La situación de profunda crisis de inseguridad y falta de protección que vivimos nos afecta a todas y todos los habitantes del Ecuador, sin excepción. Como organizaciones sociales y de derechos humanos nos convocamos para recordar a la opinión pública la importancia de la vigencia de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en el contexto actual.
Históricamente, las personas han sido víctimas y sobrevivientes de los abusos del poder público y privado. Personas defensoras como Dolores Cacuango, Mama Tránsito Amaguaña, lucharon por el reconocimiento de derechos de los pueblos y nacionalidades y de su vínculo profundo con la tierra. Ellas en su tiempo sufrieron estigmatización y persecución. La cosmovisión indígena que luego de largas décadas de protestas y movilizaciones se incorporó, por fin, en nuestra constitución, nos permite ahora hablar de los derechos de la Naturaleza como el lugar en el que se reproduce la vida, del que somos parte y no propietarios, como el hogar en el que vivimos en armonía con los otros elementos, que debemos proteger en el presente para tener dignidad en el futuro para todas y todos.
La esencia de los derechos humanos es el reconocimiento de que todas las personas, independiente de nuestra edad, sexo, condición social, origen étnico, opinión política, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra característica que nos diferencie somos únicas e irrepetibles. Los derechos humanos protegen que todas las personas en uso de nuestra libertad, podemos escoger aquello que da sentido a nuestra existencia, por ejemplo, nuestra profesión, con quienes decidimos hacer una familia o en qué trabajamos.
Cuando hablamos de derechos, también hablamos de obligaciones. El Estado, se ha comprometido a respetar, proteger y cumplir los derechos, tal como dispone la Constitución y los múltiples tratados internacionales de derechos que ha ratificado el Ecuador. Estas obligaciones son un claro limite al poder, si el Estado no cumple comete una violación de derechos humanos. Por otra parte, todas las personas tenemos la obligación de respetar los derechos humanos de otras personas, estamos prohibidas de discriminar, de matar, de lesionar. Si no cumplimos con nuestra obligación de respeto podríamos cometer un delito o una contravención y somos sujetos a sanción.
Como los derechos humanos ponen límites al ejercicio del poder y lo direccionan para que todos y todas podamos efectivamente gozarlos y ejercerlos, quienes defendemos derechos humanos estamos en riesgo. Esto porque a quienes detentan el poder no les gusta ni perderlo ni verlo limitado. El rol de las personas defensoras contribuye a sociedades más justas y es fundamental además que la sociedad se movilice para exigir, su reconocimiento, respeto, protección y cumplimiento.
Ciertas personas y grupos de personas, por sus condiciones especiales, no tienen las mismas oportunidades que la mayoría para ejercer y gozar sus derechos o se encuentran en mayor riesgo de que estos sean afectados. Los niños, las niñas y los adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas víctimas de violencia, las personas privadas de libertad, las personas que sufren pobreza o extrema pobreza y/o discriminación histórica, estructural y sistemática, por ejemplo. Todas estas personas requieren protección especial del Estado y eso supone que se adopten medidas específicas y especiales para que las personas en condiciones especiales puedan gozar y ejercer sus derechos en igualdad y al Estado cumplir con los derechos de estos grupos de personas. Por ejemplo, a los niños y las niñas garantizar la educación; a las mujeres víctimas de violencia, dotarlas de servicios de casas de acogida; a las personas privadas de libertad, garantizarles salud, alimentación, vestido, porque están bajo el control del Estado; a las personas con discapacidad garantizar intérpretes.
Nos preocupa que nuestro país está viviendo una crisis de inseguridad y falta de protección de derechos prolongada que se agudizó los últimos años. Desde hace más de cuatro años hemos alertado al gobierno y a la comunidad internacional sobre el avance de la violencia evidenciada desde la primera masacre carcelaria ocurrida en febrero de 2021, así como sobre la ineficaz respuesta del Estado: reiteradas declaratorias de estados de excepción, establecer toques de queda en todo el territorio nacional, y la movilización de fuerzas armadas, medidas que resultan ineficaces en su alcance y ejecución, y que no responden a un plan integral de seguridad ciudadana. También hemos denunciado la creciente criminalización de defensores de los territorios ante el avance de la contaminación y de la destrucción del sustento y las fuentes de vida.
Quienes luchamos defendiendo los derechos humanos estamos conscientes que el escenario de violencia exacerbada no se debe únicamente a la presencia de grupos de delincuencia organizada (GDOs), sino a la existencia de grupos financiadores de los GDOs y sobre todo a la falta de presencia del Estado en cuanto a servicios básicos para garantizar la vida digna y la seguridad de todos y todas. y su inacción frente a las economías criminales. Parece ser más adecuado para el gobierno consolidar un “estado de guerra” para eliminar a la población considerada desechable, que desmantelar las economías o grupos económicos que sostienen la violencia que hemos presenciado y del cual todos y todas somos o seremos “víctimas colaterales”.
