YA ESTAMOS!!! La Rojita: Transmisión especial del foro taller convenio 169 y derecho a la consulta previa, libre e informada.
Aquí: http://rojita1.caster.fm/
No te pierdas esta programación especial que dará inicio a partir de las 9:00 am
(Leído durante la conferencia de prensa de hoy, 27 de febrero, anunciando el inicio de la jornada. Durante la conferencia, transmitida en vivo en nuestro fb y en nuestras radios, cortaron la luz y se interrumpiò la transmision…..)
Berta Cáceres, hermana, compañera y Coordinadora General, nos enseñó que debemos luchar por nuestros derechos, nos enseñó que el pueblo Lenca ha sufrido por mucho tiempo debido a la discriminación y dominación de siglos en nuestros territorios. Berta nos enseñó que la dignidad no se compra ni se vende y que las batallas justas le dan sentido a la vida de los pueblos, nos enseñó que entregar la vida a la lucha por la construcción de una nueva sociedad inclusiva vale la pena, y que no hay que tener miedo en defender lo que nos corresponde.
Hace un año asesinaron a la compañera Berta Cáceres, le quitaron la vida, porque no soportaron que una mujer, una indígena, se opusiera valientemente con su pueblo a la explotación de nuestros territorios y saliera victoriosa.
La asesinaron porque en este país se prefiere asesinar que dialogar y se piensa que matando personas se matan las ideas.
El COPINH exige que el Estado hondureño asuma su responsabilidad en el asesinato de la compañera Berta Cáceres, a quien no solamente desprotegió, sino a quien persiguió y criminalizó por su labor comunitaria. Que el Estado hondureño se responsabilice por la concesión de los territorios indígenas de manera inconsulta, que significa las muertes de las comunidades.
El congreso es culpable del asesinato de Berta Cáceres por otorgar de manera inconsulta, los territorios Lenca a la empresa privada.
El gobierno de JOH es responsable del asesinato de Berta Cáceres por desprotegerla y mantener en dictadura al pueblo hondureño, por proteger la impunidad y favorecer los intereses de quienes representa a costa del pueblo hondureño.
Responsabilizamos a estructuras criminales dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras que son caldo de cultivo para el desarrollo del sicariato. La vinculación de los asesinos detenidos en el caso de nuestra compañera así lo demuestran.
Las Fuerzas armadas son responsables del asesinato de Berta Cáceres por formar asesinos y escuadroneros de la muerte, que por migajas acaban con la vida de pueblos y comunidades.
Demandamos ante todo que aparezcan los culpables intelectuales del crimen contra Berta, quienes ordenaron su asesinato siguen en la impunidad y seguramente planeando más asesinatos contra las organizaciones sociales.
DESA es la empresa asesina la que con el terror quiere despojar al pueblo Lenca de sus riquezas y matar a quienes nos oponemos.
Asesino es el Banco Centroamericano de Integración Económica, asesino es el Banco FMO, asesino es el fondo Finnfund, quienes solapados en el supuesto desarrollo invierten en la muerte de los pueblos indígenas.
Asesinos son los gobiernos de EEUU que arman a un pueblo para que se mate por sí mismo.
Asesino es un pueblo intolerante y racista que discrimina a su misma esencia cultural e histórica.
Sabemos de la precariedad de las acusaciones en contra de los imputados en el caso de Berta Cáceres, un juicio verdadero no podrá sentenciar a los detenidos, en especial a los intermediarios entre la empresa y los sicarios y todo se dirige a la total impunidad. El Estado no quiere una comisión internacional de expertos para investigar porque teme que se demuestren sus responsabilidades.
A un año de su muerte Berta nos sigue enseñando que las ideas no se asesinan y que los procesos de los pueblos no se paran, que ella sigue presente y que es nuestro deber continuar con su legado de resistencia y lucha en contra de la injusticia.
El COPINH se declara en rebeldía, en insurrección contra la injusticia, contra la tragedia a la que ha sido conducida el pueblo hondureño y los pueblos indígenas. Y en la que nuestros compañeros y compañeras han caído asesinados en la defensa de la vida y por el futuro de la humanidad. A ellas y ellos les recordamos y abrazamos como ancestros y ancestras, que nos acompañan desde el plano espiritual.
Sin embargo, exigimos justicia, exigimos que los responsables sean castigados y sobre todo que se termine con la práctica de asesinar a quienes pensamos diferente.
El COPINH no está en contra de la vida digna y una sociedad justa en Honduras. El COPINH se opone a la mentira que llaman desarrollo por la cual quieren justificar tanta muerte y despojo en nuestros territorios. Que una empresa destruya un río y una comunidad no saca de la pobreza al país, por el contrario, la hunde en más desigualdad, cuando los únicos beneficiados son unos pocos que se llenan los bolsillos a costa del país entero. Queriendo ganar 500 millones dando 5mil a las comunidades, como sucede en la represa Agua Zarca.
