#EstadoPerú: Desde 2021, gasto del Ministerio del Interior fue 10 veces mayor para contener protestas que para combatir la minería ilegal

En junio de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó 212 conflictos sociales en todo el país, de los cuales 117 son producidos por temas socioambientales, la mayoría de ellos relacionados a comunidades indígenas que se enfrentan a mineros ilegales. El reporte incluye también las protestas contra acciones de los niveles de gobierno nacional, regional y local. Como parte de la cobertura especial “#EstadoPerú: Más Allá del Discurso”Convoca.pe identificó que, entre 2021 y 2023, el Ministerio del Interior ha invertido más presupuesto en disminuir los efectos de conflictos y protestas sociales que en combatir la minería ilegal.

Por: Francisco Pérez*

*Con la colaboración de Paul Tuesta.

El gobierno de Dina Boluarte tiene encima un tema que cuelga como la célebre “espada de Damocles”. Los muertos por la represión policial y militar durante las protestas producidas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Este caso se debate en los pasillos del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso de la República, espacios donde su suerte parece moverse de acuerdo a los aliados que pueda tener. 

Mientras, los familiares de las víctimas de la represión durante los primeros meses del régimen Boluarte han anunciado movilizaciones para los días de Fiestas Patrias, con la intención de sumar a su protesta a otros gremios y organizaciones. En estos días otros grupos de familiares se encuentran en Lima realizando plantones contra el gobierno. 

Por otro lado, en las semanas recientes Convoca.pe ha venido publicando una serie de informes relacionados al tráfico de oro en Perú y otros cuatro países de Sudamérica. La serie Dorada Opacidad, revela los diversos mecanismos que permiten que el oro de origen desconocido llegue a diversos mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, al margen de los controles gubernamentales. En todos los informes, el impacto de la minería informal y la ilegal así como la ausencia del control estatal en la cadena opaca de producción y comercio del oro son el común denominador.  Al mismo tiempo los reportes de la Defensoría del Pueblo muestran que la minería ilegal es uno de las principales causas de los conflictos sociales en materia socioambiental. 

Convoca.pe analizó dos de las doce categorías presupuestales que pertenecen al sector Interior y encontró que entre 2021 y 2023, el gasto público es 10 veces más alto para reducir las protestas sociales en comparación a lo gastado para combatir la minería ilegal, según la información oficial disponible en el portal del Estado Transparencia Económica.

Este período abarca el tiempo que corresponde al gobierno elegido en el proceso electoral del año 2021, aquel donde ganó Pedro Castillo y cuyo lapso de tiempo aún continúa – en teoría – con la presidencia de Dina Boluarte. 

abusos

La represión estatal en Puno dejó un saldo de 18 muertos, entre ellos tres menores de edad. Foto: Max Nina.
 

El gasto de los gobiernos

 

En 2021 con el final del gobierno de Sagasti y el inicio del régimen de Castillo, el Ministerio del Interior, gastó S/ 52 millones 690,759 en la partida de lucha contra la minería ilegal, mientras que en la categoría -que para simplificar llamaremos- conflictos y protestas sociales gastó S/ 571 millones 096,362. Es decir para combatir la minería ilegal invirtió casi 518 millones y medio de soles menos de lo que usó para contener los conflictos sociales. Se gastó 10 veces más en la partida presupuestal relacionada a protestas y movilizaciones de lo que se usó para combatir la minería ilegal.

En 2022, durante el gobierno de Castillo y los 27 días restantes de diciembre en los que empezó a gobernar Dina Boluarte se invirtió en el rubro de lucha contra la minería ilegal S/ 51 millones 897, 970, es decir casi un millón menos que el año anterior. Aún así el gasto sobre los conflictos y protestas sociales llegó a S/ 517 millones 382,448. Un monto 53 millones de soles menor que el año anterior. Pese a ello, la distancia entre ambos rubros era notoria. La diferencia es de 9 veces más la ejecución entre uno y otro rubro.

