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Con el inicio del Gobierno de Javier Milei el cambio de política económica lleva a una nueva relación entre gobierno, deuda y sociedad. Existe un nuevo momento en el ciclo de la deuda. Los años del gobierno de Alberto Fernández se caracterizaron por la postergación y renegociación de los vencimientos con prestamistas privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora, este nuevo momento tiene por característica distintiva el pago constante y sonante de todos los vencimientos en su agenda. Mientras que en el primer momento el chantaje de los prestamistas y el FMI empujaba al ajuste para obtener diferimientos, ahora el ajuste se realiza para que se salden a costa de aún más penurias populares.
Más a fondo que el Fondo
Incluso el gobierno va más allá de las propuestas ya brutales de ajuste del Fondo acordadas por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 y de Alberto Fernández en 2022. Por un lado, pretende avanzar todavía más rápidamente en un saldo positivo en las cuentas públicas incluso luego del pago del renglón de los intereses y el capital de la deuda pública -superávit financiero-, a costa de recortar todas las salidas del Tesoro Nacional por TODO concepto. Por otro lado, intentan imponer una agenda de liberalización económica total, por medio de la Ley Ómnibus y el DNU 70/2023.
Sin embargo, no son iniciativas ajenas al FMI. Se trata de sus recetas clásicas de privatizaciones de empresas públicas, reducción del déficit fiscal, baja de jubilaciones, “focalización” (reducción e individualización) de la ayuda social, desregulación de la economía (permitir todo tipo de aumentos, eliminar controles a las empresas), tarifazos de los servicios públicos, y otras. Entre ellas, en un lugar central, reforma laboral, viejo anhelo del empresariado local para aumentar la explotación de les trabajadores. Si bien no lograron inicialmente aprobarla por medio del DNU, no se dan por vencidos. Atacan los convenios colectivos al no homologar acuerdos, y van por las organizaciones sindicales y sus estructuras al desfinanciarlas, perseguir y estigmatizar a sus referentes.
En el acuerdo del 2022, esas propuestas aparecían como un camino deseable, con la reducción del déficit como un objetivo gradual a cumplir en 2025, inclusive contemplando la posibilidad de subir impuestos para hacerlo posible. Consideraban los cambios en la ayuda social partiendo de una “auditoría”, las reformas sobre el sistema previsional comenzando con una evaluación del sistema, y otros pasos similares. Pero el camino del Gobierno de Milei retoma la agenda histórica del Fondo, y por eso el ajuste es celebrado por sus máximas directivas. Sin embargo, también advierten sobre la debilidad que podría tener si no contempla la gobernabilidad necesaria para el proceso. El FMI no “cambió” sus objetivos, pero algo aprendió sobre cómo intentar que los países tomen su veneno.
Una nueva hoja de ruta del ajuste y las reformas pro-empresariales: ajustar, desregular, empobrecer
Desde el Gobierno comenzaron por aquellas cuestiones que pueden modificar por decreto (o que no pueden pero que no les impugnó aún el Poder Judicial ni el Congreso). Atrasaron el pago a proveedores, congelaron la obra pública, disminuyeron en términos reales los salarios estatales, dejaron que se extinga el Fondo Nacional de Incentivo Docente (recortando los ingresos de maestres de todo el país). Y también se beneficiaron del desfasaje producido por la fórmula de actualización de las jubilaciones con esta altísima inflación (incentivada al comienzo de la gestión con la liberación de todos los precios y la devaluación récord).
Además, liberaron los precios y condiciones de los alquileres, permitieron aumentos discrecionales de las empresas de medicina prepagas, están quitando indiscriminadamente subsidios a derechos básicos como la luz, el gas y el transporte, y otras medidas similares. En pocas palabras, conceden a los monopolios que dominan la economía nacional cada vez más cuotas de poder.
Producto de estas medidas que incrementan todos los precios, los salarios siguen muy de atrás los precios, las jubilaciones como ya dijimos están retrasadas y el Potenciar Trabajo es reducido en su poder adquisitivo. Sin un peso en la calle, no les irá mejor a las personas que trabajan en forma independiente.
El plan Potenciar Trabajo recibe un doble ataque. En su poder adquisitivo y en su extensión. Este plan social, que permitía el desarrollo de una extensa red de actividad barrial comunitaria y brindaba ingresos a 1,3 millones de personas, ahora va camino a una transformación. Pretenden atacar esos procesos colectivos, a las organizaciones que los hacen posible, y dejar sin herramientas ni alimentos ante la pobreza creciente a millones de familias.
Por esta situación, a la agudización de la pobreza y de endeudamiento público se le sumará el creciente endeudamiento personal, que forzará aún más los esfuerzos en sostener trabajos precarizados y en descargar sobre cada hogar mayores esfuerzos para el sostén de la vida. Eso recae mayormente sobre la espalda de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, gays y no binaries.
