Organizaciones de la sociedad civil (campesinos, ecologistas y gremios) de la provincia de Veraguas protestaron el pasado lunes 22 de noviembre en los predios de la Corte Suprema de Justicia de Panamá para exigir que dicte fallo a favor del proyecto de ley 171 que declara la cuenca del Río Santa María Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida Hidrológica. Proyecto de ley que fue remitido por la corte a la Procuraduría General de la Nación para consultar sobre su naturaleza jurídica, recomendando que el proyecto de ley 171 no es inexequible.
Dicho proyecto de ley “declara área protegida la cuenca del Río Santa María, (identificada como el número 132 en el sistema hidrológico de América Central), se encuentra localizada en la vertiente del Pacífico en las provincias de Veraguas, Coclé y Herrera, patrimonio natural hidrológico de la República de Panamá”.
Ahora, corre un periodo de 10 días a partir del 22 de noviembre para objetar o alegar la importancia de la seguridad hídrica de la Cuenca del Río Santa María. Las organizaciones socioambientales de Veraguas se mantiene en vigilia para que se cumpla la normativa ambiental y acuerdo en materia de protección de los bienes ecológicos y culturales de la región.
El día viernes 19 de noviembre integrantes de la organización estudiantil Juventudes Revolucionarias (JR), hicieron entrega en Barro Blanco de las donaciones recolectadas días atrás, gracias al apoyo de personas solidarias.
Al llegar se puede observar el asentamiento informal que establecieron nuevamente los indígenas, nombrado Movimiento 22 de septiembre, fecha escogida debido a sus creencias religiosas. Luego de firmar el libro de visitas, los estudiantes explican el motivo de la llegada y expresan su solidaridad, la lideresa Clementina Pérez Jiménez y Bernardo Bejarano informaron a los jóvenes la situación actual (dos miembros de la comunidad, uno con pérdida de un brazo y el otro de un ojo), luego de la brutal e injustificada represión de los estamentos de seguridad (Policía Nacional) de la que fueron objeto sin importar edad ni sexo, dejando lesiones graves no solo en sus cuerpos sino en su psique, sin recibir la más mínima atención estatal, abandonados a su suerte a la intemperie familias enteras. Antes de la represión, la comunidad tenía su iglesia, casas, pequeños ranchos, pero todo fue destruido a la fuerza sin contemplación. Y como si esto fuera poco, también envenenaron los terrenos cercanos donde tenían siembros para el consumo comunitario, para de esta forma obligarlos a desalojar definitivamente. Acciones muy propias de gobiernos que solo sienten odio y desprecio hacia el pueblo. Hasta el momento, solo ha llegado al sitio la Defensoría del Pueblo, pero sin mayor relevancia su presencia para ejercer presión al gobierno a que dé una explicación y atienda lo sucedido. El mensaje enviado de parte de los indígenas Ngäbe Buglé es que el Presidente Cortizo se presente en el área y responda ante tan inhumano y cruel acto.
Posteriormente, se caminó en dirección al río Tabasará, río sagrado para el pueblo Ngäbe Buglé, el cual ahora está contaminado debido a la concesión que hace varios años el gobierno le concedió a la empresa hidroeléctrica Barro Blanco. Una concesión que no tuvo la consulta libre, previa e informada ni mucho menos el consentimiento de los indígenas. Exigen al gobierno nacional respete la Ley 41 de 1 de julio de 1998, la cual establece la política general de Ambiente en la República de Panamá, la Ley 10 del 7 de marzo de 1997, la cual crea la comarca Ngäbe Buglé, la Ley 11 del 26 de marzo de 2012 que establece un régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca Ngäbe Buglé y la Carta Orgánica de la comarca. Por otra parte, solicitaron se siguiera el apoyo con más artículos de higiene personal, comida seca, pampers, ropa, juguetes, útiles escolares, colchones, camas, atención médica, utensilios de cocina, máquinas de coser y de moler maíz, hilos para tejer y coser, peinillas, colas para el cabello, frazadas, leche en polvo. Y que se continúe la denuncia a nivel nacional e internacional. Por su parte, Juventudes Revolucionarias manifestó no solo el apoyo material sino también la solidaridad en la lucha para alcanzar los objetivos trazados.
A pesar de las dificultades, represión y muertes hacia este digno pueblo, orquestado por los distintos gobiernos que anteponen sus mezquinos intereses personales a los de las grandes mayorías, ellos se mantienen en pie de lucha, saben que no ha sido fácil en más de 500 años resistiendo por el reconocimiento de sus legítimos derechos, el respeto a sus costumbres y tradiciones ancestrales, a sus tierras como guardianes de la naturaleza (algo contradictorio con este sistema capitalista depredador y voraz). No pierden la esperanza de que ese día llegue, porque como dijera el gran cantautor chileno Víctor Jara “la estrella de la esperanza seguirá siendo nuestra”.
El día 5 de julio del presente año, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, conformada por las juezas Joselyn Donaire , Esther Carolina Flores y juez José Anaim Orellana, emitieron fallo de culpabilidad (bit.ly/3pEX1As) contra Roberto David Castillo por su responsabilidad como coautor del asesinato de Berta Cáceres.
A 5 meses del fallo condenatorio contra David Castillo, el Poder Judicial sigue sin dictar la sentencia, incumpliendo el artículo 369 del Código Procesal Penal que hace referencia a que la sentencia tuvo que emitirse inmediatamente después del fallo.
El COPINH solicita apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales para firmar la siguiente petición y exigir al Poder Judicial la pronta sentencia contra Castillo, y que proceda con los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.
On July 5 of this year, the First Chamber of the Sentencing Court with National Jurisdiction in Criminal Matters in the city of Tegucigalpa, formed by judges Joselyn Donaire, Esther Carolina Flores and Judge José Anaim Orellana, issued a guilty verdict (bit.ly/3pEX1As) against Roberto David Castillo for his responsibility as co-perpetrator of the murder of Berta Cáceres.
Five months after the conviction of David Castillo, the Judiciary has still not issued the sentence, in violation of Article 369 of the Code of Criminal Procedure, which states that the sentence must be issued immediately after the verdict.
COPINH requests support from National and International Organizations to sign the following petition and demand the Judiciary the prompt sentencing against Castillo, and to proceed with the intellectual authors of the crime of our comrade Berta Cáceres.
