El primer hotel de cinco estrellas en la capital de Haití ha sido financiado con dinero de la reconstrucción, un ejemplo de las oportunidades de negocio tras el terremoto.
“Desde el primer momento que la Minustah puso un pie en tierra haitiana, sus tropas han violado de forma sistemática los derechos humanos”. Lo dice Monica Riet, uruguaya, que el pasado 6 de mayo se encontraba en Puerto Príncipe como militante de la Coordinadora latinoamericana por la retirada de las tropas de la Minustah, la misión de Naciones Unidas por la Estabilización de Haití. “Es un genocidio silencioso que va más allá de la ocupación militar”, añadía indignada por la participación de tropas uruguayas en la operación militar de la ONU.
La epidemia de cólera iniciada en uno de sus cuarteles a finales de 2010, que se ha cobrado ya más de 8.500 víctimas mortales y más de 700.000 casos de contagio, junto con las numerosas denuncias de agresiones sexuales, la militarización de los barrios populares o su participación en numerosos actos de represión sobre la sociedad civil, se cuentan entre los muchos motivos del rechazo mayoritario a la presencia de estas tropas extranjeras en el país.
Desde las elecciones de 2000, en las que Jean-Bertrand Aristide volvió a la presidencia tras unos comicios contestados por igual por la sociedad civil haitiana y por la comunidad internacional, Haití había vivido numerosas movilizaciones contra el Gobierno, que derivaron en una fuerte escalada de violencia entre 2003 y 2004. Entre otros, grupos paramilitares financiados desde EE UU avivaron el conflicto hasta la intervención internacional. En febrero de 2004, el presidente Aristide volvía a dejar el país, de forma involuntaria, en un avión estadounidense. Tropas de EE UU, Canadá, Francia y Chile llegaban al país al día siguiente, precediendo el despliegue de la Minustah pocos meses más tarde. Una década después, la Minustah sigue en Haití, con tropas y policías de 50 países, principalmente latinoamericanos y asiáticos, bajo el liderazgo de Brasil.
La presencia de tropas extranjeras en Haití es tan sólo una de las múltiples injerencias políticas y económicas que ha sufrido el país en los dos últimos siglos. La devastación que provocó el terremoto de enero de 2010 no se puede entender sin esas injerencias. Beverly Bell, militante pro derechos humanos de Nueva Orleans, lo describe sin rodeos: “La astronómica destrucción en Haití puede ser rastreada hasta la violencia estructural, las políticas y sistemas que reflejan el colonialismo, imperialismo, racismo y patriarcado, y que se sienten de forma áspera y marcada en las vidas de los más pobres”. Políticas que han continuado después del seísmo, ejemplificando nítidamente lo que Naomi Klein llamó “capitalismo del desastre”.
Tras el desastre, el negocio
El terremoto provocó más de 217.000 víctimas mortales y 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Los costes y pérdidas causadas por el seísmo se estiman en 7.800 millones de dólares, equivalente a más del 120% del PIB haitiano de 2009. Pero más allá del nivel de de-sembolso prometido –alrededor del 60% en los dos primeros años– y de la eficacia de esa ayuda, otra maquinaria se puso en marcha: la del negocio que ofrecía la reconstrucción. Lo que el embajador de EE UU en Haití llamó “la carrera por el oro”.
No se equivocaba. Entre 2010 y 2012, tan sólo el 1,3% del valor contractual de los proyectos de la USAID fueron concedidos a contrapartes haitianas, según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas. De las inversiones de USAID en Haití en 2013, más del 85% fueron a empresas y ONG norteamericanas. La Unión Europea sigue un patrón similar: en 2010 y 2011, el 76,7% del valor de los contratos de EuropeAid en Haití fueron para empresas europeas.
En el negocio de la reconstrucción destacan además los proyectos vinculados a lo que el Gobierno de Michel Martelly ha bautizado como “Haití: open for business”.
