Hace unas semanas se realizó la COP3 del Acuerdo de Escazú. En el evento se aprobó el Plan de Acción que busca fortalecer la protección de los defensores ambientales. Los asesinatos, las amenazas, el hostigamiento y otras agresiones en contra de las personas defensoras no han cesado en Latinoamérica.
Compartimos 6 lecturas sobre lo qué está pasando en Perú, Ecuador, México, Colombia y Bolivia.
Representantes de pueblos indígenas de diversas partes de la región llegaron a la conferencia para presentar sus propuestas. Foto: cortesía Cepal
Durante la COP3 del Acuerdo de Escazú se aprobó el Plan de Acción que busca fortalecer la protección de defensores ambientales. Sin embargo, la petición de incluir a las comunidades indígenas en la toma de decisiones del tratado quedó pendiente. Lee más aquí
Dariquebe también era parte de la junta directiva de la comunidad Queros en Cusco. Foto: Archivo familiar de Victorio Dariquebe.
En abril, Victorio Dariquebe Gerawairey, líder indígena harakbut y guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri desde hace diez años, fue asesinado ril en Madre de Dios, una zona históricamente impactada por la minería ilegal en Perú. Lee más aquí
Dos indígenas chachi fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas. No hubo levantamiento oficial de los cuerpos y ni siquiera se abrió una investigación en la Fiscalía de Ecuador. Foto: cortesía pueblo indígena chachi.
En medio del estado de excepción que vive Ecuador por altos índices de inseguridad y violencia, dos líderes de la nacionalidad indígena Chachi fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas. La violencia y el conflicto se apoderan de esta zona. Lee más aquí
Mujeres que resisten: el arduo camino para defender el ambiente y el territorio en la Amazonía de Colombia
En #DefensorasEnRiesgo documentamos las historias de cuatro defensoras del ambiente y el territorio en Colombia. Por oponerse a la minería ilegal, la deforestación y a empresas petroleras viven amenazadas de muerte o han tenido que dejar sus casas. Lee más aquí
Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla. Foto: Cortesía Centro Prodh
Informe del CEMDA señala que en 2023 se registraron 123 casos de violencia en contra de las personas defensoras de México. Las agresiones más comunes son amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento y homicidio. Lee más aquí
El avance de la minería legal e ilegal en los ríos de Bolivia preocupa a científicos y organizaciones indígenas y ambientales. Foto: Miguel Roca.
Los guardaparques de las áreas naturales Madidi y Cotapata, en Bolivia, denuncian que han recibido amenazas por parte de mineros. Cuestionan que el Estado no esté haciendo lo suficiente para protegerlos. Esta es la situación. Lee más aquí
Imagen principal: Familiares de los siete yaquis que fueron desaparecidos en Sonora en 2021 realizaron varios actos para reclamar la aparición con vida de su gente. Foto: Cortesía Nación Yoreme.
Integrante de la Asociación Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala, (ACONAPAMG) Margarita Valenzuela nos comparte sobre la historia de la organización, sus fundamentos, prioridades y apuestas en un contexto tan complejo, en donde la lucha por el acceso a la vivienda digna, a los espacios seguros, es parte de las luchas que desde el campo popular, se tejen en Guatemala.
Sergio Rodriquez fue esencial en el asesinato de Berta Cáceres, ya que recababa información y la trasladaba a Douglas Bustillo, quien organizaba con Mariano Díaz la ejecución. Su información y vigilancia representó un requisito indispensable para la logística del crimen.
El 29 de noviembre de 2018, la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró culpable a Sergio Rodríguez como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, hasta el día de hoy, su sentencia no ha sido confirmada. ¿Cuáles son las pruebas que evidencian su culpabilidad?
Informes al Grupo de WhatsApp “Seguridad PHAZ”
Sergio Rodríguez, quien se desempeñaba como gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, jugó un papel crucial en la vigilancia y persecución de Berta Cáceres. Mantenía informado al grupo “Seguridad PHAZ” (Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca) integrado por Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Roberto David Castillo, Daniel Atala, y otros empleados de DESA sobre las acciones de protesta del COPINH y los movimientos de Berta Cáceres. Fue Rodríguez quien proporcionó la información que identificó a Berta como objetivo de la empresa, información que posteriormente condujo a su asesinato.