La planificación del hundimiento de la economía argentina
En el fondo, el plan económico tiene un objetivo: que tenga lugar una profunda recesión económica. El primer paso fue la devaluación de diciembre, que con el consiguiente aumento de todos los precios, redujo los ingresos populares y la demanda general en la economía. Se sumaron algunos recortes en el estado.
A nivel financiero, tomaron varias medidas buscando quitar circulante de la calle. Una de esas fue el BOPREAL, el bono para empresas importadoras. A esas empresas, a los cuáles se les debían dólares de importaciones realizadas (a valores bajos), ahora se les promete otorgárselos en 1 o 3 años a cambio de sus pesos, dejando una inédita deuda en dólares en manos del Banco Central (BCRA), que ya orilla los 8 mil millones de USD, y quitando liquidez de la economía.
La baja de la tasa de interés de distintos instrumentos financieros (como los que reemplazaron a las LELIQS, de menor plazo) busca restar pesos a la masa de depósitos en plazos fijos, y que se busca colocar como deuda del Tesoro. Por tratarse de deuda en manos del Tesoro, no puede ser pagada con resultados contables sino que debe provenir de pesos constantes y sonantes recaudados por impuestos. Es una operación que los bancos sólo aceptan por medio de las garantías llamadas “PUT”, donde el BCRA se compromete a comprar los títulos colocados en cualquier momento en que el tenedor lo solicite. Por el tamaño de los montos comprometidos bajo esas circunstancias, el Banco Central queda muy expuesto ante los bancos que tienen en su poder esas garantías.
Mismos personajes, mismas recetas
Al revisar las estadísticas sobre deuda, el año 2023 cerrará con una caída de la misma medida en dólares, por la devaluación de diciembre. Sin embargo, la porción de deuda en pesos se encuentra indexada y tendrá la consecuencia de hipotecar en términos reales los futuros ingresos estatales, o generar una nueva bola de nieve de deuda. Luis Caputo repite lo que ayudó hacer como Ministro de Finanzas en el 2018 con las LEBACS (deuda del BCRA en pesos) al cambiarlas por LETES (deuda del Tesoro en dólares).
El hecho de que el tipo de cambio haya estado dos meses con una variación de sólo 2% mensual, deja la posibilidad de que inversores del exterior puedan hacer bicicleta financiera. Es decir, que traigan divisas, las pasen a pesos, y luego de un mes o dos con incrementos indexados a la inflación (mayores a la devaluación), vuelvan a sus países con una ganancia extraordinariamente alta en dólares.
El reciente canje de deuda del Tesoro en pesos no alteró este estado de cosas, solo permite que el Gobierno gane algo de tiempo al estirar vencimientos, que sea un poco menos vulnerable al resultado de cada licitación de corto plazo, y que una eventual devaluación tenga un impacto menor sobre el resultado financiero del estado.
Bajar la inflación subiendo el desempleo
Como decíamos, se tratan de medidas orientadas a provocar una profunda recesión. Buscan darle al Gobierno el dudoso mérito de evitar la inflación por esa costosísima vía, con el nefasto auxilio de importaciones para bajar precios, siguiendo los pasos de Martínez de Hoz, ministro de Economía de la última dictadura genocida, en 1979. El creciente desempleo y freno en la actividad económica traerán aparejada una menor necesidad de divisas para consumo, dejando los saldos del comercio exterior liberados para el pago de la deuda denunciada hace años – incluso en tribunales nacionales – por ilegal, ilegítima y odiosa.
Vienen a cobrarnos cuentas que no debemos
Este año están en agenda los primeros pagos de capital de la deuda injustamente renegociada en el 2020 sin investigación ni cuestionamiento de parte del estado (ni judicial, ni del Congreso, ni del Gobierno anterior).
Todavía están pendientes cuantiosos pagos de la estafa acordada por Macri con el FMI. Aquella que fue renegociada en el 2022 a cambio de subordinarse a aquel organismo y extender el calendario de devoluciones hasta el 2036.
En las últimas semanas, hubieron varias expresiones públicas reflotando el carácter espurio de aquel préstamo. La más notoria fue la de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, que precisó un repaso histórico del rol del Fondo en la economía argentina, las características del endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri, y la revalidación que implicó el nuevo acuerdo del 2022, continuando los condicionamientos estructurales. Sin embargo, queda ausente del análisis como cuestionar y terminar con esa subordinación. Lo mismo sucede con Martín Guzmán, el ex ministro que estuvo reuniéndose con el equipo del FMI que está analizando el proceso de endeudamiento del Macrismo, a los fines de una mera evaluación interna.
Una investigación consciente sobre ese proceso de endeudamiento no puede permitir que toda la población del país por décadas continúe soportando las consecuencias de un proceso viciado que solo benefició a un pequeño sector (fugador) de la sociedad. Falta también la acción oportuna del Poder Judicial; entre las numerosas causas pendientes se encuentra el Amparo presentado en marzo de 2022 contra el pago de la estafa del FMI, que se apoyó desde la Autoconvocatoria y que aún aguarda sentencia.
