La resistencia de los pueblos permanece viva en las Consultas Populares

Por: Julian Camilo Barrientos – Equipo de Comunicaciones Censat Agua Viva

La crisis climática avanza implacablemente, y con ella, cada vez son más las comunidades en diversas regiones del país que se ven obligadas a enfrentar las falsas promesas que las empresas extractivas intentan imponer. Estas corporaciones, bajo el disfraz de progreso y desarrollo verde, prometen soluciones aparentes que, en realidad, buscan explotar y degradar los territorios, dejando a las comunidades locales con poco o ningún beneficio.

En medio de esta embestida, el espíritu de las Consultas Populares sigue vivo. Desde su origen hace 11 años, este mecanismo ha sido una herramienta vital para que los pueblos defiendan la vida y el ambiente. Las Consultas Populares han transformado el rumbo de la historia, ofreciendo esperanza a las nuevas generaciones y tejiendo un legado de resistencia que se inscribe en la memoria colectiva.

Estas consultas han sido fundamentales para proteger la ancestralidad, la cultura y la cosmovisión de comunidades enteras. En Colombia, 21 consultas populares han rechazado proyectos extractivos, con la ciudadanía eligiendo proteger sus suelos y ríos frente a la explotación. Cada voto ha contado y ha quedado registrado como un precedente imborrable en la defensa del territorio contra el avance del capitalismo desenfrenado.

La Corte Constitucional y el retroceso en la autonomía territorial

Sin embargo, en 2018, a través de la sentencia SU 095 la Corte Constitucional de Colombia asestó un duro golpe a este mecanismo participativo. Al declarar que las consultas populares no eran adecuadas para decidir sobre proyectos minero energéticos, la Corte privó a los municipios de la autonomía para prohibir la minería en sus territorios y aunque la misma sentencia ordenaba al congreso a «expedir un mecanismo y una legislación para lograr la concurrencia y la coordinación en estas decisiones«, esta decisión representó un retroceso significativo para las comunidades locales, debilitando su capacidad para defender sus derechos frente a intereses económicos poderosos.

«La voz de la Consulta Popular es legítima, porque se hace con el pueblo»

A pesar de este sombrío panorama y a pesar que las consultas populares no son vinculantes, en 2022, las comunidades del macizo colombiano decidieron no rendirse. Frente a la amenaza de 102 solicitudes mineras y 16 títulos mineros que afectan directamente a seis municipios del norte de Nariño y Florencia en el sur del Cauca, iniciaron un proceso de consultas populares autónomas. Este movimiento, liderado por Wilson Albeiro Ordóñez y otros miembros del Territorio Agroalimentario del Norte de Nariño y Sur del Cauca (TECAM), logró movilizar a más de 4.560 personas en menos de un mes para decir «NO» a la megaminería y a la explotación de sus tierras. El 7 de mayo de 2023, bajo la consigna «el agua vale más que el oro», se realizó una consulta que involucró incluso a niños y niñas mayores de 6 años. Este proceso se llevó a cabo con el objetivo de preservar el territorio para las futuras generaciones, entendiendo que los menores de hoy serán quienes, dentro de cinco décadas, verán el vencimiento de las actuales licencias mineras. Los votos de esta consulta se entregarán a la personería municipal de Albán como un recordatorio del poder soberano del pueblo.

Asimismo, el 4 de junio de 2017, en Cumaral, Meta, se llevó a cabo la consulta popular contra la exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos, con un resultado de 7.475 votos a favor del «NO», frente a 183 votos, por el «SÍ». Este ejercicio popular, ha motivado también la unión del pueblo cumaraleño a través del Festival del Agua, como espacio donde la cultura reivindica la consciencia ambiental por la protección del territorio.

Mercaderes: Un ejemplo de lucha y defensa del territorio

El próximo 9 de agosto de 2024, la comunidad del municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, conmemorará el quinto aniversario de la Consulta Popular Legítima por el Agua que, con 5.128 votos a favor, logró frenar actividades de exploración y explotación de minería metálica e hidrocarburos que requerían el uso de aguas destinadas al consumo humano y ponían en riesgo las economías locales. Esta consulta no solo representó una victoria para la comunidad en términos de defensa de su territorio, sino que también marcó un precedente al reconocer al río Sambingo como sujeto de derechos.

Créditos: El Cuarto Mosquetero

En el marco de esta conmemoración, se realizará una audiencia pública en la que se exigirá el cumplimiento de los mandatos ciudadanos por la protección del agua, la vida y el territorio, los cuales fueron definidos durante la consulta y que, hasta la fecha, no han sido garantizados por el gobierno nacional. La falta de acción gubernamental no solo pone en peligro el bienestar de la comunidad, sino que también deja al territorio vulnerable ante la amenaza de nuevas actividades mineras.

Paralelamente, es relevante destacar la reactivación del proyecto de ley estatutaria de Democracia Ambiental, que fue presentado en 2021 y nuevamente radicado el 20 de julio de 2024. Esta ley busca asegurar una participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones sobre proyectos de exploración, explotación y producción de recursos naturales no renovables. Su aprobación es fundamental para devolver a las comunidades su derecho a decidir sobre el uso de sus territorios, garantizando así una verdadera participación democrática en la gestión ambiental y la justicia social en Colombia.

