“Su preocupación no es encontrar a nuestros hijos, sino defender al ejército”: padres y madres de los 43

Ciudad de México | Desinformémonos. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “en lugar de avanzar” en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “empezó a señalar a nuestros representantes como los que hicieron mal las cosas” y “ya no habla de nuestros hijos, sino de los militares”, acusaron los padres y madres de los estudiantes, a menos de dos meses de que se cumplan diez años de la Noche de Iguala.

“Su preocupación no es encontrar a nuestros hijos, sino defender al Ejército, porque dice que desde el extranjero quieren hacerle daño”, expresaron los familiares de los normalistas previo a la reunión que sostuvieron el pasado 29 de julio con el gobierno federal, donde criticaron al presidente que durante su sexenio “no hubo avances” y no se resolvió el caso como prometió durante su campaña electoral.

Durante la reunión, AMLO reiteró su postura sobre que no existen pruebas para inculpar al ejército en el caso, a lo que los padres y madres respondieron con pruebas y los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señalan que los militares, explicaron, “tuvieron conocimiento desde que salieron nuestros hijos de Chilpancingo y mucho antes, porque ahí en la Normal había militares que se habían inscrito como estudiantes”.

“Desde el primer día que supimos que nuestros hijos estaban desaparecidos, tuvimos conocimiento de que el Ejército había participado”, reiteraron los padres y madres en un comunicado anterior a la reunión con el mandatario y el posterior diálogo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a continuar con las investigaciones.

“No queremos que sólo nos escuche, sino que en verdad se comprometa a apoyarnos. Es necesario contar con un grupo de expertos y expertas que coadyuven en la investigación, porque sólo así vamos a lograr avances. Tenemos que salir de este estancamiento y no desgastarnos en descalificaciones contra nuestros abogados”, puntualizaron.

A continuación el comunicado completo:

Más que un informe sentí como si el presidente estuviera acusándose de todo lo que le han hecho. No veo que se trate de un informe, porque no habla de las líneas de investigación, de los avances que se han tenido o de lo que se ha hecho por encontrar a nuestros hijos. Sobre eso no hay nada. No me pareció que sea un informe, es más bien un texto donde busca justificarse. Como mamás no esperábamos mucho, debido a la postura que el presidente tomó de hace tiempo, de salir en defensa de los militares. Sabemos la postura que él tiene y que no podemos esperar otra postura, porque así lo ha dicho, de que los militares no tuvieron nada que ver en la desaparición de nuestros hijos. En el informe lo único que resaltó son los obstáculos que ha tenido y aprovechó otra vez la ocasión para atacar a los defensores de derechos humanos y hablar de otras personas que nada tienen que ver con nuestro caso.

Desde el primer día que supimos que nuestros hijos estaban desaparecidos, tuvimos conocimiento de que el Ejército había participado. Recuerdo el 27 de septiembre, cuando nuestros hijos no llegaron a casa, no sabíamos qué hacer. Nos juntamos en la Normal esperando que llegaran, pero para nuestra mala suerte esa noche muchos muchachos no llegaron. El día 28 nos fuimos todas las madres y padres a Iguala, nos repartimos en grupos y recorrimos las colonias. Muchos nos decían que fuéramos al 27 Batallón de Infantería porque normalmente ahí se llevan a los detenidos. Nos decían seguramente ahí están sus hijos. Fuimos y preguntamos a los militares por nuestros hijos, lo que nos respondieron es que ellos no se habían dado cuenta, que no sabían de qué les hablábamos. Lo que ahora nos dicen es muy diferente a lo que hace casi 10 años nos respondieron.

Lo que realmente se ha demostrado con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es que los militares tuvieron conocimiento desde que salieron nuestros hijos de Chilpancingo y muchos antes, porque ahí en la Normal había militares que se habían inscrito como estudiantes. Por eso decimos que los militares sabían que eran estudiantes, pero ellos nos decían que no sabían. El mismo general Cienfuegos también decía que no sabía quiénes eran. Ahora sabemos con pruebas claras que los militares tuvieron pleno conocimiento de los movimientos de los estudiantes de cuando llegaron a la terminal de Iguala y cuando los agredieron. Por eso, sin temor a equivocarnos los señalamos como responsables, porque nos dijeron los mismos pobladores de Iguala, que ahí (en el Batallón) se habían llevado a unos estudiantes. Como madres fuimos las primeras en señalar a los militares y siempre así lo hemos manejado. También por las pruebas que han arrojado los informes del GIEI, que han descrito con mucho detalle cómo fue su participación en la desaparición de nuestros hijos.