No solo informaba al grupo “Seguridad PHAZ” sino que también mantenía comunicación directa con David Castillo, informándole sobre los movimientos de Berta y asegurando una estrecha vigilancia sobre ella. Esta colaboración con Castillo demuestra una coordinación constante y precisa en el seguimiento de Berta Cáceres.
Contacto con Douglas Bustillo
El 2 de marzo de 2016, Rodríguez se puso en contacto con Douglas Bustillo, quien aunque ya no trabajaba en DESA, había dirigido el asesinato de Berta Cáceres. Este contacto refuerza la implicación directa de Rodríguez en la ejecución del crimen. Además, Rodríguez también se comunicó con David Castillo, reiterando su involucramiento en la planificación y ejecución del asesinato.
Información sobre el Asesinato y la Investigación
Tras el asesinato de Berta Cáceres, Rodríguez continuó informando al grupo “Seguridad PHAZ” y recibía detalles de la Policía Nacional sobre las investigaciones del caso. Este flujo de información evidencia cómo Rodríguez y otros implicados intentaron manipular y controlar la narrativa alrededor del crimen.
Comunicación con Daniel Atala
Días después del asesinato, Daniel Atala escribió a Rodríguez diciéndole que no se preocupara, minimizando el crimen al catalogarlo como un “lío de faldas”. Esta comunicación refleja un intento de desvirtuar la gravedad del asesinato de Berta Cáceres y proteger a los implicados.
Veredicto Judicial
El 29 de noviembre de 2018, la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró culpable a Sergio Rodríguez como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, hasta el día de hoy, su sentencia no ha sido confirmada.
Es hora de que la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco, confirmen las sentencias ya emitida contra los seis hombres responsables de la autoría material del asesinato de Berta Cáceres, así como las sentencias de Sergio Rodríguez y David Castillo como coautores del crimen.
El COPINH exige justicia completa y la confirmación de todas las sentencias para asegurar que los responsables del asesinato de Berta Cáceres enfrenten las consecuencias de sus acciones. ¡Para Berta toda la verdad y toda la justicia!
“É preciso uma política pública que ampare pessoas afetadas por eventos climáticos extremos. Com essa preocupação, diversas organizações e movimentos sociais estão propondo uma legislação chamada ‘auxílio calamidade climática”.
Por Rosilene Wansetto*
O estado do Rio Grande do Sul está localizado em um importante corredor geomorfológico por sua localização geográfica. Está dividido por 497 municípios, destes 467 foram atingidos pelas fortes chuvas e enchentes, segundo dados da Defesa Civil do Estado [1]. A população é de 11 milhões de habitantes, sendo que 2,3 milhões de pessoas foram atingidas e destas aproximadamente 581 mil desabrigadas, 72 mil pessoas resgatadas e em abrigos, 161 mortes e 85 desaparecidos (dados em constante atualização).
A região do Estado do Rio Grande do Sul abriga o bioma Pampa, tão importante para o clima e para a sustentabilidade. Bioma muito afetado pelas mudanças climáticas antes mesmo das enchentes e pelas mudanças na legislação ambiental. Outro elemento para conhecer mais a região do RS tem a ver com a formação geográfica e sua topografia, com planaltos e planícies que favorecem o escoamento da água das chuvas para os rios da região: Jacuí, Sinos e Taquari, os quais deságuam no Guaíba e na Lagoa dos Patos, antes de alcançar o mar.
A região dos Pampas, mas não só, tem sofrido nestes últimos anos um retrocesso na legislação ambiental patrocinada por legislações estaduais e federais que facilitam a deflorestação das margens dos rios, assim como a destruição da mata ciliar. Ambos os importantes na proteção dos rios e servem como contenção das encostas quando de chuvas intensas, como as ocorridas desde o final de abril no RS. Essa mudança da legislação favoreceu o desmatamento para a criação de gado de corte, a expansão do agronegócio da soja, para exportação, e a plantação de eucalipto.
