Alrededor de 3 millones de peruanas y peruanos no tienen acceso a agua potable! (1)
Perú, siendo el octavo país con mayor volumen de agua dulce en el mundo y el tercero en América Latina, exhibe una distribución desigual en todo su territorio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el 97 por ciento del agua dulce disponible se concentra en la Región Hidrográfica Amazónica, habitada por menos de un tercio de la población peruana. En contraste, la Región Hidrográfica del Pacífico, donde reside el 65 por ciento de la población y se desarrollan las principales actividades económicas, apenas genera el 1,77 por ciento del agua dulce del país. (2)
Este desequilibrio se acentúa en Lima, situada en la Región Hidrográfica del Pacífico, donde el agua escasea. El crecimiento poblacional ha exacerbado la situación, con un aumento de poco más del 50 por ciento en los últimos 25 años, según cifras del INEI y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En 2018, el consumo de agua per cápita en Lima alcanzó los 163 litros al día, superando ampliamente los 100 litros diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. (3)
Por otro lado, las mujeres son protagonistas de un desafío crítico en relación al acceso al agua. En muchas comunidades rurales y marginadas, donde no llega el agua, son las encargadas principales de la recolección y gestión, una responsabilidad que conlleva múltiples implicaciones en su vida diaria. Esta carga adicional no solo impacta en su salud y bienestar, sino que también puede limitar su acceso a oportunidades educativas y actividades productivas. Además, la falta de acceso a agua limpia y segura aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a enfermedades y afecta de manera significativa su salud reproductiva.
Fomentar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones no solo es un imperativo de justicia, sino también una estrategia para aprovechar su compromiso, conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad en su conjunto. (4)
Entre los desafíos más urgentes que el Perú enfrenta y que representan un alarmante escenario de vulnerabilidad hídrica destacan: la destrucción de acuíferos, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la minería a gran escala. Además, las graves consecuencias de esta actividad impactan negativamente en la regulación de los caudales fluviales. La desaparición de los glaciares aumenta la vulnerabilidad de la población que reside en la franja costera del Pacífico. Esto se traduce en mayores riesgos de sequía e inundación para las comunidades. (5)
Sumándose a estos desafíos, emerge la dramática realidad de contaminación que, según datos del Ministerio de Salud, impacta más del 31% de la población, es decir más de 10 millones de peruanas y peruanos enfrentan diariamente el riesgo de contaminación por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas. (6)
Las fuentes de contaminación provienen tanto de operaciones mineras legales e ilegales en activo, como de derrames de petróleo frecuentes, entre otras fuentes contaminantes. Además, se suma la presencia de 7,668 pasivos ambientales mineros y 3,231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Esta situación representa un proceso de envenenamiento sistemático que afecta a una gran parte de la población, especialmente a las comunidades campesinas e indígenas. Todo esto ocurre mientras el cambio climático plantea un futuro hidrológico preocupante para el país. (7)
Desde un punto de vista de los derechos humanos, la criminalización de quienes reclaman sus derechos al agua potable y saneamiento es sumamente alarmante. Según los datos recolectados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, además de los casos de represión violenta de protestas pacíficas y de asesinatos de líderes comunitarios, un alto número de testimonios enfrentan cientos de procedimientos judiciales por haber denunciado abusos e irregularidades o haber participado en protestas pacíficas. (8)
Piura en defensa del agua y la vida
Una de las regiones que está sufriendo mayormente la creciente vulnerabilidad climática que está afectando el país es Piura. En particular, se trata de una de las zonas donde las concesiones mineras se han incrementado y la falta de medidas legales para proteger sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina están poniendo en grave peligro los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas.
Las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), junto con las poblaciones en Piura, se enfrentan a tres problemas principales debido al conflicto relacionado con el proyecto minero Río Blanco.
En primer lugar, el ingreso ilegal de la minera Río Blanco de capitales chinos (anteriormente conocida como empresa Majaz) en los territorios de las comunidades afecta sus derechos individuales y colectivos. La empresa minera nunca ha obtenido la autorización de las comunidades para acceder a los territorios comunales, como lo exige la Ley General de Comunidades Campesinas (n. 24656), la Ley de Tierras (n. 26505) y la Constitución Política del Perú.
En segundo lugar, la presencia del proyecto minero Río Blanco en la zona afectaría los páramos y bosques de neblina en el corredor biológico entre Ecuador y Perú, así como el área de extensión del Santuario Tabaconas Namballe. Esto pondría en serio riesgo de daño ambiental las aguas superficiales y subterráneas, afectando la calidad y disponibilidad del agua para el consumo humano y la economía agraria.
