Barragem 14 de julho, localizada no Rio das Antas (RS), que se rompeu parcialmente em 2 de maio. Foto: Reprodução redes sociais
Apesar da existência estimada de mais de 2 mil barragens no Paraná, há pouca informação disponível sobre as condições da maioria delas e sobre se oferecem risco à população no atual período de crise climática. Com as chuvas e o impacto ambiental no Rio Grande do Sul, a preocupação aumenta entre parlamentares e movimentos sociais.
O deputado estadual Requião Filho (PT) propôs recentemente um Plano de Barragens, projeto hoje parado na Assembleia Legislativa do Paraná. O parlamentar havia alertado para a urgência do projeto e para a criação de um Departamento de Mapeamento de Riscos Geológicos.
O Paraná possui 2.541 reservatórios/barragens com lâminas d’água superiores a 10.000 m2 ou 1 hectare (há). Há uma diversidade de formatos, uma vez que podem ser barragens de irrigação, do setor elétrico, açudes, entre outros.
Do ponto de vista do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), as enchentes e a tragédia humanitária no Rio Grande do Sul amplificam o alerta para os riscos destas construções.
“O plano de segurança das barragens não é o mesmo das populações atingidas. Pessoas têm que saber sobre o tipo de procedimento fazer quando surge algum problema”, diz Robson Formica. Foto: Joka Madruga
“A enchente no Rio Grande do Sul mostra que não é verdadeiro o sentimento de que o setor elétrico é seguro e mineração sujeita a rupturas. No Rio Grande do Sul, a barragem do Rio das Antas rompeu, mostrando que nenhuma barragem é segura”, afirma Robson Formica, da direção estadual e nacional do movimento.
O dirigente afirma que é preciso enraizar o que hoje é um Plano de Segurança, no marco de um Plano Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecido pela Lei nº 12.334/2010, que tem o objetivo de garantir que padrões de segurança de barragens sejam seguidos, de forma a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências.
Já o Plano de Segurança da Barragem é um instrumento do PNSB de implantação obrigatória pelo empreendedor, cujo objetivo é auxiliá-lo na gestão da segurança da barragem.
Entretanto, Formica pondera: “O plano de segurança das barragens não é o mesmo das populações atingidas. Pessoas têm que saber sobre o tipo de procedimento e o que fazer quando surge algum problema”, aponta.
Formica cita como exemplo de risco o ocorrido em 2014, na hidrelétrica de Salto Caxias, no município de Capitão Leônidas Marques (PR), quando a água quase transpôs e as comportas foram abertas de forma repentina, impactando 40 famílias. “Os atingidos sofrem não só com o rompimento, mas também com as operações”, afirma.
A Copel, antiga estatal de energia, hoje privatizada, possui 62 usinas próprias (18 hidrelétricas, 1 térmica e 43 eólicas) e detém participação em outros 14 empreendimentos de geração de energia (1 térmica, 8 hidrelétricas, 4 parques eólicos e 1 solar), totalizando uma capacidade instalada de 6.966,6 MW ajustados a sua participação. A reportagem buscou entrar em contato com a companhia, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para informações.
Já o Instituto Água e Terra (IAT) é o órgão responsável pela fiscalização da segurança de barragens de usos múltiplos (exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico) no Paraná. O objetivo é proporcionar uma avaliação da segurança das barragens com redução de incidentes e acidentes. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa, mas até o fechamento da edição não recebeu resposta. O espaço segue aberto.
“Não tem nada estadual, então tudo que vier a acrescentar é importante, mas chamamos a atenção para a política nacional de barragens. Qual é a interface com a população atingida? Concretamente, as pessoas não sabem para onde ir se algo romper. Qual é o protocolo?”, pergunta Formica.
Foto: El hotel familiar tras el incendio. (Presentes)
En la noche del domingo 5 de mayo, Justo Fernando Barrientos, un inquilino de una pensión del barrio de Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires, abrió la puerta de la habitación contigua a la suya, donde dormían cuatro mujeres, y les arrojó un explosivo casero. “Cuando salieron de la habitación prendidas fuego, él les pegó y las empujó adentro al fuego de vuelta”, contaría a la Agencia Presentes uno de los testigos.