As consequências dessa política estatal equivocada e de desmonte da legislação ambiental, aliado ao abandono e falta de manutenção dos diques e casa de bombas essencial para a proteção de enchentes na região metropolitana, assim como o abandono das periferias das cidades, têm contribuído para o atual quadro de calamidade que acomete o estado do RS. Vale ressaltar que as mudanças climáticas e o seu enfrentamento se faz necessário a partir de mudanças no modelo de desenvolvimento e um planejamento a curto, médio e longo prazo com a adaptação das cidades às mudanças que vêm para ficar. O que vimos no RS já presenciamos em outras regiões do país, como Nova Friburgo e Petrópolis, no Rio de Janeiro; na Bahia; em São Sebastião, São Paulo; ou no Amazonas, em proporções diferentes. Ou seja, as situações de calamidade podem ser diferentes em cada região, mas em todas elas precisamos de um plano de enfrentamento que privilegie as comunidades em situação de vulnerabilidade, o que nos indica a necessidade do enfrentamento do racismo ambiental, fortemente alinhado com o modelo como nossas cidades são construídas, privilegiando a especulação imobiliária e o mercado.
Plano de enfrentamento às mudanças climáticas – A capital gaúcha, Porto Alegre, e a região metropolitana, assim como as cinco ilhas atingidas pelas inundações do rio Guaíba, e as cidades do Vale do Taquari – que foram totalmente destruídas como Roca Sales e Muçum – não tinham nenhum plano de adaptação, nem mesmo diretrizes de enfrentamento às mudanças climáticas, mesmo que neste último ano tenham sido atingidas pela terceira vez com chuvas e enchentes. Desde as primeiras enchentes não se avançou em um sistema de proteção. Há cidades que, segundo estudos, não há nenhuma condição de serem erguidas no mesmo local, devem ser totalmente alocadas para outras áreas por segurança. Na situação dessas cidades é visível o descaso do poder público e o negacionismo aos alertas emitidos.
Faz necessário sublinhar que toda essa catástrofe climática tem efeitos advindos da natureza, porém a culpa ou a responsabilidade sobre toda essa situação de calamidade reside na ausência de políticas públicas que atendam a população, que vive nas áreas de maior vulnerabilidade, e de um sistema de proteção ambiental eficiente. Não é possível seguir negando que as mudanças climáticas estão em curso, as consequências e causas estão sendo sentidas e batem de forma mais forte nas pessoas que vivem em áreas de risco, encostas e nas margens dos rios.
Esse modelo de desenvolvimento capitalista é responsável, em parte, pelo que está sendo vivenciado por mais de 2,3 milhões de pessoas hoje no RS e que pode ser o futuro de outros milhões de pessoas se algo não for feito. Basta de falsas soluções e negacionismo. A prioridade no momento é salvar vidas, dar condições para que as pessoas possam voltar para suas casas, sem dúvida. É necessário pensar em soluções para que isso não venha mais a ocorrer, com planejamento e planos de adaptação como política pública.
Pessoas afetadas – Quando essas situações de calamidade ocorrem a população mais afetada é a que vive em áreas periféricas, em moradias precárias, comunidades indígenas, quilombolas, mulheres, crianças e idosos. Ressaltamos que a população do RS tem um alto índice de pessoas idosas – segundo dados do IBGE de 2022[2], o RS tinha 2.193.416 pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 20,15% da população brasileira, em comparação. De modo geral, segundo dados da Defesa Civil, quase 80% da população do RS é atingida levando em conta que apenas 10% dos municípios não foram afetados, considerando os que decretaram estado de calamidade ou situação de emergência.
A solidariedade ativa do povo para com o povo é imensurável, com diversas campanhas que se multiplicam no país e internacionalmente. É o povo pelo povo, desde os voluntários salvando e resgatando vidas, assim como pessoas nos abrigos, nas cozinhas solidárias, populares, preparando os alimentos, pessoas organizando os abrigos – estas mesmas que perderam suas casas e estão se voluntariando, encontrando forças onde ninguém mais consegue ver esperança. E vemos mutirões acontecendo de limpeza e reconstrução em muitos locais.
