Mês: novembro 2021

Defensoras de la tierra: mujeres indígenas mexicanas reflexionan ante la COP26


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Publicada el  | por Otros Mundos AC

Compartimos esta nota de Distintas Latitudes sobre la participación de Mujeres en la COP26- A 11 de Nov

Una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas de México, conocidas como las Defensoras de la Tierra, acudió a la COP26 para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. ¿Qué hacen, qué piensan y qué desean? Te contamos. 

Texto:  Julieta Bugacoff (Argentina, 1997)
Fotos: @futurosindigenas #CopCollab26

En los grupos de Telegram conformados por activistas que acudieron a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hay una queja recurrente: los problemas de accesibilidad al mayor evento de discusión mundial sobre cambio climático. Para ingresar al centro de convenciones es necesario hacer colas de hasta dos horas, y hay una única entrada por la que deben pasar más de 15.000 personas por día. 

Pero no es el único problema: pocos días antes del inicio del evento, la Presidencia de la COP26 —ejercida por el Reino Unido— anunció que limitaría el número de observadores que pueden presenciar las salas de negociación. De esa forma, elementos como la transparencia en los procesos y la democratización de la información quedaron vedados de manera sistemática para la mayoría de los asistentes. Una puerta demasiado chica, ante un problema muy grande, constituye una gran metáfora de lo que las organizaciones sociales dedicadas a la problemática ambiental vienen denunciando hace años: la inclusión de la sociedad civil es escasa.  

Este año, una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas provenientes de México —conocidas como Defensoras de la Tierra— acudió a la COP26 en Glasgow, Escocia, para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. El principal reclamo de Mitzy Violeta Cortés, Rosa Marina Flores Cruz, Wilma Esquivel Pat, María Tzuc Dzib, Wendy Monserrat, Miryam Vargas, Erika Hernández Mariaca, Florina Mendoza Jiménez y Armanda García Carrillo es el reconocimiento de los pueblos indígenas como defensores del 80% de la biodiversidad en el planeta, y su inclusión en los procesos de toma de decisión. En las últimas dos semanas, el grupo participó en varias charlas y movilizaciones masivas. Aquí te contamos sus objetivos, reclamos, así como las contradicciones que ven con el actual gobierno mexicano. 

Itaxavi Mendoza pertenece a la comunidad Ñuu savi, de Oaxaca. Comenzó a involucrarse con el activismo ambiental después de percibir las consecuencias del extractivismo minero en su territorio. Poco después, decidió meterse de lleno en la defensa del agua, luego de que su pueblo sufriera un desplazamiento forzado. La activista -especializada en la recuperación de la lengua y la memoria territorial- es una de las Defensoras de la Tierra que fueron a Glasgow este año. Para ella, Glasgow es el escenario perfecto para trazar redes con otros referentes ambientales, y conocer las problemáticas presentes en su territorio: “buscamos generar alianzas que permitan fortalecer cada lucha y así conformar una fuerza mayor capaz de contrarrestar las imposiciones de la COP26 ”, afirmó. 

En 1982, el activista afroamericano Benjamín Chavir, definió el racismo ambiental como la manifestación de la discriminación racial en la elaboración de políticas medioambientales y la aplicación de reglamentos y leyes. Para él, la selección deliberada de comunidades racializadas para la instalación de residuos tóxicos, la sanción oficial de la presencia de venenos u otros contaminantes que ponen en peligro la vida de una población y la exclusión sistemática de las personas negras en el liderazgo de los movimientos ecologistas, son manifestaciones claras de esta dimensión. En la actualidad, el término está más vigente que nunca, y es fundamental para comprender planteos como el de Defensoras de la Tierra. A propósito de esto, Mendoza comentó: “Los efectos del racismo en torno a la crisis climática son devastadores. Los pueblos originarios cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta, y excluirlos de la toma de decisiones sobre las soluciones para mitigar los efectos de la crisis climática va a derivar en una catástrofe. El panorama es crítico”.

Pero no solamente se trata de exclusión o discriminación. Según el informe anual 2019-2020 elaborado por Amnistía Internacional (AI), Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, en particular, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente. De los 304 asesinatos a nivel mundial, 23 ocurrieron en México. El país se ubica en el tercer puesto entre los más riesgosos de la región, sólo siendo superado por Colombia (106) y Honduras (31). La violencia de género también está presente en los números: el 13% de los defensores asesinados fueron mujeres. 

