El FMI ya votó

Desde Diálogo 2000, hacemos nuestro esta nota de la Autoconvocatoria, emitida unos días antes de las PASO. Con el candidato-ministro Massa en viaje hacía Washington, y les candidates Milei y Bullrich compitiendo para ver quién se somete más a los dictados del FMI, resaltamos el llamado a continuar ampliando “la presión social por la suspensión de los pagos e investigación de la estafa de la deuda.”

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Hace pocos días, el gobierno y el FMI anunciaron finalmente el acuerdo tan buscado por el candidato-ministro Massa. Pero llegó sin las divisas ni las grandes concesiones ansiadas, y queda aún sujeto al monitoreo diario de la “implementación continua de las acciones de política acordadas”, a los resultados de las PASO y la aprobación del Directorio. Recién entonces – a partir del 17 de agosto como mínimo – podrían ingresar U$D7.500 millones, es decir, solo una parte de las divisas que el candidato-ministro esperaba lograr en junio. 

No sólo tuvo que archivarse el plan Massa para escenificar el triunfo negociado con un nuevo viaje a Washington. Implicó además, en lo inmediato, la contratación de otras deudas – más intereses y comisiones – a través del swap con China y préstamos de la Corporación Andina de Fomento y de Qatar, a fin de cubrir los pagos acordados con el Fondo. No hay más margen para echar manos a las “reservas” que actualmente se calculan en negativo. Más pagamos, más debemos y menos tenemos…  

La información disponible no es completa, y falta también lo que ocurra en las próximas semanas, pero lo conocido hasta ahora muestra que el Fondo hace tiempo votó esperar hasta que se aclare el escenario político para continuar imponiendo todo el ajuste, devaluación y entrega que considera necesarios a fin de garantizar sus objetivos de lograr la acumulación de divisas requeridas para seguir cobrando su propia estafa, la de los demás prestamistas de la deuda eterna, y la “libre” explotación del trabajo y los bienes nuestros como el agua, los bosques, el litio, los hidrocarburos…, según nos lo recordó hace poco la jefa militar del Comando Sur de EE.UU. 

Mientras tanto, la miseria golpea cada vez más, se intensifica el extractivismo, se siguen fugando las divisas, y las miradas se van clavando entre la presión devaluatoria de los grandes exportadores y especuladores y las elecciones primarias.  La única certeza es que ninguna de las opciones presidenciales hegemónicas ofrece una alternativa al sometimiento al gran capital exigido por el Fondo. La salida de esta trampa de resignación, saqueo, represión y miseria vendrá desde otra parte, como nos muestran el actual levantamiento jujeño, la movilización piquetera permanente y tantas otras luchas. Ahí apuntamos, desde esta Autoconvocatoria, con la siempre vigente exigencia de suspender los pagos e investigar la estafa de la deuda.

MassAjuste por ahí 

Al iniciar esta quinta revisión del acuerdo de Fernández con el FMI, el candidato-ministro Massa anunció que “estaba cerca” una modificación de las metas principales para reflejar las consecuencias de la sequía en la recaudación fiscal y el cúmulo de divisas, y un desembolso anticipado de U$D10.000 millones para cubrir los vencimientos pendientes con el propio Fondo, suplir en algo las reservas y aquietar las presiones devaluatorias pre-electorales. El resultado como es notorio, fue otro. 

El gobierno y el FMI terminaron por acordar un ajuste recargado de junio en adelante, ya que se mantuvo la meta anual de déficit fiscal en 1,9% (sin contar el pago de intereses), a pesar del aumento sostenido de la pobreza, la desaceleración del crecimiento económico y el no disponer de la recaudación perdida por la sequía. Esto implica un recorte del gasto público real mucho más grande que lo ejecutado hasta ahora, que a fines de junio ya mostró una disminución del 9% respecto al año anterior, desproporcionadamente concentrada en la baja de las prestaciones sociales y en las jubilaciones… pero insuficiente para satisfacer al Fondo. 