Como reconstruir – A reconstrução perpassa por diversas áreas: moradias adequadas fora das áreas de risco, cidades que serão totalmente reconstruídas em outra zona, assim como escolas, unidades de saúde e toda a infraestrutura de água, esgoto, saneamento básico. Há diversas medidas dos governos federal, estadual e dos municípios para buscar soluções. A União suspendeu a dívida do estado do RS por 3 anos sem a cobrança de juros neste período, uma economia de R$ 23 bilhões. Espera-se que este recurso seja revertido de fato na reconstrução. O governo federal destinou um volume de recursos de R$ 60,7 bilhões ao Rio Grande do Sul. Desse total, R$ 46,2 bilhões configuram-se em novos recursos, destinados a uma série de finalidades, como o programa emergencial de acesso a crédito; ações de Defesa Civil; acréscimo de parcelas do Seguro-desemprego; intervenções emergenciais e reconstrução de rodovias; além de medidas voltadas à área da saúde e educação. Outros R$ 14,5 bilhões referem-se à antecipação de benefícios como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada; antecipação de restituição do Imposto de Renda; antecipação de benefícios previdenciários e prorrogação na cobrança de tributos, entre outros.”[3]. O banco dos Brics destinou R$ 5,7 bilhões. O volume arrecadado pelo Pix do SOS Rio Grande dos Sul alcançou um valor de R$ 100 milhões [4]. Os recursos, segundo dados publicados, estão sendo aplicados para atender as pessoas e resolver o problema urgente com alimentação, água e dar as condições de infraestrutura de rodovias para o acesso de ajuda solidária, inclusive com medicamentos.
Contudo, toda esta situação no RS está intrinsicamente vinculada ao processo de financeirização da natureza, ao desmatamento e à venda de crédito de carbono, modelo defendido e apresentado desde as Conferências do Clima como solução para as mudanças climáticas, o que se demonstra como falsas soluções para conter as mudanças em curso.
Plano de adaptação – Medidas importantes e necessárias para reconstruir as zonas de proteção ambiental nas encostas, a redução de áreas da pecuária e agronegócio para uma produção sustentável e em harmonia com o ecossistema, desenvolver um plano de adaptação que priorize a vida humana e a natureza, com diretrizes que tenham como base a adaptação e a resiliência do clima no país, pois não podemos tratar somente o caso do RS, precisamos de base legal para um plano para o Brasil. Esses planos são fundamentais para construir cidades para as pessoas e não para o mercado imobiliário, infraestruturas que resistam aos efeitos das tempestades ou secas extremas, tendo como base primeira a preservação da vida.
E deste modo, com planejamento adequado de moradia, esgoto, saneamento, energia elétrica, estradas, sistema de saúde e de educação, enfim, um plano de adaptação não somente para conter alagamentos, mas uma mudança profunda no modo como pensamos hoje e de como historicamente a vida urbana foi alicerçada no cimento e no concreto cinzento dos edifícios. Temos exemplos e técnicas de cidades esponja, como na China. E para as pessoas se faz necessário uma legislação de apoio em situação de calamidade, é preciso uma política pública que ampare pessoas afetadas por eventos climáticos extremos. Com essa preocupação, diversas organizações e movimentos sociais estão propondo uma legislação chamada “auxílio calamidade climática[5]”.
A hora é agora, basta de falsas soluções para o clima.
La vida urbana, el arbolado y la producción de alimentos son algunos de los ejes para pensar el futuro, en un contexto de crisis climática y extractivismo urbano. Preguntas y respuestas para planificar las ciudades, atenuar los eventos climáticos extremos y mejorar la calidad de vida.
Quienes gobiernan las ciudades se niegan a discutir la crisis climática. Me refiero a discutir de verdad, a largo plazo, no al maquillaje para mostrar gestión urbana en Instagram. Mirando diez años hacia adelante, planteo algunas preguntas.
¿Cómo vamos a pensar la infraestructura verde de nuestras ciudades? ¿Cómo vamos a sostener la producción de alimentos frescos en los periurbanos? ¿Pueden las ciudades seguir gastando recursos sin mejorar las redes de drenaje (que tienen cien años o más)? ¿Cuánto tiempo más podemos retrasar la urbanización de barrios populares y la construcción de viviendas dignas? ¿Cómo aguantar las temperaturas extremas bajo techos de chapa, sin sombra ni acceso a los servicios ni al transporte?
Podría seguir con muchas otras cosas y seguro me responderán que «hay urgencias». La crisis climática es una urgencia: la «triple Niña» nos debería haber dejado muchísimas preguntas (además de la falta de dólares) y disparar mucho trabajo. Pero no. Sólo vemos maquillaje.