Pamela Cobas, madre de 52 años, falleció horas después debido a la gravedad de su estado. Su pareja Mercedes Roxana Figueroa, de la misma edad, fue internada con el 90 por ciento del cuerpo abrasado y aguantó con vida dos días más. Tras una semana de agonía, el domingo 12 también falleció Andrea Amarante, que presentaba quemaduras en el 75 por ciento de su organismo.
Solo queda viva Sofía Castro Riglos, de 49 años, que sigue internada con lesiones en el rostro y que declaró el miércoles ante el juez que investiga el homicidio agravado de las tres mujeres, Edmundo Rabbione, magistrado subrogante del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 14.
“Engendros”, “tortas” y “gorda sucia” eran los insultos que profería contra las víctimas el homicida, Barrientos, de 67 años, que fue hallado por la policía en uno de los baños de la pensión con una sierra con la que se había autolesionado.
Había muchas discusiones entre el feminicida y las mujeres, en especial con Pamela y Mercedes, que vivían desde hacía años en la pensión y habían acogido de manera temporal a sus amigas.
“Él ya las había amenazado una vez. Fue en la última Navidad”, recordó Diego Hernán Britez, un vendedor ambulante que también se alojaba en la posada, en diálogo con Presentes, un medio especializado en temas de género y diversidad sexual. “Dijo que las iba a matar a las dos y mirá lo que pasó ahora”.
El sigilo del Gobierno que preside Javier Milei sobre el triple crimen no ha sido una sorpresa. Sus iniciativas legislativas hablan por él
El caso de Andrea es aún más lacerante si se tiene en cuenta que fue sobreviviente de la masacre de Cromañón, una tragedia en la que murieron 194 personas a raíz de un incendio que se desató el 30 de diciembre de 2004 en una discoteca de Buenos Aires, durante un espectáculo de rock.
La mujer nunca fue incluida en el padrón de víctimas que en 2005 creó el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni fue reconocida en el programa de asistencia integral para los damnificados de la tragedia constituido dos años después. Estaba en situación de calle hasta que fue acogida por sus compañeras.
El gobierno de Milei calla sobre el lesbicidio
Con todos estos antecedentes, el caso pasó desapercibido en los medios de comunicación locales, como denunciaron varias organizaciones LGTBI+. Tuvo que morirse Andrea para que el triple lesbicidio empezara a causar cierto revuelo en los programas informativos.
El sigilo del Gobierno que preside Javier Milei sobre el triple crimen no ha sido una sorpresa. Sus iniciativas hablan por él: prohibió el lenguaje inclusivo en la administración pública, disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creado por su predecesor, Alberto Fernández (2019-2023), y desmanteló las políticas públicas impulsadas desde ese organismo.
Esta semana no le quedó más remedio que referirse al ataque de las cuatro mujeres. “A mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo”, planteó el lunes el portavoz del presidente, Manuel Adorni, ante la consulta de una periodista. “Me parece muy injusto solo hablar de este episodio, cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo”.
“Hay una autorización para que se desaten las expresiones más brutales de odio expreso contra las personas de la disidencia sexual y contra las feministas”, profundiza Dora Barrancos
No contento con sus declaraciones, el funcionario salió horas después a dar lecciones de gramática a una diputada de izquierda, Romina del Plá, que había cuestionado su intento de invisibilizar el crimen de odio de Barracas, al señalar que la palabra ‘lesbicidio’ no estaba registrada en el diccionario de la Real Academia Española, aunque la academia de la lengua reconocería después la validez de este neologismo.
Expresiones de odio de la extrema derecha argentina contra la comunidad LGTBIQ
“Lo que está habiendo es una autorización del discurso de odio desde la máxima magistratura, y de su grupo más íntimo de colaboradores y colaboradoras, en esta relación tan articulada que tienen planetariamente las extremas derechas”, apunta en una entrevista con El Salto la investigadora, socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos.