 

Fuente: CENSAT Agua Viva

Ecología, luchas sociales y revolución

Casi quince años después de su libro El Imposible capitalismo verde, Daniel Tanuro ha publicado un nuevo libro, Écologie, luttes sociales et révolution, con prólogo de Timothée Parrique.

El libro consta de dos largas entrevistas (realizadas por Alexis Cukier y Marina Garrisi) divididas en dos partes. En la primera, titulada “Lo que sabemos”, el intelectual y activista anticapitalista belga ofrece un análisis global de la catástrofe ecológica. En la segunda, titulada “Lo que podemos hacer”, analiza diversas formas de afrontarla y esboza una estrategia de transformación ecosocialista.

Daniel Tanuro es un pensador central en la comprensión de las crisis ecológicas de nuestro tiempo. Sus libros anteriores, entre los que destaca El imposible capitalismo verde, han contribuido a difundir un análisis marxista no dogmático de los peligros que amenazan las condiciones de vida humanas y no humanas en nuestro planeta. Sin embargo, Écologie, luttes sociales et révolution constituye un capítulo aparte en la obra del autor. Aquí, su ambición es mucho más amplia: en primer lugar, porque se propone echar un vistazo crítico a la mayoría de los debates que animan el mundo intelectual y militante de la ecología social; en segundo lugar, sobre todo, porque dedica una parte mayor que en el pasado a cuestionar las estrategias de desarrollo de una conciencia ecológica de clase.

“Lo que sabemos”

En la primera parte del libro, el autor pasa revista al estado actual de los conocimientos sobre la catástrofe ecológica. Esto le permite retomar una demostración ya desarrollada en El imposible capitalismo verde, luego afinada en ¡Demasiado tarde para ser pesimistas! la imposibilidad de abordar la gran catástrofe de nuestro tiempo sin cuestionar el sistema capitalista. Podemos alegrarnos de que tal manifestación parezca menos revolucionaria en nuestro tiempo y de que una parte de la izquierda se haya apropiado de ella. Por otra parte, es lamentable que más de quince años después de su primera formulación esté más de actualidad que nunca y que mientras que la catástrofe climática ya está aquí, el cataclismo parezca más cercano que nunca.

El autor toma como punto de partida de su argumentación la crítica de Marx a la economía política, defendiendo su pertinencia para comprender los trastornos ecológicos. Este enfoque marxiano no se opone al del movimiento del decrecimiento, que ha demostrado cómo la búsqueda infinita del crecimiento es imposible en un mundo de recursos limitados[1]. Por el contrario, la crítica marxiana “proporciona una explicación materialista de la naturaleza crecentista del sistema” (p. 64). Demuestra que el capital, como relación social de explotación destinada a la renovación permanente de la ganancia, multiplica las mercancías y, por lo tanto, fomenta la lógica de “producir más” y “consumir más” (p. 64).

La defensa que hace el autor de un enfoque marxiano de la catástrofe ecológica es fértil y no dogmática. Es consciente de los numerosos debates en los círculos intelectuales y militantes marxistas sobre la presunta ecología de Karl Marx. También muestra cierto interés por las investigaciones de intelectuales (como John Bellamy Foster y Paul Burkett, y más recientemente Kohei Saito) que han mostrado cómo el pensamiento ecológico puede encontrarse en la obra de Marx.

Sin embargo, Daniel Tanuro argumenta que esta investigación refleja a veces un enfoque excesivamente apologético de la obra de Marx, que no permite abordar las nuevas cuestiones ecológicas. Pero el autor no pretende entrar a fondo en este debate, que en última instancia es más bien exegético, tratando de determinar, como señaló en su momento Daniel Bensaïd, si Marx era un “ángel verde” o un “demonio productivista”. El enfoque marxista defendido por Daniel Tanuro pretende situar la crítica marxista del capitalismo en el centro del análisis de la catástrofe ecológica.

Esta crítica permite al autor examinar con matices los distintos lugares en los que se produce el conocimiento ecológico. El autor se interesa por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el camcio blimático (IPCC, por sus siglas en inglés) cuya importancia reconoce, afirmando que sus publicaciones “representan la mejor síntesis científica existente para comprender el cambio climático” (p. 37). No obstante, se muestra muy crítico: nos enteramos que los gobiernos y sus representantes interfieren en el funcionamiento del IPCC (nombrando a sus directivos) y también en sus publicaciones (tienen derecho a revisar los resúmenes publicados para los responsables de la toma de decisiones). Por supuesto, estas intervenciones tienen por objeto defender los intereses del capitalismo de los combustibles fósiles. Sobre todo, el autor señala que para la mayoría de los miembros del IPCC, “no hay salvación fuera del crecimiento del PIB y, por tanto, del capitalismo” (p. 41).

Esta creencia en la naturaleza natural y permanente del capitalismo explica por qué las políticas de mitigación promovidas por el IPCC se basan tan a menudo en las tecnologías (en particular las tecnologías de emisiones negativas), incluso cuando su eficacia no ha sido probada. Dicho de otro modo, en palabras del autor, un “espectro tecno-utópico sigue rondando los debates” en el seno del IPCC (p. 42). A pesar de ello, el autor constata que se están abriendo brechas y que, entre los científicos, el consenso capitalista y expansionista ya no es tan fuerte como en el pasado. La presencia de varios decrecentistas “justos” o “sociales” en el GIEC es un ejemplo de ello.