Para poder cumplir dicha meta de ajuste tampoco se exhibe mucha creatividad: el FMI propone como siempre y en todo lugar, “contener el crecimiento de la masa salarial; recortar subsidios y actualizar las tarifas de energía…; fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias”. O sea, “un poco más de sacrificio” para seguir pagando y debiendo cada vez más.

Acordaron además acelerar la devaluación – aunque sea no tan rápido como pretende el Fondo, presionando aún más arriba los precios y favoreciendo a los grandes exportadores, y mantener limitada la emisión de pesos forzando un mayor endeudamiento. También van a mantener la tasa de interés por encima de la inflación, favoreciendo a los bancos y grandes especuladores, y buscando ralentizar más la actividad económica. El acuerdo de revisión sí afloja la meta de acumulación de reservas este año, tal vez en reconocimiento no tanto de las consecuencias de la sequía sino de la aparición de China como prestamista de última instancia, cuestión no menor en el escenario de disputa hegemónica internacional. 

Las pocas medidas “de buena voluntad” adoptadas antes de anunciar el acuerdo, como el encarecimiento del acceso a divisas para algunas importaciones (que impactará en los precios internos vía inflacionaria) y el otorgamiento de un nuevo dólar preferencial de $340 para economías regionales del sector agrícola (que también traerá mayor presión sobre los precios internos), apuntan siempre al acopio de divisas para poder pagar la estafa de la deuda.

 

¿Cómo se sale?

Resulta necesaria y cada vez más la presión social por la suspensión de los pagos e investigación de la estafa de la deuda.  Como se mostró en Ecuador con su Auditoría Integral del Crédito Público, y mismo en Argentina con la moratoria de pagos entre 2002 y 2005, cuestionar y no pagar una estafa que nunca fue consultada al pueblo ni le ha beneficiado, es un camino necesario y posible para además potenciar otras medidas transformadoras. 

A 40 años del fin de la dictadura genocida que consolidó a través de la represión y la deuda, la imposición de esta matriz económica excluyente, especuladora, extractivista y extranjerizada, es hora de recuperar nuestra soberanía y autodeterminación, construyendo una democracia participativa y tejiendo alianzas integradoras y acciones coordinadas entre los verdaderos pueblos y países acreedores – de las deudas históricas y sociales, ecológicas y de género, democráticas y también financieras – para defender nuestro derecho al presente y tornar real el futuro que queremos. 

 

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

– Argentina, 9 de agosto de 2023 

Pueblos mapuche logran Consulta Indígena: «el Estado no puede decidir en nuestros territorios sin nosotres»

La Confederación Mapuche de Neuquén celebró que la movilización mapuche haya logrado, tras 21 años de demanda al Estado de Neuquén, que la provincia ponga en marcha el instrumento de la «Consulta Indígena». «Nunca más sin nosotras/os. El Estado no puede decidir en nuestros territorios sin nosotres. No hay viabilidad ni seguridad jurídica de un programa de desarrollo sin el Consentimiento del Pueblo Mapuche. Afirmamos esto, aplicando el derecho a defender nuestro propio concepto de desarrollo que es el buen vivir. Dentro del mapuce kimvn (conocimiento ancestral) ‘Buen Vivir’ es el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Defendiendo el orden de la naturaleza (azmogen) que cuestiona al capitalismo devastador», remarcan. Asimismo, le reclaman al gobernador Omar Gutiérrez que «finalice las carpetas de Relevamiento de las comunidades de Vaca Muerta», ya que consideran que «no hay aplicación de la consulta sin territorio».


