A 4 años del vil asesinato de nuestra hermana

Hoy, se cumplen 4 años del vil crimen a nuestra hermana Berta Cáceres, este crimen fue planificado por los dueños de la empresa DESA constructora del Proyecto Hidroeléctrico “Agua zarca”, en la comunidad Lenca de Río Blanco. Este crimen solo fue posible por la unión con las fuerzas represivas del Estado de Honduras que participaron de su persecución política, vigilancia y criminalización.

Este crimen representa el plan para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras, liderada por Berta Cáceres y sembrar el miedo a las luchadores y luchadores de Honduras. Sin embargo su lucha no ha parado de retoñar en miles de expresiones dignas de resistencia del pueblo hondureño.

Fue un días después de su crimen que nos propusimos como COPINH, familiares y organizaciones construir la justicia para ella, desafiando la impunidad estructural del país que ha sido cómplice de los ataques a los pueblo y de su persecución política. Este proceso a tratado de librar una lucha más allá de la disputa legal, profundizando la lucha en defensa de los territorios amenazados por proyectos hidroeléctricos, mineros, de generación de energía, privatizadores de las playas e invasores de los territorios indígenas, garífunas y campesinos.

Grandes esfuerzos le ha implicado a nuestras organización indígenas de base, luchar porque sean determinadas las responsabilidades a las personas y la estructura criminal que cometió este crimen. Sin embargo el rugido mundial de justicia ha permitido que a 4 años tengamos enjuiciados a 7 personas vinculados con la autoría material del crimen y comenzado un proceso contra David Castillo, autor intelectual del mismo. A pesar de eso gran incertidumbre acompaña el proceso para determinar la responsabilidad al presidente de DESA, el señor Castillo. Pero hemos comprobado que un cerco de impunidad se levanta para proteger a los autores de máxima responsabilidad en el crimen a pesar de la cantidad de evidencia.

Hemos confirmado y denunciamos plenamente que el Estado de Honduras represor y violador de derechos humanos no pretende perseguir a los miembros de la familia Atala Zablah; Daniel Atala Midence, Jacobo Atala Zablah, José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah, empresarios responsables de la toma de decisión del crimen de Berta Cáceres

Es por ellos que este proceso de búsqueda de justicia el COPINH y quienes somos parte de esta causa nos proponemos el proceso de justicia más amplio, yendo directamente a proteger el derecho de los pueblos a ser consultados de manera previa, libre e informada; de investigar y denunciar a las empresas que como DESA participan de la persecución y violación a los derechos de las comunidades; a construir una Honduras de justicia, democracia y paz con desmilitarización.

Es un imperativo del COPINH y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen: el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos.

Por eso seguiremos luchando por todas nuestras justicias, desde nuestros cuerpos y territorios. Por la libertad, por el futuro que merece el pueblo hondureño.

¡Berta Vive, la lucha Sigue!

¡Aguas Libres, Pueblos Libres!

 

Fuente: COPINH

BOLETÍN 2 JUBILEO SUR / AMÉRICAS FEBRERO 2020

EL FMI NO CONDONARÁ PARTE DE LA DEUDA PÚBLICA EN ARGENTINA:
“SUS ESTATUTOS NO SE LO PERMITEN”
¡LA DEUDA ES ILEGAL E INMORAL!

 

BRUMADINHO: UN CRIMEN QUE DUELE PROFUNDAMENTE

 

EL SALVADOR: LEY GENERAL DE AGUAS –
LA LUCHA CONTRA EL MODELO PRIVATIZADOR

 

PUERTO RICO: ANTILLA REBELDE Y SOÑADORA

                   

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Su contenido es responsabilidad exclusiva del Instituto Rede Jubileu Sul Brasil y Red Jubileo Sur/Américas
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PUERTO RICO: ANTILLA REBELDE Y SOÑADORA

Por Comunicación Jubileo Sur/Américas

Deuda y Reparaciones en Haití y Puerto Rico, es la campaña que a mediados del 2019 Jubileo Sur/Américas lanzo, con los siguientes objetivos:

  • Evidenciar y concientizar sobre los daños causados por los procesos de endeudamiento y militarización en Haití y Puerto Rico.
  • Sumar esfuerzos a partir de las diferentes expresiones de resistencia y luchas de los pueblos para que Haití y Puerto Rico logre su independencia y autodeterminación.
  • Exigir reparación a los daños causados por los procesos de endeudamiento y militarización en Haití y Puerto Rico.