Desde que sacaron al fiscal especial Omar Gómez y se fue el GIEI, la investigación se estancó y nos desviamos del camino en que íbamos. El presidente tomó en sus manos la investigación y dejó de lado al nuevo fiscal. En lugar de avanzar, empezó a señalar a nuestros representantes como los que hicieron mal las cosas. Y ahora en su informe el presidente dice que organizaciones como la OEA y el gobierno de Estados Unidos tienen un afán de venganza contra el ejército. Ya no habla de nuestros hijos sino de los militares. Eso nos da tristeza y más dolor porque su preocupación no es encontrar a nuestros hijos, sino defender al Ejército, porque dice que desde el extranjero quieren hacerle daño.

En la reunión que tendremos este lunes 29 de julio, no esperamos mucho del señor presidente, porque ya lo ha manifestado en las mañaneras y lo sigue sostenido a los 4 vientos de que los militares no fueron. Por eso decimos que no hay mucho que esperar; sin embargo, como madres estaremos presentes en cualquier reunión que nos convoquen para hacerle ver que no estamos de acuerdo con la hipótesis que tiene. No descansaremos de insistir de que la Fiscalía tiene que investigar el involucramiento del Ejército. El presidente tiene que saber que nosotras no estamos de acuerdo con su postura porque hay pruebas suficientes que incriminan al instituto armado. La obligación de su gobierno es investigar de manera imparcial y sin sesgos esta línea. En lugar de apoyarnos, se ha empeñado en decir que no hay pruebas de que los militares participaron en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Ahora quiere que nosotros le demostremos con pruebas, como si fuéramos ministerios públicos. El GIEI con todo detalle ha demostrado que sí tuvieron participación, que recorrieron los lugares donde fueron atacados nuestros hijos, que fueron al hospital Cristina a amenazar a los jóvenes que ahí habían llevado a uno de sus compañeros heridos. Estuvieron en los diferentes ataques, incluso donde apareció el joven Julio César Mondragón Fontes, que ahora se dice que se encontró en otro lugar y no en el camino del Andariego.

Hay muchas cosas muy contradictorias que tienen que investigarse a fondo, pero desgraciadamente el presidente ha optado por dar la espalda al caso Ayotzinapa, todo por defender al ejército. Ha defraudado la confianza que le depositamos al principio de su gobierno. Habla de dolor, pero en verdad no sabe el dolor que sentimos como madres. Es como una espada que atraviesa nuestro corazón. Esto no lo entiende el presidente, es algo que nos lastima.

Con la presidenta electa Claudia tenemos nuestras reservas, porque en su gabinete está Omar García Harfuch, que está señalado también como un funcionario de la PGR que supo de los hechos que sufrieron nuestros hijos, porque trabajaba en Guerrero. Vamos a ver qué dice de eso que señalamos y le comentaremos los informes que publicaron los expertos. Tendremos que comentarle de la participación del ejército. Ella debe conocer cuál es nuestro sentir, debe de escucharnos como madre que también es. No queremos que retome lo que el presidente le va a dejar. Para nosotras es muy importante que valore nuestra lucha, el amor por nuestros hijos y todo lo que hemos peleado para saber dónde están. Queremos que sepa que no tenemos otro interés, que nada tenemos que ver con gobiernos extranjeros y que no nos interesa conspirar contra el Ejército. Por eso es muy importante la presencia del GIEI porque ya se ha demostrado que ni con este gobierno, ni el gobierno de Peña Nieto se puede tener la confianza para alcanzar la verdad. Al contrario, vemos que los dos se empeñan en proteger al ejército.

No queremos que sólo nos escuche, sino que en verdad se comprometa a apoyarnos. Es necesario contar con un grupo de expertos y expertas que coadyuven en la investigación, porque sólo así vamos a lograr avances. Tenemos que salir de este estancamiento y no desgastarnos en descalificaciones contra nuestros abogados. Ellos si nos han demostrado en todo este tiempo, que en verdad luchan por encontrar a nuestros hijos. Nunca nos han traicionado y sabemos que tampoco nos van abandonar. Así queremos que sea el gobierno de Claudia que nos respete, que no nos traicione y que esté del lado de nosotras.  Lo que más nos importa es que se investigue a profundidad y con imparcialidad la participación del Ejército. Que ya no haya más obstáculos y pretextos para entregarnos los 800 folios.

A una década de la desaparición de nuestros hijos hay mucho dolor y angustia. Solo Dios sabe de dónde hemos sacado la fuerza para mantenernos de pie. Él es el único que nos cuida y nos comprende. Nunca nos ha abandonado a pesar de tanta tristeza y traiciones. Como madres esperábamos más del presidente, pero al final sentimos que nos dejó y se colocó del lado del Ejército. Eso nos duele mucho porque sentimos que ya no nos escucha. Quiere más bien que nosotros nos convenzamos de que el Ejército no participó en la desaparición de nuestros hijos.