La novedad que presentan desde el comienzo de siglo las ultraderechas “es que han convertido en programática la lucha contra la ideología de género, la homofobia, la lesbofobia, o la transfobia”, razona quien fue asesora ad honorem en materia de género del expresidente Alberto Fernández.
“Antes estos espíritus reaccionarios actuaban de manera individual. Eran voces aturdidas, medio apagadas, y no tenían posibilidad de abrirse un cauce, dada también la enorme transformación sufrida por nuestra sociedad cultural, social y jurídicamente. Desde que ese magma ha devenido en poder, hay una autorización para que se desaten las expresiones más brutales de odio expreso contra las personas de la disidencia sexual y contra las feministas”, profundiza Barrancos.
Es una contradicción flagrante: el mismo Estado que Milei considera una organización criminal “es usado para que proliferen voces antagónicas a los derechos humanos fundamentales”, apunta la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cuyo directorio integró entre 2010 y 2019.
Cientos de personas se concentraron el viernes en la Plaza Congreso de Buenos Aires para reclamar que «fue un lesbicidio». Foto revista LaVaca.
Mientras Barrientos permanece detenido por el crimen de las tres mujeres, el juez debe determinar, una vez descartada su inimputabilidad, si aplica el agravante contemplado en el art. 80 del Código Penal, por el que los crímenes se considerarían agravados por odio al género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
“La gravedad es que si no tienen un cauce autorizante y legitimador, ese tipo de personalidades tan macabras y tan estereotipadamente patriarcales en sus convicciones y acciones violentas quedan en un cono de sombra, aunque no significa que no puedan actuar”, refiere Barrancos sobre el feminicida.
En 2023 se contabilizaron en Argentina 133 crímenes de odio en los que la orientación sexual o la expresión de género fueron utilizados de pretexto para los ataques. Este número es superior al de años precedentes, según constata el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, gestionado las Defensorías del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y de la Nación junto a la Federación Argentina LGBT.
Las estadísticas de 2024 recogerán el ataque en marzo a una militante de la agrupación de derechos humanos HIJOS (acrónimo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), Sabrina Bölke. La joven fue golpeada, torturada y abusada en su propia casa por dos individuos que amenazaron con matarla y escribieron en la pared de su habitación la sigla VLLC (Viva la libertad, carajo), la consigna con la que Milei cierra sus discursos.
El triple crimen de Barracas fue precedido por una cuestionada entrevista radial al biógrafo y amigo del presidente Nicolás Márquez, denunciado por violencia familiar y por abuso sexual a su propia hija —delito del que fue sobreseído— , que generó conmoción por el desparpajo con el que abundó en comentarios homofóbicos y discriminatorios.
“Estamos en una encrucijada frente a una disrupción severísima hasta del sentido común cotidiano, en una circunstancia que parece salida del esoterismo, en sus formas y en sus incoherencias lingüísticas”, reflexiona la historiadora. “Hay una malla ideológica alimentada por la intolerancia, lo que llamamos culturalmente fascismo, aunque no tiene todas las propiedades, por eso tenemos que inventar alguna categoría. Desde luego, no es liberal”.
Odio transnacional
Las corrientes de ultraderecha que desde el poder inoculan narrativas reaccionarias con las que se transmiten estereotipos negativos han tenido como principales ejemplos a Donald Trump (2017-2021) en Estados Unidos y Jair Bolsonaro (2019-2023) en Brasil.
En este último país, en 2019, salió a la luz la existencia de un “gabinete de odio” instalado en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia, donde un equipo de funcionarios públicos liderados por uno de los hijos del entonces presidente se encargaba de difundir noticias falsas en medios de comunicación y redes sociales.
Ya en plena campaña electoral de cara a los comicios que ganaría el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se sucedieron tres crímenes políticos.