Como parte de las acciones de seguimiento, se comparte el contenido del presente artículo escrito por Hilda Guerrero, quien hace parte de COMUNA CARIBE, una de las organizaciones convocantes de la campaña en Puerto Rico.

Es de gran relevancia conocer sobre los procesos actuales que se viven en este país, y la trascendencia de seguir demandando acciones para las reparaciones.

Acontecimientos recientes en Puerto Rico

La isla de Puerto Rico que aún no se recupera de la crisis provocada por los huracanes Irma y María del 2017 (todavía tenemos personas residiendo en viviendas con techos de lona) se ve una vez más afectada por los efectos de varios terremotos, ocurridos los días 6 y 7 de enero 2019, dejando miles de personas sin viviendas y una secuela de réplicas que continúan.

La parte sureste que fue afectada directamente por los sismos, está compuesta por pueblos empobrecidos a los que se les dificulta enfrentar los fenómenos naturales. En esta área siempre hay movimientos telúricos, pero no de la magnitud que se enfrentan actualmente.

Producto de la desigualdad y de la falta de atención gubernamental, estos pueblos y sus gentes no han desarrollado formas de vida que los prepare para estos eventos.  La pobreza en estos sectores aumenta la vulnerabilidad, desamparo y capacidad de recuperación.

Ante la crisis, no hubo respuesta del gobierno, el Estado de Puerto Rico no estaba ni está preparado para enfrentar crisis como huracanes y terremotos.  Siendo que Puerto Rico tiene una temporada de huracanes de 6 meses al año y están ubicada en una zona de alta actividad sísmica, por su localización y por las fallas telúricas del subsuelo se esperarían planes de prevención de desastres, planes de mitigación de daños e intervenciones inmediatas para socorrer a las personas afectadas, no existe ese nivel de respuesta.

La respuesta inmediata surgió espontánea de la gente de las comunidades, de la indignación de ver personas tiradas en las calles, durmiendo sin sábanas-cobijas, ver una niñez aterrada, personas viejas con serias condiciones de salud solas, ver un pueblo abandonado y desprotegido por las autoridades gubernamentales. 

La solidaridad del pueblo boricua no se hizo esperar e inmediatamente se organizó la ayuda, la solidaridad pueblo a pueblo. Se organizaron caravanas de personas, de gente de todos los puntos de la isla, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, iglesias, grupos comunitarios, organizaciones feministas moviéndose a llevar ayuda a las comunidades del sur que habían sido afectadas.

El apoyo de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos ha sido fundamental, tanto para los huracanes como en el terremoto.

Acciones de acompañamiento desde Comuna Caribe para el cuidado de la salud de las personas en este contexto

Comuna Caribe, es un espacio de solidaridad y reflexión crítica que en su mayoría está compuesto por mujeres, personas no binarias y artistas. Cada una de las personas de Comuna, desde su trinchera de lucha, se movilizó a apoyar.

Minutos después del terremoto, ya estábamos en comunicación con el “Proyecto Salud y Acupuntura para el Pueblo”, coordinando una clínica de salud, teníamos la experiencia del Huracán María y sabíamos lo efectiva que fuerón los espacios de sanación a través de la acupuntura, con protocolos que son muy efectivos para trabajar la ansiedad, la tensión, el insomnio, el trauma, protocolos específicos para personas diabéticas, hipertensas, etc.

Dos compañeros de Comuna, trabajan terapias de sanación ancestral a través de sobos, ventosas, aromaterapia y ellos se han unido a brigadas de la organización Mescolanza y de Acacia (organización no gubernamental de la diáspora puertorriqueña).

Otras se han integrado a la Caravana Violeta de la Coordinadora Paz para la Mujer, que además de ofrecer servicios de salud, provee artículos de primera necesidad.

Una de las artistas gráficas nos ha acompañado, ofreciendo talleres de arte a la niñez, algunas personas de Comuna Caribe ya contaban con la experiencia del terremoto en Haití, pues en varias ocasiones hemos viajado a nuestra hermana nación a ofrecer nuestra solidaridad. Esa experiencia nos fortaleció y nos hizo tener presente nuestra consigna “La solidaridad es el camino”.

Otra de las integrantes, que es enfermera ha organizado y convocado brigadas de salud a comunidades afectadas.

Sobre las manifestaciones populares y las demandas

Las manifestaciones surgen en el contexto del conocimiento del pueblo sobre la corrupción y malos manejos que hubo de grandes donaciones que se pusieron en manos del pueblo, cuando el Huracán María en 2017, nunca se supo que ocurrió con esos recursos.