A 10 años las enfermedades quieren vencernos, la fuerza física no es la misma, pero tenemos mucha fe y eso alimenta nuestro espíritu. No hemos dejado un minuto sin pensar en nuestros hijos y tampoco hemos bajado los brazos. Aunque no tengamos dinero salimos de nuestras casas para llegar a la Normal. Si podemos comemos y si no, los recuerdos de nuestros hijos reconfortan nuestros cuerpos. Qué más quisiéramos como madres de tener una noticia sobre dónde están nuestros hijos. Es increíble que a 10 años los gobiernos no nos den una respuesta certera y convincente. A poco ¿son más poderosos los delincuentes que toda la fuerza del Estado? ¿Por qué no pueden desbaratar las redes criminales que están amarradas dentro del mismo gobierno? ¿Valen más los intereses oscuros de quienes desaparecen a las personas que la vida de los desparecidos? ¿Por qué los presidentes de la República se han vuelto cómplices de las atrocidades que han cometido los militares? ¿Por qué se exonera a los militares antes de que concluyan las investigaciones?

Como madres y padres vamos a seguir buscando una respuesta sobre el paradero de nuestros hijos. Nunca retrocederemos, como ahora lo quiere el presidente. Más bien, estaremos dando la batalla sea el gobierno que sea. Esté a favor o esté contra nosotras. Contra viento y marea pelaremos hasta encontrar a nuestros hijos.

 

Fuente: Desinformemonos

Tala y narcotráfico acechan a defensores indígenas en la Amazonía

Estas actividades ilícitas están relacionadas con las amenazas a líderes e integrantes de los pueblos indígenas que ya han reportado 373 situaciones de riesgo desde el 2019 hasta mayo de 2024.

La tala ilegal y el narcotráfico representan el 22 por ciento de las actividades ilícitas que ponen en riesgo a los pueblos indígenas en la Amazonía.

Los cinco pueblos indígenas con más registros de intimidación por parte de taladores ilegales y de narcotraficantes son los Kichwa, Shipibo-konibo, Kakataibo, Asháninka, Wampis y Yanesha.

A nivel nacional se han registrado 373 situaciones de riesgo para 656 personas consideradas defensores de derechos humanos y sus familiares, precisa un informe de OjoPúblico.

De estos registros, el 23,54% se relaciona con la tala ilegal, el 17,06% con el tráfico de tierras, el 16,85% con el tráfico de drogas, el 11,66% con la minería ilegal, 0,86% al tráfico de flora y fauna, y otros.

El distrito de Huimbayoc, ubicado en la región San Martín, es una zona donde se registró la mayor cantidad de amenazas a defensores que, incluso, han sido asesinados, como Quinto Inuma Alvarado.

Las amenazas hacia Quinto Inuma forman parte de los 58 registros de situaciones de riesgo ocurridas solo en el distrito de Huimbayoc, entre 2019 y mayo de 2024, contra personas y grupos de defensores. 

Herlin Odicio , vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) dijo que el mecanismo intersectorial para los defensores solo sirve para tener información de gabinete y no se dan acciones para reducir los riesgos.

Las amenazas de otras economías ilegales

Marcelina Angulo Chota, presidenta del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Alto Nanay, Pintuyacu y Chambira, ha sido víctima de diversas intimaciones de mineros ilegales que intentan expandirse en esta zona de la región Loreto.

La lideresa contó a OjoPúblico que al inicio los mineros ilegales ofrecían dinero para conseguir el permiso de los pueblos indígenas y aquellos que no aceptaban eran amenazados, como ella que fue amenazada mediante llamadas.

Según el registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los líderes más afectados por intimidaciones de esta economía ilegal pertenecen a los pueblos awajún, ikitu y harakbut.

Protección no reglamentada

El mecanismo intersectorial para la protección de defensores de derechos humanos creado en 2021, establece que la evacuación de la zona de riesgo es una de las medidas urgentes de protección.

Pero dicha medida ha sido ampliamente criticada por diversos líderes indígenas de distintos pueblos como lo visibilizó Servindi en un informe del Gobierno Territorial Autónomo Nación Wampis.

Según información del Minjus a OjoPúblico, el 67,99 por ciento de los registros de situaciones fueron atendidas mediante un monitoreo, mecanismo no regulado en la norma, que da seguimiento a los casos a través de comunicaciones permanentes.

De otro lado, solo el 32,01 por ciento fue atendido a través del Procedimiento de Alerta Temprana (PAT), la vía estándar regulada, que da paso a la emisión de resoluciones para medidas más efectivas, como el patrullaje o la evacuación.