En julio, un guardia municipal tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Marcelo Arruda, fue asesinado a tiros en su propia fiesta de cumpleaños por un agente penitenciario, Jorge José Guaranho, que irrumpió en la fiesta que se celebraba en Foz do Iguaçu —ciudad fronteriza con Argentina y Paraguay— al grito de “¡Aquí somos de Bolsonaro!”.
En septiembre, en la recta final de las elecciones, Rafael Silva de Oliveira, de 24 años, asesinó a puñaladas a un compañero de trabajo, Benedito Cardoso dos Santos, de 44, y luego intentó decapitarlo con un hacha en una zona rural del municipio de Confresa, en el estado de Mato Grosso (noreste).
A los pocos días, otro hombre de 39 años llamado Antonio Lima fue asesinado a puñaladas en un bar en el estado de Ceará (noreste) por identificarse como votante de Lula.
A la retórica negacionista, ensayada por Bolsonaro una y otra vez para desvincularse de estos crímenes, se suma la estigmatización de determinados colectivos. En su segunda carrera hacia la presidencia, Trump se refirió el mes pasado como “animales” y “no humanos” a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en su país.
Los riesgos de la violencia política en Estados Unidos se evidenciaron en enero de 2021 cuando manifestantes partidarios de Trump asaltaron el Capitolio estadounidense en el momento en que el Congreso estaba a punto de ratificar la victoria del entonces presidente electo Joe Biden.
Porvenir efímero
A sus 84 años, Barrancos cree que el aparente derrocamiento de lo público será pasajero, y que tiene hasta posibilidades de autofagocitarse, por ser demasiado delirante como para que perdure.
“Si hay algo que Argentina tiene son pasajes dolorosos tremendos y salidas airosas y revenidas en un sentido de recuperación de una idea que es transistórica, y es que la justicia social es un bien extraordinario”, asume.
Bajo su mirada, Milei tiene un delirio faraónico por el que ha cedido el Gobierno a los grupos concentrados de poder. Son estos tentáculos económicos los que alientan los dos grandes proyectos del Ejecutivo: un decreto de necesidad y urgencia que desregula amplios sectores de la economía, y la Ley Bases. Esta normativa, discutida ahora en el Senado, da pie a la privatización de empresas públicas, delega en el presidente facultades legislativas y promueve un cuestionado régimen de inversiones para las grandes empresas, además de incluir una regresiva reforma laboral e impositiva.
La historiadora observa indicios de que la sociedad está cada vez más crispada, como demuestran las dos huelgas generales que ha enfrentado la actual gestión en sus cinco meses de mandato y la gran movilización que hubo en abril en defensa de la universidad pública, la marcha más multitudinaria que hubo en los últimos años.
“Milei hace que gobierna, pero en realidad reina en una situación distópica, exacerbadamente mesiánica. Hay que decirle que está desnudo. Eppur si muove. Está moviendose y las aguas estarán cada vez más agitadas en la medida en que se quiera avanzar con estos dislates”, concluye Barrancos.
Asambleas de identidades lesbianas y feministas de todo el país se movilizan este viernes, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, para visibilizar el crimen de odio de Barracas. La convocatoria se ha extendido a las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia, en una señal de que el clamor de justicia por el ataque a las cuatro mujeres argentinas ha traspasado fronteras.
Este material se comparte con autorización de El Salto
Atividade é organizada por movimentos e organizações sociais que lutam pelo direito à vida e à terra no Rio e no Sul global, visando mobilizar e se solidarizar ao povo palestino
Por Redação – Festival Palestina Terra Livre*
Neste sábado, 18 de maio, das 14h às 20h, se realiza o Festival Palestina Terra Livre no Espaço do Raízes do Brasil, do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), em Santa Teresa, no Rio de Janeiro (RJ). A atividade é organizada por diversos movimentos e organizações sociais que lutam pelo direito à vida e à terra no Rio e no Sul global. O objetivo é mobilizar e se solidarizar ao povo palestino, que desde o 7 de outubro vem sofrendo com genocídio em Gaza.