Ciudadanos “descubren” almacenes que pertenecen al gobierno de Puerto Rico, con alimentos, agua, material de primera necesidad, catres, plantas, etc. y lo hacen público.  Esa fue una evidencia más de la vileza y falta de sensibilidad con la que han estado obrando estos gobiernos que trabajan para su beneficio y el de sus allegados y hacen caso omiso a las necesidades del pueblo.

Estos alimentos y materiales de primera necesidad estuvieron almacenados desde el Huracán María, aún cuando hubo mucha necesidad post-huracán, nunca fueron entregados a las comunidades necesitadas.

Hubo personas que pasarón hambre y sed, y miles murieron por no recibir asistencia médica adecuada, el “descubrir” y denunciar la existencia de esos almacenes y saber que tenían una existencia de casi dos años y que habiendo necesidad luego del terremoto de enero, no se repartieran a las personas afectadas por el terremoto, indignó a la gente.

Hubo varias manifestaciones en repudio al ocultamiento y acaparamiento de esos artículos necesarios, por parte del Estado. Se solicitó la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez, que negó conocer sobre la existencia de los almacenes y luego tuvo que reconocer que, SI tenía conocimiento, al presentársele evidencia de que sí el Estado tenía conocimiento de los almacenes, porque incluso pagaban una alta renta por el alquiler de los almacenes y había evidencia de las facturas.

Las manifestaciones no fuerón tan efectivas como las del verano del 2019, más bien hubo una campaña mediática de esperar a las elecciones, que serán en el mes de noviembre. 

A diferencia de los huracanes, los temblores, continúan con un impacto físico, emocional y material; las personas se están debilitando y las estructuras también. 

Sobre la perspectiva Espiritual

A nivel ceremonial espiritual se está haciendo un llamado para dejar saber que el problema no son los temblores, la Pachamama nos recuerda que tenemos que alzar nuestra conciencia y no quedarnos de la misma forma. La tierra nos está incomodando, haciendo un llamado a movernos a estar más atentos a la madre tierra, para que le escuchemos y estemos mas en sincronicidad con ella. Respondiendo al llamado, algunos compañeros de Comuna Caribe, se han juntado en el Cerro del Bohique, participando de ceremonias, dándole ofrenda a madre tierra/Pachamama reconociendo que como humanidad somos parte de la naturaleza y que el tema de los temblores, es algo más allá que solo placas tectónicas moviéndose.

También es importante entender que la naturaleza no es enemiga. Es tan poderosa, que con sensibilidad y conciencia en conversaciones que hemos tenido con personas en el sur, las mismas personas han podido ir descubriendo de donde viene el miedo. Que es más la incertidumbre y la negligencia del gobierno que los mismos temblores, los terremotos son naturales, el desastre es el sistema político.

 

EL SALVADOR: LEY GENERAL DE AGUAS… LA LUCHA CONTRA EL MODELO PRIVATIZADOR

Por Comunicación Jubileo Sur/Américas

Las dificultades sobre el acceso al agua en El Salvador se pueden agudizar con la privatización del ente de control, prevista en un proyecto de ley impulsado por una coalición de derecha.

Según la ONU, El Salvador posee el mayor grado de deterioro ambiental en América Latina, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, suelos degradados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.

Adela Bonilla, integrante de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES) nos comparte acerca de las estrategias y perspectivas sobre las que se han venido abordando dicha ley, desde que se presentó en la Asamblea Legislativa.

Contexto general sobre la privatización: Ley General de Agua

La primera propuesta de ley se presentó ante la Asamblea Legislativa en 2006 bajo la figura de “propuesta ley general de agua”, abarcaba el ámbito administrativo y contenía un enfoque de cuenca; a este proyecto de ley se sumaron otras propuestas en la que los representantes de la empresa privada decidieron contrarrestar y elaboran su propia propuesta de ley que fue presentada ante la asamblea legislativa un par de años después.

El sector de la industria de los agro-tóxicos, también presentó otras propuestas de ley, conocida como los “Regante”, esto desató un conflicto entre las tres leyes expuestas, las cuales han sufrido reformas en artículos específicos.

A finales de febrero e inicios de marzo del 2018, se crea la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, espacio conformado por más de 80 organizaciones en la que se cuentan organismos sociales, ambientales, sector de sindicatos, UCA (Universidad Centroamericana), Universidad de El Salvador, así como el sector iglesias y organizaciones de mujeres, entre otros.