En los últimos tres años, el uso del mecanismo fuera de la norma ha ido en aumento desde el 2022 hasta mayo de este año.

Publicado originalmente en Servindi

 

Fuente: Desinformemonos

La nueva Ley Minera: ¿del extractivismo a la industrialización nacional de minerales?

Por: Christian Torres Salcedo – Área de Conflictos Mineros

Respondiendo a los cambios estructurales propuestos en políticas públicas del actual Gobierno, el pasado 16 de febrero del año en curso, el Ministerio de Minas y Energía, con el respaldo de sus entidades adscritas (ANLA y ANM), publicó su propuesta de nueva Ley Minera, que ha contado con la participación de comunidades étnicas mediante la figura de consulta previa, y que ya surtió el proceso participativo de la sociedad civil en general.

De entrada, el nuevo articulado refleja distanciamientos entre conceptualizaciones y paradigmas que otrora parecían innegociables al interior de la cartera de Minas, pues se plantea como una “Ley Minera para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida”, que pretende atender los conflictos inherentes al desarrollo de la actividad minera en el país, amparados bajo el manto de la Ley 685 de 2001 en las últimas dos décadas.

Al comparar el objeto del actual Código de Minas y el Proyecto de Ley en mención, se identifican cambios sustanciales en el enfoque de la actividad minera en Colombia. Específicamente, la Ley 685 de 2001 se cimenta bajo la concepción extractivista que busca saciar las demandas impuestas por el mercado desde el norte global, con el pretexto de lograr el anhelado desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento económico y social del país. Por el contrario, el Proyecto de Ley busca alcanzar condiciones dignas de existencia para quienes habitan las zonas de extracción minera, con el fin de garantizar el abastecimiento de minerales que posibilite la transición energética justa, segura y gradual para todo el territorio nacional, sin desconocer la distribución equitativa de los beneficios, ni las consideraciones y particularidades socio-ecológicas, priorizando el reordenamiento minero-ambiental del territorio nacional.

Es bien sabida la dicotomía existente entre la extracción exacerbada de minerales, frente al cuidado de los bienes comunes; de allí que sea de reconocer la intención de la institucionalidad minera por integrar principios propios de la legislación ambiental en una ley, que, como está, de aprobarse en el Congreso de la República, será la hoja de ruta para el ejercicio de la actividad minera en el país. Nos referimos a principios ambientales reconocidos por la Constitución de 1991 y recogidos por la Ley General del Sector Ambiente (Ley 99 de 1993), como los de prevención, precaución, prevalencia del agua, solidaridad intergeneracional, progresividad y no regresividad, entre otros, aunados a apuestas necesarias como el principio de planificación minera socioambiental con enfoque territorial, y de igualdad de género, todos los cuales reafirman el objetivo por reorganizar y redefinir los alcances de la minería en Colombia, consciente de la realidad de los límites planetarios.

Asimismo, la Ley Minera propone modificaciones estructurales a paradigmas de los que las corporaciones mineras se han servido históricamente para garantizar su lucro particular, como la prelación de la minería por sobre otras actividades humanas (por el carácter de utilidad pública e interés social que le otorga la ley), el principio de primero en el tiempo – primero en el derecho, lo que, en principio, democratizaría las concesiones mineras; adicionalmente, abre la puerta para la formalización, bancarización y/o reconversión económica de mineros artesanales y/o informales, que históricamente han sido criminalizados bajo el rótulo de la minería ilegal.

 

Una utilidad pública que privilegie lo ambiental y el ordenamiento del territorio con la gente y con el agua

De igual manera, recogiendo distintas providencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se reitera que no existen derechos adquiridos cuando se trata de asuntos ambientales, pues, siendo bienes públicos los que se estarían titulando1, aplican las situaciones jurídicas consolidadas, que en ningún caso presuponen inmutabilidad en las decisiones sobre los títulos mineros otorgados. Es decir, todo título minero puede ser sujeto de revisión, teniendo en cuenta los avances normativos en materia de ordenamiento minero-ambiental; independientemente de la retroactividad de su aplicación, para los casos en que se hayan otorgado títulos mineros en áreas restringidas y/o excluidas de minería, sería procedente su revisión y posible caducidad de titulación.  De este modo, se reconoce que transformaciones normativas de fondo o decisiones judiciales que propendan por la protección de bienes públicos que garantizan derechos fundamentales, deben ser acogidas por los titulares mineros.