«¡Neuquén puso en marcha la Consulta Indígena! Nunca más sin nosotras y nosotros», celebró la Confederación Mapuche de Neuquén (Consejo Zonal Xawvnko) en un comunicado difundido en su página de Facebook: «luego de 21 años de demanda al Estado de Neuquén, la movilización mapuche logra el instrumento tan necesario y urgente para resguardar nuestra vida, cultura y territorio. Un instrumento urgente ante el avance de lo que el gobierno denomina ‘desarrollo’, que para el pueblo mapuche tiene un significado claro: territorios devastados. Ante ese futuro amenazante, es que aparece la herramienta de la Consulta que puede poner racionalidad y generar el dialogo simétrico, de reconocimiento mutuo entre las autoridades del Estado, las autoridades del Pueblo Mapuce y la industria«, afirman desde la confederación mapuche neuquina.

En la misma línea, destacan: «por eso la enorme trascendencia del Decreto que acaba de firmar el gobernador de Neuquén. En los meses de trabajo que llevó acordar el Protocolo de Consulta entre autoridades mapuche y los funcionarios designados, éramos conscientes que medio gabinete se oponía a apoyar el proceso de aprobación a la Consulta. Cabezas conservadoras y con indisimulado racismo los llevaba a demonizar este instrumento de derecho. La buena aplicación de la Consulta Indígena romperá esa construcción discursiva que llevó a muchos funcionarios a expresar: ‘nos eligieron para decidir y no para andar consultando’. U otros peores: ‘si debemos aplicar todos los derechos indígena que la Constitución afirma, la actividad extractivista sería inviable, no rentable’. Por eso el nunca más sin nosotras/os. El Estado no puede decidir en nuestros territorios sin nosotres. No hay viabilidad ni seguridad jurídica de un programa de desarrollo sin el Consentimiento del Pueblo Mapuche. Afirmamos esto, aplicando el derecho a defender nuestro propio concepto de desarrollo que es el buen vivir. Dentro del mapuce kimvn (conocimiento ancestral) ‘Buen Vivir’ es el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Defendiendo el orden de la naturaleza (azmogen) que cuestiona al capitalismo devastador. No implica no utilizar la naturaleza para satisfacer nuestra necesidades y bienestar, sino defendiendo el equilibrio y la armonía de la vida«, señalaron.

Asimismo, en pleno año electoral, señalan que «no se ve en la plataforma de los partidos que necesitan de nuestro voto, propuesta donde los derechos ambientales, la salud de la ‘madre tierra’ y de pueblos indígenas estén incorporados. Los derechos del pueblo mapuce están contemplados normativamente, forman parte del derecho vigente, pero colisionan con lo que los gobiernos de los Estados e incluso, los partidos opositores, entienden debe ser el desarrollo«. En ese contexto, saludan «la decisión del gobernador Gutiérrez de animarse a cumplir con la Ley», y consideran: «el debate sobre la implementación de la Consulta será seria y responsable de nuestra parte, apuntando a la esencia de ese derecho que es resguardar nuestra identidad, derechos y territorios. No obstante, a la par de celebrar este enorme avance, le pedimos al gobernador que se anime a dar el otro paso que demandamos: finalice las carpetas de Relevamiento de las comunidades de Vaca Muerta. No hay aplicaci+on de la consulta sin territorio», remarcan.

En ese sentido, recuerdan que «no hay avance del Relevamiento en Vaca Muerta, retrasado sin justificación alguna«, por lo cual aseguran que continúan «en alerta en nuestros territorios comunitarios a la espera de esta respuesta puntual que evite acciones de fuerza que a todos perjudica, pero que no dudaremos en concretar«, advierten.

Finalmente, consideran que hay «una seria omisión en el Texto de Protocolo publicado» en cuanto a «lo relacionado a los derechos de igualdad de género y juventud»: «el acuerdo para el aval final del Protocolo era la incorporación de un Art. 18 que afirmara este derecho ante un patriarcado que afecta los derechos de pu zomo (mujeres mapuce)», destacan. Y agregan: «solicitamos una urgente adenda al Decreto del ejecutivo que solucione esta grave omisión. Fey Ka Mvten – ¡Mariciwew!», finaliza el comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén (Consejo Zonal Xawvnko).