Finalmente, la realización del proyecto implicaría un aumento significativo de la actividad minera en la región, con la concesión de nuevas áreas para su exploración y explotación. Esto tendría repercusiones adversas no solo en nuestros ecosistemas y en las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, sino también en toda la región de Piura.
Los páramos y bosques de neblina juegan un papel vital como reservorios de agua para la formación de las cuencas del río Quiroz en Piura y del río Chinchipe en Cajamarca. Estos frágiles ecosistemas de montaña tienen la capacidad de abastecer de agua a las cuencas más bajas y se sitúan en una región conocida como «deflexión Huancabamba», caracterizada por su biodiversidad endémica y primordial de gran valor.
El área en riesgo abarca una extensión de 3,894 km2 e incluye los distritos El Carmen de la Frontera, Ayabaca, Pacaipampa en Piura, y Namballe en San Ignacio, Cajamarca. Dado que el proyecto minero se desarrollaría en un entorno de páramos y bosques de neblina, sus efectos negativos no se limitarían a la contaminación, al uso del agua subterránea, al desmonte y la pérdida de cobertura vegetal ocasionada por más de 50 millones de toneladas de desechos y residuos anuales. También se vería afectada la disponibilidad de agua para la agricultura y la subsistencia de las poblaciones en Ayabaca, Huancabamba, el valle de San Lorenzo y el valle del río Chira.
El polvo, las vibraciones y el ruido generados por las detonaciones o explosiones en la mina afectan los ecosistemas forestales y la biodiversidad de especies endémicas, provocando la huida irreversible de la fauna. Incluso se plantea la posibilidad de que el depósito de relaves pueda colapsar, dada la naturaleza del suelo y la influencia de las precipitaciones.
Además, Majaz S.A. (1999-2007) y Río Blanco Copper S.A. (2007-actualidad) han sido responsables de violaciones a los derechos humanos de trabajadores, miembros de comunidades locales y defensores del medio ambiente durante la fase de exploración del proyecto. Hasta la fecha, el conflicto ha dejado un saldo trágico con la pérdida de diez personas: cuatro miembros de una comunidad local, tres trabajadores cuya muerte en circunstancias misteriosas tuvo lugar en el campamento de Río Blanco, y tres trabajadores más que desaparecieron y perdieron la vida durante una operación de exploración en 2015. Además, 33 residentes de estas comunidades fueron sometidos a secuestro, tortura y posterior enjuiciamiento.
A lo largo de 21 años, las comunidades han sostenido una lucha incesante y movilizaciones sociales en defensa del agua y los páramos. Han dirigido críticas tanto al gobierno central como al regional de Piura por su respaldo al proyecto Río Blanco. El año 2023 fue testigo de dos grandes manifestaciones en Ayabaca (mayo) y Huancabamba (junio), en las cuales participaron activamente más de 5 mil residentes. Estas protestas expresaron un claro rechazo al proyecto minero Río Blanco y denunciaron lo que se percibe como una «permisología minera», así como la flexibilización de los estándares ambientales por parte de los ministerios de Energía y Minas, y Economía y Finanzas.
Las movilizaciones y la resistencia de las comunidades locales reflejan un clamor unánime por la protección de los recursos naturales y la preservación de su forma de vida. Estas manifestaciones son un recordatorio poderoso del papel activo que desempeñan los ciudadanos y las ciudadanas en la defensa de sus derechos y el medio ambiente.
Es evidente que el modelo de desarrollo basado en la explotación minera representa una amenaza directa para el medio ambiente y la salud de las poblaciones locales.
Es imperativo que las autoridades adopten políticas concretas para proteger los derechos humanos, los derechos de las comunidades y el entorno natural, especialmente en un escenario como el que estamos viviendo de colapso climático, priorizando alternativas de desarrollo sostenible que no comprometan el futuro de las generaciones venideras.
Anexos:
(1) Plataforma digital única del Estado Peruano. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/781301-el-10-la-poblacion-peruana-no-tiene-agua-potable-y-23-no-accede-al-alcantarillado
(2) “Recursos hídricos en Perú: el estado actual”. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/467536b0-es/index.html?itemId=/content/component/467536b0-es#abstract-d1e1639
(3) Ibid.
(4) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo. Disponible en: https://enterateconlesly.com/wp-content/uploads/2023/09/Informe-sobre-relator-a-peru.pdf
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) Ibid.
*Área Socio-ambiental
Red Muqui
Publicado originalmente en Red Muqui
