El 20 de agosto se llevará a cabo en Ecuador una trascendental consulta popular enfocada en el Yasuní, un icónico parque Nacional Natural, de importancia local y global. En esta ocasión, el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de decidir si conserva bajo el subsuelo aproximadamente el 30% de sus reservas actuales de hidrocarburos. El Yasuní ha sido objeto de intensos debates durante varias décadas, atrayendo la atención internacional y generando discusiones sobre la responsabilidad histórica en relación con la crisis climática. Además, ha resaltado la importancia de la solidaridad internacional para llevar a cabo una transición energética en estos tiempos críticos, en los que la dependencia de los combustibles fósiles plantea retos importantes. La iniciativa Yasuní ITT, previamente propuesta por el gobierno del presidente Rafael Correa, fue el resultado de una larga lucha de pueblos indígenas y grupos ambientalistas ecuatorianos que buscaban proteger la biodiversidad y detener la expansión petrolera hacia la Amazonía. Esta propuesta pionera planteaba que los países del Norte Global contribuyeran solidariamente para evitar la explotación de las reservas de hidrocarburos situadas bajo el suelo del Parque Nacional Yasuní, una región de enorme importancia ambiental y territorio de los pueblos indígenas huaoraní, algunos en aislamiento voluntario.
A pesar de que la iniciativa no se concretó debido a la falta de compromiso del Gobierno de Correa y a la escasa cooperación y solidaridad internacional, en la actualidad resurge con fuerza. Este renacimiento aviva el debate sobre la solidaridad y la responsabilidad colectiva en la lucha contra la profunda crisis climática que afecta a nuestro planeta. El futuro del Yasuní, uno de los territorios más diversos del planeta, depende ahora de la decisión que tome el pueblo ecuatoriano en esta consulta, y sus resultados tendrán implicaciones significativas para reafirmar la urgencia de reducir la extracción de petróleo a nivel mundial. De acuerdo a una serie de estudios publicados en la revista Nature, el 90 % del carbón, el 58% del petróleo y el 59 % del gas (reservas probadas a 2018) no pueden ser extraídos si se quiere tener al menos una posibilidad del 50% de no superar un aumento de 1,5 C en la temperatura media global.
Otro ejemplo relevante en la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis climática es el caso de Colombia, donde el actual presidente Gustavo Petro ha propuesto abandonar la senda de los combustibles fósiles, no otorgar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y cerrar la frontera carbonífera. Sin embargo, este camino plantea importantes desafíos, ya que gran parte de los ingresos del país dependen de la extracción de recursos fósiles. La transición energética justa en Colombia requerirá el apoyo y la colaboración de los países del Norte Global, quienes podrían contribuir no cobrando o renegociando su deuda para destinar esos recursos hacia la acción climática sustentable.
La crisis climática es una realidad que afecta a millones de personas, con fenómenos climáticos cada vez más frecuentes que impactan en sus hogares y formas de vida. El uso indiscriminado y la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas, ha provocado un alarmante aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, agravando aún más la crisis climática. Es esencial reconocer que esta problemática nos afecta a todos, aunque de manera desigual, y promover la solidaridad y la colaboración global en la búsqueda de soluciones. Dejar el petróleo en el subsuelo no solo beneficiará a una región o país en particular, sino que tendrá impactos positivos a nivel mundial, siendo un paso crucial hacia un futuro sustentable y justo para todos.
Es habitual escuchar que las cuestiones sociales y las medioambientales son dos caras de una misma moneda. Pero si el cambio climático es el mayor conflicto medioambiental de nuestro tiempo, ¿qué implicaciones tiene luchar contra él a nivel social? Lucas Chancel es un economista de renombre mundial que estudia la desigualdad y el cambio climático.
“Desigualdad climática” es un término que escuchamos con frecuencia, pero ¿qué significa exactamente?
A mí lo que me interesa es ver de qué manera se relacionan varios tipos de desigualdad con las cuestiones medioambientales. ¿Quién contamina? ¿Qué colectivos se ven afectados por la contaminación? ¿Quién puede permitirse financiar la descarbonización? Y, ¿de qué manera confluyen la transición ecológica y la desigualdad?
La desigualdad climática tiene, como mínimo, tres aspectos básicos. En primer lugar, la exposición desigual a los efectos del cambio climático. Ni todas las personas, a nivel individual, ni todos los países se ven afectados del mismo modo; algunos lugares se enfrentan a mayores niveles de calentamiento que otros. Un grado más no tiene el mismo impacto en los países de climas más moderados que en los que están experimentando ya altas temperaturas. Dentro de cada país los estándares de vida, el nivel de ingresos y la riqueza determinan considerablemente la vulnerabilidad de la población ante las crisis climáticas.
En segundo lugar están las desigualdades a nivel de responsabilidad. En este sentido, hay diferencias muy claras tanto entre países ricos y pobres como dentro de las fronteras de los países. En los países ricos hay grandes contaminadores y contaminadores que lo son en menor medida. Los países pobres contaminan menos por término medio, pero las élites de los países emergentes (a las que les gusta esconderse entre la multitud) están frecuentemente entre los principales contaminadores a nivel global.
Por último, existen desigualdades en cuanto a la capacidad de actuar. No todas las personas tenemos la misma capacidad de participar en la transición: cambiar nuestro coche, reformar nuestra casa o protegerla ante la sequía o las inundaciones. El Informe sobre la desigualdad climática 2023 señala que, a nivel global, la mitad menos contaminante del mundo (que se solapa aproximadamente con la mitad más pobre) emite solo el 12% del total de las emisiones. Y, sin embargo, esta mitad del mundo deberá soportar el 75% de los daños causados por el cambio climático en términos de pérdida de ingreso relativo. Hay que tener recursos para financiar la transición, así que hay una clamorosa asimetría en lo relativo a la capacidad de actuar. Que el mundo es muy desigual no resulta una sorpresa para nadie, pero el nivel de la desigualdad ha llegado a extremos chocantes. El 50% más pobre del mundo posee menos del 3 % de toda la riqueza global.