Miryam Vargas es otra de las mujeres que forman parte de Defensoras de  la tierra. Tiene 33 años, es de origen nahua (de la región cholulteca), en México, y forma parte del Frente de Pueblos Puebla-Tlaxcala-Morelos. Trabaja como periodista, y suele cubrir temas relacionados al cuidado del territorio y los procesos de resistencia. En relación a los problemas ambientales de su región, explicó: “Las empresas y los gobiernos están organizados y tienen estrategias muy claras de ataque hacia los defensores del territorio. Una práctica común es generar condiciones de violencia dentro de las comunidades para que cuando lleguen los proyectos que pueden resultar dañinos para el medio ambiente, se produzca una crisis social, el tejido comunitario esté roto, y sea más fácil instalar un negocio sin la necesidad de atravesar asambleas.”

Además de la violencia a líderes territoriales, en México hace varias décadas que científicos, comunidades indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales vienen alertando sobre los altos niveles de deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares, y la existencia de una gran cantidad de megaproyectos que impactan de manera negativa sobre los territorios.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó su ausencia en la COP26. En una rueda de prensa, afirmó que en la cumbre se hacen muchas promesas, pero hay pocas acciones concretas: “Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”, expresó. Además, agregó que existe un doble discurso entre los jefes de Estado y de Gobierno que decidieron concurrir al acuerdo global. “Al mismo tiempo que se están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, los países más poderosos están aumentando la producción y extracción del petróleo”, concluyó. 

Existe una cuota de verdad en las palabras de López Obrador. En diciembre de 2015, se firmó el Acuerdo de París donde 189 países se comprometieron a generar acciones y programas para disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Sin embargo, el tratado recién entró en vigencia el 1 de enero de 2021, es decir, cinco años después de su aprobación. Mientras tanto, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dejó en evidencia que, en 2019, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar por tercer año consecutivo y se situaron en un máximo histórico. La evidencia es clara, para la mayoría de gobiernos, el cambio climático no es un tema prioritario, o que requiera de medidas urgentes. 

Pero en todos lados hay contradicciones y las políticas ambientales de AMLO no están exentas de críticas. Como apuntó el Financial Times, el gobierno de López Obrador lleva gastados varios millones de dólares en la construcción de “Dos Bocas”, una refinería gigante de petróleo y el fomento de la producción de hidrocarburos. Además, en octubre de este año, se presentó ante el Congreso una Reforma Eléctrica que propone bloquear la generación de energía a partir de fuentes renovables por parte de empresas privadas. De esta manera, la rectoría del sector quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad. El problema no es la estatización en sí, sino el consecuente retroceso en materia de transición energética. 

A pesar de que López Obrador no estuvo presente en la COP26, sí envió representantes oficiales. México fue uno de los países que se adhirió a la declaratoria para la protección de bosques y uso de la tierra. Por fuera de eso, no se anunciaron mayores avances. 

Para Wilma Esquivel, feminista comunistaria territorial de Felipe Carrillo Puerto, y miembro de la delegación de Defensoras de la Tierra uno de los problemas de estas cumbres está en la representación: “El problema es que estas personas llevan un discurso oficialista. No están implicados en procesos de defensa del territorio, sino en la legitimación de la acciones, el estatus y los planes de gobierno. No tienen intención de solucionar nuestros problemas, así como tampoco respetan los pueblos y las comunidades originarias”. Por último, concluyó: “Su participación es peligrosa. Lo que buscan es aprobar megaproyectos a partir de consultas simuladas. Las personas que formamos parte de la resistencia sabemos que sus propuestas son destructivas para el ambiente, y contribuyen a aumentar la violencia en los territorios”. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático empezó hace casi dos semanas. En la primera semana, el evento principal fue la Cumbre de Líderes Mundiales. Hubo acuerdos relacionados con la problemática de la deforestación, el uso de combustibles fósiles y el carbón. Como se dio a entender en los discursos de las mujeres que integran Defensoras de la Tierra, aún existe mucha distancia entre los planteos del activismo climático -integrados en su mayoría por jóvenes, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil- y la agenda impuesta por los mandatarios. Dentro del recinto de negociaciones, los políticos y empresarios toman las decisiones que condicionarán el futuro del planeta. En paralelo, millones de personas aprovechan la ocasión para debatir qué estrategia tomarán una vez que no se cumplan los acuerdos, o que estos no se ajusten a las verdaderas necesidades de los territorios. El caso de Defensoras de la Tierra es un perfecto ejemplo de esto, pero no es el único. Parafraseando a uno de los graffitis más famosos del Mayo Francés: “La belleza está en las calles”. 