 

 

El incremento del gasto presupuestal ejecutado para el accionar policial contra las protestas es más notorio en 2023.

En los primeros meses de 2023 ya el gobierno de Boluarte tenía varios fallecidos en su haber. Las protestas contra su gobierno se habían acrecentado y la represión policial y militar era cada vez mayor. Si uno revisa el presupuesto usado en ese año para enfrentar las protestas sociales, encontrará un incremento significativo. De los más de 517 millones del 2022 pasó a 681 millones 098, 207 soles. Es decir el monto aumentó en más de 163 millones, un 27.32% en comparación con lo gastado en el 2022. Mientras, el presupuesto ejecutado para combatir la minería ilegal solo alcanzó los 60 millones 935 mil 135 soles, casi once veces menos de lo usado para evitar o enfrentar los conflictos sociales. 

 

Despliegue policial

Un aspecto llamativo de los datos registrados en la página de Transparencia Económica del MEF sobre las intervenciones de prevención y control de conflictos y protestas sociales tiene que ver con uno de los proyectos, denominado “Eventos públicos vigilados y controlados” donde el monto ejecutado fluctúa entre 571 y 681 millones de soles en el período analizado. 

Dentro de este proyecto, existe una actividad que es la que mayor dinero usa y se denomina “Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos”, es decir el despliegue de elementos y agentes policiales para la custodia de actividades, que van desde espectáculos deportivos hasta actividades oficiales de los gobiernos de turno. 

El exjefe de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, señaló a Convoca.pe que el problema es que se usa el presupuesto para el tema de conflictos sociales “porque no hay cantidad suficiente de personal, entonces si tienes un disturbio en Puno o Madre de Dios, tienes que trasladar personal desde Lima y eso es un costo que se debe cubrir no solo los días de las marchas o protestas sino días después”. 

Despliegue policial durante protestas en Puno año 2023. Foto: Convoca

Para tener una idea de ese gasto, en 2021 se ejecutó el 99.5% de lo presupuestado en la actividad de operaciones policiales (que pertenece al proyecto “Eventos públicos vigilados y controlados”) por un monto de S/ 530 millones 450 mil 493. En 2023, el año de las muertes en las protestas contra el régimen de Boluarte se ejecutó el mismo porcentaje pero por un monto de 641 millones 444,664 soles, es decir un 18% más que en el año de Sagasti y Castillo. 

Como parte de este informe, el equipo periodístico de Convoca.pe realizó un pedido de información al Ministerio del Interior, en el que solicita el detalle de las actividades realizadas por la presidenta Dina Boluarte y que requirieron despliegue de vigilancia policial. 

Con fecha 11 de julio de este año la oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio del Interior remitió la copia de un oficio en el que traslada la solicitud a la Presidencia de la República. 

respuesta mininter

Respuesta del Mininter ante pedido de información pública sobre actividades presidenciales con despliegue policial. Foto: Convoca

 

 

La respuesta que brindó la funcionaria responsable de brindar la información pública fue la siguiente: “(…) se procedió a revisar el petitorio del documento de la referencia, advirtiéndose que la información solicitada no se encuentra en el marco de las competencias de nuestra entidad; por lo que, se encauza la solicitud de acceso a la información pública para su atención directa”.

Hasta el cierre de este reportaje aún no hemos recibido la información solicitada y que permitiría definir, por ejemplo, por qué en 2023 se ejecutó un presupuesto de más de 651 millones de soles en eventos vigilados en comparación a los más de 50 millones de soles que se usaron para combatir la minería ilegal en el país. 