Estas tres dimensiones de la desigualdad climática global (la exposición a las crisis climáticas, las emisiones y la capacidad de acción) ilustran las tensiones inmensas del mundo actual. Las comunidades más afectadas por el cambio climático son las que menos contaminan y, al mismo tiempo, las que menos capacidad tienen para tomar cartas en el asunto.
¿Cómo agrava el cambio climático las desigualdades existentes?
Los impactos del cambio climático han agravado ya las desigualdades entre los países. Estamos ya 1,3 grados por encima de los niveles preindustriales y los países tropicales y subtropicales han sido los más afectados por ello. Incluso ahora, los países más pobres tendrían más recursos económicos si no fuera por los daños derivados del aumento de las temperaturas. El cambio climático implica una serie de perturbaciones a las que las sociedades deben enfrentarse: olas de calor, inundaciones, empresas que se ven obligadas a reubicarse, etcétera.
Tenemos, por un lado, la desigualdad en la exposición a los riesgos. Algunos barrios están más cerca de las zonas de inundación que otros, que están situados en zonas más altas. La gran mayoría de las veces los barrios menos susceptibles a las inundaciones son los más antiguos y acaudalados. Por supuesto, cualquier persona puede verse afectada por la crisis climática, pero la tendencia es que sean las personas más pobres las que se llevan la peor parte. Y, dejando de lado la cuestión climática, las áreas urbanas de bajos ingresos suelen ser las más cercanas a las zonas industriales y de riesgo petroquímico.
¿Cómo podemos adaptar unos mecanismos de solidaridad pensados para una época pasada a un nuevo contexto de crecimiento lento e incluso recesivo?
Por otro lado, también tenemos una vulnerabilidad desigual ante los riesgos: no es solo que una persona esté más expuesta; sucede también que su casa está construida con materiales de peor calidad y que no tiene ahorros u otros recursos a los que recurrir. Una de las grandes desigualdades fundamentales de nuestras sociedades contemporáneas, ya sea en Francia, Uganda o los Estados Unidos, es que aproximadamente la mitad de la población no tiene ahorros, es decir, un colchón económico. El cambio climático implica la multiplicación de estas perturbaciones, lo cual agravará a su vez las desiguales en nuestras sociedades ya de por sí desiguales. Pero no todo está perdido. Un sistema del bienestar fuerte y distintas formas de seguridad pública que ofrezcan cobertura universal pueden acabar con estos vectores de desigualdad. La protección social es así uno de los retos centrales de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos aumentar el nivel de protección social en los países ricos y crear nuevos sistemas del bienestar en países menos ricos? El estado del bienestar debe tener en cuenta los nuevos riesgos medioambientales que no estaban en el radar de sus padres fundadores a finales de la Segunda Guerra Mundial.
Pero los límites del crecimiento, el envejecimiento de poblaciones y una economía global cambiante complican la financiación de los estados del bienestar. ¿Podemos realmente permitirnos expandir la protección social para mitigar los riesgos medioambientales y la pobreza?
Debemos tener clara una cosa: económicamente hablando, nuestros países nunca han sido tan ricos como lo son hoy en día. Francia nunca ha sido tan rica. Los Estados Unidos nunca han sido tan ricos. El problema real es la distribución entre la riqueza privada y la riqueza colectiva en manos del Estado, las autoridades locales y las organizaciones sin ánimo de lucro. El problema no es el nivel total de riqueza, sino a quién pertenece esta riqueza. Ante el argumento de que ya no nos podemos permitir nada debemos responder recordando que tenemos un margen de maniobra enorme. Podemos buscar recursos y encontrar nuevas fuentes de ingresos, especialmente en la riqueza. El capital ha estado gravado de manera insuficiente desde hace décadas, y eso que no ha parado de crecer.
Los límites al crecimiento y el envejecimiento de la población sí plantean verdaderos retos a los que debemos enfrentarnos. Los sistemas de protección social que se implementaron tras la Segunda Guerra Mundial fueron concebidos en un contexto de crecimiento robusto: crecimiento convergente, reconstrucción económica y una explosión de la natalidad que se ha convertido hoy en día en una explosión de las jubilaciones. ¿Cómo podemos adaptar unos mecanismos de solidaridad pensados para una época pasada a un nuevo contexto de crecimiento lento e incluso recesivo? Debemos repensar los mecanismos de financiación con tal de superar su dependencia del crecimiento y tasar el stock de riqueza (los activos) en lugar de los flujos (PIB). Desvincular el modo en el que financiamos el estado del bienestar del PIB implica procurar más recursos provenientes de la riqueza privada y de la transmisión de la riqueza a través de la herencia.
Tenemos también que empezar a fijarnos en los costes de la degradación medioambiental que pasan desapercibidos. Por ejemplo, una gran proporción de las enfermedades crónicas actuales están relacionadas con factores medioambientales. Esa es la razón por la que la mejora de nuestro medio ambiente debe formar parte de nuestra concepción de un marco sistémico para la protección social. La prevención debería constituir una parte mucho más integral de nuestra política sanitaria, reduciendo así la presión sobre su financiación.
Subestimamos terriblemente el coste de los daños medioambientales. Aumentar nuestra concienciación a este respecto permitiría reducir el coste de la acción climática. Los combustibles fósiles reciben miles de millones de euros en forma de subsidios cada año. Sin embargo, el coste que implica esto para nuestros sistemas sanitarios en términos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares es enorme. Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles supondría ganar un margen de maniobra de aproximadamente varios cientos de miles de millones de euros al año.