Imagen: Futuros Indígenas

 

Fuente: Otros Mundos Chiapas

Clima y economía verde militar


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Uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta son las fuerzas armadas, especialmente las de Estados Unidos. No obstante, sus emisiones no son tomadas en cuenta en las negociaciones de cambio climático. Por ejemplo, el proyecto Cost of War de la Universidad de Brown estimó que entre 2001 y 2017, las fuerzas militares de ese país emitieron 1200 millones de toneladas de dióxido de carbono, la tercera parte fuera del país y en guerras como las de Iraq y Afganistán. Esto es equivalente a las emisiones anuales de 257 millones de autos, más del doble de todos los autos que circulan en Estados Unidos.

El Pentágono es además el mayor consumidor institucional de combustibles fósiles del planeta. Un grupo de científicos que han estado colaborando en investigación sobre los impactos ambientales y climáticos del militarismo denunciaron en el marco de la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima (COP26) realizada este noviembre, que el Pentágono es responsable de causar más emisiones GEI que 140 países juntos, incluyendo a países industrializados como Suecia, Dinamarca y Portugal. Pese a ello, las emisiones GEI provenientes de las actividades militares no son tema en la agenda de negociaciones y ni siquiera se reportan como tales. Esto debido a que el ejército de Estados Unidos se opuso temprana y activamente a cualquier análisis o informe sobre éstas. En 1997, en las discusiones que llevaron a crear el Protocolo de Kyoto sobre control de emisiones de gases de efecto invernadero, Estados Unidos obstaculizó firmemente que se reportara sobre las emisiones GEI militares alegando razones estratégicas y de seguridad, que logró imponer al resto de la comunidad internacional. En 2015, con la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático, se incluyó por primera vez que las emisiones militares debían ser reportadas pero solo en forma voluntaria, por lo que en la mayoría de los casos no sucede y ello no tiene consecuencias. Aún así, investigadores independientes estiman que las actividades militares globales son responsables de entre el 5 y 6 por ciento de todos los gases que causan el caos climático, más que lo emitido globalmente por todos los aviones y barcos comerciales combinados. La principal fuente de emisiones GEI militares conocidas proviene de los combustibles usados en sus aviones, barcos y vehículos terrestres, pero hay que sumar las emisiones del vasto complejo militar industrial, por lo que aún ese porcentaje es probablemente muy bajo.

Ante esta opacidad, una colaboración de centros de investigación presentó en actividades paralelas a la COP26 el mapa interactivo https://militaryemissions.org/, que muestra la información disponible sobre emisiones GEI de los países con mayor gasto militar a nivel global. De América Latina incluyen Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, pero en todos los casos la información de emisiones relacionadas a lo militar no existe, no se reporta o no está desagregada.

El Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs publicó en 2021 dos importantes informes sobre el impacto medioambiental y climático del militarismo. El informe Militarismo y crisis medioambiental. Una reflexión necesariacoordinado por Pere Brunet y Chloé Meulewaeter con investigadoras e investigadores del Centro Delàs, analiza de qué manera el militarismo es una de las causas relevantes del calentamiento global y los daños ecológicos en el planeta. Pone sobre la mesa datos de impactos ambientales y climáticos y plantea su vínculo con la violencia que genera el militarismo y la amenaza que representa el uso creciente de la fuerza militar para imponer un modelo económico capitalista, extractivista y depredador de comunidades y ambiente, así como para reprimir las resistencias de quienes se oponen a éste.

Entre los 23 principales países exportadores de armas (97,8% de ese comercio bélico) que tienen el 35,48% de la población mundial, concentran el 82% del gasto militar global y son responsables de dos terceras partes de las emisiones mundiales de GEI (67,1 %). Esos mismos países acogen a los 50 mayores agentes económicos que a su vez controlan 63,000 corporaciones transnacionales en todo el planeta, que son las que se benefician del enfoque militar-represivo que protege sus intereses.