Publicado originalmente en ANRed

Fuente: Desinformemonos

Panamá: El país de las lacerantes desigualdades

Panamá, según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) ocupa el duodécimo lugar entre los países del mundo con la peor distribución del ingreso y en América Latina y el Caribe, el segundo, si atendemos a la CEPAL. Es también considerado como uno de los países con mayor ingreso per cápita de la región, con un crecimiento económico promedio anual que, desde hace muchos años, supera al de los demás países latinoamericanos y que entre el 2023 y el 2024, el Banco Mundial la ve crecer al 5.7- 5.8%, cuando en ese mismo período la América Latina lo hará al 1.3-1.4 y 2.4%. Lo curioso también aquí, es que ese crecimiento parece que no es afectado en lo más mínimo, por el hecho de ser considerada desde hace algunos años por la Unión Europea, como un famoso paraíso fiscal. 

Es, sin lugar a dudas, un país que genera mucha riqueza, pero que desafortunadamente la termina distribuyendo con una desigualdad vergonzosa. Esto dicho en otros términos viene a significar, que su crecimiento económico profundiza las inequidades sociales y económicas existentes, en lugar de contribuir a superarlas o reducirlas de modo considerable. Aquí, cuando por un lado, un poco más de un centenar panameños privilegiados acumulan una fortuna escandalosa de casi 20,000 millones de dólares, existen por el otro, más de un millón de ciudadanos viviendo en la más dolorosa pobreza, es decir, 1 de cada 4 panameños es pobre. En el informe de la FAO del 2022 “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo”, se puede leer que en Panamá existen 700 mil panameños sin acceso a una dieta saludable y 200 mil padecen hambre. 

Parece inexplicable que el hambre sea la principal causa de mortalidad de un mundo, que por año bota en la basura más de un de un tercio de la producción mundial de alimentos y que produce 60% más de los alimentos que necesita. En el caso de Panamá, este desperdicio de alimentos en su principal ciudad, se estima que alcanza las 335 toneladas diarias. Por eso debe extrañar y hasta alarmar, que a pesar de los cientos de miles de panameños que padecen hambre diariamente y que cada cuatro días uno muere por ello, en el control fronterizo de Milla 21, en Guabito, Bocas del Toro, a principios de junio de este año, se retuvieron y destruyeron 25,000 plátanos verdes, bajo el argumento del contrabando y supuestamente para prevenir el ingreso del hongo fusarium R4 al territorio panameño. Nos parece que este cargamento merecía un análisis más profundo y un destino mejor, porque se conoce que los frutos de las musáceas (plátanos y guineos), no son portadores del hongo y su consumo no afecta la salud de los seres humanos.  

La indolencia aquí mostrada ha ocurrido otras veces y con otros productos agrícolas. Claro que hay que combatir el contrabando y proteger a los productores agropecuarios y sus cultivos agrícolas; cosa que no pareció preocupar antes a algunos, cuando se negociaban y aprobaban más de una veintena de tratados de libre comercio, sobre todo el más perjudicial y nefasto con los Estados Unidos, al que todavía hoy se tiene la esperanza de renegociar. 

Precisamente para proteger la producción agropecuaria nacional, es necesario no solo exigir con firmeza la revisión del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, sino, además, restablecer el papel rector del Estado para la estabilización y control de los precios de los alimentos y servicios básicos; procurar la producción de alimentos baratos, accesibles y saludables para la población; elevar a rango constitucional el Derecho a la Alimentación de los panameños y panameñas. De igual modo, es necesario fomentar la producción y productividad sustentable de los principales cultivos alimenticios; dotar de infraestructuras y financiamiento a organizaciones de productores, para que sean ellos los que controlen directamente la comercialización de sus productos; impulsar una auténtica política económica y agropecuaria que fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria. 