El proyecto de ley también modifica la declaración de toda actividad minera como actividad de utilidad pública e interés social y se determina que son solo algunos proyectos mineros titulados los que pueden llegar a ser declarados con ese carácter, para lo cual deben tenerse en cuenta varios requisitos y condicionantes que faciliten el mejoramiento de la situación socioecológica del área de interés, impulsando el desarrollo de cadenas productivas locales, mediante alianzas público-privadas y/o populares. Aun cuando hace falta profundizar en los mecanismos de participación para la declaración de los proyectos de utilidad pública a fin de evitar la exacerbación de conflictos territoriales, este enfoque busca ser más garante de derechos que el impuesto por el actual Código de Minas, al reducir la competencia por la prevalencia de la actividad minera sobre otras actividades relacionadas con bienes comunes que favorecen y garantizan la protección de derechos fundamentales, como la protección del agua, por ejemplo. 

También es de reconocer el esfuerzo que el Ministerio de Minas ha plasmado en el articulado, al reorganizar y diferenciar las áreas aptas de las excluidas de la actividad minera, entendiendo el contexto bajo el cual el Consejo de Estado ordenó a las carteras Ambiente y Minas que garanticen su articulación interinstitucional para actualizar y robustecer la línea base de la información geográfica en Colombia, con el fin máximo de impedir la titulación irresponsable de la que trata el caso de la ventanilla minera, y que generó, con corte al 31 de octubre de 2023, el traslape de 827 títulos mineros con coberturas de áreas que deberían ser excluibles de la minería. Además, se han identificado 842 títulos que deberán ser objeto de caracterización, con el fin de identificar posibles traslapes adicionales, por lo que, seguramente, aumentará el número de títulos mineros vigentes que se superponen con áreas excluibles de la actividad minera.

Superposición de áreas mineras con bloques de cobertura ambiental. “Informe de Sostenibilidad 2023 sobre el cumplimiento de la Sentencia Ventanilla Minera”,  allegado por el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cumplimiento a la orden 1.2.1 de la Sentencia sobre la Ventanilla Minera proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2022.


 

No es solo explotar: planeación de todas las fases de la actividad minera

Por otro lado, entendiendo que la planificación minero-ambiental del territorio está atravesada por cada una de las fases que componen el ejercicio minero (prospección, exploración, construcción, explotación y cierre), el proyecto de Ley avanza en el esfuerzo de complejizar y reglamentar el ciclo minero en su totalidad, dando un mayor desarrollo a los procedimientos previos a la titulación minera y a la fase del cierre, los cuales en el actual Código de Minas son eclipsados por el énfasis en la regulación de la fase de explotación. 

Aunque, consideramos que aún falta por reconocer y profundizar el post cierre minero como una fase más dentro del ciclo minero, lo cual, permitiría robustecer los análisis sobre las complejidades e interrelaciones entre los impactos socioculturales, ecológicos y territoriales catalizados por décadas, debido a los emplazamientos mineros. Así pues, se debe precisar las medidas de manejo adecuadas para que las empresas se hagan cargo de las responsabilidades correspondientes por los impactos a largo plazo y a perpetuidad producidos por su actividad minera, los actores responsables e involucrados en la ejecución de esta fase, los mecanismos de financiación y las temporalidades, a fin de garantizar la reparación integral del territorio.    

En ese sentido, la propuesta de Ley sienta un precedente necesario al desarrollar y otorgarle un enfoque ecológico, sociocultural y laboral a la fase de cierre de las actividades mineras. El actual Código de Minas considera, escuetamente, el cierre minero como el “cumplimiento” de criterios técnicos que no van más allá de la compensación, desmonte de infraestructura y restauración ambiental al finalizar un contrato de concesión. Esto deja por fuera o, al menos, minimiza, los impactos a perpetuidad que la extracción de minerales durante décadas implica para un territorio, al tiempo que diluye la responsabilidad de las empresas que se lucraron de la explotación de la naturaleza.

La anterior debilidad normativa facilita el abandono y reversión2 de los bienes al Estado por parte del concesionario. Por ello, que el proyecto de nueva Ley considere el cierre minero desde una visión integral que cobije tanto los componentes técnicos, como socioecológicos y laborales, responde, parcialmente, a las necesidades de territorios que por décadas han sido objeto de extracción y que requieren ser reordenados y reparados para un futuro sin minería. En este sentido, también resultaría relevante la inclusión de otras carteras, como Trabajo y Ambiente, para el seguimiento y control a la planificación y ejecución de esta etapa.