La transición ecológica requiere más democracia frente a la emergencia, no menos
¿Hasta qué punto explica la desigualdad los nuevos conflictos medioambientales que están surgiendo en Europa? Tomemos como ejemplo los conflictos por el agua en Francia y España o las protestas de agricultores en Países Bajos.
El eje central en estos conflictos medioambientales es el acceso desigual a los procesos de toma de decisiones, que refleja los intereses de actores poderosos que se mueven entre las élites. Tal y como lo describe [el economista catalán] Martínez Alier, que ha mapeado los casos de injusticia medioambiental a nivel global, estos conflictos medioambientales conforman una especie de «Internacional de las luchas»: hay una serie de tensiones muy similares las unas a las otras a lo largo y ancho de Europa, pero también en el Amazonas y en África. Esto se debe a la dialéctica de las autoridades públicas que justifican ciertas decisiones basándose en parámetros económicos, frente a activistas que reivindican otras formas de legitimidad, desde la protección de la biodiversidad hasta un respeto más amplio por el proceso democrático. La manera en la que nos enfrentamos a la transición ecológica requiere más democracia frente a la emergencia, no menos. Las decisiones tomadas por comités pequeños que reproducen la defensa de los intereses establecidos no hacen más que malgastar nuestro tiempo.
¿Y qué hay del consumo de carbono de los sectores más ricos de la sociedad? ¿Cómo de útil es realmente la prohibición de los jets privados?
Cada tonelada de carbono en la atmósfera cuenta, así que no es una tontería. Un avión privado produce en una hora más toneladas de CO₂ que los desplazamientos diarios de la mayoría de las personas en un año. Pero todavía más importante es el ejemplo. Estamos entrando en una fase en la que todo el mundo deberá hacer un esfuerzo considerable para transformar sus estilos de vida. ¿Cómo podemos esperar que las clases medias y bajas pongan de su parte si la gente en lo alto de la escalera social continúa emitiendo el equivalente a un año de carbono en tan solo unos minutos?
Históricamente, cuando los políticos han pedido a sus poblaciones sacrificios considerables, a las clases adineradas se las ha hecho participar en él. En un discurso de abril de 1942 [en el que expuso los siete puntos de la política económica nacional orientada a estabilizar la economía de los Estados Unidos de cara a la guerra], Franklin D. Roosevelt pidió a sus compatriotas que hicieran enormes sacrificios. También pidió al Congreso que el ingreso de las clases más adineradas permaneciera por debajo de cierto límite. Es una cuestión de cohesión social, de un nuevo contrato social para la transición. En Francia, las aerolíneas ya no pueden vender billetes para rutas que puedan cubrirse en menos de dos horas y media de viaje en tren. Pero esto no afecta a los jets privados. Un agujero en el plan es un agujero en el contrato social.
Las ciudades y regiones deben lidiar frecuentemente con efectos de la crisis climática. Los gobiernos nacionales tienen las competencias en lo que respecta a tasación y seguridad social. El Pacto Verde Europeo es el marco de la transición y todos estos elementos se sitúan en el contexto de los acuerdos globales por el clima. ¿Cuál es el plano más relevante para la lucha contra el cambio climático?
Lo fascinante y a la vez vertiginoso de esta transición es que todos los planos están interconectados. Debemos empezar a nivel local e ir subiendo, al plano nacional, europeo e internacional. No podemos usar la lentitud y la frustración en un plano concreto para justificar la inacción en otro. Hay mucho que hacer a nivel local en lo que se refiere a desigualdad climática, el daño y exposición a los riesgos: desde la planificación urbana a la reorganización de áreas mediante políticas públicas que beneficien a los sectores más pobres de la población, en lugar de castigarlos. Reverdecer las ciudades y transformar los sistemas alimentarios beneficiará a aquellas personas que están en primera línea ante las olas de calor, la inflación del precio de los alimentos y la sequía.
El plano nacional es importante para promulgar leyes y ofrecer recursos financieros y el plano europeo puede ayudar a hacer acervo de recursos. Compartir esfuerzos es pensar a la mayor escala posible. Una red eléctrica impulsada por energía eólica y solar debe estar interconectada con otros territorios para, por ejemplo, seguir funcionado en los días en los que no hay suficiente sol o viento. Y esta misma lógica es aplicable a la capacidad de recuperación tras perturbaciones tales como los huracanes. Cuanto mayor sea el conjunto de sujetos que comparten los riesgos, mejor funcionará la protección, tal y como funciona la seguridad social a nivel nacional.
Un estado del bienestar europeo nos permitiría compartir riesgos de manera más eficiente. Pero esto implica la creación de recursos fiscales propios de la UE. Y, si bien esta es una conversación que está empezando a emerger, todavía estamos lejos del famoso «momento hamiltoniano» del federalismo estadounidense. El presupuesto de la UE está cerca del 2 % del PIB, mientras que la mayoría de sus estados miembros tienen presupuestos nacionales cercanos al 50 % de su PIB. Debemos federar tanto los recursos como los gastos con tal de prepararnos para la lucha contra las desigualdades medioambientales del futuro.GREEN EUROPEAN JOURNAL
Artículo publicado orginalmente en inglés en el Green European Journaly publicado en El Salto de la mano de Ecopolítica.
Los días 4 y 5 de agosto del año 2023 los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados, nos convocamos en la Comunidad La Técnica, Las Cruces, Departamento de El Petén, Guatemala, con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador.
Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogamos en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica.