Como dato adicional, en lo que va de 2024 se tiene presupuestado un monto de S/ 682 millones 960,467 para conflictos y protestas sociales, de los cuales se va ejecutando más de 395 millones, es decir el 55.8% del presupuesto asignado mientras que para la lucha contra la minería ilegal los fondos públicos destinados son 68 millones 664,990 soles, de los cuales se va ejecutando el 64,5%. Hasta el momento la diferencia es de nueve veces más lo utilizado en frenar los conflictos y protestas sociales que en ponerle un punto final a las acciones de la minería ilegal. Las cifras de este período están actualizadas en la página de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 25 de julio de 2024
 

Fuente: Convoca.pe

Ciclo debate sobre la agenda del G20 desde la perspectiva de los pueblos

El ciclo “La Cumbre de los Pueblos: de pie ante al G20” inicia este 30 de julio, con el tema “La agenda del G20 y la agenda de los pueblos”. Mira la transmisión en vivo.

 Por Comunicaciones Jubileu Sul Brasil y Jubileo Sur/Américas

El ciclo “La Cumbre de los Pueblos: de pie ante al G20” inicia este 30 de julio (martes), a las 18:30 (Argentina/Brasil) y 17:30 horas (Uruguay/Paraguay), con debates que buscan profundizar la discusión en torno a temas que estarán en la agenda de la Cumbre del G20, destacando la perspectiva de los pueblos en estas discusiones. El ciclo también pretende fortalecer la movilización y la reflexión sobre los impactos que las decisiones de la Cumbre del G20 tienen en la vida cotidiana de los pueblos y la naturaleza del mundo entero, ya que los jefes de Estado y de gobierno de los países del G20 deciden el rumbo de la política económica y del neoliberalismo global.

El primer debate “La agenda del G20 y la agenda de los pueblos”, cuenta con la participación de Ana García, del BRICS Policy Centre (PUC-RIO/Brasil), y Ana Priscila Alves, de la la Marcha Mundial de las Mujeres, con la facilitación del periodista Rubén Penayo, de la campaña Itaipu 2023 Causa Nacional (Paraguay).

Son cinco encuentros, que se realizaran de julio a noviembre, siempre el último martes de cada mes, transmitidos en vivo por la página de Tarima Digital en YouTube y Facebook.

Reserva la fecha para los próximos debates del ciclo:
27/8 Transición energética, Agua y Extractivismo Verde
24/9 Austeridad, Deudas Sociales y Climáticas y la relación G20-FMI/BM
29/10 Justicia y Reparación: Colonialismo, Esclavitud, Genocidio

26/11 Balance y ¿Cómo seguimos?

¿Qué está en juego en el G20?

La Cumbre del G20 tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre de este año, en Río de Janeiro, y reunirá, entre otros, a jefes de Estado y de gobierno de los países del Grupo de las 20 mayores economías del mundo, junto al FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea.

En contraposición, organizaciones sociales, sindicatos, redes y movimientos populares están organizando la Cumbre de los Pueblos frente al G20, una actividad autónoma e independiente, paralela al programa oficial de la Cumbre del G20, también con el objetivo de acercar perspectiva de los pueblos de manera crítica, denunciando las falsas soluciones de los países del G20 a las múltiples crisis actuales, como el cambio climático y la transición energética.

El ciclo es una iniciativa de la articulación Cono Sur en la red Jubileo Sur/Américas (Jubileu Sul Brasil, Diálogo 2000 (Argentina), Itaipú 2023 Causa Nacional (Paraguay), en alianza con Alba Movimientos, Tarima Digital (Paraguay), el Consejo de Educación Popular de América Latina y Caribe – CEAAL y la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

 

Pueblos amazónicos declaran Estado de emergencia en el Perú tras asesinato de líder Kakataibo

En el Perú, Aidesep, la organización que representa a los pueblos amazónicos peruanos, junto con los gobiernos autónomos indígenas, han declarado estado de emergencia permanente en la Amazonía peruana tras el descubrimiento del cuerpo torturado y asesinado del líder Katakaibo Mariano Isacama el 15 de julio en Huánuco. Isacama llevaba 24 días desaparecido. Es el líder indígena amazónico número 35 asesinado en la última década por la defensa de sus territorios.

