[Podcast] Observatorio del Ecologismo Popular Panameño (OBEPP) # 37. Enero / Febrero 2024

A continuación algunos hechos socioambientales registrados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2024:

Crisis del agua en el canal interoceánico. En el marco de la crisis climática, el canal interoceánico se ha visto afectado por el fenómeno del niño limitando el tránsito de barcos, provocando retrasos, aumento de los costes de envío y un enorme embudo de espera en las entradas del canal. A tal efecto del impacto negativo al comercio,  han surgido debates e ideas tecnócratas para mitigar dicha situación. Es decir, acaparar volúmenes de masa hídrica que puedan abastecer el sistema operativo del canal. Y uno de estos es el proyecto de embalse hídrico del Río Indio. Expuesto lo anterior, surge en el debate público si la pretensión de esta mega industria compensará el fracaso de la ilegal industria minera derrotada por la movilización ciudadana panameña que dio como resultado una fallo de inconstitucionalidad en noviembre del pasado año 2023. Esto con el cuidado de que el país no acreciente su deuda externa en detrimento de la poca sostenibilidad de calidad de vida de los ciudadanos y de la retórica de una economía nacional menos competitiva en el comercio global, lo que a su vez pueda intensificar la clásica campaña mediática de apostar por la lógica financiera de las elites criollas.

Conflicto extractivo minero. Continúa el debate por la demora en el proceso de cierre de la mina de Donoso. Esto ha provocado una serie de denuncias públicas y acciones legales como querellas administrativas en contra del titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Jorge Rivera Staff por omisión, debido a que la empresa Minera Panamá no ha acatado el fallo 27 de noviembre de 2023 de la Corte Suprema de Justicia donde declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023, del contrato de concesión y el hecho de que aún la mina no ha cerrado. Además uno de los actos de repudio nacional ante el gobierno central ha sido el incumplimiento en la exigencia del pago de la fianza de cumplimiento ambiental que tenía la empresa minera en más de 108 millones de dólares favor del estado destinado a cubrir los costos de las obligaciones ambientales del proyecto incluyendo el cierre, post cierre y causas imprevistas.

También en este orden, la compañía minera canadiense First Quantum Minerals reclama $20.000 millones por el cierre de la mina de cobre como parte del proceso de arbitraje internacional contra Panamá. También mantiene su lobby y vínculos con los candidatos a la Presidencia de Panamá para el siguiente periodo con el objetivo de reabrir el proyecto minero.

Además de acciones legales y denuncias ciudadanas por doquier se han dado piqueteos y marchas de protestas convocada por la alianza “Pueblo Unido por la Vida” y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería MPVMSM. También continúan las manifestaciones y  la vigilia permanente del movimiento Por un Veraguas Verde en la espera del fallo de inconstitucionalidad de la Ley 92 de 2013 que da vigencia a las operaciones de la empresa Veragold.

Por otro lado, las contradicciones sobre la minería nacional también han provocado un choque de intereses cuando el Fondo Monetario Internacional FMI proyecta que el crecimiento del PIB de Panamá disminuya a 2,5% en 2024 por el cierre de mina. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, expone el potencial que ha generado el país, tanto nacional como regional, a raíz de la aprobación de la reciente Ley 424 que busca impulsar  la cultura, la educación y el emprendimiento mediante la economía creativa. La cual demuestra que la minería es una mejor opción para otro tipo de progreso para el país.

Criminalización de la protesta social. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujerdiversas organizaciones feminista marcharon en la ciuda de Panamá exigiendo protección en el ejercicio de sus derechos humanos y contra la violencia generada por un sistema patriarcal y explotador en diversas dimensiones sociales. Y específicamente a las mujeres en la defensa de la naturaleza, hecho que quedó registrado en la huelga nacional del 2023 contra la ley minera # 406 aprobada a tambor batiente generando protestas y movilizaciones en todo el país. Estas mujeres han sido criminalizadas por ejercer el derecho a la protesta social y discrepar ante la ingobernabilidad socioambiental. En Panamá la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, que es el Acuerdo de Escazú, las ampara en participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de sus defensores. Es el caso de la ambientalista Damaris Sánchez Samudio entre otros defensores a nivel nacional.