Durante estos días dialogamos sobre el impacto del modelo extractivo, que acapara grandes extensiones de territorio, contamina los ríos y otras fuentes de agua, desplaza población y provoca oleadas de migración forzada, aniquila bosques y selvas, anula la soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, provoca la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones trasnacionales e incide dramáticamente en el calentamiento global. Todo ello a través de megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos (por ejemplo, palma de aceite, teca, pino; piña, caña de azúcar), la construcción de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros, en un entorno de militarización, criminalización de la lucha social y represión crecientes. En este sentido, es especialmente ilustrativo el caso de encarcelamiento de tres mujeres activistas comunitarias y la emisión de más de mil órdenes de captura para otras defensoras de la vida en el territorio Q’eqchi’ de Guatemala. Aprovechamos este espacio para exigir la liberación inmediata de las tres compañeras, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, y la anulación de dichas órdenes de aprehensión.
Pese a que nuestras luchas frente a este sistema capitalista depredador son altamente criminalizadas, los movimientos seguimos vivos y en resistencia, caminando y proponiendo alternativas de vida nueva para los pueblos, defendiendo nuestros territorios rurales y urbanos.
Estamos decididos y decididas a continuar la resistencia y construir un modelo energético desde los pueblos y para los pueblos; a defender los bosques, las selvas, los ríos, que son fuente de vida y base para una existencia digna.
En este mismo sentido y frente a la apropiación de territorios de los pueblos originarios, la construcción de gobiernos autónomos es fundamental para preservar la integridad cultural, social y humana de nuestras comunidades. Para ello es indispensable continuar fortaleciendo la soberanía alimentaria, generar modelos comunitarios de manejo de bosques y construir nuestros propios mecanismos de comunicación frente a los medios convencionales, en su mayoría cómplices del gran capital.
En esta defensa integral del buen vivir, las mujeres jugamos un papel fundamental. Sostenemos la vida desde diferentes ámbitos, somos las cuidadoras dentro y fuera de nuestras casas y protegemos los bienes naturales que nos brinda la Madre Tierra. Las mujeres debemos enfrentar la discriminación, el racismo y machismo, para dar voz y formar parte de las decisiones colectivas sobre la preservación de nuestros territorios y bienes. Creemos en la importancia del cuidado de nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, para desde ahí crear estrategias colectivas, formarnos políticamente y continuar en la defensa de nuestros territorios y recursos naturales y culturales. No podemos quedar excluidas de estas luchas, que con nuestra participación se enriquecen y fortalecen.
Asimismo, rechazamos categóricamente los monocultivos y el modelo extractivista. Defendemos los modelos comunitarios de manejo de bosques, que permiten la autonomía de los pueblos y la continuidad de la vida. Reconocemos como estratégico el conocimiento de marcos legales institucionales que ayuden a la protección o restauración de bosques, tanto en áreas rurales como en contextos urbanos. Ratificamos el derecho a la defensa de la tierra y el modo de vida y organización tradicionales como base de garantía del buen vivir. Nos comprometemos a buscar formas de involucrar a las futuras generaciones para que continúen la defensa de nuestros bienes naturales y culturales. Por todo lo anterior, declaramos el 5 de agosto como Día del Hermanamiento de Bosques a nivel nacional y mesoamericano.
Sobre los sistemas alimentarios ancestrales, la soberanía alimentaria y las semillas nativas de los pueblos en Mesoamérica y América Latina están enfrentando grandes desafíos y amenazas. Empresas semilleristas transnacionales como Bayer/Monsanto y Syngenta, entre otras, están imponiendo sus intereses por encima del derecho humano a la alimentación y la protección de la Madre Tierra. En ese sentido, valoramos las resistencias y luchas que se oponen a la mercantilización de los alimentos; condenamos la privatización de las semillas nativas ancestrales y milenarias, el saqueo y despojo de los conocimientos ancestrales, y exigimos la aplicación de los derechos campesinos. Consideramos a la agroecología como el sistema ideal para superar la crisis alimentaria, combatir el cambio climático y revalorar el aporte de los pueblos originarios en la producción de alimentos, sobre todo el trabajo de las mujeres, que es fundamental e incalculable. Rechazamos rotundamente la privatización de nuestras semillas, así como el despojo de los conocimientos ancestrales sobre medicinas y alimentos. Exigimos sistemas alimentarios y semillas libres para los pueblos, y que las decisiones sobre los sistemas alimentarios sean consultadas y consentidas por los pueblos indígenas, por campesinos y campesinas previa y libremente informados, pues son ellos y ellas quienes generan un gran aporte a la alimentación de la humanidad.
Hay diferentes visiones y formas de nombrar los territorios ancestrales y compartidos, es decir, los territorios hidro-sociales que incluyen la tierra, el agua, los árboles, los bienes comunes, el subsuelo y la Madre Tierra como unidad. La afectación al agua se manifiesta en el acaparamiento de su uso, en la contaminación e incluso en la captura y desaparición de ríos. El aniquilamiento de nuestras fuentes de agua está en manos de las grandes trasnacionales, que logran además infiltrarse en las cúpulas de gobierno y de poder, generando la colusión de la institucionalidad con los proyectos extractivistas y sin control de estas compañías. Ante esta realidad, las diversas etnias indígenas y comunidades locales que defendemos la Madre Tierra exigimos a los Estados nacionales la garantía y el respeto del ejercicio de la libre determinación de los pueblos mesoamericanos.
Estamos absolutamente en contra de las “grandes soluciones” que, disfrazadas de propuestas para el desarrollo, imponen las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices para incrementar su poder económico y político. En este esquema de depredación y destrucción, resalta la industria aeroportuaria. Considerando que la aviación es el medio de transporte que más contamina, el que, por su alto costo a los usuarios, menos población moviliza pero que, paradójicamente, es el que recibe más subsidios, expresamos nuestro firme rechazo a proyectos encaminados a acrecentar la infraestructura aeroportuaria, una vez más en detrimento de la integridad territorial de nuestros pueblos y bajo tramposos mecanismos de simulación como lo son los bonos de carbón y el llamado lavado verde.