Nunca va a existir una Honduras mejor si no se entiende y se respeta la autonomía de las comunidades indígenas, si no se toman en cuenta nuestras cosmovisiones y formas de ver el mundo. Pero no con una reglamentación de la consulta previa, manoseada y perversa, o con leyes terroristas que buscan criminalizar la protesta, sino con muestras de voluntad política de dialogar y debatir.
El COPINH sigue y seguirá luchando por esa inclusión y por ese respeto, en la búsqueda de una sociedad justa en la que la vida sea respetada.
La muerte de Berta Cáceres es una derrota, una pérdida invaluable para nuestra organización y para el pueblo hondureño. Pero es una victoria que sigamos aquí, presentes, denunciando la injusticia y proclamando nuestra lucha por el respeto de las comunidades, los territorios y la identidad del pueblo Lenca. A un año de la pérdida de nuestra coordinadora general, el COPINH se compromete con su legado y sigue de pie construyendo vida y siendo alternativa. Porque Berta Vive, el COPINH sigue.
Exigimos que se establezca una comisión independiente de investigación en el caso de Berta Cáceres que devele las estructuras de toda índole que planearon su muerte.
Demandamos la salida inmediata de la empresa DESA y toda su muerte del río Gualcarque, así como cualquier proyecto que intente afectarlo. Los dueños y gerente de DESA deben ser condenados por sus acciones.
Exigimos la derogación de todas las concesiones que existen en los territorios del pueblo Lenca, realizados sin consulta a las comunidades.
Llamamos a la terminación de la persecución contra el COPINH y las demás organizaciones que defendemos los territorios. Los ataques contra nuestra organización continúan y responsabilizamos de más muertes y agresiones a las autoridades hondureñas.
¡Berta Cáceres vive!
¡Berta Vive, el COPINH sigue!
¡Berta no murió, se multiplicó!
¡Fuera proyectos de muerte de nuestros territorios!
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 27 días del mes febrero del 2017
Fuente: COPINH
El copinh invita a la conferencia de prensa a las 2:00 PM en la sede de.copinh sera transmitida por las radios de copinh
AQUI Radios de COPINH: http://a.stream.mayfirst.org:8000/guarajambala.mp3
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En el informe de la ONG critica a la comisión creada por el Congreso para investigar la violencia en la Araucanía. Al respecto, dice que la instancia parlamentaria sólo se centró en delitos presuntamente cometidos por los indígenas como forma de protesta, sin abordar las constantes denuncias sobre violencia policial.
La impunidad, tanto por las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado como por las que se seguían cometiendo en 2016, continuó siendo la asignatura pendiente en Chile, según Amnistía Internacional (AI).
En su informe anual presentado en París, la organización explica que se confirmaron varias declaraciones de culpabilidad por crímenes de derecho internacional durante el régimen militar (1973-1990), pero “en pocos casos, los implicados fueron encarcelados”.
A finales de año seguía pendiente ante el Congreso un proyecto de ley para negar la posibilidad de obtener la libertad condicional a las personas halladas culpables de crímenes de lesa humanidad.
Entre los casos más destacados de 2016 relativos a abusos durante la dictadura de Augusto Pinochet, Amnistía Internacional señala la sentencia de la Corte Suprema que confirmó las condenas a cuatro años de prisión dictadas contra dos ex militares por torturar en 1973 al general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta, Michelle Bachelet.
También hubo numerosas denuncias de “uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas” y “entre las víctimas figuraban menores, mujeres, periodistas y trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que actuaban como observadores”.
Esos casos, explica, “siguieron siendo competencia de los tribunales militares”, aunque una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar.
En enero, el INDH interpuso una querella para que los tribunales ordinarios siguieran investigando la desaparición forzada de José Huenante, de 16 años, visto por última vez en septiembre de 2005 al ser detenido por la policía. Un tribunal militar también reabrió una investigación, pero su suerte y su paradero siguen sin conocerse.
En el informe de la ONG también se aborda la comisión creada por el Congreso para investigar la violencia en la Araucanía, la región más afectada por conflictos de tierras que implican al pueblo mapuche.
AI destaca que ésta sólo se centró en delitos presuntamente cometidos por los indígenas como forma de protesta, sin abordar las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra esas comunidades.
Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, Amnistía Internacional destaca que el aborto siguió tipificado como delito en todas las circunstancias.