Red Nacional del Agua RNDA. La Red Nacional en Defensa del Agua RNDA ante las políticas extractivas de bienes ecológicos en Panamá y el desarrollo neocolonial, viene gestando proyectos de vida como parte de la transición energética comunitaria, justa y real. El pasado 2 y 3 de marzo de 2024 en la comunidad de Caisán, provincia de Chiriquí, se realizó el taller comunitario sobre generación y uso de energía alternativa a partir del impulso y distribución de agua por medio de arietes sin uso de combustible o electricidad. Además del biodigestor o reactor biológico que es un sistema diseñado para descomponer materia orgánica, como restos de vegetales y desechos de animales domésticos (estiércol), con el objetivo de obtener productos aprovechables como fertilizantes orgánicos y biogás para uso doméstico.

Justicia climática. Debido a su ubicación en la zona intertropical, Panamá experimenta un ambiente tropical con altas temperaturas la mayor parte del año. Por ende, se ha declarado una emergencia ambiental extendida debido a la sequía prolongada causada por la crisis climática, las autoridades han extendido hasta el 31 de mayo de 2024 en todo el territorio nacional. En este sentido Cuba y Panamá han realizado intercambios de experiencias en adaptación al cambio climático. En el marco de cooperación entre Panamá y Cuba, el Ministerio de Agricultura de Cuba, realizó durante la semana del 21 al 28 de enero un intercambio en el cual intervienen temas relacionados a sistemas alimentarios locales. El objetivo principal de esta visita fue con el propósito de extraer lecciones que nos permitan establecer estrategias y prácticas de manejo eficiente de los recursos en los sistemas alimentarios locales.

Exploración de petróleo. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), se reunió con funcionarios del Registro Público, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y el Servicio Nacional de Fronteras para conocer el estatus del caso Sinclair Oil. Empresa de hidrocarburo con una concesión de más de 300,000 hectáreas para la exploración de petróleo en la provincia de Darién, Comarca Emberá Wounaan, Comarca de Wargandi, Territorios Colectivos y áreas protegidas.

Aprueban modificación a la ley 339 que busca la protección de la cuenca del río Santa María. Con el voto unánime, se dio tercer debate a la referida norma 1091, que modifica la Ley 339, que declara Patrimonio Natural Nacional y área protegida de reserva hidrológica a la cuenca del río Santa María. El proyecto modifica fundamental y exclusivamente el artículo 1 de la Ley 339 de 16 de noviembre de 2022, relativo a la delimitación de zonas de protección hidrológica y nuevas áreas protegidas en la Cuenca del Río Santa María. La delimitación del área de protección hídrica y nuevas áreas de protección hídrica dentro de la cuenca del Río Santa María se hará a través del Consejo Directivo y las autoridades competentes, tomando en cuenta la zonificación del Plan de Manejo, el Plan de Ordenamiento Territorial, un estudio Hidrológico y Sociocultural para la cuenca, que garantice el derecho al agua en cantidad y calidad a las futuras generaciones. El Estado Panameño pondrá a disposición los recursos y la logística para realizar dicha delimitación.

Producción realizada por el equipo interdisciplinario

Rekha Chandiramani. Periodista investigadora
Olmedo Carrasquilla II. Defensor en DDHH / Ecologismo
Iris Gomez. Bióloga

Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Fuente: Radio Temblor

Argentina: Comité de solidaridad reclama respeto a la autodeterminación y No intervención al gobierno y la comunidad internacional en general

Buenos Aires, 21 de marzo de 2024 – Integrantes del Comité argentino de solidaridad por el fin de la ocupación de Haití acompañaron hoy a las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, en su ronda habitual de los jueves y luego entregaron en Casa Rosada, una nota dirigida al Presidente Javier Milei reclamando el respeto a la autodeterminación del pueblo haitiano, la no intervención militar incluyendo el posible envio de tropas o policía desde Argentina, y la conformación de una Mesa de Cooperación y Diálogo según se ha propuesta la presidenta protempore de la Comunidad de Estados de Latino Américan y el Caribe (CELAC), la hondureña Xiomara Castro.