El segundo informe Crisis climática, fuerzas armadas y paz medioambientalresume “La seguridad militarizada tiene un papel esencial en el empeoramiento constante de la crisis ambiental a nivel planetario que consiste en proteger a todos los agentes de poder no democráticos (corporaciones transnacionales extractivas, grandes entidades financieras, industria militar), para beneficio y lucro de sus minorías dirigentes, rompiendo equilibrios sociales y eco-planetarios. Una protección de los pocos que deja al margen a las grandes mayorías de población, a través de la llamada seguridad nacional. Una protección que es esencial, porque sin ella, el sistema depredador de recursos que amenazando el planeta y su sistema biológico, no podría existir (…) Los esquemas de seguridad nacional, bajo el pretexto de preservar los “intereses nacionales”, en realidad lo que realmente protegen son los intereses económicos de determinadas élites de grandes corporaciones, junto con los intereses lucrativos de aquellos que mueven los hilos del complejo militar-industrial”.

A las emisiones militares por uso de combustibles fósiles, se suman los impactos por los restos tóxicos y destrucción de hábitats que se producen a lo largo del ciclo del conflicto, que contaminan tierra, aguas y atmósfera, con efectos que en general duran largos períodos de tiempo con graves impactos en la vida humana y la salud de ecosistemas, flora y fauna, incluidos sobre los sistemas agrícolas, pastoriles y forestales que son sustento de muchas comunidades.

El tema es grave y no es nuevo, pero ante las crecientes e innegables evidencias de la crisis climática y las catástrofes que conlleva, y sobre todo, por las protestas de diversos movimientos y más evidencias de investigación, existe una creciente presión para reconocer el alto impacto climático del militarismo. Incluso en la propia COP26, se nombró -pero no se tomó ninguna acción- que debe ser revisado el tema de los reportes de sus emisiones en la COP27, algo que en sí mismo no cambiaría la situación, pero aún así es resistido.

No obstante, los altos mandos militares ya han comenzado una perversa tarea de recuperación de imagen. El 2 de noviembre, al comienzo de la COP26, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg declaró “Necesitamos encontrar un camino para reconciliar que las fuerzas armadas sean fuertes y efectivas con que sean verdes y amigables con el ambiente.”

Como no podía ser de otra manera, también desde la OTAN se refieren a que las fuerzas armadas deben ir a “cero emisiones netas”, no reales. Justamente, porque este paquete de tecnologías y mercados de carbono, les permite continuar sus actividades y aumentar el lucro de los intereses que protegen.

Por: Silvia Ribeiro.

Fuente: Desinformémonos.org

“Una especie en peligro”: la geopolítica del clima y la COP26 [Dossier]


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Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre.” Así daba inicio el histórico discurso de Fidel Castro Ruz en la llamada “Cumbre de la Tierra”, realizada en la ciudad de Río de Janeiro en junio del año 1992. Palabras sabias por lo justas y aún más sabias por lo viejas, pronunciadas hace casi exactamente dos décadas frente a los representantes a las Naciones Unidas. Pese a que el radical escenario planteado por el líder cubano no ha dejado de constatarse en los hechos, nada parece conmover el interesado letargo de las élites políticas y económicas globales. 

La puesta en escena del Ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu -ver la fotografía que ilustra este material- resultaría risible si no fuera por lo trágica. Una pequeña nación archipielar de la Polinesia expresa su desesperación por la subida global del nivel de las aguas, las que amenazan literalmente con sepultar a su país en las profundidades del Océano Pacífico. Realidad que podría parecer extrema y distante sino fuera porque diversas ciudades costeras latinoamericanas y las naciones insulares caribeñas sufrirán en los próximos años el mismo dilema que los tuvaluanos. 

Mientras tanto, las irresolubles contradicciones del sistema imperante se actualizan con el telón de fondo de la emergencia climática. A las tesis que enfatizan el “carácter democrático” del clima y sus impactos, el capital responde con la estratificación de naciones y de gentes: no sólo resulta desigual la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también los riesgos y los costos afrontados por las clases dominantes y dominadas, por las potencias centrales y los países periféricos. Mientras de un lado algunos de los capitalistas de mayor envergadura sueñan con colonizar otros planetas y abandonar una tierra para ellos descartable, se dispara la cifra, hoy récord, de refugiados y refugiadas climáticas. 

Pero los debates y movilizaciones generados en torno a la COP26 ponen otro asunto en la palestra: la inevitable gravitación de la geopolítica en un mundo cada vez más en disputa, también en una dimensión ecológica. La carrera por la hegemonía global, o al menos por la construcción de un escenario multipolar, considera de momento al clima como una variable más e instrumentaliza los discursos y las prácticas en torno a la ecología y el cambio climático. Detrás de las apelaciones a una humanidad en abstracto se traslucen intereses particulares y correlaciones de fuerzas.