Por último, vemos con profunda preocupación la creciente y criminal complicidad del narcotráfico con los proyectos extractivos. Esta realidad se ve reflejada en el aumento exponencial de la violencia brutal contra la población y el consecuente desplazamiento forzado, las desapariciones y asesinatos.
Pese a todo lo anteriormente descrito, los pueblos mantenemos nuestra resistencia, nuestra fortaleza, nuestra creatividad y esperanza en la construcción de nuevas realidades de vida, de dignidad, de oportunidades.
¡VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS EN MESOAMÉRICA! ¡VIVA EL REENCUENTRO DE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS MESOAMERICANOS!
Asociación CEIBA (Guatemala)
Asociación de Comunidades para el Desarrollo, Defensa de la Tierra y Recursos Naturales (ACODET) (Guatemala)
Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) (Guatemala)
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) (Internacional)
Asociación de Mujeres Ixmucané (Guatemala)
Asociación de Mujeres Mam (Guatemala)
Barracón Digital (Honduras)
Código Sur (Internacional)
Coecoceiba Amigos de la Tierra Costa Rica (Costa Rica)
El ayuntamiento de Morelia, Michoacán, borró el mural “Vivas las Memorias”, elaborado en 2021 por la artista visual Dulce Ácido y familiares de víctimas de violencia feminicida; ante la respuesta y exigencias de las mujeres por esta acción, las autoridades se comprometieron a restituir dicho mural.
La colectiva Libres Morelia dio a conocer que el pasado 5 de agosto las autoridades del ayuntamiento borraron el mural -ubicado en la Plaza de la Paz- que ellas realizaron como un elemento de “prevención de la violencia, estructural y sistémica que busca evitar la repetición” de las violencias machistas en la sociedad.
“El mural es una medida de atención a la alerta de género con la que cuenta el municipio desde el año 2016, a su vez busca preservar y honrar la memoria de las mujeres víctimas de la violencia machista y patriarcal”, señalaron las integrantes.
Fotografía: Facebook Libres Morelia
Pese a su importancia, el ayuntamiento decidió colocar otra pintura encima de este, sin un acercamiento previo con las mujeres que participaron en la elaboración del mural.
“Nuestros esfuerzos para restaurar y preservar la memoria de las mujeres, madres, hermanas, amigas, compañeras, fueron invisibilizados y burlados, por la acción arbitraria de desaparecer el mural y con ello callar las voces de todas las mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres”.
Fotografía: Facebook Libres Morelia
La colectiva acusó que dicha acción constituyó un atentado contra la libertad de expresión y contra la apropiación de los espacios mediante el arte. Además, señalaron que el borrado del mural también representa violencia institucional y simbólica, además de una violación a los derechos humanos.
Es por ello que buscaron una reunión con la directora del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (IMMUJERIS), Nuria Gabriela, quien se comprometió a restituir el mural que su gobierno borró.
Además, exigieron al ayuntamiento de Morelia que ofrezca una explicación pública de estas acciones, destacando la no repetición de estos actos.
“Queremos recordarle al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martinez que la memoria no se desaparece, que las voces no se callan, que su acción por desaparecer estos murales, significa que no le importa la vida de las mujeres ni honrar la memoria de las que ya no están”, señalaron las integrantes de Libres Morelia.
Luego de lo anterior y la promesa de colocar nuevamente el mural, la colectiva invitó a mujeres y familiares de víctimas a sumarse a la elaboración de un nuevo mural que plasme que “la memoria no se borra”.
No cenário político foi dada a largada para as eleições de 2024, no chão da vida real a violência está na rua de casa e paralisa atividades do cotidiano como ir ao trabalho ou frequentar a escola. Por outro lado, a luta pela sobrevivência dificulta uma organização popular mais estruturada e capaz de promover as mudanças necessárias no campo político, econômico ou social.
As chacinas das últimas semanas no Guarujá (SP), com 16 mortes, na Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro (RJ), com 10 mortes, reforçam as evidências: “nenhum preto é confundido com um bandido, todo preto brasileiro é tratado como bandido”. O genocídio negro segue em curso tanto em governos politicamente alinhados com a extrema direita, quanto em governos alinhados com a esquerda. Na Bahia, no período de uma semana — 28 de julho e 4 de agosto —, ações da Polícia Militar resultaram em 30 mortes.
Além das juventudes pretas, as mulheres seguem sendo as principais vítimas quando o assunto é violência. De acordo com dados de 2022 do Anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, 1.437 casos de feminicídio foram registrados, um aumento de 6,1% com relação ao ano anterior. As tentativas de feminicídio também aumentaram 9,3%, os dados revelam o registro de 7.660 casos.
A violência explícita que vemos, nada mais é que o termômetro que mede de forma fiel a proporção da ausência de políticas públicas integrativas no país. Por que os gestores públicos não implementam com mais amplitude as contribuições das organizações sociais e populares, os aprendizados vindos das universidades, de cientistas sociais, que podem contribuir e tornar possível a superação das desigualdades sociais? Sem percorrer esse caminho não será possível sair do espiral de violências.
A sociedade civil não pode ser cúmplice desse genocídio! Como ultrapassar a batalha pela sobrevivência e organizar a luta por direitos humanos e segurança pública? Até quando vamos tolerar mortes violentas e prematuras da população jovem, pobre e preta?