Foto: Nicolas Pousthomis
Plazas secas para la seca
El arbolado de las ciudades está compuesto en un 90 por ciento por especies exóticas de climas templados. Son especies norteamericanas o europeas, aclimatadas a zonas más frías. Por ejemplo: el plátano, que es un híbrido europeo; el tilo, que es un híbrido estadounidense; los acer, que también son un género de Estados Unidos. Hay otras novedades más recientes, como el liquidámbar o el tulipero de Virginia, que también provienen de climas menos calurosos.
Hoy se eligen las mismas especies de arbolado que hace cien años. Incluso especies que se consideran nativas (de Buenos Aires o Rosario) aunque no lo son, como el lapacho, la tipa o el jacarandá. Estas últimas, si bien son de climas más tropicales, pertenecen a una selección que se hizo con otros objetivos y con otro clima. La infraestructura verde se ve más como algo estético que funcional.
Pero con temperaturas ya chaqueñas durante nuestros veranos sería mejor elegir árboles que toleren la sequía, situación que se da cada vez más y con períodos más extensos. Sería mejor probar con vegetación que provenga de la región chaqueña, en lugar de la que es propia de climas templados o de selvas. Hay que tratar de usar la «caja de herramientas» del arbolado nativo, que tiene muchas especies adaptadas a altas temperaturas y a la falta de disponibilidad de agua. Y ver de esas especies cuáles son las que pueden comportarse correctamente en una vereda.
Para el cambio del arbolado hay que trabajar mucho en ensayos y pruebas, porque lo que uno considera potable en los libros o en el monte, no necesariamente tiene que funcionar en una calle. Lo positivo: la infraestructura verde no requiere de un gran presupuesto para poder implementarse.
Hay que recordar que poner más arbolado en los parques reduce el gasto de mantenimiento del parquizado. Hacer jardines en los parques con vegetación nativa implica una reducción del gasto en bordeadoras o en agua para riego. Un vivero con diez o quince personas, reorganizando los recursos humanos de las áreas de parques y paseos, alcanza para la cantidad de árboles a plantar en una ciudad por año.
Por otro lado, ¿podremos seguir teniendo calles céntricas sin verde y con alto tráfico de autos? ¿Podremos seguir teniendo “plazas secas” en sectores densamente urbanizados?
El concepto de plaza seca en sí es preocupante. Es una alternativa propia de las ciudades europeas, donde hay otras temperaturas. Pero, ¿quién puede aguantar la temperatura del cemento y del hormigón cuando se calienta?
Los planes de acción climática muchas veces quedan en documentos lindos, pero ninguna ciudad argentina está trabajando en el recambio de su arbolado. Siguen plantando lo que tienen en los viveros privados (a los que les compran árboles).
Foto: Nicolas Pousthomis
Las ciudades se extienden y asfixian al periurbano hortícola
Otro aspecto a discutir es la producción de los alimentos que se consumen en las ciudades. En los últimos años se ha vuelto muy difícil por las condiciones ambientales. En febrero de 2023 tuvimos —en un mismo mes— sequía, ola de calor y heladas tempraneras. Y se suma la cuestión generacional: hoy los pibes rara vez quieren ser huerteros o quieren ser trabajadores rurales en un pequeño campo. En el caso de Rosario, hay familias históricas que hacen huertas y conozco a productores cuyos hijos ya no siguen en el rubro.
Si es difícil producir vegetales hoy en cualquier contexto (en un vivero, en una huerta o en el campo), ¿cómo será dentro de diez años, cuando la temperatura del planeta sea otra, cuando la furia de los eventos climáticos sea otra? ¿Cómo produciremos alimentos de acá a diez años en los periurbanos, cuando siga avanzando la presión inmobiliaria sobre la tierra?
Los terrenos en los que se cultivan las frutas y verduras se ubican en los alrededores de las ciudades, donde existen presiones de las urbanizaciones y de las industrias. Todo esto hace más difícil acceder a la tierra para producir alimentos. Y ese es un problema, porque cada vez se aleja más la producción a zonas donde está más expuesta a la competencia con el suelo agrícola. Al alejarse, además, se le agrega un costo mayor de flete a los alimentos frescos que consumimos todos los días.