Esta articulación es el resultado de la necesidad de unión para darle impulso al proceso de ley y de esta forma potenciar la propuesta y crear presión Ante la Asamblea Legislativa para la aprobación de dicha ley.

Contexto en la actualidad

El 6 de febrero del 2020 se presentó una nueva propuesta de ley, esta recoge todos los articulados específicos, los cuales están enmarcado en los cinco puntos NO negociables, contiene además el espíritu y el articulado de las propuestas anteriores, excepto las de la empresa privada y los regantes.

 Los cinco puntos son:

  • Declarar que el agua es un bien público y que dicha ley tenga carácter de orden público.
  • Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
  • Participación efectiva de la sociedad civil en la gestión pública del agua; esto quiere decir que dentro de la administración existan representantes de: organizaciones ambientales, organizaciones de mujeres y las academias.
  • Una gestión sustentable de la cuenca hidrográfica del país, ¡Enseñarle a la gente desde ya!, que el agua no viene de los chorros (grifos) de nuestras casas, sino que viene de nuestras cuencas, sub cuencas y microcuencas hidrográficas.
  • Que el régimen económico sea justo y equitativo para la ciudadanía.

Hay posiciones ambiguas sobre este tema, como la presentada por el partido de derecha  Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) quienes afirman que no quieren perjudicar al pueblo, al contrario,  están a favot de las necesidades de él, pero contradictoriamente  también han  presentado una hoja de ruta en la cual se establece que la discusión de esta ley no será pública,  sino  privada  y que  estará a cargo de los/as asesores de sus fracción y de todas las fracciones que pertenecen a esta comisión.

Antecedentes o justificaciones para el proceso privatizador

Una de las justificantes promovida desde el sector que apoya la privatización, es afirmar la incapacidad de ANDA, “Administración Nacional de Acueducto y Alcantarillados” quien es hasta ahora el ente responsable por las administraciones y la potabilización del líquido.

Dichos argumentos han sido permanentes y tienen el objetivo de seguir debilitando esta figura pública, debido a su autonomía, disponibilidad para administrar un presupuesto general de la nación, de forma directa, mismo que a partir de ese año ha sufrido un recorte considerable, esto ha sido el falso argumento  fjustificante para que las empresas privadas, transnacionales embotelladoras de agua, entren al proceso de la distribución del agua.

Otro elemento a destacar es que en el marco administrativo del país, no hay un control específico del proceso de distribución, existe la industria llamda CONSTANSA, es una empresa transnacional y ellos tienen pozos privados dentro de sus fábricas en los cuales los funcionarios de ANDA no pueden ingresar para desarrollar los procedimiento que les corresponden como: controlar cuantos metros cúbicos han sido explotados y extraídos de estos pozos, es está misma empresa la que envía un registro a ANDA, lo cual es arbitrario, ya que hasta ahora no se tiene un dato real y verídico de cuántos metros cúbicos consumen y cuántos son comercializado

¿Qué implica la privatización?

  • Antes que nada, es un retroceso a la democracia, el país ha suscrito convenios internacionales, en los que se reconoce el derecho humano al agua, desde las organizaciones sociales se viene solicitando la ratificación del artículo 69 de la constitución, para que se incluya el derecho al Agua y a la Alimentación como derecho humano, pues esto no consta en la actual constitución. Hasta ahora la Asamblea Legislativa tiene una deuda con el pueblo salvadoreño al no ratificar dicha reforma.
  • Otra de las implicaciones, es el costo económico-dado los incrementos en la canasta básica-porque se tendría que pagar por un alcantarillado diferente, pagar por una distribución diferente, pagar por una aparentemente mejoría en el servicio del agua, que se sabe no sería de esta forma.
  • Otra implicación, es el pago de los contadores (medidores de agua), en el caso de que las personas no dispongan de uno, tendrían que adquirirlo de forma obligatoria, y esto es un costo que, al compararlo con el salario mínimo, no tiene posibilidades de ser asumido.

En el país hay aproximadamente unas 1500 Juntas de Aguas (Agrupaciones comunitarias para la distribución del agua) mismas que distribuyen el líquido a millón y medio de personas, estas juntas no están administradas por ANDA, algunas son autónomas y otras son municipales; al concretarse una ley que privatice el agua, estas desaparecerían y pasarían a ser administradas y reguladas por la empresa privada, imponiendo los costos que este sector estime conveniente; además de la falta de control sobre la explotación y la mercantilización del líquido.