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Fuente: Haiti no MINUSTAH

Seis factores que explican la nueva crisis en Haití

Haití sigue atrapado por la trampa del racismo de la llamada comunidad internacional. Amnistía a los golpistas, fuerzas paramilitares, intervención de la OEA, infiltración de ONGs y la migración forzada como arma estratégica.

por Jackson Jean, 15/03/2024

Foto: AP

Haití es conocido en el mundo entero por su gloriosa historia que puso fin a la agenda racista global de los países occidentales durante el siglo XIX. Esta sangrienta revolución encabezada por afrodescendientes, cimarrones, mestizos y africanos fisuró el sistema económico, político, social y la filosofía blanca de la época, dado que países como Francia, España y Portugal eran potencia gracias al lucro generado por este genocidio de personas afrodescendientes y originarias. 

Si bien hubo muchos ideólogos abolicionistas y de la revolución haitiana -tales como Sismonde de Sismondi y Jean Louis Vastey-, no se ha logrado impedir que Haití esté atrapado en la trampa del neocolonialismo occidental e imperialismo norteamericano. Haití pagó el equivalente actual de 100.000 millones de euros a Francia para evitar un genocidio en la isla, el cual terminó de pagar en pleno siglo XX. Justo al inicio de este siglo, la marina estadounidense robó el equivalente de 50 millones de dólares al Banco Central de Haití. Años más tarde fue neocolonizado por los estadounidenses, quienes reclamaron también una indemnización tras haber sido forzados a dejar la isla. 

Frustrada por la inclinación política del presidente Dumarsais Estime tras la ocupación, empezó a orquestarse un golpe de Estado hasta imponer la tiranía de los Duvaliers al pueblo haitiano. Finalmente, éste derrotó otra vez la dictadura del neocolonialismo en 1986. Desde entonces, el establishment blanco-occidental está sembrando caos en Haití dado que la resistencia del pueblo haitiano sigue firme.

Seis trampas que explican la situación caótica actual de Haití (desde 1990 hasta 2014)

  1. La doble cara de Estados Unidos en el escenario político haitiano

Elegido por sufragio universal de manera unánime, el primer presidente democrático de Haití, Jean-Bertrand Aristide, recibió un golpe el 29 de septiembre de 1991, por el ejército haitiano. Los oficiales militares haitianos, principalmente el general del ejército Raoul Cédras, el jefe del Estado Mayor del ejército Phillipe Biamby y el jefe de la Policía Nacional, Michel François, por su inclinación ideológica más hacia la izquierda popular y política económica enmarcado por el socialismo. Bajo la iniciativa de Estados Unidos llamada “Retorno a la Democracia”, el teólogo de la liberación, Jean-Bertrand Aristide, y el golpista Raoul Cedras, negociaron, entre otras, estas condiciones para estabilizar la política haitiana: 

  • Implementación, tras los acuerdos con el gobierno constitucional, de cooperación internacional:

a) Asistencia técnica y financiera para el desarrollo;

b) Asistencia para la reforma administrativa y judicial;

c) Asistencia para modernizar las Fuerzas Armadas de Haití y establecer una nueva Fuerza de Policía con la presencia de personal de las Naciones Unidas en esas zonas.

  • Amnistía a los golpistas por el Presidente de la República en el marco del artículo 147 de la Constitución Nacional.

Estados Unidos informó haber dado a Cédras 1 millón de dólares y alquiló tres propiedades como incentivo para que deje el poder. Y el Presidente de la República, Jean-Bertrand Aristide, volvió el 30 de octubre de 1993. Liberalizó la economía nacional a favor de la burguesía internacional, tal como se sugiere en el acuerdo. También privatizó las empresas nacionales, caducó la fuerza de defensa nacional reemplazándola por las misiones de las Naciones Unidas. 