Abierto a los negocios
Amparada por los Clinton, la estrategia “abierto a los negocios” se ha dotado de una serie de apoyos institucionales entre los que destacan el Centro de Promoción de Inversiones y el Consejo Presidencial Asesor sobre Crecimiento Económico e Inversión en Haití, del que forma parte el expresidente José María Aznar.
Ejemplos de cómo se está gestionando la reconstrucción son la minería, el turismo y la industria textil. Las reservas mineras de Haití, fundamentalmente de oro, han levantado interés entre empresas canadienses y de EE UU. Éstas han desembarcado ya en el país con la ayuda del Banco Mundial, que apoya financieramente y ayuda a redactar la nueva ley de minería. Sin información ni consultas a la población, han empezado ya las exploraciones en el norte del país, no sin resistencia de la población, que se empieza a organizar frente a esta nueva amenaza. En el sector turístico se han financiado con fondos para la reconstrucción, privados y públicos, numerosos hoteles y proyectos. Uno de ellos ha sido la construcción del primer hotel de cinco estrellas de la capital haitiana, Royal Oasis, con fondos de la Bush Clinton Haiti Fund recaudados para la reconstrucción del país y gestionado por la cadena española Occidental Hoteles. El Banco Mundial acaba de otorgar 45 millones de dólares para desarrollo turístico y está cofinanciando la construcción de otro hotel de lujo junto con la cadena hotelera Marriot. Venezuela, con fondos de Petrocaribe, es uno de los financiadores del proyecto turístico de Île-à-Vache, fuertemente contestado por la población afectada.
En el ámbito de la industria, la estrategia es la construcción de, al menos, diez nuevas zonas francas industriales. Algunas de ellas como la de Caracol, en el norte del país, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros fondos para la reconstrucción. Haití cuenta ya con más de 30 fábricas, principalmente textiles, que gozan de condiciones favorables para la exportación a EE UU, ya que no pagan aranceles. Según Mirlen Joanis, del Centro de Promoción de Mujeres Obreras, “las condiciones de trabajo son degradantes y a menudo se dan casos de acoso sexual en los lugares de trabajo, a lo que hay que añadir la violación sistemática de las leyes que marcan las condiciones laborales”, incluyendo la prohibición de la práctica de organización sindical.
Allí se cosen productos para empresas como Levi’s o Fruit of the Loom, que en 2009 presionaban al Gobierno haitiano, con la ayuda de la Administración de EE UU, para mantener el salario mínimo en poco más de 80 gourdes al día (1,2 euros). Las movilizaciones masivas de las trabajadoras consiguieron arrancar entonces una subida de 200 gourdes al día (3,6 euros). Ante el mísero incremento en 2013 de 25 gourdes (menos de medio euro), las trabajadoras de las zonas industriales de Puerto Príncipe iniciaron nuevas movilizaciones. Reclaman un salario mínimo de al menos 500 gourdes al día (8,3 euros) y derecho a la seguridad social. La cesta mínima de comida tiene un coste de 429 gourdes, y el coste de vida (incluyendo vivienda, transporte y otros gastos) está por encima de los 1.000 gourdes al día.
Presumir de salarios bajos
De hecho, el Gobierno haitiano presume públicamente de tener salarios más bajos que México, República Dominicana, India o incluso China y Paquistán, y tan sólo unos céntimos de dólar por encima de Bangladesh o Camboya, por más horas anuales de trabajo. Presumen también de ofrecer condiciones excepcionales a las empresas inversoras: 0% de impuestos sobre los beneficios, 0% sobre las ventas y 0% de impuestos añadidos. Unas condiciones que se repiten para las empresas turísticas que inviertan en el país. Según el propio FMI, dichas exenciones se deberían revisar para incrementar los ingresos fiscales del Estado, pero siempre “sin poner en peligro el interés de las empresas inversoras”.
Para Nixon Boumba, activista del Movimiento Democrático Popular, “la reconstrucción en Haití se ha convertido en una vasta operación de capitalismo del desastre, que no busca socorrer a las víctimas, sino servirse de las víctimas y de la catástrofe para hacer beneficios”.
Iolanda Fresnillo