El Gobierno actual no oculta sus intenciones de ir a otro tipo de programa con ese organismo, en búsqueda de ganar rápido divisas que le permitan amortiguar una salida del cepo o avanzar en la dolarización.
Jubilaciones en el centro del ajuste
El superávit fiscal actual puede convertirse rápidamente en un espejismo, si la recaudación también comienza a caer producto de la crisis, y si una eventual baja de la inflación permite la recuperación de los haberes jubilatorios. En ese caso, la hoja de ruta del gobierno es obvia: continuar recortando derechos, empleos, salarios con la cruel “motosierra”, y eliminar la fórmula de actualización previsional. Es que el gasto previsional, a pesar de los años de ajuste, es el ítem más importante del gasto anual del Gobierno Nacional (39% en el 2023), por lo que ante la posibilidad de que deba subir, quieren eliminar la actualización con la fórmula vigente lo antes posible. Para hacerlo, cuentan con el apoyo que brinda el descrédito del pésimo funcionamiento de la fórmula en estos años de inflación creciente. Los esquemas que propuso Milei ofrecían una recuperación parcial rápida a cambio de un congelamiento futuro.
Además, buscan excluir de aumentos y cortar ingresos al régimen de quienes han completado años de aporte por la moratoria previsional. Es una manera injusta de castigar a quienes estuvieron contratades sin registro laboral durante su vida activa, y a las mujeres y disidencias que son quienes realizan mayor cantidad de tareas de cuidado no remuneradas, imprescindibles para la vida pero marginadas por los ajustadores. El gobierno tampoco esconde su acuerdo con las propuestas que impulsan desde hace años el FMI y el Banco Mundial: aumentar la edad jubilatoria y privatizar todo el sistema solidario. Es decir, entregar a los especuladores el derecho humano a la seguridad social.
No tienen la cancha despejada
Sin embargo, saben que no tienen un camino despejado por delante. El mercado financiero no se caracteriza por su corazón ni su confianza, por más que endulcen sus oídos con ajuste y represión. Internacionalmente hay una enorme inestabilidad que no deja mucho margen para la lluvia de apoyos gubernamentales de EEUU (descartada China por la posición ideológica y geopolítica del gobierno). Por el lado de los capitales extractivistas, están deseosos de hacerse del litio, el oro, cobre, plata, agua, tierras raras, petróleo, gas, a costa de la depredación ambiental y los derechos de los pueblos que habitan las nuevas zonas de sacrificio. Pero todos van a esperar a ver si el plan es consistente. Los refuerzos podrían venir del capital financiero internacional, aunque la experiencia fallida con el Gobierno de Macri no brinda las mejores perspectivas de negocios.
Sin embargo, algunos especialmente osados y de tamaño igual al de las economías de muchos países, como Black Rock, que ha anunciado la llegada de su presidente en mayo, ya evalúan cambiar bonos devaluados por acciones abaratadas tras la recesión inducida.
Los propios planes de desarticulación estatal abren grietas entre aliados políticos del PRO, la UCR, incluso con sectores “dialoguistas” del PJ. Es que la política del Gobierno deja heridos sectores productivos en todas las regiones, y resiente las arcas provinciales.
Lo más importante de todo: el abajo se mueve
Desde los sectores populares no nos quedamos de brazos cruzados. Desde la asunción de Milei, movilizaciones con distintos niveles de masividad han estado surcando la escena política. El máximo nivel de masividad se logró hasta ahora en el marco de un paro de medio día de la CGT y las CTAs, pero eso no fue todo, se vienen jornadas realmente relevantes.
La calle no está en orden. Hay un pueblo movilizado y activando crecientemente contra todos estos planes de ajuste, reorganización productiva y financiera de la economía nacional, depredación de la naturaleza, castigo de las mujeres y disidencias, represión de la protesta, avasallamiento de las organizaciones comunitarias y ninguneo de las vías democráticas más elementales.
Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda, continuaremos apoyando y acompañando los diversos conflictos y movilizaciones, resaltando sus vínculos con las condiciones que imponen el FMI y el sistema de la deuda ilegítima y perpetua. Llamamos a todo el campo popular a seguir alertas y movilizados, fortaleciendo el poder popular y la construcción de una mayor unidad en la acción, más necesaria que nunca en esta coyuntura.
Ante la evidencia de los impactos que traen para la vida cotidiana de nuestro pueblo, la subordinación al Fondo Monetario Internacional y el servilismo ante el fraude y la injusticia de una deuda que nunca fue consultada ni benefició al pueblo ni a la naturaleza, llamamos también a redoblar los esfuerzos para poner fin a estos estragos con la anulación del acuerdo con el FMI, la suspensión de los pagos sobre la estafa de la deuda, su investigación y sanción para avanzar hacía la reparación de los crímenes cometidos.
¡Basta de ajuste y saqueo!
¡No pagamos lo que no debemos!
¡Fuera el FMI!
¡La deuda es con los pueblos y la naturaleza!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO
E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
– Argentina, 14 de marzo de 2024
Fuente: Autoconvocatoriadeuda