Tras varios años de debate, Chile dio “el primer paso” hacia la aprobación del proyecto de ley de identidad de género cuando en septiembre superó el trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aunque al concluir el año aún no había superado la votación en el Senado y en la Cámara de Diputados.
En julio, Chile alcanzó un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una denuncia de tres parejas gais a las que se les había negado el derecho a contraer matrimonio.
Ese acuerdo llevó al Gobierno a anunciar en agosto un proceso participativo con la sociedad civil para redactar un proyecto de ley que establezca la igualdad respecto al matrimonio de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Fuente: El Mostrador
Aproximadamente 100 organizações brasileiras e internacionais, entidades e militantes assinaram a carta de adesão contra a entrega da Base/Centro de Lançamento de Alcântara (MA). Os movimentos sociais que iniciaram a mobilização levarão a carta a diversas autoridades com o compromisso de preservar a soberania do país. As adesões continuam sendo recebidas através do email: jubileusulbrasil@gmail.com ou via WhatsApp: 011 991163721. Contato comunicação: (85) Rogéria Araújo 85.996192566 (WhatsApp)
NOTA CONTRA A OFERTA DA BASE DE ALCÂNTARA AOS EUA
Para Ministério das Relações Exteriores – Itamaraty
Congresso Nacional (Senado Federal e Câmara dos Deputados)
Comissão de Ciências e Tecnologia da Câmara dos Deputados
À sociedade em geral
Entre os absurdos políticos que o Brasil está enfrentando hoje, destaca-se a continuidade da submissão às imposições neoliberais do Consenso de Washington, aplicadas pelo Banco Mundial e FMI desde os anos 90 do século passado aos “países em desenvolvimento” da periferia do capitalismo, por parte do governo brasileiro ilegítimo e corrupto, que usurpou a Presidência da República através de um golpe implementado pelo Congresso Nacional, legitimado pelo Judiciário e pela grande mídia.
A notícia de que o Sr. José Serra, Ministro das Relações Exteriores, retomou contatos para “oferecer” o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, é mais uma comprovação do DNA entreguista desse governo. Este acordo já se mostrou não apenas desvantajoso ao Brasil do ponto de vista econômico e tecnológico, mas completamente ofensivo à soberania nacional ao permitir controle total ou parcial dos EUA sobre parte do território nacional, o que por si só o torna inaceitável.
Frente a tantos absurdos, os movimentos sociais, entidades da sociedade civil, organizações sindicais, igrejas e membros de partidos políticos que promoveram o PLEBISCITO POPULAR CONTRA A ALCA na Semana da Pátria e 8º Grito dos Excluídos no ano de 2002, vêm a público, em nome dos mais de 10 milhões de brasileiros/as que votaram contra a ALCA e contra a entrega do Centro de Lançamento de Alcântara aos Estados Unidos da América, declarar que a decisão do governo ilegítimo de retomar “negociações” para a entrega do Centro será combatida novamente como uma prática de submissão neocolonial e uma traição ao povo brasileiro – como o está sendo também a política de entrega do petróleo brasileiro às corporações multinacionais.
Conclamamos a todas as pessoas e entidades que coroaram de êxito o Plebiscito Contra a Alca – e contra a entrega do Centro/Base de Lançamento de Alcântara – a se manifestarem publicamente contra a prática do ministro do governo ilegítimo, José Serra, de impor relações internacionais a partir de sua vontade individual, sem debate e consulta ao povo. Lutaremos e resistiremos contra essa prática com todas as forças.
Ao contrário das políticas autoritárias e entreguistas do governo usurpador, que enfraquecem a democracia e aprofundam as desigualdades, seguiremos lutando em favor da verdadeira democracia, que reforce e não debilite, a soberania da Nação brasileira e qualifique sempre mais suas relações sociopolíticas, socioeconômicas, socioambientais e socioculturais da sociedade brasileira, inclusive suas relações internacionais.
SOBERANIA NÃO SE NEGOCIA!
Janeiro de 2017.
Subscrevem:
Entidades América Latina:
Militantes:
– Nadine Borges, advogada, mestre, coordenadora de relações externas da UFRJ e ex-presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro.
– Thiago Pizzo Scatena, cientista social e membro do SASP.
– André Lima Sousa, economista, doutorando em Geografia e professor universitário. Fortaleza-Ceará.
– João Alfredo Telles, ambientalista, advogado e professor, Fortaleza/Ceará.
– Bruno Gasparini, Coordenador do Curso de Direito do Instituto Superior do Litoral do Paraná – Isulpar
– Adriano Van de Vem, Dourados/MS
– Larissa da Silva Araujo, pesquisadora em Direitos Humanos
Para subscrever enviar para: jubileusulbrasil@gmail.com
Fuente: Jubileu Sul