El enfoque marxista defendido por el autor también le permite echar un vistazo antropológico fértil a otra fuente de conocimiento, esta vez no institucionalizado: el conocimiento ecológico popular tradicional. El enfoque marxista nos ayuda a comprender una extraña paradoja señalada por varios arqueólogos y antropólogos: ¿por qué “los conocimientos ecológicos tradicionales, con su parte de creencias y de magia” se han mostrado “más eficaces que los conocimientos científicos modernos” frente a las diversas catástrofes ecológicas que han jalonado el curso de la historia (el autor utiliza el ejemplo de las poblaciones indígenas de la Isla de Pascua que se enfrentaron a crisis ecológicas)?

Una vez más, la razón reside en el desarrollo del capitalismo. Éste desposeyó a las clases trabajadoras de los conocimientos ecológicos que se habían desarrollado y transmitido a lo largo de muchas generaciones. La revolución industrial y el desarrollo de las fábricas transformaron a los trabajadores y trabajadoras en “apéndices de las máquinas, sin una visión global de la actividad productiva” (p. 54). El trabajo, como actividad que implica la extracción y transformación de materia y energía, y a través del cual la humanidad regula su relación con la naturaleza, se ha vuelto opaco y las clases trabajadoras han perdido todo control sobre él. La naturaleza está ahora en manos del capital, con toda la irracionalidad que ello conlleva (competencia, innovación, secreto empresarial) y los peligros que plantea.

“Lo que hay que hacer”

En la segunda parte del libro, el autor analiza diferentes estrategias para intentar responder a la pregunta “¿qué hay que hacer?”. En este sentido, el libro de Daniel Tanuro es tanto más importante cuanto que desarrolla su pensamiento estratégico de forma más completa.

Empecemos por dar la razón al autor sobre las pistas falsas. Identifica tres principales: el capitalismo verde, el ecofascismo y el tecnosolucionismo. Por supuesto, el capitalismo verde no puede presentarse como una solución, y el autor presenta este concepto como un oxímoron en la medida en que “no hay compatibilidad entre la dinámica intrínseca de la acumulación de capital y la gestión racional de los intercambios de materia, tanto en el seno de la sociedad humana como entre ésta y el resto de la naturaleza” (pp. 83-84).

Así pues, todas las nuevas actividades llamadas verdes (el desarrollo de la industria del hidrógeno, la economía circular, etc.) no son en el fondo más que nuevas fuentes de beneficios y no pueden en modo alguno responder a la catástrofe ecológica actual. Además, el capitalismo verde se inscribe en una lógica imperialista marcada por la competencia por el acceso a nuevos recursos, la mayoría de las veces situados en el Sur global (litio, etc.).

Huelga decir que el ecofascismo, como proyecto autoritario, racista, antiinmigratorio y maltusiano, tampoco puede presentarse como una solución. Sin embargo, el autor no cree que constituya una amenaza inmediata y duda de la capacidad actual de la extrema derecha para movilizar a ciertos sectores de las clases trabajadoras contra las minorías en nombre de la ecología. Los acontecimientos actuales muestran que la extrema derecha, ya sea en Argentina (Javier Milei), en los Países Bajos (Geert Wilders) o en Estados Unidos (Donald Trump), está más interesada en movilizar a las clases trabajadoras contra la ecología, principalmente jugando con las contradicciones del capitalismo verde.

El callejón sin salida creado por el capitalismo verde es evidente: aparte de que no funciona[2]da pábulo a las reivindicaciones antiecológicas de la extrema derecha, que “explota demagógicamente las consecuencias antisociales” de tales políticas (p. 100).

Por último, el autor se dirige a su campo social evocando el tecnosolucionismo, es decir, la creencia de que la catástrofe ecológica puede resolverse mediante el uso de determinadas tecnologías (desarrollo masivo de nuevas energías descarbonizadas, tecnologías de emisiones negativas de carbono, etc.). Sostiene que no es sorprendente que los capitalistas recurran a ello en la medida en que la fe en la tecnología es “la única respuesta compatible con la dinámica de la acumulación” (p. 101).

Sin embargo, el autor pone en guardia a los marxistas que creen que las tecnologías, una vez que escapen a la lógica del mercado y de la competencia, resolverán el problema. El desarrollo de estas nuevas tecnologías, argumenta el autor, requeriría enormes cantidades de energía. Incluso la transición a las energías renovables sería muy intensiva en energía y provocaría por sí misma un fuerte aumento de las emisiones de CO2. Por ello, el Daniel Tanuro sostiene que, si bien hay que defender un uso razonado de la tecnología, una política ecológica y social no puede prescindir de una reducción radical de la producción y el consumo: “Es cierto que las tecnologías digitales y los nuevos materiales ofrecen grandes posibilidades, pero tenemos más que suficientes para detener la catástrofe, siempre que rompamos con la acumulación. Las soluciones son políticas, no tecnocráticas: eliminar la producción y el consumo innecesarios, combatir radicalmente las desigualdades sociales, garantizar la participación democrática en la toma de decisiones. La urgencia absoluta de la situación no permite otra alternativa realista” (p. 101).

Puesto que ni el capitalismo verde ni el tecnosolucionismo de izquierdas son soluciones, y puesto que necesitamos “eliminar la producción y el consumo inútiles”, la pregunta es: ¿cómo podemos lograrlo? ¿Qué sectores de la población deben implicarse? El autor dibuja un espectro con dos perspectivas en cada extremo, que considera insostenibles. En un extremo del espectro están intelectuales como Bruno Latour y Nikolaj Schultz, que creen que la clase trabajadora ha sido moldeada por un imaginario productivista y no puede ser el sujeto del desafío ecológico.