En conferencia de prensa, junto a la Federación Kakataibo (Fenacoka), Aidesep condena la falta de acción gubernamental contra las organizaciones criminales y las economías ilegales, que ponen en peligro sus derechos, territorios y vidas. Según, Jorge Pérez, el presidente de Aidesep: “Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana vivimos un momento crítico de nuestra historia. Anunciamos que la muerte de nuestro hermano Mariano Isacama marcará un punto de inflexión en la lucha por nuestros derechos territoriales. Declaramos Estado de Emergencia”.

En su pronunciamiento, Aidesep conjuntamente con las Naciones Autónomas Wampis, Awajun, Ese Eja, y el Consejo Shipibo, Konibio Xetebo, explican el significado de ello: “Como pueblos indígenas ancestrales, en nuestros territorios tenemos el derecho y el deber de defensa propia de nuestras vidas, familias y territorios, con acciones de interdicción e inteligencia, que desarticulen las mafias que realizan actividades ilegales. En cumplimiento a nuestra autonomía, articulamos estrategias entre las diversas formas organizativas de defensa propia indígena”.

De un lado, las organizaciones amazónicas han decidido defenderse de formas más articulada mediante mecanismos de autodefensa y justicia indígena. Del otro lado, llaman al gobierno peruano y a las instituciones internacionales a reevaluar sus estrategias y apoyar de forma decisiva a las organizaciones indígenas en la protección de sus territorios.

La defensa del territorio del pueblo Kakataibo

Isacama es el sexto líder kakataibo asesinado en una zona donde sus territorios enfrentan constantes amenazas de los cultivadores de coca, que abastecen a las redes transnacionales de narcotráfico. Con ello, los Kakataibo son el segundo pueblo más afectado por las violencias criminales, tras los Ashaninka que también habitan la selva central.

El pueblo y el territorio Kakataibo han experimentado invasiones de tierras y violencia durante siglos. Actualmente, se estima que unos 3.500 Kakataibo viven en 13 comunidades rodeadas de plantaciones de coca, invasores de tierras, pistas de aterrizaje ilegales y laboratorios de drogas, para la producción y exportación de cocaína. Incluso los dos grupos Kakataibo que viven aislados en reservas protegidas están bajo ataque, ya que los narcotraficantes buscan utilizar sus tierras como bases especialmente remotas para sus operaciones.

Marcelo Odicio, el presidente de la Federación de la Nación Kakataibo (Fenacoka) explica la complejidad del escenario que enfrentan: “Las Guardias Indígenas informan que desde mayo de 2024 tienen evidencia de que actores relacionados con el cultivo de coca vienen preparando la logística necesaria para iniciar una nueva ola de acaparamiento de tierras. Esto incluye planes para convencer a los municipios y a los gobiernos regionales de Huánuco y Ucayali para que legalicen su ocupación mediante la entrega de nuevos títulos individuales y certificados de posesión, en detrimento de la integridad territorial de las comunidades nativas Kakataibo”.

En respuesta, en los últimos meses, las comunidades Kakataibo han intensificado sus acciones para evitar estas nuevas invasiones de sus tierras. Sin embargo, a medida que los Kakataibo resisten, aumenta el riesgo de represalias violentas contra ellos, resultando en este caso, en el asesinato de Isacama, y amenazas contra varios otros líderes. Fue la Guardia Indígena Kakataibo que tuvo que buscar, y finalmente encontró, el cuerpo de Mariano Isacama. A pesar de las múltiples denuncias y demandas de colaboración del Estado hechos por la Fenacoka, una vez mas, al actuar de las instituciones estatales fue lento e insuficiente.

Una nueva ola extractivista liderado por el crimen organizado

La situación peruana y del pueblo Kakataibo refleja una tendencia mayor en la región amazónica. En un informe del año pasado evidenciamos como las organizaciones criminales y los grupos armados han ampliado su presencia, aumentado su control político y diversificado sus economías en la Amazonia.

