El 5,6% del PBI no alcanza… Es necesaria una partida de emergencia y un nuevo modelo de financiamiento de la educación
Los conflictos docentes al inicio del ciclo lectivo y al regreso del receso escolar en agosto ponen de manifiesto que existe una crisis del financiamiento de la educación, heredado de la Reforma Educativa de los años 90 , que no fue modificado por las nuevas leyes dictadas por el Gobierno. Cada provincia sigue teniendo que sostener el gasto casi total de su sistema educativo. En décadas pasadas esto llevó a que muchas provincias no pagaran durante meses los salarios y también a la inequidad de que algunas provincias invirtieran por alumno la cuarta parte de lo que invertían otras, o que se pagara un salario docente que equivalía a la mitad del que se pagaba en otro distrito. Hoy esta situación reaparece debido a la actual crisis generada por la inflación ya que se evidencia que los recursos provinciales son desparejos e insuficientes.
El Gobierno Nacional sostiene que es el que más aportó a Educación en la historia. Pero un análisis serio de las estadísticas no le da la razón. Si bien se afirma que Argentina viene destinando el 6.47 % del PBI a Educación, un reciente ajuste de la medición del PBI realizado por el Ministro de Economía en base 2004, puso en evidencia que nunca se llegó a la meta del 6%, y que en el 2013 solo se llegó al 5,6%. Si tenemos en cuenta que el 1% del PBI en el 2013 significaban 33.490 millones de pesos, la diferencia acumulada desde el 2010, cuando debió llegar a la meta, supone que educación recibió 124.000 millones menos que lo declarado: una cifra equivalente a la construcción de 6.600 escuelas aproximadamente.
Pero además, es necesario considerar que Nación solo aportó el 1,5% de ese 5,6%. Este dinero fue, centralmente, a las universidades y al Fondo de Incentivo Docente y 0,7% para educación de otros ministerios. Así, Desarrollo Social, Trabajo, entre otros, gastan casi la mitad de lo que Nación dedica a la educación del sistema formal. El resto lo pagan las provincias. Por la Ley de Financiamiento del 2005, el Gobierno Nacional aportaba el 27% del total del Gasto educativo consolidado en el 2010 (GEC). Estamos en el 2014 y con el nuevo reajuste del PBI, Nación aporta el 26%. El 74% restante lo aportan las provincias. La consecuencia es que continúa la desigualdad en el acceso al derecho ya que cada provincia dispone de recursos diferentes, además de hacer esfuerzos diferentes para el financiamiento de la educación .
De todos modos el monto total es insuficiente. Después de diez años de bonanza es, por lo menos, mezquino. Pensemos que, con De La Rúa, teníamos el 4,9% (base 1993). Resta aún precisar a cuánto descenderá esta relación cuando el Ministerio de Economía actualice el PBI en base 2014. La meta que fijan los organismos internacionales es del 8%, y algunos, como Brasil, se proponen llegar al 10% aunque en el 2025. El resultado de esta exigua inversión es que más del 90% de los presupuestos provinciales se dedica a salarios, y lo que resta para comedores, formación docente, material didáctico e infraestructura escolar. La realidad es alarmante: los comedores escolares brindan comidas de bajo poder nutritivo a la población más vulnerable, los niños . Las escuelas no tienen mantenimiento, los techos se caen, los pisos se hunden. La formación docente continua es insuficiente o inexistente. Los materiales didácticos no se reponen o no existen.
De todos modos, medir el gasto educativo en porcentaje del PBI es discutible pues es una cifra fácilmente manipulable, como acabamos de verlo en relación a la base de medición o a la cotización del dólar cuando se desea hacer comparaciones internacionales. Otro modo de leerlo, es medirlo como porcentaje del Gasto Consolidado en Educación, o sea la sumatoria de los presupuestos de educación de nación y de las jurisdicciones. En la década del 60, UNESCO planteaba que la meta de los países debía ser llegar al 25%. Entonces, nuestro país destinaba ese porcentaje de su presupuesto nacional. Aunque, si consideramos el Gasto Consolidado Nacional o sea, si le sumamos los presupuestos provinciales a los fines de medir el esfuerzo del país, aunque estos prácticamente no tenían escuelas a cargo, la cifra total era del 14%. Actualmente, con un sistema educativo nacional mucho más extendido en su obligatoriedad a lo largo de la vida, (pasamos de 7 a 13 años), modalidades y masividad, es del 13,8% . Si los mismos porcentajes de fondos se usan para muchos más docentes y escuelas, hay una sola explicación. Esto se hizo en base a una reducción del gasto por alumno, del mantenimiento y construcción de escuelas, del salario de la docencia que en su mayoría ha pasado a trabajar dos turnos con la consiguiente pérdida de tiempo para la preparación de clases, corrección de carpetas, formación docente, lo que en alguna medida explica parte del deterioro de nuestra educación.