A tarde cultural tem comidas e bebidas típicas palestinas, exposição de fotos, vídeos sobre a história e cultura palestina. A programação do momento cultural tem confirmada as presenças de:
– Rainha do verso: pseudônimo de Rejane Barcelos, 35 anos, estudante de Letras pela UFRJ, atriz, performer, escritora, poeta e slammer. Publicou a antologia “Brutas Flores”. Atualmente organiza o Slam Maré Cheia. É moradora da Maré e na favela retira os elementos da construção de sua obra. – MAJ: ela é poeta, cantora e compositora. Expressa na sua arte todos os atravessamentos de sua vivência como filha de palestino e mulher brasileira latina. – Amnah Asad: multi artista, atriz, pesquisadora e criativa, também brasileira filha de palestino. Participará do show com performances. – Yousef Saif: músico palestino especializado no instrumento Buzuk, faz parte da Orquestra Mundana Refugi.
Ao longo da tarde, o microfone fica aberto para intervenções de parlamentares, lideranças e organizações que queiram se solidarizar com a causa palestina, e para leitura de carta pública reivindicando que o Brasil possa romper relações comerciais com o Estado Israelense.
Recentemente, saiu a notícia de que a Força Aérea Brasileira (FAB) vai pagar R$ 86 milhões, em contrato firmado por licitação, para prestação de serviços por demanda de suporte logístico ao sistema de aviões ofertado pela empresa israelense Israel Aerospace Industries LTD que cuidará da manutenção de duas aeronaves remotamente pilotadas modelo Heron-I.
“É preciso amplificar as vozes dos movimentos sociais que denunciam os genocídios da população negra e indígena no nosso país, promovidas por tecnologias desenvolvidas por esse mercado da morte que são testadas em Gaza e na Cisjordânia, vendidas em grande escala para diversos países, como o Brasil”, pontuam as entidades que promovem o evento.
O festival é organizado pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, Raízes do Brasil, Julho Negro, Instituto Pacs, Rede Jubileu Sul Brasil, Comitê de Solidariedade à Cuba, Juventude Sanaud, Árabes e Judeus pela Paz, Grupo Tortura Nunca Mais e Iniciativa Direito Memória e Justiça Racial.
Serviço: Festival Palestina Terra Livre Data: 18 de maio de 2024 (sábado) Horário: Das 14h às 20h Local: Raízes do Brasil Rua Áurea, 80 – Santa Teresa – Rio de Janeiro/RJ
Este foro se realizó el viernes 16 de mayo de 2024, en la ciudad de Quito y fue convocado en el marco de los resultados de la reciente consulta popular, en la que los ciudadanos ecuatorianos rechazaron categóricamente las preguntas D y E con más del 65% de los votos en contra.
La decisión del pueblo ecuatoriano envía un mensaje claro al gobierno y al Estado: no deben someterse a los arbitrajes internacionales. A partir de ahora, es esencial que cualquier contrato, convenio o tratado que se firme no incluya cláusulas arbitrales. Estas cláusulas solo benefician a las corporaciones extranjeras, como Chevron (antes Texaco), que durante más de 30 años ha explotado la Amazonía, dejando un legado de contaminación y enfermedades, especialmente cáncer, entre los habitantes de la región.
El rechazo a los arbitrajes internacionales no es solo una victoria simbólica; es una declaración firme de la soberanía de Ecuador y un llamado a proteger sus recursos naturales y a sus ciudadanos de los abusos corporativos. La lucha contra las prácticas explotadoras de empresas como Chevron continúa, y es fundamental que el gobierno escuche y respete el mandato del pueblo, evitando incluir cláusulas arbitrales en futuros acuerdos.
De esta manera, varias organizaciones sociales como FIAN-Ecuador, Alianza por los Derechos Humanos, UDAPT, Acción Ecológica, CEOSL y CDES, sientan las bases para futuras acciones y estrategias que aseguren que las decisiones del pueblo sean respetadas y que se proteja el bienestar de todos los ecuatorianos.