Tras la infiltración de las informaciones confidenciales del Pentágono revelado por Wikileaks, años más tarde, los militares que ejecutaron el golpe en contra de Jean-Bertrand Aristide fueron todos agentes de la Agencia Central de Inteligencia desde 1980 hasta el golpe de 1991. Fue un doble juego de Estados Unidos, siendo a la vez el “Salvador Blanco” de la democracia tras “disciplinar” al líder popular con el exilio forzado. 

  • La manipulación del Consejo de las Naciones Unidos y la creación de fuerzas paramilitares para controlar Haití

Desde 1993, las Naciones Unidas están involucradas en todas las estratagemas de los Estados Unidos, han auspiciado 16.000 soldados para “Restaurar la Democracia”. El 15 de marzo de 1995, desplegó a la Misión de las Naciones Unidas en Haití (MINUHA) cumpliendo así el rol de las fuerzas de defensa nacional de Haití.

En febrero de 2004, un golpe encabezado por militares de Estados Unidos y franceses y paramilitares (hoy llamada Bandas Armadas) dirigidos por Guy Phillipe, estaba financiado por la Central de Inteligencia Americana (CIA) pero fue descubierto esta vez. Las Naciones Unidas aprobaron ex post facto por el golpe de Aristide ONU, llevando así el país al caos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó después una misión multifuerza para junio del mismo año denominada MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas por la Estabilización de Haití), que tendría por objetivo: a) Estabilizar el país; b) Pacificar y desarmar las bandas armadas; c) Promover elecciones libres e informadas; d) Fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití.

A pesar de todas las carencias en materia legal, histórica y ética de la Resolución 1542, Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, se obligó a los militares a “estar listos para usar la fuerza para cumplir con su misión”. En cuanto a la Resolución 1529, declara en forma mentirosa “que la situación en Haití constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

Esto no solo terminó en la misión humanitaria más larga de la historia de Haití (2004-2017) sin producir ningún cambio real. Al contrario, favoreció una mayor impunidad y violación de los derechos humanos: muchas personas continúan siendo victimas de las consecuencias de estos ilegales y arbitrarios actos. Si bien fue reemplazada la Misión de las Naciones Unidas por el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) y actualmente se encuentra la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), está última produjo un resultado quizás peor. La federación de las bandas armadas -hoy liderada por Jimmy Cherizier (Alias Barbecue)- fue defendida por la presidente de la BINUH, Helen Lalime, argumentando que los líderes de las bandas armadas no son criminales sino líderes comunitarios y sociales.

  • La instrumentalización de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el escenario electoral haitiano

Mientras que la seguridad en los centros de votación y el transporte de las urnas, que debían conservarse intactas hasta el final del proceso por los agentes de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) — compuesta por unos 9.000 cascos azules de Brasil, Chile, Argentina y otros países —, los observadores han denunciado fraude electoral a favor del candidato presidencial, René Preval (2006-2011).

Los resultados electorales oficiales, en los cuales fue “electo” el presidente Michel Martelly (2011-2016), nunca fueron publicados por el Colegio Electoral Provisorio/Permanente (CEP). En la elecciones de Jovenel Moïse (2017-2022), apadrinado por Joseph Martelly, casi todos los observadores denunciaron la manipulación de los resultados electorales producto de las presiones de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, sin hablar de los fraudes electorales denunciados además del clima de inseguridad el cual causó que el porcentaje total de votantes no superara el 26%, cifra que representa la tasa de participación más baja para las elecciones nacionales en el hemisferio occidental desde 1945. 

Sin profundizar en la implicación del presidente Michel Joseph Martelly y su sucesor Jovenel Moise en la dilapidación del fondo PetroCaribe -más de 3,8 mil millones de dólares estadounidenses- producto de una alianza entre Venezuela y el país caribeño, esto causó en definitiva graves crisis de infraestructura, socioeconómicas y políticas en el país durante la MINUSTAH hasta hoy en día.