La propuesta que la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua mantiene, es que el ente rector sea eminentemente público y esté integrado por el Presidente de la República, ministros y ministras del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático, de Agricultura, de Salud, de Obras Públicas, Economía y el Fondo de Inversión Social de Desarrollo Local que se denomina (FISDL.)

La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua afirma que estarán vigilantes de las discusiones que se realicen en la Asamblea Legislativa en torno a la ley de aguas.

Convocatoria Publica 008/2020 – Lote II – Categoría II – Apoyo a los Tribunales Populares para la restitución y reparación de las deudas ecológicas y sociales

Objetivo: Hace pública la llamada a las organizaciones miembros de la Red Jubileo Sur /América en las 4 subregiones para presentación de propuesta para el Apoyo a Terceros.

El Proyecto “Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños” se financia con fondos de la Comisión Europea, en el marco de la llamada Fortalecer las redes regionales, europeas y globales de la sociedad (OSC), con el código de convocatoria EuropeAid / 150-053 / C / ACT / Multi, subvencionado en 30 de octubre de 2018 bajo el número de contrato especifico CSO-LA / 2018 / 401-451.

Fecha límite de presentación de propuestas: 30/03/2020

Divulgación del Comité de Selección: 06/04/2020

BRUMADINHO: UN CRIMEN QUE DUELE PROFUNDAMENTE

Por Comunicación Jubileo Sur/Américas

Conversamos con el sociólogo Luis Fernando Novoa Garzón, integrante de la Red Jubileo Sur Brasil, especialista en los impactos socioambientales de las megaempresas en la Amazonía, quien profundizo elementos significativos sobre el crimen socio-ambiental en Brumadinho (estado de Minas Gerais).

Esta es una de las mayores tragedias mineras en Brasil, una herida abierta que aún lloran familiares y amigos de las víctimas. No sonaron las alarmas cuando se rompió la represa de la mina, nadie estaba preparado, fueron 13 millones de metros cúbicos de lodo que arrasarón  y arrastrarón la vida de cada una de las personas, una gran cantidad de las víctimas fuerón trabajadores de la misma empresa.

La catástrofe de Brumadinho es la séptima en enlutar al estado en apenas 13 años, una media superior a una ruptura cada dos años.

Sobre el contexto de la presencia  de la industria extractiva en Brasil

La rotación de los desastres en un capitalismo basado en el expolio permanente y la “irresponsabilidad organizada” , está propicia la frecuencia de los desastres sociales y ambientales producidos por los grandes proyectos agrícolas, mineros y de infraestructura. Lo que expresa el crimen de Brumadinho es el resultado de una economía a gran escala, que dispone obligatoriamente su territorio a una dinámica exógena, que expone además a la población y al medio ambiente a desastres en serie.

El patrón de especialización regresiva adoptada por Brasil en las últimas décadas, está vinculado al hecho de que el país se ha convertido en un objetivo diferenciado de las estrategias de abastecimiento mundial (global sourcing). En medio de la tabla rasa de la desindustrialización promovida en los años 90, a través de la liberalización y del intercambio comercial, quedaron las reservas de recursos naturales demandados por las llamadas “cadenas globales de valor”, término utilizado para ocultar la dinámica de reproducción ampliada de las burguesías imperialistas en disputa y/o composición.

Las plantas de extracción y procesamiento de recursos naturales (soya, ganado, mineral de hierro, celulosa, etanol, acero, metalurgia, petroquímica, cemento, etc.) son implementadas y ampliadas en Brasil como una derivación de acuerdos con el sector privado a escala mundial, con pleno apoyo político-institucional interno para ello. La premisa, experimentada aquí en este capitalismo de los desastres, es que los procesos de implantación de empresas basadas en los recursos naturales dependen de ciudadelas de poder irrestricto, de “no lugares” políticos en zonas cada vez más depuradas de cualquiera contrato social.

Las implicaciones del crimen de Brumadinho

¿Quiénes son los actores involucrados y cuáles son las dimensiones del impacto socioambiental?

El expolio y la privatización de tanta riqueza territorializada (agua, tierra, subsuelo, bosques, redes urbanas y redes de infraestructura) no podrían hacerse viables sin un consorcio multiescalar entre capitales y organismos públicos y semipúblicos; en este caso, el Estado brasileño en sus tres instancias y niveles. La relación del sector minero  y la VALE en particular, con el Estado es ejemplar en este sentido, más aún en Minas Gerais, sede de la multinacional “brasileña” y zona original de exploración mineral en el país (oro y luego mineral de hierro).