Según ellos, que ignoran bastante lo que es una clase social, que es algo más que una construcción social o política, hay que construir una nueva clase ecológica que lidere la lucha contra la catástrofe. Daniel Tanuro no menciona a Andreas Malm que, aunque se declara adversario de Bruno Latour, también desconfía del mundo del trabajo. Para él, la clase obrera está demasiado asociada al compromiso productivista del siglo XX y empantanada en la búsqueda del reparto de los frutos del crecimiento. En la estrategia de leninismo ecológico que desarrolla, Andreas Malm no concede ningún papel al mundo del trabajo: toda la batalla se libra entre activistas muy politizados partidarios de la acción directa, incluso del sabotaje, por un lado, y el Estado, por otro[3].

En el otro extremo del espectro, encontramos una estrategia esbozada por el geógrafo estadounidense Matthew Huber. Para él, la clase obrera sigue siendo el sujeto revolucionario por excelencia, más aún en tiempos de catástrofe ecológica. El autor no se opone a esta idea. La catástrofe ecológica (o su evitación) está ante todo determinada por las opciones de producción de una minoría capitalista. Así pues, luchar contra la catástrofe significaría permitir a la clase obrera apropiarse de los medios de producción y, luego, garantizar que la clase obrera tome las decisiones correctas para dejar de causar daños.

Según Daniel Tanuro, este planteamiento es pertinente en la medida en que reconoce la centralidad del mundo del trabajo. Sin embargo, argumenta el autor, Matthew Huber no pretende “ayudar al mundo del trabajo a romper con la estrategia sindical tradicional de compartir los frutos del crecimiento, que encierra a los trabajadores en un marco productivista y les cierra cualquier perspectiva política” (p. 109). En otras palabras, Matthew Huber no propone una estrategia para desarrollar una conciencia de clase que tenga en cuenta las limitaciones ecológicas. No podemos sino estar de acuerdo con la crítica de Daniel Tanuro: la conciencia de clase no surge espontáneamente y corresponde a una organización política (o sindical) desarrollar nuevas identidades.

Para compensar las debilidades del planteamiento de Matthew Huber, el autor propone a continuación reflexionar sobre el desarrollo de una conciencia de clase ecológica, pero también sobre los distintos obstáculos a su desarrollo. Identifica dos obstáculos principales para su formación. El primero se deriva del hecho de que la fuerza de trabajo pertenece al capital (que la compra) y, por tanto, depende de él para garantizar su reproducción. Ni que decir tiene que un obrero petroquímico que, como los jóvenes diplomados de AgroParisTech, decidiera diversificarse ya no tendría suficiente para alimentarse.

El segundo obstáculo, más sutil, es el resultado del desarrollo del capitalismo y, más concretamente, de la revolución industrial, de la que se sabe que ha descualificado profundamente a los trabajadores. Al desposeerlos de sus conocimientos, perdieron prácticamente todo control sobre las opciones de producción. Estos factores, sostiene el autor, “hacen extremadamente difícil pensar en otra sociedad no sólo como una utopía abstracta, sino como un proyecto concreto” (p. 112).

Una vez identificados estos obstáculos, pero también tras haber reflexionado sobre diversos puntos débiles del capitalismo, el autor propone una estrategia para el desarrollo de una conciencia ecológica de clase. Señala que sólo se trata de hipótesis y que cualquier hipótesis puede corregirse. Esta última parte del libro es más discutible, ya que las hipótesis planteadas apenas se apoyan en ejemplos concretos.

Sin embargo, sería difícil criticar al autor por ello, ya que la investigación sobre los vínculos entre el mundo del trabajo y las preocupaciones ecológicas es aún relativamente reciente. Por el momento, sigue faltando una serie de estudios empíricos que puedan alimentar las estrategias ecosocialistas. No obstante, Daniel Tanuro propone trabajar para desvincular el movimiento obrero del productivismo apoyándose en diversos elementos.

Por un lado, habría que prestar especial atención al sector de la reproducción social (de los cuidados) en el que “el trabajo tiene una dimensión relacional” (sanidad, transporte público, cuidados personales, etc.) (p. 117). Según el autor, se trata de un terreno fértil para la movilización: es difícil de deslocalizar y es predominantemente femenino, inseguro y racializado. En su seno, “la idea de los cuidados podría constituir el hilo conductor de una ruptura obrera con el productivismo” (p. 117). El autor sostiene que las luchas antirracistas, ecologistas, campesinas, etc., que convergen en la cuestión de los cuidados, deberían tratar de situar la cuestión medioambiental en el centro de la conflictividad.

Por otra parte, el autor anima a intensificar los intercambios entre ecologistas, sindicalistas, etc. para “preparar las conciencias ante una crisis política y social de gran envergadura” (p. 129). No podemos sino estar de acuerdo cuando Daniel Tanuro, refiriéndose a un texto de Lenin que pone de relieve los “prejuicios” o las “fantasías reaccionarias” de ciertos explotados, nos recuerda que la “lucha contra la hegemonía ideológica de la clase dominante” es “un proceso complicado, desigual y caótico de formación del sujeto”, que requiere debate y confrontación (pp. 115-116). Por ello, el autor anima a intensificar los intercambios con el mundo del trabajo, en particular participando en cursos de formación sindical.