El representante especial del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Jefe de su Oficina en Haití (2010), Ricardo Seitenfus, fue removido tras haber declarado que «la ayuda humanitaria es efectiva. Pero cuando ella se vuelve estructural, cuando reemplaza al Estado en todos sus misiones, entonces terminamos con un desempoderamiento colectivo. Si hay pruebas de que la ayuda internacional ha fracasado, es Haití».

  • La infiltración social y cultural a través de las ONGs en Haití

Dos meses después del terremoto de 2010, los 12.000 millones de dólares recaudados y administrados por la Comisión Interina de Reconstrucción de Haití (CIRH), -copresidida por el ex presidente estadounidense Bill Clinton y el ex ministro haitiano, Jean Max Bellerive- fueron usados para otros fines y no a favor del desarrollo del país. La mayoría fue gastado por las ONG internacionales y en beneficio de las empresas, los ONGs y el Gobierno estadounidense. El enviado especial de las Naciones Unidas para Haití reveló que el dinero del fondo humanitario, o $2.400 millones, se distribuyó de la siguiente manera: el 34% se devolvió a las organizaciones civiles y militares de los donantes para la respuesta de emergencia, el 28% se asignó a Agencias de la ONU y ONGs, el 26% se asignó a empresas privadas y otras ONG, el 5% se donó a sociedades nacionales e internacionales de la Cruz Roja, el 1% se pagó al gobierno haitiano y el 0,4 % a ONGs haitianas.

  • La migración forzada como arma estratégica en la política exterior de Estados Unidos y Europa

Basta mirar los países elegidos para el programa de parole humanitario de Biden, por ejemplo, para entender la lógica del llamado “humanitarismo” de dichos programas: los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. El arte de la guerra de Sun Tsu sugirió que “la mejor manera de luchar contra un adversario es dejar una puerta abierta (…) Muchos luchadores se escaparan y los más valientes serán pocos”. Esta lógica, sin duda, atraviesa la política exterior de los países cómplices de la situación actual de Haití, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia e incluso Brasil que había liderado la intervención militar de 2004. Todos fomentan programas “humanitarias”, pero llamados por algunos sociólogos “Gain Grain” (Robo de Cerebro). 

Por la situación inviable planificada por la llamada comunidad internacional, tomando conciencia que esto podría provocar una revuelta popular de consecuencia sistémica, el otorgamiento de visas “humanitarias” también es parte de la jugada geopolítica. Según The GLOBAL ECONOMIC, Haití figura en el Top 3 de los países caribeños y Top 10 de los países en el mundo con mayor índice de desplazamiento humano «por políticas y considera que esto tendría consecuencias severas en el desarrollo de un país”. Cabe precisar que Palestina también se encuentra en el Top 10 de países como mayor fuga de cerebros. 

CONCLUSIÓN

Hoy en día “dimite” el primer ministro Ariel Henry, quien ha sido nombrado por el sindicato de las embajadas “Core Group” en Haití -liderado por la Embajada de Estados Unidos tras el perplejo asesinato de Jovenel Moise por militares colombianos entrenados por el Pentágono y la complicidad del mismo Ariel Henry, según los informes de la Fiscalía de Haití-. Su dimisión se funda en el hecho de que la federación de las bandas armadas (paramilitares) ocupó la zona aeroportuaria tras firmar una intervención militar liderada por Kenia y República Dominicana rechazó su estancia. 

Cabe subrayar también que la misión de Ariel Henry era reducir la inseguridad generalizada y organizar las elecciones de este año. Por lo tanto, abandonó el poder por presiones del propio Estados Unidos, tras firmar un decreto que sacó el subsidio del Estado en el petróleo en beneficio de Estados Unidos y un acuerdo de cooperación en seguridad internacional con dicho país que establece el lanzamiento de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (UTCE) en Puerto Príncipe para dar poder de intervención fiscal en el territorio haitiano. 

