan candidatos y candidatas de diferentes partidos, pero la realidad es que las políticas extractivistas avanzan sin tregua y sin grieta“. Y cuestiona: “Los gobiernos son simples títeres de las corporaciones, de los sectores energéticos principalmente. Este sistema democrático, así como está planteado, tiene falencias muy graves: quienes deberían oficiar como funcionarias y funcionarios al servicio de las comunidades, terminan oficiando al servicio de las corporaciones“.

Keaser pone como ejemplo el funcionamiento de las audiencias públicas como un síntoma de una democracia representativa resquebrajada. Denuncia que, cuando se hacen, “nadie se entera que están publicadas” . Y añade: “Como no es vinculante, lo que las empresas hacen es poner un día y una hora para hacer la audiencia y termina siendo un trámite“.

“Las localidades que vienen participando desde hace más años en este tipo de audiencias, terminan dándose cuenta de que la empresa extractiva toma los argumentos que la ciudadanía estudió y lo lleva a la audiencia para adornar su discurso. Creo que deberían buscarse la manera en la que pudiera participar más gente, aunque sea de otras provincias. ¿Por qué no puedo opinar sobre el mar de mi país o la montaña de mi país?“, se pregunta.

De cara a un futuro gobierno, Argomedo invita: “Necesitamos estar unidos y muy despiertos, tener claros los objetivos y trabajar en función de horizontes que nos permitan pensar en que la vida es posible y no que estamos destinados a más pobreza, a más miseria, a más enfermedad y a más extractivismo“.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

 

Fuente: Desinformemonos

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