Para el autor, la construcción de un nuevo sujeto obrero que rompa con el productivismo debe estar al servicio de un proyecto revolucionario al que el militante intelectual y anticapitalista no ha renunciado. Para ello, sigue apoyándose en el método de transición desarrollado por León Trotsky. Este método permite “tender un puente” entre las “reivindicaciones inmediatas” y el proyecto de sociedad socialista. El autor actualiza el método, proponiendo adaptarlo a las limitaciones ecológicas de nuestro tiempo y someterlo a nuevas exigencias, como el decrecimiento justo.

Por supuesto, semejante programa[4] representa una ruptura profunda con el estado actual de la conciencia de los oprimidos del mundo. Pero el autor sostiene que lo que “la situación exige no puede ser adoptado de inmediato por las clases trabajadoras, pero debe formar parte del programa” (p. 140).

Abrirse

El último libro de Daniel Tanuro tiene un valor incalculable. En primer lugar, porque resume las décadas de investigación y experiencia del autor, y ofrece una mirada crítica sobre el desastre ecológico actual. En segundo lugar, porque, más que nunca, el autor emprende reflexiones estratégicas sobre cómo sacar al mundo del trabajo del productivismo y construir un nuevo sujeto revolucionario que tome nota de las limitaciones de las que no podemos escapar: la reducción global del consumo de materia y energía.

Las dos grandes vías desarrolladas (apoyarse en el sector de la reproducción social con la estrategia del cuidado y multiplicar las confrontaciones y los intercambios con vistas a construir una nueva hegemonía) son ricas. Preparan el camino para la investigación en ciencias sociales, que deberían poder ponerlas a prueba mediante encuestas empíricas. Me gustaría sugerir una tercera vía que el autor no menciona. La catástrofe ya está en marcha y está dando lugar a numerosos fenómenos climáticos extremos, que también están generando movilizaciones. En Camboya, por ejemplo, las lluvias monzónicas especialmente violentas de 2013 y 2014 mermaron las cosechas de las y los agricultores[5]. Las malas cosechas también afectaron a los trabajadores y. trabajadoras textiles de los centros urbanos, ya que son interdependientes de sus familias en el campo (a través de ayudas económicas, materiales, etc.). Por ello, dieron lugar a una fuerte movilización para mejorar sus salarios, precisamente para compensar la falta de recursos de los padres en las zonas rurales. Aunque estas huelgas tienen lugar en el centro de trabajo, ya están arraigadas en las catástrofes climáticas. Este es un terreno aún más fértil para que las reivindicaciones trasciendan los muros de la fábrica o la planta y se extiendan a la preservación de las condiciones de vida en el planeta.

Por: Douglas Sepulchre

21/06/2024

Traducción: viento sur

[1] El prefacio del libro, escrito por el economista y teórico del decrecimiento Timothée Parrique, atestigua el acercamiento entre ecosocialistas y defensores del “decrecimiento justo”.

[2] En la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, las emisiones de CO2 no están disociadas del crecimiento en la mayoría de los países. Y cuando lo están, es a un ritmo demasiado lento y/o demasiado tímido para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París.

[3] Malm, Andreas, Cómo dinamitar un oleoducto

[4] La Cuarta Internacional, corriente política a la que pertenece el autor, ha publicado hace poco el Manifiesto del marxismo revolucionario en la era de la destrucción ecológica y social capitalista.

[5] Lawreniuk, S., “Climate change is class war: Global labour’s challenge to the Capitalocene”, en Natarajan N., Parsons L. (eds.), Climate Change in the Global Workplace, Londres, Routledge, 2021, pp. 172-188.

Tomado de: vientosur.info

 

Fuente: Radio Temblor

Comunidades Indígenas de la Amazonia Rechazan Proyectos REDD y Defienden sus Derechos Territoriales.

En un histórico encuentro celebrado en el corazón de la Amazonia, comunidades indígenas, activistas ambientales y representantes de organizaciones no gubernamentales se reunieron para rechazar enérgicamente los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD). La declaración conjunta emitida al finalizar el encuentro subraya la preocupación de estas comunidades sobre los impactos negativos que estos proyectos de carbono están teniendo en sus territorios y modos de vida.

Contexto de la Declaración

El programa REDD, promovido por diversas entidades internacionales y gobiernos, se presenta como una estrategia para mitigar el cambio climático a través de la conservación de los bosques tropicales. Sin embargo, las comunidades locales han manifestado repetidamente que estos proyectos no solo no cumplen con sus objetivos climáticos, sino que además generan conflictos y despojo de tierras.

Principales Puntos de la Declaración

  1. Derechos Territoriales: Los participantes del encuentro resaltaron que los proyectos REDD, en muchos casos, no respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades locales. Se denunció que las áreas designadas para estos proyectos a menudo son ocupadas sin el consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes.
  2. Impacto en los Medios de Vida: Se destacó que los proyectos REDD pueden restringir el acceso de las comunidades a sus recursos tradicionales, afectando negativamente su seguridad alimentaria y su economía local. Las restricciones impuestas sobre el uso de los bosques tradicionales pueden llevar a una mayor vulnerabilidad y pobreza.
  3. Falta de Beneficios Reales: A pesar de las promesas de beneficios económicos derivados de la venta de créditos de carbono, las comunidades informaron que raramente ven estos beneficios. En muchos casos, los ingresos generados por estos proyectos se quedan en manos de intermediarios y grandes corporaciones, sin mejorar significativamente las condiciones de vida de los habitantes locales.
  4. Amenaza a la Soberanía: El encuentro subrayó que la implementación de proyectos REDD puede representar una amenaza a la soberanía de las comunidades sobre sus territorios. La entrada de actores externos, incluidos gobiernos y empresas multinacionales, puede llevar a una pérdida de control sobre las decisiones que afectan directamente a sus tierras y recursos.