En este país que algunos pocos privilegiados pueden llamar con gran ligereza y mucha superficialidad, “un gran país o un país de oportunidades”, porque su prosperidad la perciben segura y sin amenazas y por la majestuosidad y opulencia que exhiben los edificios construidos y en construcción en la región metropolitana; tienen tendencia a ignorar que el 54% de la población rural y el 95% de la indígena es pobre; que más de medio millón de panameños se encuentran atrapados en el trabajo informal; que 120 mil no tienen ni han tenido electricidad;  que 500 mil niños son pobres según cifras del 2016 y que casi 400 mil panameños carecen de agua potable e instalaciones de saneamiento (esto sin contar a los que por semanas y hasta por meses no les llega y se ven obligados a protestar). 

Sin embargo, en este país de tan grandes, profundas y lacerantes desigualdades, habría que preguntarse, ¿por qué el presupuesto aprobado de más de 32,000 millones de dólares para el 2024, no pondrá fin a tanta injusticia ni las atenuará de manera significativa? La respuesta que aquí se obtenga, serviría para comprender mejor, que cuando más penuria y dificultades económicas pasaba el pueblo panameño, durante la emergencia sanitaria de la CoVid-19, según la Superintendencia de Bancos de Panamá, hasta octubre de 2022 los activos del Centro Bancario Internacional, crecían en 6,092 millones de dólares y las utilidades netas acumuladas del Sistema Bancario Nacional en 1,206.4 millones de dólares. 

Naturalmente que la crisis y las injusticias en Panamá no son solo de carácter económico. También alcanzan y rebasan los ámbitos sociales, éticos y culturales. Aquí es notable que, junto a los altos niveles de desigualdad e injusticia social, prevalezca un alto nivel de corrupción, de lo que se ha dado en llamar la clase política panameña, que amplios sectores de nuestra población, sometidos al más cruel y denigrante analfabetismo político y a la manipulación de muchos medios de comunicación, terminan tolerando, justificando y hasta explicando, bajo la frase “nadie compra huevo para vender huevo”. Esa crisis ética y cultural es la que nos permite explicarnos, los comportamientos clientelistas de muchos electores panameños. 

Asimismo, la sociedad panameña diariamente es estremecida por actos de violencia y de muerte que, con una alta dosis de crueldad y sadismo, no se detienen ante clase social, grupo humano, barrio o comunidad, ni edad de las víctimas. Nadie está seguro en ningún lugar ni en ninguna parte.  Lo mismo usted es atacado en la tranquilidad de su hogar, en un centro comercial, en su auto, en las paradas del transporte colectivo o en el interior de los mismos.  No hay límites para la delincuencia y el crimen. En el pasado ninguna mano, ya fuera blanda, suave o dura, pudieron contenerlos o frenarlos, hoy parece que, pese a los frecuentes, constantes y mediáticos operativos policiales, tampoco se podrá lograr. 

Es evidente que una sociedad que se construye con este escandaloso y creciente nivel de desigualdades y de injusticias, es insostenible.  Sus grandes mayorías que han estado condenadas a la desposesión por mucho tiempo, ya no tiene mucho más que perder. Ahora han de darse la oportunidad de imaginar una sociedad más justa, basada en el reparto de sus bienes y que tenga el valor de atacar las verdaderas causas estructurales, responsables de tanta inequidad entre los panameños. Cuando eso ocurra y ese sueño se haga realidad, la nación próspera y abundante por la que tantas generaciones pasadas han luchado, habrá valido la pena.

Por: Pedro Rivera Ramos. Periodista, escritor, cineasta y ensayista panameño.