Recientemente se pudo observar el “diálogo para la transición democrática en Haití”, hecho por Antony Blinken del Departamento del Estado Americano junto con otros dirigentes del Caribe pero sin la presencia de ningún líder haitiano. Lo que complejiza el debate político haitiano desde una perspectiva etnico-racial, dado que históricamente Norteamérica y Occidente usaron a nuestros propios compatriotas como victimarios para llegar a sus fines mientras usaban las famosas retóricas de la democracia, libertad, humanitaria, seguridad internacional, derechos humanos y la paz. Mientras tanto, Haití sigue atrapada por la trampa del racismo de la llamada comunidad internacional.

Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2024/03/seis-factores-que-explican-nueva-crisis-haiti.html

 

Fuente: Haiti no MINUSTAH

Buenos Aires, Plaza de Mayo: Solidaridad con el Pueblo de Haití

El pueblo de Haití lucha por su autodeterminación y la posibilidad de vivir con dignidad sin la injerencia permanente de EE.UU. y otros poderes imperialistas. 

Nos solidarizamos con este pueblo que nació en la lucha victoriosa contra la esclavitud y el colonialismo, que abolió la discriminación y que sigue resistiendo los embates de la venganza.

Sumate en Plaza de Mayo este jueves, Día internacional contra la Discriminación Racial y el inicio de una nueva Semana de Solidaridad con el Pueblo de Haití en América latina y el Caribe.

Contaremos con las palabras de Henry Boisrolín, del Comité democrático haitiano en Argentina, y llevaremos hasta la Casa Rosada nuestro reclamo de NO AL ENVIO DE TROPAS NI POLICIA ARGENTINA A HAITÍ. Solidaridad y reparación de los crímenes cometidos por intervenciones anteriores.

COMITÉ ARGENTINO DE SOLIDARIDAD POR EL FIN DE LA OCUPACIÓN DE HAITÍ

Marcha campesina por tierra y producción en Paraguay

La XXX Marcha Campesina llegará a la capital los próximos 20 y 21 de marzo con los reclamos históricos de los agricultores y agricultoras. La marcha convocada por la Federación Nacional Campesina reunirá también a comunidades indígenas y organizaciones populares que apoyan los reclamos campesinos por políticas que que garanticen acceso a la tierra y apoyo a la producción de los agricultores.

“El problema de la tierra es un problema central en el país, porque por un lado tenemos una profundización del acaparamiento de tierras por parte de un puñado de latifundistas, y por el otro existen alrededor de 300 mil familias compatriotas sintierras” señala Marcial Gómez, Secretario General de la Federación Nacional Campesina al momento de explicar los reclamos principales de la movilización.

Así también, agrega que sobre esa injusta distribución de la tierra se desarrolla un modelo de producción agroexportador, que prioriza los commoditis y que “destruye el ambiente y a consecuencia de eso sentimos cada vez más los impactos de la crisis climática”. Esta denuncia coincide con una de las mayores olas de calor que se registran en el país a lo largo de su historia con prácticamente una semana de temperaturas elevadas y la sensación térmica cercana a los 50 grados centígrados.

En este sentido la Federación denuncia la política de ajuste aplicada por el Gobierno de Peña hacia el Ministerio de Agricultura y Ganadería que redujo en un 35% el presupuesto de la cartera agraria, lo que implica una mayor imposibilidad de asistir a los productores de alimentos. Esta situación se suma a los efectos de fenómenos climáticos extremos y a la falta de políticas que garanticen mercado y precios justos para los productos campesinos, según la investigación ¿De dónde viene lo que comemos” la agricultura campesina, con sólo el 6% de las tierras cultivadas, produce el 15% de lo que se consume en la ciudad y el 48% de lo que consumen las personas del campo.