Conclusión

La declaración del encuentro en la Amazonia es un llamado urgente a replantear las estrategias globales de mitigación del cambio climático. Las comunidades indígenas y locales exigen que se les reconozca como guardianes legítimos de sus territorios y que se respeten sus derechos y conocimientos tradicionales en cualquier iniciativa relacionada con la conservación de los bosques.

«Nuestros bosques no son simplemente sumideros de carbono. Son nuestros hogares, nuestras farmacias, nuestras escuelas y nuestros supermercados. Defender nuestros territorios es defender la vida misma«, concluyó un líder indígena durante el encuentro.

Encuentra más información y firma en solidaridad llenando el formulario que aparece en el siguiente link: 

https://www.wrm.org.uy/es/alertas-de-accion/firme-en-solidaridad-no-a-redd-declaracion-del-encuentro-en-la-amazonia-sobre-proyectos-de-carbono

 

Fuente: Ojopublico

Las Bambas: respaldan a defensores criminalizados

Foto: OCMFoto: OCM

Comuneros de Cotabambas se movilizaron rechazando la reciente sentencia contra 11 defensores por protestar contra la minera Las Bambas y exigieron el cese de esta “campaña de criminalización”.

Servindi, 2 de agosto, 2024.- Cientos de comuneros de Cotabambas, en la región Apurímac, se movilizaron el 1 de agosto en respaldo a los defensores y defensoras de derechos humanos recientemente sentenciados por protestar contra Las Bambas.

Los manifestantes exigieron la destitución del juez Andrés Avelino Flores y del fiscal Fredy Manchego, a quienes acusan de parcialidad a favor de la minera Las Bambas.

Además, demandaron al gobierno de Boluarte a detener la presunta persecución penal y política contra dirigentes sociales, especialmente efectuada por parte de los procuradores del Ministerio del Interior.

Mientras que a la empresa minera Las Bambas le exigieron el cese inmediato de lo que denominan una “campaña de criminalización” contra líderes comunitarios, según el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).

Los comuneros también solicitaron la presencia urgente en Cotabambas de autoridades nacionales, incluyendo representantes del Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio Público, el ministro del Interior Juan Santivañez, y delegados del ministerio de Justicia.

Estas demandas se enmarcan en una larga historia de tensiones entre las comunidades locales y la actividad minera en la región, reflejando la creciente frustración por la percibida falta de respuesta a sus preocupaciones.

Respuesta ante sentencia

La movilización y demandas se producen en respuesta a la sentencia a nueve años de prisión emitida el 25 de julio por el Juzgado Unipersonal de Cotabambas contra 11 dirigentes de comunidades campesinas.

A ellos se les responsabiliza por los delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos a raíz de movilizaciones realizadas en 2015 contra el proyecto minero Las Bambas.

Los comuneros protestaron entonces contra el proyecto pues ponía en riesgo el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

Durante estas protestas la policía reprimió a las comunidades campesinas, mientras el gobierno y la empresa los denunciaron por la comisión de diversos delitos.

El reciente fallo es considerado una criminalización de la protesta social y la defensa de derechos humanos.

Durante la audiencia de lectura de adelanto de sentencia, el tribunal basó su condena en pruebas indirectas, sin detallar suficientemente la responsabilidad de los acusados como autores mediatos de los delitos imputados.

Esta decisión ha sido cuestionada debido a la falta de una explicación clara sobre la autoría mediata, a pesar de que la acusación fiscal se centraba en este punto, señala el OCM en una nota publicada este 2 de agosto.

Entre los sentenciados a pena privativa de la libertad, se encuentran:

  • Virginia Pinares Ochoa (8 años y 10 meses) conocida defensora ambiental y Premio Nacional de Derechos Humanos en el año 2022. Quien fue presidenta del Comité de lucha interprovincial de Cotabambas- Grau (comité conformado para lucha por las modificaciones del Estudio de impacto ambiental de MMG Las Bambas)
  • Rodolfo Abarca Quispe (9 años) ex presidente del Frente de defensa de la provincia de Cotabambas
  • Ronal Andrés Vello Abarca (9 años) ex presidente del Frente de defensa del distrito de Tambobamba
  • Juan Pablo Conislla Gallegos (8 años con 8 meses) ex presidente de la Federación de Comunidades campesinas del distrito de Challhuahuacho
  • Jacinto Limalucas (8 años con 8 meses) ex dirigente de Frente de defensa del distrito de Challhuahuacho
  • Alem Torres Garces (9 años) profesional técnico indignado por las modificatorias del EIA
  • Maximiliano Huachaca Mamani (8 años con 11 meses) fue integrante de la Federación interprovincial de defensa del territorio y del ambiente de las provincias de Espinar Chumbivilcas, Cotabambas y Grau
  • Walter Moreano Andrade (8 años y 8 meses) quien fue dirigente de la comunidad de Record Cconccacca y actual alcalde del distrito de Progreso
  • Romualdo Ochoa (8 años con 8 meses), ex presidente de la Comunidad de Huancuire
  • Lisbeth Abarca Peña (9 años) presidenta del barrio de Huancayo- Tambobamba
  • Cosme Bolivar Escudero (8 años con 8 meses) quien fue presidente de la Comunidad campesina de Chumille.