Hoy en día, la producción de coca, la minería ilegal de oro y la tala ilegal, entre otras economías ilícitas, son algunos de los principales impulsores de la deforestación, de la contaminación y degradación ambiental en algunas de las partes más preservadas del Amazonas. La expansión de las economías criminales ha desatado violencias sobre los pueblos y comunidades indígenas, a la vez, que ha logrado penetrar los tejidos sociales locales, dividiendo a comunidades y reclutando particularmente a jóvenes para actividades ilícitas.

Por supuesto, la Amazonía ha sido históricamente objeto de olas de colonización para la extracción de sus bienes naturales, y siempre ha sido un territorio atravesado por grupos armados y criminales, como por violencias estatales. Sin embargo, en los últimos años la presencia de las redes transnacionales de crimen organizado ha aumentado de forma dramática, por una serie de factores, entre ellos, el vacío de poder que dejó la desmovilización de las FARC en Colombia, los proyectos de expansión territorial de grupos criminales brasileiras y colombianos, y la continua demanda por el oro, la cocaína y otros productos amazónicos que sostienen las economías principales del mundo.

La pandemia marcó un punto de inflexión decisivo a favor de la expansión criminal, ya que aisló a los pueblos en sus territorios, desmovilizó esfuerzos de contención al crimen organizado y generó un empobrecimiento extremo en amplios sectores de la población, haciendo aún mas atractivo participar de las economías ilícitas. A la vez, las crisis políticas continuas en el Perú y Ecuador, y el soporte desde adentro de las instituciones y actores políticos, han generado condiciones políticas favorables a los intereses del crimen organizado

Esta nueva ola de extractivismo gestado desde las economías criminales, ha logrado penetrar y amenazar a territorios indígenas y reservas naturales que hasta la fecha habían sido relativamente capaces de protegerse contra los extractivismos promovidos por los Estados y las empresas transnacionales, convirtiéndose en un mecanismo eficaz de abrir nuevos territorios al despojo. Sin embargo, los límites entre estos tres tipos de extractivismo son borrosos (o inexistentes). Los extractivismos criminales avanzan habilitados por leyes e instituciones es

Resistencias indígenas

La expansión de los extractivismos ilegales es un desafío enorme para los pueblos indígenas amazónicos, no solo por las asimetrías de poder político, económico y armamento que implica enfrentarse al crimen organizado. Sino también, por el empobrecimiento de sus territorios y las divisiones internas que las economías ilícitas saben generar.

A pesar de ello, hay pueblos y comunidades indígenas, que como los Kakataibo han decidido defenderse. En el Perú, los pueblos Wampis se organizan para salvaguardar sus territorios y expulsar a los mineros de oro. En Ecuador, es la Federación Indígena del Napo que presiona al gobierno para que actúe contra la minería ilegal. Mientras tanto, en Brasil, los munduruku, yanomami y kayapó han formado una alianza histórica para resistir al garimpo (minería ilegal en pequeña escala) en sus territorios.

Marcelo Odicio insiste que “el pueblo Kakataibo no permitirá más asesinatos ni invasiones. Nuestros guardias están movilizados y firmes. Estamos formando nuevas alianzas con nuestros hermanos Asháninka para enfrentar el peligro”. A la vez, insisten los líderes Kakataibo que sus medidas de seguridad implementadas por las Guardias Indígenas, requieren ser respaldados por otras que fortalezcan su seguridad territorial, como la titulación de tierras de sus comunidades, y el apoyo a sus economías locales como alternativas a los cultivos ilícitos.


*Director del Programa de Amazonia Occidental de Amazon Watch.

 

Fuente: Desinformemonos

Más de 350 defensores indígenas y artistas condenan violencia institucional contra Ángeles Cruz

Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. Más de 350 defensores indígenas, periodistas e integrantes de la comunidad artística, cinematográfica y cultural en México repudiaron y condenaron la violencia institucional de la que fue víctima la cineasta y actriz Ángeles Cruz, durante la protesta que realizó en la Guelaguetza para interpelar al gobernador Salomón Jara y hacer un llamado de auxilio por la violencia armada en la comunidad de San Miguel El Grande, Oaxaca.