Otro grave problema de nuestro sistema de financiamiento es la creciente derivación de fondos a subsidiar a las escuelas privadas. Si bien los datos nacionales no son fáciles de obtener pues no se publican en las páginas oficiales del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Economía de la Nación, podemos dar cuenta de su crecimiento en jurisdicciones puntuales. Por ejemplo, la Provincia de Córdoba incrementó 26,3% los subsidios del estado por alumna/o de las escuelas privadas en el nivel inicial y primario mientras que redujo en 9,6% el de las estatales, en el período de 2001-2011 . La Ciudad de Bs As, que registra la mayor privatización del país destinó 2.020 millones de pesos a subsidiar a escuelas privadas en su presupuesto del 2014. Más del 40% de las escuelas privadas están subsidiadas, algunas de las cuales como el Colegio Tomás de Aquino o la ORT cobraban aranceles de más de 2.600$ mensuales en abril del 2014 . Desde el 2006, por Ley 2189, el PRO también subsidia los gastos de infraestructura y mantenimiento de las escuelas privadas que tengan de 75 a 100% de subvención. La provincia de Santa Fe cuya educación privada ya asciende a 38% deriva el 20% de su presupuesto a subsidiarla.
Hace falta un cambio total en la política de financiamiento de la educación
No se trata de esperar que la docencia se desgaste, acosada por los descuentos de su salario por los días de paro o a que las familias protesten por la pérdida de días de clase de sus hijos. Lo que se requiere es un cambio de la política de financiamiento de la educación. Tiene que volver a ser nacional o, al menos, el estado Nacional aportar el porcentaje mayor de su gasto. Para afrontar, en lo inmediato, la crisis de financiamiento de las jurisdicciones, es necesario que el Congreso de la Nación vote una partida de emergencia del presupuesto del 2% del PBI o sea 67.000 millones de pesos más al presupuesto nacional 2014, para destinar a todos los niveles educativos del país.
Sólo así se podrían recomponer los salarios docentes y no docentes, al menos para nivelarlos con el costo de vida en curso, afrontar los gastos de infraestructura de las escuelas y aumentar las partidas para comedores escolares.
Estas medidas de emergencia, deben abrir el debate hacia una nueva ley de educación que supere la desigualdad y fragmentación actual. Es necesaria la renacionalización del sistema educativo para terminar con la desigualdad entre jurisdicciones. Debe suprimirse el subsidio a la educación privada y destinar esos fondos a la educación pública, reconocimiento de los derechos laborales a los docentes privados, para terminar con la fragmentación dentro de cada jurisdicción. A su vez, deben aumentarse los fondos para llegar a la meta del 10% del PBI para el 2015.
Este aumento del financiamiento servirá para reformular la jornada laboral de modo de tener un tercio del tiempo extra-clase para que incluya espacio para la formación docente continua, preparación de clases, apoyo a los niños con dificultades, atención a las familias, trabajo colaborativo entre pares, evaluación de la tarea a nivel de ciclos e instituciones. Este diseño del trabajo docente existe en muchos países del mundo. Baste comparar que mientras un docente del nivel medio trabaja un promedio de 45 horas de clase semanales, la semana laboral en países europeos es la mitad. Además, se podrá establecer una relación docente alumno de 1 a 20, en lugar de aulas con 38 o 45 alumnos como existe en algunas provincias como Misiones, Tierra del Fuego o Provincia de Buenos Aires. Con estas mejores condiciones de trabajo, y mejores salarios, no dudamos, mejorará la educación en nuestro país.
Recursos y fondos, existen.
Para aumentar los fondos a Educación, se requiere otra política económica. Todo lo planteado por la Presidente, cuando refiere a Educación va en la dirección contraria. Reafirma el curso hacia las recetas clásicas considerando que es la población asalariada y los sectores más desposeídos quienes deben ayudar a pasar el momento de crisis.
También los partidos de la llamada Oposición, al igual que el oficialismo, entienden que no son las empresas privadas —quienes ganaron dinero en pala, según los dichos de Cristina de Kirchner— las que están en condiciones de soportar la crisis. Basta recordar el caso de los bancos cuyas ganancias producto de la especulación financiera no tributan ningún impuesto y que por ejemplo en el 2013, el Banco Macro obtuvo 1.776 millones de pesos de ganancias, el Santander 1.864.5 millones o el Galicia y el Francés más de 1.300 millones. O que la financiación del pago de YPF (5.000 millones de dólares) se hará al cuádruple de la tasa de interés en el mundo, entre otros casos. O que en el arreglo con el Club de París se aceptaron punitorios por casi 4.500 millones de dólares sobre lo adeudado.
Los últimos aumentos salariales fueron firmados por debajo de la inflación real. Esa diferencia aumenta la renta y la ganancia del empleador, las grandes empresas, los bancos.
No hay otro camino que deliberar, discutir acerca de la mejor forma de defender nuestros intereses, resistir a esta ofensiva contra nuestro nivel de vida pero también empezar a elaborar un plan económico alternativo, que considere, por ejemplo, dejar de pagar la deuda externa que es fraudulenta, toda buitre, y aumentar considerablemente los impuestos a los grandes monopolios, a la especulación financiera y a la renta agraria.
Laura Marrone