(Le puede interesar: Pronunciamiento público sobre las actuaciones de la 
Procuraduría respecto al Decreto 044 de 2024)

 

Minería para qué y para quiénes

Son numerosos los elementos de cambio que propone el articulado, por ejemplo, lo relacionado con las medidas de protección diferencial para la minería artesanal, semi-tecnificada, y de pequeña escala, reconociendo las complejidades y particularidades del desarrollo minero en cada territorio, y procurando la resignificación de la minería informal, más allá de la simplificación de enunciarla como minería ilegal. Así mismo, los esfuerzos por proponer la diversificación económica para los casos en los que no sea viable la formalización, es el camino adecuado hacia otras economías y otras formas de relacionarse con el territorio. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, aún quedan vacíos por abordar en la propuesta de nueva Ley Minera. Específicamente, preocupa el hecho de la diversificación de conflictos ambientales que puedan suscitar a causa de la necesidad de los minerales estratégicos para la transición energética pues, nacional o no, la extracción minera tiene impactos inevitables por más responsabilidad con la que se haga, lo que deja sobre la mesa en cuáles territorios se puede hacer minería, con que características técnicas, pero, sobre todo, con qué propósito de uso de los minerales. De igual forma, genera cuestionamientos si el hecho de pasar de solo permitir la extracción de minerales a comercializarlos directamente mediante la creación de una empresa pública similar a Ecopetrol, Ecominerales, es suficiente para paliar la crisis climática y desescalar las violaciones a derechos humanos comúnmente ligadas a proyectos mineros de gran escala, si no se ahonda en transformaciones socioculturales sobre el uso de los minerales, los impactos ambientales del uso del carbón, la necesidad de prohibir o renunciar a la extracción de algunos como el oro (útil solo para la especulación y la ostentación, pese a la supuesta prelación de sus aplicaciones tecnológicas), entre otras reflexiones y decisiones para construir una real transición energética justa.

La visión integral del ejercicio minero que plantea el Proyecto de Ley, debe ser profundizada reconociendo otro tipo de impactos como los daños a la salud, a la cultura y la espiritualidad, los cuales deben ser atendidos y, por tanto, otras instituciones del Estado deben involucrarse en este proceso. También es preocupante que prevalece una ausencia en la definición y comprensión de la etapa del postcierre, periodo durante el que se debe hacer seguimiento y monitoreo a los impactos a largo plazo y a perpetuidad causados por la actividad minera. La ausencia en el reconocimiento de esta fase en el proyecto de ley puede provocar que las actividades propias de esta etapa recaigan en el Estado colombiano y que los impactos producidos por la actividad minera y por el propio cierre devengan en pasivos sociales y ambientales. Además, es menester que la nueva normativa sobre el cierre de minas aclare las exigencias a las empresas en materia de financiación del cierre y el poscierre, de manera que la sostenibilidad de las acciones relacionadas sea garantizada por las empresas que se han beneficiado del negocio y han producido los impactos en los territorios. 

En definitiva, es innegable que debemos continuar conviviendo con la extracción de minerales; sin embargo, la conversación debe pasar por complejizar las narrativas frente a las formas, tipos y usos de minería que se debería realizar: ¿cuál será la destinación de los minerales que serán extraídos?, ¿a qué escalas debería realizarse la minería para evitar la exacerbación de conflictos?, ¿cuáles son los usos imprescindibles de la minería?, etc. Además, como lo ha manifestado la Corte Constitucional en diferentes sentencias, ¿cuáles serán los mecanismos de participación incidente, efectiva y vinculante en contextos mineros? En contextos de cierre minero, ¿se garantizará la reparación de todas las formas de vida humana y no humana? 

 

Una discusión necesaria que requiere profundidad y compromiso

A grandes rasgos, la propuesta de nueva Ley Minera busca elevar el nivel de la discusión en las esferas de los/las tomadoras de decisiones, destacando las complejidades territoriales, más allá del centralismo en la toma de decisiones, garantizando derechos humanos y ambientales, y permitiendo subsanar deudas históricas inherentes al ejercicio de la actividad minera, por la cual ha pululado la des-posesión territorial y que ha causado impactos y afectaciones socio-ecológicas y culturales incalculables.

Así pues, el Congreso de la República, una vez radicado el Proyecto de Ley, deberá estar a la altura de los debates, evitando la simplificación de narrativas a favor de intereses particulares y apelando a la noción hegemónica, aunque caduca, de desarrollo; y, deberá estar en la capacidad de complejizar las aristas y los escenarios de posibilidad de lo que implicaría una transición energética justa y su relación con el devenir de la minería en Colombia. 