 

Fuente: Servindi.org

Criminalización de defensores indígenas, “una tendencia alarmante” en México, denuncian organizaciones

Ciudad de México | Desinformémonos. La criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra defensores indígenas en México “se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano”, aseguraron organizaciones indígenas, colectivos y centros de derechos humanos.

En un pronunciamiento, señalaron que la criminalización los defensores indígenas buscan la desmovilización de las luchas por los derechos colectivos de las comunidades, “impactando no sólo en la vida individual y familiar de las y los defensores criminalizados”, sino también en “el goce de los derechos” como pueblos indígenas.

Entre los paradigmas de la criminalización y detenciones actuales que resumieron las organizaciones, incluyeron los casos del defensor binnizá David Hernández Salaz, quien lucha contra la imposición del Corredor Transístmico en Puente Madera, Oaxaca; el caso de Saúl Rosales Meléndez, detenido por oponerse a la tala ilegal en el estado de Tlaxcala; y los casos de los cinco defensores maya-tseltales de San Juan Cancuc, Chiapas, detenidos con delitos prefabricados por oponerse a la militarización de su territorio y la construcción de obras y megaproyectos.

“Resulta preocupante que el sistema judicial no tome en cuenta los efectos de penas privativas de libertad contra quienes son parte de pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que ‘la separación de la persona indígena de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena’”, precisaron las organizaciones, entre las que se encuentra la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).

Frente a los casos de criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas, los colectivos exigieron a las autoridades mexicanas a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como con los estándares referentes a los pueblos indígenas, así como liberar a los defensores del territorio criminalizados y la reparación integral de los daños.

A continuación el comunicado completo:

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el contexto de criminalización contra líderes y lideresas indígenas que defienden derechos humanos en México. Enfrentan detención arbitraria, prisión preventiva prolongada así como penas privativas de libertad injustas, excesivas y desproporcionadas, afectando así su labor de defensa de derechos humanos e impactando en su vida personal, familiar y comunitaria. Los casos de David Hernández Salazar y Pablo López Alavez en el estado de Oaxaca, el caso de Kenia Hernández Montalván y de Tomás Martínez Mandujano en el Estado de México, así como el caso de Saúl Rosales Meléndez en el estado de Tlaxcala, y los casos de Versaín Velasco García y los defensores maya-tseltales de San Juan Cancuc, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez en Chiapas, ilustran este preocupante patrón de persecución y criminalización.

En febrero de 2024, el defensor indígena binniza David Hernández Salazar, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y representante de la comunidad indígena de Puente Madera en Oaxaca, fue condenado a 46 años y 6 meses de prisión por los delitos fabricados de daños por incendio y lesiones dolosas. Esta acusación y condena se dio como represalia a su oposición pacífica a la instalación del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) de San Blas Atempa en las tierras de uso común El Pitayal, en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). En febrero de 2024, la defensa ingresó la apelación contra esta sentencia, y en mayo fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La campaña de criminalización y judicialización contra el defensor inició en 2021, durante ese tiempo se enfrentó a dos demandas de orden federal y una estatal, las cuales ahora han concluido, siendo finalmente absuelto y sin delito que perseguir en su contra.

En 2010, el defensor indígena zapoteco Pablo López Alavez fue detenido arbitrariamente. Tras 14 años, su caso continúa en proceso de instrucción y sin sentencia. El líder zapoteco enfrenta cargos fabricados en represalia a su liderazgo comunitario, y de defensa del agua y del medio ambiente de su comunidad de San Isidro Aloápam en Oaxaca. Pablo López continúa injustamente privado de la libertad a pesar de que la criminalización y las graves violaciones a sus derechos han sido reconocidas a nivel internacional a través de llamados a su liberación así como de opiniones tales como la del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en la Opinión número 23/2017.

Desde el 2022, la abogada y defensora indígena amuzga Kenia Hernández Montalván, se encuentra cumpliendo una condena de 21 años y 9 meses de prisión, luego de ser sentenciada dos veces en menos de un mes a más de diez años de prisión por condena por el delito fabricado de “robo con violencia”. Kenia era coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, desde donde promovía el derecho al territorio y los derechos colectivos de los pueblos indígenas amenazados por modelos de desarrollo liderados por el Estado mexicano. A la fecha, la defensora enfrenta nueve cargos en su contra como represalia a su trabajo de defensa y resistencia pacífica. En mayo de 2022, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas escribieron a las autoridades mexicanas expresando su preocupación por este caso. Tras la respuesta de las autoridades mexicanas, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos llamó a que Kenia fuera puesta en libertad inmediatamente.

En enero de 2024, el líder indígena otomí, albañil y defensor de derechos humanos Tomás Martínez Mandujano de la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, Estado de México, fue condenado a 43 años y 9 meses de prisión por un asesinato que no cometió. La sentencia se dio como represalia a su labor de defensa del territorio de la comunidad – sobre el cual tienen un título primordial ancestral, – de los intereses privados de empresas inmobiliarias que pretenden explotar el territorio por contar con un fácil acceso a recursos hídricos.