Mientras la producción campesina carece de apoyo y los agricultores reciben cada vez menos pago por sus productos, el precio de los alimentos a la población en general aumentó un 30% en los últimos años. Según la investigadora Sarah Zevaco, es necesario hacer frente a esta situación con políticas de Estado que valoricen el trabajo campesino.

La convocatoria realizada por la FNC concita el apoyo de otros sectores, como el indígena y sectores sociales y políticos de la ciudada que acompañan sus reclamos, en este marco se prevé una importante presencia en las calles. Según indicaron los organizadores las actividades iniciarán el día 20 con diversos debates en la sede del ex-seminario metropolitano – histórico lugar de concentración de las movilizaciones campesinas-, además tendrán actividades culturales y mitines de protesta en la antesala a la gran marcha que se realizará el día jueves 21 y tendrá como punto de destino la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional.

Allí el campesinado presentará su voz de protesta, ya que según indican sus dirigentes “desde el gobierno no han tomado ninguna medida para dar salida a los problemas estructurales de acceso a la tierra y apoyo a la producción. Al mismo tiempo cuestionan el accionar político de gobierno de Santiago Peña ya que centra su interés en el copamiento de las instituciones del Estado para beneficiar a sectores poderosos, “cada vez más están más amenazados los derechos, el copamiento de las instituciones por un sector deteriora la democracia, no existe perspectiva de solución a los problemas sociales de salud, educación, falta de empleo, inseguridad, entre otros”, indican los campesinos.

Publicado originalmente en BASE-IS

 

Fuente: Desinformemonos

Informe “Pueblos Indígenas en Honduras: Derechos, Territorios y Leyes”

El COPINH se enorgullece en presentar el informe “Pueblos Indígenas en Honduras: Derechos, Territorios y Leyes”, un trabajo fundamental en nuestra lucha por el reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Honduras. Este informe surge como respuesta a la urgente necesidad de abordar la violencia y la falta de reconocimiento por parte del Estado hacia nuestras comunidades.

¿Por qué nace este informe?

Honduras enfrenta una deuda pendiente en cuanto al cumplimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. La violencia y la falta de reconocimiento por parte del Estado son una realidad constante que atraviesan nuestras comunidades. Este informe es nuestra voz, nuestra denuncia y nuestra contribución a la discusión sobre cómo avanzar en el reconocimiento y protección de nuestros derechos.

¿Qué queremos lograr?

La falta de reconocimiento y protección de nuestros derechos territoriales ha llevado a la persecución, criminalización, violencia y asesinatos de líderes y lideresas indígenas. Nuestro objetivo es abordar estas problemáticas y proponer soluciones concretas para garantizar que nuestros derechos sean respetados y protegidos.

¿Qué contiene el informe?:

El informe incluye un análisis técnico jurídico sobre las normas nacionales e internacionales para la protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras en Honduras. Además, presenta el estudio detallado de tres casos emblemáticos: la Comunidad Lenca de Río Blanco, la Comunidad Lenca de Montaña Verde y la Comunidad Garífuna de San Juan. Finalmente, ofrece propuestas de reforma, modificación, derogación y/o construcción de normas que puedan contribuir al proceso de reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos territoriales.

¡Porque defendemos nuestros territorios que son nuestra vida!

Nuestros derechos territoriales no se limitan a la tierra; abarcan la esencia misma de nuestras comunidades indígenas, incluyendo nuestra cultura, espiritualidad y autodeterminación. Más que simplemente la posesión de un territorio, entendemos nuestra relación con la tierra como parte integral de nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo y nuestro lugar en él. Es esta cosmovisión la que sostiene nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia y nuestras raíces. La autodeterminación, en este contexto, se vuelve aún más crucial, ya que nos permite preservar nuestros modos de vida ancestrales y nuestra autonomía. Por ello, destacar nuestros derechos territoriales es esencial no sólo para garantizar la justicia presente, sino también para reparar las injusticias históricas, incluyendo la restitución de tierras ancestrales desposeídas por procesos coloniales y de desplazamiento.

 

Fuente: COPINH