A corrida para as prefeituras em 2024 já assanham os bastidores da política local nas grandes e pequenas cidades do país, mobilizam as bases partidárias e as organizações populares. Como vamos percorrer o caminho para esse pleito? Quem são as lideranças que estão a caminho do executivo nas prefeituras e câmaras municipais? Quais são as pautas prioritárias no âmbito das cidades e sua relação com o Governo Federal, ou seja, o debate programático? Como vamos oferecer possibilidades de vida para crianças e jovens? Como vamos pensar o caminho da igualdade de gênero e superação da violência contra as mulheres? Em grande parte, o trabalho de base está nas mãos dos movimentos sociais e populares, sindicatos, associações de bairros, vamos à luta!
Enquanto tivermos uma política econômica exclusivamente comprometida com a defesa dos princípios do neoliberalismo teremos o aumento da desigualdade social, o desemprego, o estímulo à formação profissionalizante que reserva para as pessoas pobres funções com baixos salários e competições desleais. Por outro lado, diante da crise social instalada a resposta dos governos instituídos que se repete e cresce, especialmente nos estados, é a violência policial, a repressão e hostilidade com a população em situação de rua e a criminalização de lideranças populares, defensores e defensoras de direitos humanos.
Apesar do cenário desafiador é preciso olhar para frente com esperança, caminhar com otimismo na realização das ações transformadoras que nascem na organização popular. No próximo dia 7 de setembro temos um compromisso coletivo nas ruas e também diante da opinião pública que pauta o grande círculo de debates nas redes sociais.
Ocupar espaços em vista do projeto popular para a gestão das cidades e em vista das eleições 2024 é tarefa nossa, na defesa da superação das desigualdades e denunciar o oportunismo político que gera violências e aprofunda problemas históricos em nosso país como o racismo estrutural e a violência de gênero em todos os lugares, inclusive na política. Avançar na discursão programática para além de nomes.
O 29º Grito dos Excluídos e Excluídas nos provoca a responder: “Você tem fome e sede de quê?”. Vamos organizar as mobilizações nas ruas de cada canto do país e fazer valer a democracia participativa denunciando os desvios que impedem a concretização da vida digna para todas as pessoas e aprofundam as desigualdades que geram exclusão, violência e dívidas sociais que precisam de reparação.
Associações Yanomami e Ye’kwana apontam urgência por melhor coordenação do governo federal e mais ações em saúde e proteção territorial
SOS Yanomami: atendimento medico do SUS na TI Yanomami. Foto: Antônio Alvarado
*Por Assessoria de Comunicação da Hutukara Associação Yanomami
“Nós, lideranças do Papiú, gostaríamos de denunciar o retorno de garimpeiros em nossa região. Apesar das autoridades e do presidente Lula já terem limpado a floresta, os garimpeiros continuam voltando, por isso mandamos essas palavras. Apesar de existir a demarcação, eles estão voltando pelos rios. Nós queremos que vocês, de fato, retirem estes invasores”.
Seis meses após o governo federal decretar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) na Terra Indígena Yanomami, a devastação da floresta começa a desacelerar, mas os Yanomami e Ye’kwana seguem sofrendo com os efeitos do garimpo ilegal em seu território, conforme o alerta acima, de indígena do Papiú, incluído no relatório Nós estamos sofrendo ainda: um balanço dos primeiros meses da emergência Yanomami.
Lançado nesta quarta-feira (02/08) por três organizações indígenas: Hutukara Associação Yanomami (HAY), Associação Wanasseduume Ye’kwana (SEDUUME), e Urihi Associação Yanomami, o documento usa dados e relatos dos indígenas para fazer um balanço das ações nos últimos seis meses, ressaltando o que vem dando certo e também expondo falhas nas ações, como a ausência de uma coordenação do governo federal e problemas nas áreas de saúde, proteção territorial, desintrusão e segurança alimentar.
Ao final, o relatório propõe um caminho de diálogo com as comunidades e associações e conclui com uma série de propostas para fortalecer a proteção territorial e aprimorar os planos de recuperação sanitária das regiões mais afetadas. O relatório contou com o apoio técnico do Instituto Socioambiental (ISA) e pode ser acessado na íntegra no link.
Estrada e maquinários ilegais dentro da Terra Indígena Yanomami registrados pelo Greenpeace Brasil, em dezembro de 2022. Foto: Greenpeace Brasil
Desmatamento
Durante a gestão de Jair Bolsonaro, o desmatamento na maior Terra Indígena do Brasil quase sextuplicou. De acordo com os dados do Sistema de Monitoramento do Garimpo Ilegal, promovido pela Hutukara, de outubro de 2018 até dezembro de 2022 a área impactada pela atividade ilegal cresceu mais de 300%. A devastação do garimpo ilegal chegou 5053,82 hectares, o que atingiu 60% da população do território.
As ações do novo governo fizeram o garimpo ilegal na Terra Yanomami desacelerar, embora a devastação continue crescendo. No primeiro semestre deste ano, a área afetada pela atividade ilegal aumentou 219 hectares, o que representa 4% de incremento ao total acumulado em dezembro de 2022.
“Com efeito, o que se observou na maioria das regiões foi a estabilização de grande parte das cicatrizes, com sinais de alterações recentes bastantes pontuais. Em nenhuma das regiões o incremento observado superou a ordem de 50 hectares, sendo os maiores aumentos absolutos verificados nas regiões de Kayanau, Waikás, Alto Mucajaí e Auaris, respectivamente”, explica trecho do relatório da HAY.
Embora o governo tenha comemorado, em junho, o fim de alertas de garimpos na Terra Yanomami, após o monitoramento da Polícia Federal ficar 30 dias sem novos alertas, isso não significa o fim da exploração ilegal.
As chuvas que iniciam em abril e têm pico em junho, por exemplo, dificultam o sensoriamento remoto, além de que garimpeiros podem estar atuando em áreas que já foram desflorestadas. No mesmo mês da comemoração, a HAY recebeu relatos de que garimpeiros estavam se movimentando pelos rios Apiaú e Couto Magalhães.