 

Fuente: Radio Temblor

Haití-Gangs: Más de 70 intelectuales denuncian el silencio y la pasividad de las autoridades y llaman a la acción

Declaración conjunta de más de 70 intelectuales, escritores, artistas, profesores universitarios y otros profesionales, fechada el 18 de agosto de 2023 en Puerto Príncipe

Remitido a AlterPresse

Pasividad de los poderes públicos y movilización de la población

Declaración

Desde hace varias semanas, el suroeste de la capital, en particular Carrefour-Feuilles, es objeto de intimidaciones y asaltos continuos por parte de bandas armadas. El domingo 13 de agosto, estos bandidos lanzaron un ataque masivo contra los habitantes de Carrefour-Feuilles desde el barrio de Savane Pistache, con saqueos, ejecuciones sumarias, violaciones e incendios provocados, desplazando a más de diez mil personas. Estos actos de violencia no hacen más que sumarse a la ya larga lista de otras masacres perpetradas en diversos barrios y municipios del departamento del Ouest y de otros departamentos.

Queremos recordar que dejar Carrefour-Feuilles y Morne l’Hôpital en manos de las bandas conducirá irremediablemente a la rápida pérdida de lo que queda de la zona metropolitana y de las regiones vecinas que aún no están bajo el yugo de las bandas armadas, con rutas abiertas hacia las principales ciudades del sureste, como Anse-à-Pitre, Marigot, Cayes-Jacmel y Jacmel.

¿Cuántos cientos más de nuestras mujeres y niños tienen que ser violados, ejecutados y quemados antes de que las autoridades hagan todo lo posible para acabar con la plaga de las bandas y sus patrocinadores?

Mientras finalizamos esta declaración, nos enteramos de que otras partes de Puerto Príncipe están bajo el fuego de bandas armadas.

Denunciamos el silencio y la pasividad de las autoridades ante la tragedia de las familias, y exigimos al gobierno haitiano que movilice todos los medios necesarios dentro del Estado, para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití, en acción coordinada con la población, pongan fin a la violencia ciega y salvaje de las bandas armadas en todo el país.

Puerto Príncipe, 18 de agosto de 2023

Firmado por
Yanick Lahens
Gary Victor
Jean Casimir
Syto Cave
Michel Soukar
Roody Edme
Yanick Lahens
Louis Philippe Dalembert
Rodolphe Mathurin
Michel Legros
Castel Germeil
Lionel Saint Eloi
Delano Morel
Hansy Pierre
Darline Alexis
Franck Vaneus
Jacky Lumarque
Lionel Edouard
Jacques Desrosiers
Henri Alphonse
Jean Elie Joseph
Francklin Benjamin
Frantz Verella
Jean Marie Theodate
Charles Prospere
Marc Prou
Stervins Alexis
Espere Desir
Zikikji Yizra’El
Johnson Deshomme
Joel Augustin
Jacques Edouard Alexis
Mathias Laureus
Samuelle Mirla Pierre
Zephir Michel
Mesidor Louynay
Philome Robert
Philippe Prospere
Presler Paul
Ashley Laraque
Lionel Turnier
Philippe Chatelain
Cacsman Brutus
Joven Robenson
St Eloi Rissler
Romain Jeffted Harrison
Geodina Gédéon
Jeff Valmyr Occeus Diooly
Marcelin Josué Fritz (F.M)
Ageniste Yves Atol.
Valcin Ricardo
Stima Peterson
Anthony Adler St Eloi
Samuelle Mirla Pierre
Zéphir Michel
Pierre Richard Zéphir
Rosa Katia Alexis
Junior Tonino Alexis
Jackson Zéphir
Ardouin Sadrak
Charles Pierre-Ely
Benson Rudley Brutus
Elda Domon
Détcher Ellissant
Donley Veillard
Guerdens Pierre
Jean Wickenson Sylien
Maxime Pierre
Renel Sinaus
Gensly Pierre
Jean Guerdy Pierre

 

Fuente: Alter Presse

JSB reafirma defesa de defensoras de direitos humanos e está solidária na luta por justiça, diante do assassinato de Mãe Bernadete

Em comunhão com a nota de pesar da Comissão Pastoral da Terra (CPT), entidade membro da Rede Jubileu Sul Brasil (JSB), seguiremos somando esforços na defesa de defensoras de direitos humanos e lideranças, na luta pelo direito à terra, contra o racismo e a intolerância religiosa.