Hay otras causas estructurales en el país que han provocado el escenario de violencia que vivimos: la profundización de la pobreza y extrema pobreza y con ellas, miles de niños y jóvenes que han desertado del sistema escolar, el empleo, la seguridad social y la justicia. Son niños y jóvenes abandonados por el Estado y condenados a sobrevivir en los márgenes de la ilegalidad, que les ofrece lo que el gobierno les ha negado: protección y cuidado.
La destrucción y deterioro de territorios por la contaminación del agua, la pérdida de bosques, el despojo de tierras para la expansión minera, petrolera y de agroexportación ha provocado que miles de familias tengan que migrar y muchos jóvenes en las ciudades son reclutados por GDOs. Quienes se quedan luchan por defender sus derechos y sus territorios, otros aceptan lo que les ofrecen las empresas.
Las sentencias judiciales obtenidas para proteger derechos luego de complejos procesos judiciales no se cumplen. Llamamos la atención, por ejemplo, sobre las medidas cautelares otorgadas en 2011 y ratificadas en 2018 y 2022 para prohibir y controlar toda actividad minera, en los cantones de Esmeraldas y San Lorenzo. Desde 2011 hasta la fecha se ha intensificado la minería ilegal que ha cobrado varias víctimas mortales, incluyendo personas defensoras. No es casual que esto ocurra justamente en dos de los cantones más inseguros y empobrecidos del país, donde claramente existe un abandono estructural del Estado desde hace años.
La Policía, entre enero y junio de 2023, detuvo a 1.326 niños y adolescentes por diversos delitos asociados al crimen organizado. En 2023, a diario dos menores de edad fueron víctimas directas de muertes violentas en el país. Son más de 250 mil niños y niñas que han desertado del sistema educativo, más de 7 mil adolescentes menores de 14 años víctimas de trata con fines de explotación sexual, reclutamiento o esclavitud moderna, flagelos muy relacionados al crimen organizado. Sobre esto, el estado no investiga. Han sido los niños, niñas y adolescentes quienes le han puesto el cuerpo a la violencia, son ellos y ellas quienes han muerto víctimas de la delincuencia organizada y de la crisis de inseguridad que viene enfrentando el país desde hace muchos años y que ha causado que los homicidios de menores de edad, del 2021 a la fecha, se hayan incrementado en un 640% tal como lo ha alertado UNICEF Ecuador.
La decisión del gobierno de resolver el problema del crimen organizado,, por la vía de la militarización y el camino de la demagogia punitiva, sin comprender las condiciones sociales de los delitos; desconociendo porqué un niño, niña o joven es reclutado por el crimen organizado; cómo se los engancha; para qué se les utiliza o qué rol juegan dentro de la estructura delictiva, es una decisión fallida, antesala a condenar a generaciones enteras de niños a la violencia, la miseria y la desesperanza en las calles y cárceles. Además, estas medidas punitivas no son innovadoras, se han venido implementando y promoviendo por gobiernos anteriores exponiendo su inefectividad. Desde el año 2019, se han activado 39 decretos de estados de excepción entre los gobiernos de los presidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso. De esos decretos: 13 fueron emitidos por conmoción interna derivado de la presencia del crimen organizado, 11 fueron relacionados a la pandemia del COVID-19, 7 emitidos para enfrentar la crisis carcelaria, 5 emitidos en contextos de movilizaciones sociales y 3 relacionados a enfrentar la minería ilegal o efectos de inundaciones producidas por intensas lluvias. Es decir, se han activado 20 medidas de Estados de Excepción en relación al combate a la violencia que han implicado la movilización de las Fuerzas Armadas, y la situación no ha cambiado.
En ese contexto de militarización, son los sectores empobrecidos las víctimas de perfilamiento racial, pues son históricamente estigmatizados. La población afroecuatoriana es víctima de abusos por parte de la fuerza pública y no solo en el contexto de la declaratoria sino de manera sistemática durante décadas. Ahora se está criminalizando a quien ha sido empobrecido, a quien el estado ha desprotegido.
Estamos a puertas de la conmemoración del 8 de marzo donde las mujeres, las mujeres trabajadoras, las mujeres defensoras, seguimos denunciando el incumplimiento de nuestros derechos por parte del Estado, nuestros cuerpos son territorios donde se expresa la violencia y son territorios de conquista. 321 feminicidios fueron mapeados desde la sociedad civil en 2023. Las mujeres que nos oponemos a la guerra decretada por el gobierno, que denunciamos los actos y omisiones que violan derechos humanos, buscamos que se garantice el derecho de todos y todas, de las mujeres y personas gestantes, a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y el número de hijos que queremos tener, también somos víctimas de hostigamiento y estamos en riesgo.
Nosotras las organizaciones de derechos hemos denunciado que hay una liberalización de violencia y estos son los estragos de lo que estamos viviendo y reiteramos que las declaratorias de estados de excepción se limitan a ser declaratorias mas no medidas sólidas a nuestras realidades. A pesar de que, la Corte Constitucional ha mostrado su discrepancia con la declaratoria de “conflicto armado no internacional” creemos que no es suficiente pues solo muestra que no aplicaba dicha declaratoria, como ya lo dijimos, mientras que el estado de excepción se sigue tomando como bandera blanca para perpetrar más injusticias con los sectores empobrecidos.
Fuente: Accion Ecologica