  1. Los derechos adquiridos, por lo general, aplican para el caso de bienes privados. ↩︎
  2. Vemos con preocupación el uso indiscriminado de la palabra “abandono”, como estrategia por parte de las empresas, con connivencia del Estado, para actuar con impunidad una vez terminada la extracción, sea por finalización del título minero o por cese unilateral de operaciones; siendo estos bienes reversados al Estado, con probabilidades de ocurrencia de pasivos ambientales mineros e impactos a perpetuidad que deberán ser gestionados por el sector público. 
    Entendiendo que la mayoría de los bienes (tajos, maquinaría, acopio, redes de suministro, etc.) reversados al Estado se encontrarán en condiciones de continuidad de extracción, será decisión del Gobierno Nacional la continuidad de dichos proyectos (sea mediante Ecominerales u otras empresas privadas), o privilegiar la reparación integral del territorio afectado por décadas por la extracción minera.   ↩︎
Fuente: CENSAT Agua Viva

Manifiesto por la justicia en el caso Berta Cáceres

Este 25 de julio, representantes de organizaciones territoriales integrantes del capítulo hondureño de ALBA Movimientos hicieron entrega, ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, de un manifiesto por la “justicia definitiva en el caso de Berta Cáceres“.

El documento, firmado por defensores de derechos humanos, abogados y juristas de diferentes regiones del mundo, fue entregado por representantes de la coordinadora ambiental y el auto gobierno indígena Lenca de La Paz, así como de la mesa territorial de incidencia para la gestión del riesgo de Yoro y Olancho

“Considerando el peligro inminente de impunidad para los perpetradores y asesinos de Berta Cáceres, destacada lideresa indígena hondureña y defensora de los derechos humanos” y que han pasado más de ocho años desde su asesinato sin que la justicia haya confirmado las sentencias emitidas contra los responsables del crimen, los firmantes del manifiesto pidieron con fuerza que se garantice la aplicación de justicia.

“Para que se haga justicia, solicitamos la necesaria confirmación y cumplimiento de la condena de los autores materiales y el coautor del crimen”, se lee en el documento promovido por Alba Movimientos y la Asociación Brasileña de Juristas para la Democracia (ABJD).

La lucha y el crimen

La dirigente indígena fue ultimada de varios balazos en su casa de habitación, en un contexto de lucha de las comunidades Lencas, organizadas en el Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa).

Ante la oposición a un proyecto que contemplaba el concesionamiento y la explotación de las aguas del río Gualcarque, sagradas para los Lencas, se generó un ambiente de persecución, criminalización y judicialización sistemática, que creó las condiciones propicias para que se consumara el ataque mortal.

Durante los juicios celebrados contra los autores materiales del crimen se pudo demostrar, de manera incontrovertible, que el asesinato se gestó desde una estructura criminal encabezada por las más altas esferas de Desa.

Sentencias

En 2019, siete personas, entre ex directivos y ex miembros de la seguridad interna de Desa, ex militares y militares en servicio activo, fueron condenadas como autores materiales del asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro, con penas de entre 30 y 50 años de prisión.

Dos años más tarde, David Castillo Mejía, ex presidente de Desa y también ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, fue encontrado culpable como coautor del asesinato y sentenciado a 22 años y 6 meses de cárcel.

Lamentablemente, ninguna de estas condenas está firme, ya que la Corte Suprema de Justicia nunca resolvió los recursos de casación presentados por los defensores de los sentenciados.

Cientos de organizaciones a nivel mundial y hasta senadores de Estados Unidos se han pronunciado contra la demora de la justicia para Berta.

Tanto la familia de la luchadora social como el Copinh han pedido también la pronta captura de Daniel Atala Midence, ex gerente financiero de Desa y primera persona que es acusada como autor intelectual del asesinato.

Por Giorgio Trucchi | LINYM

Fotos: Luis Méndez

Fuente: LINyM

 

Fuente: Radio Temblor

¡Acción Ecológica Alerta!: ¿Cesión de territorios indígenas a Kailasa?

En días pasados se conoció que personas que se hacen llamar miembros de los “Estados Unidos de Kailasa[i]” estarían andando por comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, en busca de acuerdos para que les sean cedidas partes de los territorios. Lo que está detrás de este interés, de acuerdo con los textos de los Acuerdos, es escandaloso y debe ser alertado. Parece una broma de mal gusto que el autodenominado Sumo Pontífice de Kailasa se interese en instalar en el Ecuador un gobierno en el exilio de los Kailasa, pero no lo es.

Los Kailasa se hicieron conocidos cuando, según varios medios de comunicación[ii], la exministra del ambiente, Sade Fritschi Naranjo, habría mantenido conversaciones con monjes de la “orden soberana de Kailasa” durante la reunión de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente UNEA 6 en marzo pasado.

En varios medios de comunicación se recogen noticias sobre acusaciones de violación, abuso sexual y secuestro de niños en la India, en los estaría involucrado el “sumo pontífice” de Kailasa. Probablemente para escapar de la justicia[iii], los fundadores de esta organización se asentaron hace unos años en Norteamérica y ahora estaría buscando otros países para sus oscuros propósitos[iv]. Aparentemente una de las personas de Kailasa ya habría introducido al país algunas toneladas de bienes para venir a vivir al Ecuador[v].