En marzo de 2024, el líder indígena nahua y presidente comunitario Saúl Rosales Meléndez de la comunidad San Pedro Tlalcuapan, estado de Tlaxcala, fue condenado a 20 años de prisión por un asesinato que no cometió. Su sentencia es resultado de la incapacidad de las autoridades de investigar casos de linchamientos cada vez más frecuentes en la región, lo cual fue utilizado como represalia contra Saúl por liderar la defensa del bosque de la montaña Matlalcueyetl – también conocida como La Malinche – frente al daño ambiental causado por el desarrollo de actividades extractivas en el área sin el consentimiento previo de la comunidad. La sentencia basa sus razonamientos en estereotipos negativos sobre el cargo que ostentaba Saúl como presidente de comunidad, atribuyendo a sus usos y costumbres el hecho de haber permitido la comisión del delito. El defensor se encuentra criminalizado y detenido desde el 14 de julio de 2022.

En enero de 2024, el defensor de derechos humanos y del territorio del pueblo indígena maya tzotzil, Versaín Velasco García, fue condenado a 58 años de prisión tras ser acusado injustamente de homicidio. Versaín Velasco ha sufrido hostigamiento y criminalización debido a su activa labor de defensa de derechos humanos en su comunidad Nueva Palestina, Chiapas, donde denunció numerosos abusos de autoridad y eventos violentos, incluyendo abusos sexuales, trata de personas, asesinatos y otras denuncias públicas. El defensor se encuentra detenido desde enero de 2022. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el 31 de agosto de 2023 la RECOMENDACIÓN NO. 157/2023, sobre las violaciones de derechos humanos a favor de Versain, su esposa, dos hijos y su hermana.

Los defensores comunitarios del pueblo maya tseltal de San Juan Cancuc Agustín Pérez VelascoMartín Pérez DomínguezJuan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez fueron condenados a 25 años de prisión por un asesinato que no cometieron. Fueron detenidos arbitrariamente en el 2022 por autoridades estatales, entre ellas miembros del ejército mexicano y la Guardia Nacional. El Estado ha amedrentado a la población para no atestiguar en su favor. Fueron condenados inicialmente en mayo de 2023, después de un laberíntico proceso de impugnaciones su juicio fue repuesto, sin embargo fueron nuevamente condenados, generando una situación de desgaste emocional y económico. La sentencia se dio como represalia a su labor de defensa del derecho a la autonomía y la libre determinación del pueblo maya tseltal, resaltando la oposición del pueblo de Cancuc al megaproyecto carretero San Cristóbal – Palenque.

La criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en México se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano. Este patrón de detenciones arbitrarias contra personas defensoras de derechos humanos, en su mayoría indígenas, ha sido reconocido a nivel internacional. Estas violaciones de derechos humanos han tenido como objetivo la desmovilización de las luchas por los derechos colectivos de las comunidades indígenas, impactando no solo en la vida individual y familiar de las y los defensores criminalizados, pero en el goce de los derechos colectivos como comunidades indígenas.

La detención arbitraria, prisión preventiva prolongada y condenas impuestas contra estas personas defensoras son tan altas que pueden calificarse como “cadenas perpetuas informales”. Estas no satisfacen el principio de proporcionalidad e incluso pueden equivaler a un trato cruel, inhumano y degradante al privar a la persona detenida de la posibilidad de rehabilitación y reinserción en la sociedad y en su comunidad, fin de la imposición de penas bajo el derecho penal.

Sumado a ello, resulta preocupante que el sistema judicial no tome en cuenta los efectos de penas privativas de libertad contra quienes son parte de pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que “la separación de la persona indígena de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena”.

Lo anterior coincide con lo señalado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, el cual afirma que “el vínculo con la comunidad es determinante en la estructuración de la identidad individual y colectiva de sus integrantes y la prisión atenta directamente contra esta relación”, al punto de que “para muchas personas indígenas la privación de la libertad en cárceles constituye un trato cruel, inhumano y degradante, cuando no inclusive una forma de tortura”.

En vista de lo anterior, las organizaciones firmantes rechazan el uso indebido del derecho penal con el fin de restringir la labor de defensa de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente de quienes pertenecen y defienden los derechos de los pueblos indígenas, pues afecta su derecho a la identidad cultural y su relación con la comunidad. De esta forma, no solo se limita el derecho de los pueblos indígenas a defender sus intereses y derechos colectivos, sino también se vulnera su identidad y unidad al desplazar a sus integrantes a centros penitenciarios para cumplir penas desproporcionadas e injustificables.

Las organizaciones firmantes instan a las autoridades en México a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como con los estándares referentes a los pueblos indígenas, con el fin de evitar el uso indebido del derecho penal para restringir la labor de quienes defienden los derechos de sus comunidades y pueblos. También a aplicar el enfoque diferenciado intercultural pertinente en estos casos. Las y los líderes indígenas defensores de derechos humanos David Hernández Salazar, Pablo López Alavez, Kenia Hernández Montalván, Tomás Martínez Mandujano, Saúl Rosales Meléndez, Versaín Velasco García, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez deben ser puestos en libertad de inmediato, los cargos infundados en su contra deben de ser anulados y se les debe de reparar integralmente el daño causado.

Organizaciones firmantes:

• Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)
• Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
• Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
• Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca)
• Front Line Defenders
• Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
• Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan

 

Fuente: Desinformemonos