Pista do Jeremias em Homoxi Foto: Reprodução/Relatório Yanomami sob Ataque/Isa/Hutukara.
Estrangulamento logístico
O relatório avalia que entre as ações do governo para chegar a esta estabilização, as focadas no “estrangulamento logístico” foram as mais eficazes, especialmente as que controlavam e bloqueavam as formas de acesso ao território.
Em 30 de janeiro, o governo federal criou a Zona de Identificação de Defesa Aérea (Zida). No entanto, a medida se sustentou por apenas seis dias devido à pressão exercida por parlamentares de Roraima que estão associados ao garimpo ilegal.
De 6 de fevereiro a 6 de abril, exatos dois meses, o governo fez a manutenção de três “corredores humanitários” aéreos abertos a fim de levar a uma saída espontânea dos criminosos. O balanço aponta que esta medida reduziu custos das ações de combate, mas também favoreceu os “donos de garimpos” que puderam retirar parte do seu equipamento sem maiores prejuízos. Segundo o relatório há rumores de que alguns desses “empresários” estejam esperando o enfraquecimento da fiscalização para retornar a operar no território.
O relatório demonstra também como traficantes de pessoas usaram a flexibilização do controle do espaço aéreo, a partir do caso de uma adolescente que foi resgatada de um prostíbulo no rio Couto Magalhães. Pilotos de avião, barqueiros e motoristas que fizeram o transporte dos criminosos foram igualmente favorecidos com a medida, havendo relatos de que garimpeiros chegaram a pagar até R$15 mil pela saída.
Mesmo com o total controle do espaço aéreo e fechamento dos “corredores humanitários”, há relatos de que aeronaves estão partindo da Venezuela para garimpos fronteiriços, mas que ainda estão dentro da Terra Indígena Yanomami. Parte dos invasores moveu as bases logísticas para Santa Elena de Uairén e atuam na bacia do Caura, e na cabeceira do Metacuni, próximo à comunidade Sanöma de Hokomawë.
“Pilotos de avião, barqueiros e motoristas que fizeram o transporte dos criminosos foram igualmente favorecidos com a medida”
Devastação causada pelo garimpo na TI Yanomami. Registro feito em dezembro de 2022, durante sobrevoo realizado pelo Greenpeace. Foto: Valentina Ricardo
Bases de proteção
Assim como a estratégia de “estrangulamento logístico”, o relatório da HAY aponta que o governo precisa aprimorar as bases de proteção em todo o território. Desde que as ações começaram, as equipes de fiscalização estão concentradas nos rios Uraricoera e Mucajaí. Dessa forma, outros rios importantes que também dão acesso à TIY ficaram vulneráveis, como o Catrimani, o Apiaú e o Uraricaá.
Em novembro do ano passado uma estrada clandestina com aproximadamente 150 km de extensão foi identificada passando pelos rios Apiaú e Catrimani. Com a rota, a logística garimpeira era facilitada pelo meio terrestre. Mas apesar disso, a região não foi ainda alvo de operações.
Os órgãos que atuam nesta fiscalização foram esvaziados durante a gestão de Bolsonaro, deixando poucos agentes para cobrir toda a área necessária. Além disso, somente em 21 de junho deste ano, quase ao fim dos primeiros seis meses de ação emergencial, o governo designou às forças armadas o papel de atuar nas ações preventivas. Antes, o Exército atuava apenas como apoio logístico.
“Caso, o envolvimento das Forças Armadas na execução de ações preventivas e repressivas dentro da TIY tivesse sido planejado desde o início, talvez tivesse sido possível ampliar a capacidade das Bapes e inclusive a planejar a instalação de novas estruturas em outros pontos estratégicos”, aponta trecho do documento.
Saúde
Durante o período de transição e início do novo governo, fotos de Yanomami doentes e desnutridos tornaram-se virais nas redes sociais, e foram importantes para chamar a atenção do governo federal ao problema e dar início à ESPIN. No entanto, seis meses após a visita do presidente a Roraima, a Saúde ainda carece de estruturação.
Segundo apurou o relatório há ainda muitas regiões desassistidas, enquanto há uma concentração de profissionais em Surucucu. Os polos de regiões sensíveis continuam com equipes incompletas ou com tamanho incompatível com a demanda. Há regiões que seguem dependentes de missões de saúde esporádicas, que duram sete dias e não tem prazo para serem repetidas.
Dessa forma, atendimentos que deveriam fazer parte da rotina como pesagem de crianças, pré-natal, vermifugação e tratamento de malária se tornam impossíveis para os Yanomami que vivem nas regiões mais remotas. Os excessivos casos de malária ainda são um problema na terra indígena. De janeiro a julho de 2023, houve 12.252 casos, o que representa 80% do total registrado em 2022.
“É impossível em uma aldeia, com cem pessoas com sintoma de malária, uma equipe de duas pessoas em missão fazer qualquer outra coisa que não testar a população e tratar os mais graves”, declarou uma profissional da saúde que pediu para não ser identificada.
A solução atual tem sido remover os pacientes em estado grave para o Centro de Referência em Surucucus, que já no dia da inauguração operava com 90% da capacidade. Embora tenham sido realizados até julho mais de 8 mil atendimentos, os Yanomami se queixam que os profissionais da Força Nacional do SUS raramente se deslocam para realizar ações de saúde nas comunidades.
Por outro lado, os profissionais de saúde ainda vivem com o sentimento de insegurança devido à persistência de invasores garimpeiros no território. “Isso faz com que os vetores de produção da crise sanitária não sejam combatidos na sua raiz”, aponta o documento da HAY.