También se conoce sobre sus intereses corporativos. Kailasa fue registrada en las Islas Vírgenes como Kailasa Inc.[vi] pero fue disuelta en abril de 2023 por no haber pagado impuestos por más de 5 años. UNITED STATES OF KAILASA INC. también aparece registrada como organización no gubernamental en Oklahoma,[vii] Estados Unidos, y como corporación en Canadá.[viii]

El texto del Acuerdo que los miembros de los “Estados Unidos de Kailasa” han presentado a varias organizaciones indígenas en la Amazonía ecuatoriana es delirante. Aquí resumimos algunos de los puntos más preocupantes.

Por un lado, en varias de sus páginas del texto del Acuerdo, se da cuenta profusamente que Kailasa es una nación perseguida en India -lo cual sería un gran invento, según fuentes de ese país-, y que el “establecimiento del gobierno en el exilio” en territorio indígena del Ecuador es una respuesta a esta persecución. También apelan al Derecho Internacional, y que su “misión diplomática” debe contar con impunidad absoluta.

Preocupa sobremanera que se diga que en el Territorio de Kailasa (dentro del territorio indígena de Ecuador escogido) se ejercerá total soberanía por parte de los miembros de Kailasa, y que allí pueden: construir templos e infraestructura, tener moneda propia, y adquirir derechos sobre el subsuelo, el espacio aéreo y todos los recursos que haya en ese territorio.
En el Territorio cedido a Kailasa, sus miembros ejercerán sus propios sistemas administrativos, jurídicos y económicos y apelan a ningún control laboral, financiero o monetario por parte del Estado ecuatoriano.

Los pueblos indígenas del Territorio cedido a Kailasa deberán proteger a los miembros de Kailasa ante cualquier agresión externa, ofrecerles asilo político irrevocable y protección contra toda persecución, deportación o extradición. Las organizaciones indígenas además están obligadas a darles el servicio de defensa legal en casos de demandas civiles por contratos, muerte o lesiones u otros delitos civiles y penales.

Las organizaciones indígenas de los territorios en donde se instalen los Kailasa, deben ofrecer sus cuentas bancarias para que los miembros de Kailasa puedan enviar, recibir y retener fondos y divisas de cualquier tipo, realizar transferencias nacionales e internacionales de fondos de cualquier origen desde estas cuentas, sin ninguna limitación o restricción.

Las comunidades de pueblos indígenas donde se instale la sede de Kailasa estarán obligadas a proporcionarles “energía eléctrica, agua dulce” y garantizarles la conexión de internet, teléfono y otros servicios de comunicación. Además, las organizaciones indígenas donde se instale Kailasa no podrán interferir en ningún asunto interno de Kailasa.

Llama la atención que el Acuerdo se firmaría a perpetuidad y se regirá por las leyes de Gales e Inglaterra, y en caso de duda lingüística en cuanto al texto, prevalecerá el texto en inglés.

¿Qué obtienen los pueblos y nacionalidades indígenas a cambio? … obtendrán “automáticamente una membresía en la Alianza de Organismos Jurídicos Internacionales y Autoridades Soberanas de Kailasa”!

Aun cuando esto parezca un chiste, debemos alertar a las organizaciones indígenas sobre estas personas, presumiblemente estafadores internacionales, que podrían incurrir en negocios ilícitos con empresas extractivas, mineras o petroleras, de servicios ambientales como los bonos de carbono o créditos de biodiversidad o de cualquier otra índole que podrían afectar los derechos de los pueblos y sus territorios.

El actual contexto de inseguridad debido al crimen organizado vinculado a las drogas y las nuevas estrategias del capital económico y financiero, requiere de una alerta mayor por parte de las organizaciones indígenas ante arremetidas como esta.

ACCIÓN ECOLÓGICA
26 de julio de 2024


[i] https://kailaasa.org/

[ii] https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/03/31/que-es-kailasa-el-pais-ficticio-que-hizo-quedar-en-ridiculo-a-la-ministra-de-ambiente-de-ecuador/

[iii] https://indianexpress.com/article/what-is/reserve-bank-of-kailasa-everything-you-need-to-know-about-nithyanandas-central-bank-and-currency-6566774/

[iv] https://www.elmundo.es/cronica/2023/12/09/656a3420e9cf4aa3588b45d8.html

[v] https://www.importgenius.com/ecuador/buyers/ma-nithyaprematma-ananda

[vi] https://ltg.gov.vi/wp-content/uploads/2023/03/2nd-Revised-Final-PDF-for-website_optimized.pdf

[vii] https://www.charitynavigator.org/ein/881044271

[viii] https://opencorporates.com/companies/ca/15808928

 

Fuente: Accion Ecologica