La aprobación de un Código Mineral maleable y la flexibilización de la concesión de licencias ambientales así como la inspección de actividades, se convirtió en una “condición necesaria” para la contribución de nuevas inversiones y para el establecimiento de la lealtad de las empresas, los representantes políticos y los técnicos comisionados. Las crisis internacionales, con sus amenazas internas, siempre sirven de escenario para nuevos chantajes de inversores privados con el Gobierno del Estado y los Municipios implicados. 

El atroz crimen que tuvo lugar el 25 de enero de 2019, en Brumadinho, provocó la muerte de 270 personas y la contaminación de miles de kilómetros de cursos de agua en la cuenca del río Paraopeba, y fue precedido por otro crimen que tuvo lugar en Mariana el 5 de noviembre de 2015, con decenas de muertos y la afectación irreversible de toda la cuenca del río Doce, que corresponde a una superficie equivalente a los territorios de Alemania e Inglaterra juntos. En las dos tragedias inducidas, la empresa protagonista fue VALE, una compañía estatal privatizada en los años 90, que luego fue fuertemente financiada e incubada por bancos , capitales estadounidenses y canadiense  y  finalmente potencializada con recursos públicos por el BNDES en la última década.

Las asociaciones con VALE se alternan en un caso y en otro: Samarco (con una importante participación japonesa) y BHP Biliton (anglo-australiana) en el segundo y el consultor alemán Tüv Süd en el primero.

Lo que se cuestiona es una práctica criminal sistemática por parte de estas empresas mineras y asociadas, autores de genocidio y ecocidio continuado. No se trata de un hecho aislado, sino de un método que reorganiza el proceso de producción bajo el impulso de la máxima rentabilidad al exigir la síntesis de pueblos y territorios en forma de costos y riesgos financieros.

¿Qué ha acontecido en este primer año?

Poco más de un año después de la matanza socio-ambiental de Brumadinho, se ha consolidado el método de normalizar los daños y borrar la responsabilidad. Desde la ruptura de la presa de Fundão en Mariana en 2015, la VALE y su red de cómplices institucionales en el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, el Parlamento y el poder judicial han estado determinando qué personas y zonas se ven afectadas y cuáles no. En el país los delincuentes socioambientales definen su propio “castigo”, es decir, el nivel adecuado de reparaciones e indemnizaciones al medio ambiente y a la población.

El mismo dinero que falta para mitigar los efectos de los megadesastres mineros no falta para captar a los técnicos y científicos para evaluar sólo lo que se les ordena. En el plano jurídico-institucional, a pesar de los meritorios esfuerzos del Ministerio Público del Estado de Minas Gerais (el Ministerio Público Federal se ha sumido en la red de complicidades), se han multiplicado los instrumentos de negociación extrajudicial (TAC), además de los acuerdos individuales rebajados, que implican una renuncia previa por parte de los demandantes a la plena responsabilidad de las empresas mineras por los daños indecibles perpetrados. Daños que durarán generaciones, debido a todas las pérdidas humanas, sociales y ambientales que conlleva.

El río Paraopeba, un año después, se convirtió en un vasto territorio condenado, asfixiado y contaminado con lodo tóxico con grandes concentraciones de hierro, aluminio y mercurio. Docenas de ciudades han perdido su fuente de agua; a los pescadores y agricultores se les ha imposibilitado sus actividades a lo largo del río. Además de crear zonas de sacrificio alrededor de los grandes proyectos de extracción y procesamiento de recursos naturales, el caso de Brumadiho abre una nueva y macabra fase que impone sacrificios humanos a gran escala.

Si bien no parece haber habido un aprendizaje de la esfera empresarial y político-institucional, la industria de las tragedias que ha transformado la minería en el Brasil, se ha establecido un nuevo marco cognitivo y organizativo por parte de las poblaciones y los movimientos sociales afectados. Las movilizaciones se dirigen cada vez más no a fortalecer las posiciones de negociación sino a exigir espacios autónomos para la investigación, el dimensionamiento y la inspección de las reparaciones.

Frente a la concentración de poder de la VALE y las empresas afiliadas, es inocuo recurrir a las instituciones de ruta y captura. La reparación integral del medio ambiente y la compensación justa para los familiares de los muertos y desaparecidos y otras familias afectadas no es sólo una ecuación contable. Esas medidas deberían indicar a la sociedad en su conjunto y a los sectores empresariales que siguen haciendo del desastre su negocio, que esas prácticas ya no se tolerarán.

Luis Fernando Novoa Garzón