Considerando experiências bem sucedidas na Saúde, o ideal seria criar um cronograma para realizar a estabilização aos poucos:
Recuperação da infraestrutura logística e de atendimento;
Aumento das equipes de saúde trabalhando no território, com aumento da frequência das visitas nas aldeias
Aprimoramentos no sistema de vigilância epidemiológica, para encurtar o tempo de resposta entre surtos epidêmicos e tratamentos;
Recuperação do papel dos profissionais indígenas como peças-chave nas equipes de saúde.
A mobilização visou chamar a atenção da sociedade e do mundo a respeito da política de genocídio contra o povo Yanomami. Foto: Ligia Apel.
Distribuição de cestas básicas
Em fevereiro, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) elaborou uma nota técnica estimando a necessidade de entregar 12.692 cestas de alimentos por mês para combater a fome e a desnutrição na Terra Indígena Yanomami. Dessa forma, mais de 50 mil cestas básicas seriam entregues durante o primeiro semestre. No entanto, as Forças Armadas, responsáveis pela logística, só conseguiram entregar 50% do previsto.
A fome e a desnutrição não chegam a ser problemas em todo o território Yanomami, mas com a expansão do garimpo ilegal que afeta os recursos naturais e organização econômica das famílias, somada à desassistência sanitária e aos efeitos dos e os fenômeno climático La Niña, houve um aumento de comunidades sofrendo com estes problemas. Comunidades mais isoladas ficaram praticamente desassistidas da ajuda humanitária do governo federal. As cestas eram arremessadas no ar e a distribuição ficava concentrada em pistas de pouso com grande capacidade de armazenamento, conforme relatos dos próprios yanomami.
Em Kayanau, por exemplo, onde 83% das crianças da região estavam com baixo peso ou muito baixo peso em 2022, certas comunidades ficaram desassistidas. Já em Auaris, as cestas foram estocadas no pelotão de fronteira e demoraram a ser entregues, o que fez a carne perecer.
“É importante que o atendimento com cestas básicas seja garantido com alguma periodicidade e com um cronograma acordado com as comunidades, considerando que uma cesta dura em média dez dias para uma família Yanomami, e que cultivos de ciclo curto, como o milho, necessita de pelo menos 90 dias para serem colhidos”, explica o relatório.
Recomendações
Por fim, o relatório recomenda que para seguir com a operação de forma mais assertiva e garantir a estabilização da saúde, sensação de segurança, proteção territorial e segurança alimentar, governo deveria considerar alguns pontos, dos quais destacamos:
Aprimoramento dos mecanismos de diálogo do governo com as organizações indígenas;
Fortalecer a articulação entre as ações setoriais e planejar o desenvolvimento das ações de maneira integrada, através de uma coordenação operacional e intersetorial da emergência Yanomami;
Desenvolvimento de planos de ação regionalizados para regiões sensíveis que combinem em um único cronograma ações de neutralização do garimpo, apoio emergencial, promoção à saúde, reocupação das UBSIs com apoio de forças de segurança, e desenvolvimento de atividades de recuperação socioeconômica das comunidades;
Garantir a manutenção do controle do espaço aéreo por tempo indeterminado e reforçar o monitoramento nas zonas de fronteira;
Intensificação das operações de combate ao garimpo nos núcleos que ainda persistem, com a destruição total do maquinário utilizado na extração de ouro e da cassiterita e aplicação das respectivas sanções administrativas;
Inutilização de todas as pistas de pouso clandestinas e aeronaves apreendidas no interior da TIY;
Reforço das bases de Proteção já instaladas (Walopali, Serra da Estrutura e Ajarani), conclusão com urgência da BAPE do Uraricoera, e criação de novas bases nos rios Apiaú, Catrimani e Uraricaá;
Promoção de patrulhas periódicas nas calhas de rio que dão acesso à TIY, e destruição de equipamentos e estruturas auxiliares à logística garimpeira;
Apoiar o reassentamento de comunidades afetadas pelo garimpo que manifestam o interesse de mudar-se para um novo local por não ter condições mínimas de permanência, com apoio logístico, ferramentas, infraestrutura para atendimento à saúde e acompanhamento próximo durante sua instalação;
Priorizar investimentos em infraestrutura para reforma e construção das UBSIs e reforma e manutenção de pistas de pouso;
Reocupação das UBSIs fechadas com apoio de forças de segurança;
Redimensionar o quadro de profissionais de saúde atuando no território, buscando fortalecer o número de profissionais nas regiões sensíveis;
Criação de uma força tarefa especial para o combate à malária em todo o território;
Estudar mudanças no modelo de contratação de recursos humanos na saúde indígena;
Promoção de ações específicas de combate à desnutrição infantil com acompanhamento dos pacientes com déficit nutricional e implementação de um plano de combate às causas da desnutrição infantil e reforço das equipes EMSI com nutricionistas;
Fomentar parcerias e cooperações técnicas com organizações especializadas em saúde que possam subsidiar soluções práticas capazes de responder à crise sanitária na Terra Indígena Yanomami;
“As associações Yanomami estão abertas ao diálogo com o governo sobre esta Emergência. Este assunto foi tratado no IV Fórum de Lideranças Yanomami e Ye’kwana, pois nossos povos querem seguir conversando, seguimos abertos ao diálogo”, disse o diretor da Hutukara, Maurício Ye’kwana.
O IV Fórum de Lideranças Yanomami e Ye’Kwana ocorreu de 10 a 14 de julho na comunidade de Maturacá, no Amazonas. O evento contou com a participação de 353, sendo mais de 200 lideranças yanomami e dezenas de representantes do governo federal. Durante os cinco dias de reunião, saúde, educação, segurança alimentar e proteção territorial foram os principais temas de uma ampla e democrática escuta do governo.