Por si fuera poco, la horticultura termina siendo expulsada a tierras marginales y conviviendo con basurales clandestinos. No es menor: las verduras terminan contaminadas con toxinas de la basura quemada.
Ante la crisis climática: ¿Cómo vamos a sostener las huertas que hoy se hacen de manera muy artesanal, extensiva, con invernaderos de baja tecnología? ¿Cómo vamos a conservar los suelos que producen gran parte de lo que consumimos diariamente frente al avance de las urbanizaciones y la disputa por el suelo industrial? ¿Cómo los cuidaremos frente a la sobrecarga de las cuencas hídricas que atraviesan nuestros conurbanos?
La mayoría de la verdura de hoja se hace a campo, expuesta al sol, a la lluvia, a la piedra, a la sequía, a la inundación. Los alimentos se cultivan de una forma en la que está todo muy atado con alambre y que es sensible a las presiones sociales y climáticas. Se vuelve necesario, entonces, cuidar y apoyar a ese sector para que se adapte, para que haga cortinas forestales, para que los invernaderos sean de mayor calidad y tecnología, para que empiecen a usar insumos biológicos, a compostar a gran escala, para que pueda cosechar agua de lluvia y no dependa de agua de napa (que es agua dura o está contaminada). Y, sobre todo, hacerlos partícipes de esta discusión: convocarlos para protegerlos de las presiones que hace la ciudad sobre ese suelo.
Foto: Nicolas Pousthomis
Bajo el pavimento, el agua
Cada vez se producen más inundaciones en los barrios urbanos. En buena medida es porque las ciudades no tienen un óptimo drenaje. Las redes de cañerías son centenarias y no fueron pensadas para ámbitos densamente poblados, con edificios por todos lados y con el suelo impermeabilizado. Además, ciudades como Rosario, La Plata o Buenos Aires están asentadas sobre cuencas de arroyos. Pese a que están entubados, el agua tiende a ir hacia esos lugares.
¿Cuánto más podemos retrasar, entonces, el traslado de miles de personas que viven sobre cuencas que indefectiblemente van a sobrecargarse los próximos años (debido a los cambios de uso de suelo y a la mayor violencia de las precipitaciones)?
Hace un tiempo, la cuenca del Arroyo Ludueña, en Rosario, era una zona de pastizal salino con humedales. Hoy avanzan, en una parte, urbanizaciones para barrios de clase media-alta y, en otro, viven muchas familias que están en una situación vulnerable, expuestas a las inundaciones y conviviendo con basurales clandestinos. Cada vez que hay mucha lluvia, sobrevienen las inundaciones en esos barrios. Y cuando el suelo se termine de impermeabilizar y esos barrios estén completamente habitados, los problemas van a seguir.
En La Plata, sobre las cuencas que cruzan las zonas de las huertas (aguas arriba) también hay barrios privados que modifican el uso del suelo y tiran sus excedentes a otros sectores densamente urbanizados. En la última lluvia fuerte en la zona, en agosto pasado, las familias productoras del cordón hortícola platense perdieron sus cultivos.
Mover a familias desde un arroyo o reemplazar o mejorar las redes de drenaje de las ciudades, que son cañerías que están enterradas hace cien años, tiene un costo millonario. Sin embargo, en Rosario —y en otras ciudades— se invierte muchísimo en repavimentación o en arreglo de veredas y no se trabaja sobre las redes de drenaje. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, que tiene otro presupuesto, las obras de drenaje sí se hacen. Pero en el resto de las ciudades no. Se trabaja en tener ciudades lindas arriba, en las veredas y en el pavimento, y se trabaja poco en la adaptación al cambio climático con respecto a la lluvia.
El costo de no hacer nada, cuando hablamos de prevenir desastres naturales, termina siendo mayor y peor (porque se trabaja sobre la emergencia y sin planificación). Las inundaciones de Santa Fe y La Plata lo demuestran.
Ojalá no sigamos en la pavada de tener discusiones acaloradas en los concejos deliberantes por ver si se abre algún bar o no y discutamos cómo conservar nuestras ciudades vivibles. La adaptación urbana al cambio climático es cada vez más necesaria.