Pero mientras la locomotora de la historia salta velozmente las estaciones que la precipitan a la distopía ecológica, el género humano -parafraseando a Walter Benjamin- busca a tientas el freno de mano. Por fortuna, desde las antiquísimas resistencias de los pueblos indígenas y campesinos hasta las más recientes movilizaciones de las juventudes, desde los movimientos sociales hasta las intelectualidades críticas, se ponen en juego viejas y nuevas sensibilidades ecológicas que demuestran el irrenunciable deseo de legar a las generaciones futuras la misma casa común, el mismo jardín heredado. Nuevamente en palabras de Fidel Castro, ya es casi tarde, pero no del todo aún. 

Culminada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en Glasgow, ALAI presenta su Dossier “Una especie en peligro: la geopolítica del clima y la COP26”, correspondiente al mes de Noviembre de 2021. Con el objetivo de realizar un primer balance del principal cónclave en materia climática, de poner en común la enorme riqueza y diversidad de alternativas y soluciones, y de visibilizar la agenda ecológica y climática de sujetos y organizaciones populares, ofrecemos una serie de artículos, análisis y notas de opinión publicados en español, inglés y portugués, y elaborados desde latitudes tan diversas como las de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, India, Bangladesh, Malasia, Holanda y Bélgica. 

Fuente: ALAINET

 

Fuente: Radio Temblor 

Los pueblos indígenas no solo son guardianes de la naturaleza


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Las cumbres climáticas parecen haber comenzado a comprender que, sin la participación de los pueblos originarios, no se logrará proteger ese 80% de diversidad biológica que reside en sus territorios.

La COP26 vuelve a subrayar y reconocer la importante labor de los pueblos indígenas en la protección de los bosques y la biodiversidad. Sin embargo, esto no va a la par con el reconocimiento de sus derechos, la garantía jurídica de sus territorios y la defensa de su integridad ante los crecientes ataques que soportan.

A los incendios, las inundaciones, la polución y la contaminación de los ríos a causa de la acción directa del ser humano y de la inacción de los Estados, se suma la pérdida de los bosques que son, precisamente, los responsables de absorber el 30 % de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Este deterioro de los bosques sigue batiendo records en la Amazonía: según datos de la iniciativa MapBiomas, en 36 años la deforestación ha alcanzado 74,6 millones de hectáreas, lo equivalente a la superficie terrestre de Chile. Ante ello, uno de los primeros acuerdos en la COP26 de Glasgow fue la aprobación de la Declaración sobre bosques y el uso de la tierra, que incluye al 85 % de Estados con superficie forestal y que refuerza la Declaración de Nueva York sobre bosques del 2014, con la diferencia de que comienza a visibilizar la importancia de los pueblos indígenas en su protección y se compromete a un mayor financiamiento para lograrlo.

Al parecer, las cumbres climáticas empiezan a entender que, sin la participación de los pueblos originarios en tanto propietarios del 22 % de la superficie terrestre, no se logrará proteger ese 80 % de diversidad biológica que está en sus territorios. Y es que ya hace más de una década que se sabe que los pueblos indígenas frenan la deforestación y que, por tanto, garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y el uso y disfrute sostenible de sus tierras, es una de las acciones más urgentes que deben acometer los Estados.

Pérdida de territorios y aumento de la violencia

De los más de 500 pueblos indígenas que existen en la Amazonía, en Perú habitan 55 que ocupan casi la mitad de los bosques tropicales que alberga. Estos pueblos organizados en comunidades campesinas y nativas tienen títulos de propiedad de, aproximadamente, el 30 % de toda la superficie del país, y si incluyéramos a las comunidades indígenas que aún faltan por titular, se podría sobrepasar el 40 % de la superficie del país.  Incluso el reciente gobierno del presidente Pedro Castillo asegura una cifra mayor, más allá de la importancia de las comunidades indígenas para la protección de la biodiversidad, lo cierto es que, hasta el día de hoy, no se ha asegurado con títulos de propiedad el territorio de todos los pueblos indígenas del Perú.

Los pueblos originarios históricamente excluidos continúan sin obtener la seguridad jurídica de sus tierras, a pesar de contar recursos como el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT-3) que, en casi seis años de implementación, no ha alcanzado los resultados esperados en materia de titulación de comunidades. Esta situación, entre otras, hace que, en los últimos años, se hayan incrementado las presiones, amenazas y violencia que sufren las comunidades amazónicas, en muchas ocasiones con fines ilícitos como la tala y la minería ilegal o la siembra de coca para el narcotráfico. En este sentido, los asesinatos y amenazas a líderes indígenas son ya moneda corriente: tan solo en lo que va de pandemia han sido asesinados doce líderes indígenas.