Divulgação: CPT

Nota divulgada pela Comissão Pastoral da Terra (CPT)

Na data de ontem (17), perdemos a líder quilombola Mãe Bernadete, executada dentro de um terreiro em Simões Filho, região Metropolitana de Salvador (BA). Maria Bernadete Pacífico era ialorixá, coordenadora nacional da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq) e líder do Quilombo dos Palmares, importantes espaços de organização e resistência para a população quilombola.

Sofrendo ameaças há pelo menos dois meses, por grupos ligados à especulação imobiliária em Salvador, Bernadete era presença marcante na preservação da história de seu povo. Ela era mãe de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo, que foi assassinado em 2017, em Pitanga dos Palmares, crime que ainda segue impune. Ela também lutava incansavelmente por justiça em razão do assassinato do filho.

Episódios como esse devem ser severamente investigados, os responsáveis identificados e responsabilizados. Contudo, sem que haja atuação coordenada de enfrentamento à violência, esses crimes têm ocorrido em índices cada vez mais alarmantes. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2021), a desigualdade racial atinge diretamente a população negra, que é vítima de 77% dos homicídios no país. Assim, a chance de uma pessoa negra ser assassinada, é 2,6 vezes maior do que a de uma pessoa branca.

O racismo estrutural entranhado em nossa sociedade, tanto nas esferas da vida pública, quanto privada, nos coloca diante de situações inadmissíveis, tais como a privação do acesso à terra e água para as comunidades quilombolas, a intolerância religiosa, o encarceramento em massa da juventude negra, e a violência contra as populações moradoras das favelas, a imensa maioria também afrodescendentes.

Nesse mesmo sentido, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) vem alertando sobre o acirramento sistemático da violência contra quilombolas no campo brasileiro. Registros do Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno (Cedoc-CPT) mostram que, de 2005 a 2023, 47 quilombolas foram assassinados em decorrência de conflitos no campo. O ano de 2017 foi o que apresentou maior número de vítimas, quando 12 pessoas foram executadas, dentre elas o próprio Binho do Quilombo.

Em 2023, Mãe Bernadete é a 16ª vítima de homicídio em contexto de conflito territorial no Brasil, a segunda quilombola assassinada neste ano. Dessas 16 ocorrências, 3 assassinatos ocorreram na Bahia, sendo duas pessoas indígenas e uma quilombola.

Lamentamos profundamente o ocorrido e nos colocamos em solidariedade e marcha junto ao povo negro do Brasil, historicamente vítima da injustiça, da intolerância e da tentativa de subalternização. Exigimos que esses crimes sejam averiguados e que seja feita justiça por Mãe Bernadete e Binho do Quilombo!

“[…]

Por causa de um mundo mais justo

Por causa de tanta opressão

Por causa de coisas que disse

Por ter defendido os irmãos

Mataram mais uma irmã

Mais ela ressuscitará e

O povo não esquecerá”.

Sobre Mãe Bernadete

Líder do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho (BA), Mãe Bernadete tinha destacada atuação na luta das comunidades remanescentes de quilombolas pelo acesso à terra. Com 289 famílias, assentadas sobre 854,2 hectares, o território do quilombo ainda não foi titulado, apesar de já ter sido reconhecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) desde 2017 e de a comunidade possuir certificação da Fundação Palmares – o que torna a área vulnerável e, consequentemente, alvo de cobiça violenta e inescrupulosa. A ativista lutava também pelo esclarecimento do assassinato de seu filho, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, brutalmente executado em 2017, também na área do quilombo.