“Resulta indignante que siendo un evento que presume de ‘ser un espacio para los pueblos indígenas’ sea también el primero donde el gobierno del estado de Oaxaca reprime y ejerce actos de violencia institucional contra aquellas personas indígenas, especialmente mujeres, que han alzado la voz”, señala el pronunciamiento, firmado por activistas y artistas como Soledad Jarquín, Daniel Jiménez Cacho y Valentina Leduc.

Destacaron que durante la protesta de Ángeles Cruz en el auditorio donde se realizaba el “Lunes del Cerro” en la Guelaguetza oficial, funcionarios de la Secretaría de Gobierno estatal “realizaron actos intimidatorios” contra la cineasta y la prensa que cubría la protesta, con la que se exigía al gobernador atender la situación en la comunidad que ha sido objeto de ataques armados y quema de casas.

Frente a las agresiones, los defensores, actores y activistas exigieron a la Secretaría de Gobierno una disculpa pública por los actos intimidatorios contra Ángeles Cruz, así como la atención inmediata para salvaguardar a la población de San Miguel El Grande.

 

Fuente: Desinformemonos

22 de julio: se lanza la campaña mundial ¡ALTO al FMI-BM!

Este 22 de julio, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda se une a movimientos populares, redes y organizaciones sociales del mundo entero en el lanzamiento de una campaña popular ¡ALTO al FMI-BM! para poner fin a la acción criminal del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la deuda ilegítima que generan y fortalecer las resistencias y luchas por su sanción, anulación y reparación. 

La fecha marca el 80 aniversario de la firma de los Acuerdos de Bretton Woods, que en 1944 crearon estas Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) a fin de expandir el poderío estadounidense y “occidental” en el escenario de posguerra. Desde entonces siguen trabajando al servicio de un capitalismo patriarcal y racista, cada vez más concentrado, empobrecedor de los pueblos y devastador de la naturaleza y el clima. 


En Argentina, la firma de la estafa entre el FMI y el gobierno de Macri en 2018 ha servido de antesala al gobierno actual de Milei y ha obrado para duplicar – hasta ahora – la pobreza, llevándola del 26 al 50% de la población con sus secuelas de hambre, precarización y violación generalizada de derechos, profundizar el modelo de saqueo extractivista, avasallar las instituciones democráticas, someter la soberanía y acrecentar la represión. Al finalizar el Juicio popular a la Deuda y al FMI, impulsado por esta misma Autoconvocatoria en plena pandemia, el tribunal no dudó en calificar sus políticas y programas como crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza. 


Con esta Campaña amplia y abierta, se realizarán diversas acciones durante los próximos meses, en cada territorio, país y región. Entre otras iniciativas colectivas, se prepara el lanzamiento de un Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI y el BM que juzgará su legado así como sus políticas actuales, como la “austeridad” y la “agenda verde” que propone falsas soluciones a la crisis socioecológica, climática y de cuidados.

En Buenos Aires, en el marco de inicio de la campaña, la Autconvocatoria y el Archivo Popular de la Memoria, invitan a una primera actividad enfocando “El legado de Norita – La Deuda es con el Pueblo – “Deuda y Genocidio – Responsabilidades y Complicidades”Será este jueves, 25 de julio, a las 18 hs en el Auditorio de SIPREBA, Calle Solís 1158.

Entre las entidades que lanzan la campaña ¡ALTO al FMI-BM! 80 años de miseria, devastación y deudas. ¡Reparación Ya!, a nivel regional se encuentran Jubileo Sur/Américas, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe CEAAL, CADTM-AYNA, SICSAL, ConVIDA20, Deuda x Clima Global, ALBA Movimientos, la Asociación Americana de Juristas, GRAIN y la Asamblea Social Mundial de Luchas y Resistencias del FSM. 

La invitación a unirse a la Campaña permanece abierta, y se invita a sumar aquí la firma de su entidad: https://bit.ly/3vPzoLa .

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Fuente: Dialogo 2000