Un caso representativo es el del pueblo kakataibo, ubicado entre las regiones de Huánuco y Ucayali. A día de hoy siguen resistiendo frente a un proceso colonizador que trata de acorralarlos. La alarmante violencia ha provocado ya varios asesinatos y ha hecho que Herlín Odicio, líder de la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo (Fenacoka), se haya visto obligado a vivir en la clandestinidad, amenazado de muerte por narcotraficantes. Por su parte, Merino Odicio Huayta, líder de la comunidad nativa Mariscal Cáceres, salvó su vida hace un mes, pero no pudo evitar la brutalidad de que narcotraficantes le cortaran una oreja.

La situación es similar en los territorios colindantes de comunidades shipibo-konibo, asháninka y yaneshas, y en general, en el resto de comunidades nativas de la Amazonía, que hacen frente a la invasión de sus tierras por colonos que muchas veces llegan alentados por organizaciones criminales. Una vez allí toman posesión de las tierras, se asientan y empiezan a deforestar para la explotación de cultivos ilícitos o monocultivos e incluso pistas de aterrizaje para vuelos relacionados con el narcotráfico. En paralelo a esta actividad, empiezan a solicitar títulos individuales a las autoridades competentes y, al cabo de un tiempo y de manera ilegal, obtienen títulos de propiedad en complicidad con funcionarios corruptos de gobiernos regionales.

Impunidad y racismo institucional

Ante sus protestas, los indígenas en el Perú son normalmente ignorados y sus denuncias, dilatadas en el tiempo, acaban disolviéndose en la impunidad; ni la policía, ni los fiscales o jueces y ni siquiera los funcionarios locales y regionales atienden sus quejas, bajo el ejercicio de lo que muchos interpretan como un racismo institucional normalizado. Muestra de ello es el caso de la comunidad nativa Unipacuyaku, cuyo líder Arbildo Meléndez fue asesinado tras unirse al reclamo de la titulación por más de 30 años. Hoy están sitiados por el narcotráfico y han perdido casi 17 mil hectáreas de sus tierras en manos de invasores. La impunidad de las muertes de los indígenas es otra forma más de invisibilidad, como en el caso de los cuatro kakataibos asesinados para los que no hay detenidos ni juicios y las investigaciones siguen siendo infructuosas.

Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana están agotados de clamar derechos y justicia, y no recibir respuesta del Estado. Hay, sin duda, un pacto social resquebrajado que en doscientos años de existencia no ha logrado incorporar con igualdad de derechos a las comunidades indígenas.

La urgencia de enfrentar hoy los bruscos cambios climáticos ponen a los pueblos indígenas de nuevo en la palestra, pero es indispensable que no reduzcamos a estas comunidades a su papel de barrera de protección de los bosques; urge la reivindicación de su sabiduría ancestral, el respeto de sus derechos, el reconocimiento político de su incalculable aporte en los Estados y la obligación de contar con su participación directa en la toma de decisiones para enfrentar el inminente colapso climático.

Por: Luis Hallazi. Abogado y politólogo peruano, investigador en derechos humanos.

Fotografía: Olmedo Carrasquilla Aguila. Movilización de los pueblos indígenas en defensa del agua, Ecuador.

Fuente: Radio Temblor

Haití. Batalla de Vertières: El día que la diáspora africana venció a los esclavistas


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Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021.

La batalla tuvo lugar en #Vertières cerca de Cap-Français al norte de la ex colonia francesa de Santo Domingo (ahora #Haití), el 18 de noviembre de 1803, cuando se da el enfrentamiento entre las tropas comandadas por el general esclavista #Rochambeau y los del general anti-esclavista Jean-Jacques #Dessalines, líder independentista.

Este 18 de noviembre de 2021 se cumple 218 años de esa decisiva batalla para la independencia de la primera república negra, que fue la de #Vertières, que vio a las tropas de la diáspora africana imponerse hasta derrotar a los soldados de #Napoleón.

Sin duda este episodio marcó el camino de emancipación de los pueblos, incluso hoy sigue siendo inspiración para aquellos que creen que un mundo mejor, sin racismo, sin desigualdad es posible.