 

 

Fuente: Jubileu Sul Brasil

Jujuy: Aquí así son las cosas, por ahora

En junio de este año estalló una rebelión en Jujuy, provincia del norte de Argentina. Situada en el así llamado triángulo del litio, una “mancha” extractivista que se difunde por el norte de Chile y sudoeste de Bolivia. Las “manchas” de las materias primas de exportación son discontinuas. Ésta es sólo una de las áreas afectadas por el litio en el continente. Su difusión dinámica está estimulada por la creciente demanda de baterías, componentes para la industria de automóviles eléctricos1.

Muchas comunidades andinas venían defendiendo, durante más de una década, el agua y los suelos de la extracción del mineral. Otras ven amenaza inminente con la multiplicación de los proyectos mineros. En todas las provincias del interior argentino, los trabajadores estatales son los que más han conservado relaciones de trabajo asalariada, con deterioro creciente de sus ingresos por la inflación acumulada de 50% en lo que iba del año. Las y los docentes tienen origen familiar en las comunidades, lo que favorece las alianzas territoriales-sindicales. Pero confluyeron en Jujuy condiciones excepcionales que no se repiten en otras provincias afectadas:

  1. En 2015 fue presa Milagro Sala, la dirigente de la Organización Barrial Tupac Amaru, de Jujuy, que realizaba una tarea social desde la última década del siglo pasado en la periferia de las ciudades. Y se tornó una de las principales mediadoras de conflictos, demandando políticas sociales del Estado nacional durante los gobiernos kirchneristas. El actual gobierno de Alberto Fernández podría haber usado su poder de indulto para liberarla, pero no lo hizo. Los conflictos quedaron durante mucho tiempo sin mediadores.
  2. El sindicato de los docentes conquistó direcciones combativas en los últimos tiempos.
  3. El gobernador Gerardo Morales, ya en su segundo mandato (2015-2019 y 2019-2023), es presidente nacional del partido Unión Cívica Radical, y pretendía ser vicepresidente de la república junto al candidato de la derecha macrista Horacio Rodríguez Larreta, vencido en las elecciones primarias de dos días atrás. En esa carrera por su candidatura, y para agradar al electorado de la derecha, promovió una reforma de la constitución provincial que crea el mejor de los mundos para las cadenas extractivas mineras. La reforma, aprobada entre gallos y media noche, facilita el desconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades y establece una serie de puniciones contravencionales para reprimir las protestas.

La constitución fue lanzada en medio de una huelga docente. La consigna que corrió: “arriba los salarios/ abajo la reforma”. Inmediatamente, las comunidades afectadas por el litio se unieron a la protesta, bloqueando rutas y marchando a la capital de la provincia: “arriba la wipala2/ abajo la reforma”. A ellos se sumó una movilización de los trabajadores de la mina de zinc El Aguilar, también con familias en las comunidades, por mejores condiciones de seguridad. El movimiento tomó el nombre de Jujeñazo3. El gobernador respondió con represión, reeditando prácticas de la dictadura, como uso de vehículos y agentes sin identificación y desinformación sobre la localización de los detenidos. Sin duda, Morales quería mostrarse como el candidato de la derecha que le hace menos asco a reprimir, en concurrencia con Patricia Bullrich, con responsabilidades en la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante la represión contra las recuperaciones de territorio mapuche.

Figura 2: Bloqueo de ruta. Fuente: Susi Maresca, @susi.maresca

Para no quedar aisladas en la provincia, las comunidades salieron el 25 de julio de La Quiaca, en dirección a la capital del país. La marcha se llama Tercer Malón de la Paz4. 200 personas de todas las edades, provenientes de las comunidades jujeñas recorrieron casi 2.000 km atravesando varias provincias y llegaron el 1º de agosto a Buenos Aires, donde acamparon en la Plaza Lavalle, frente al edificio de Tribunales, pidiendo hablar con la Corte Suprema de Justicia. Hasta hoy no fueron recibidos. El gobierno de la ciudad les impidió montar tiendas. Han hecho un altar a la Pachamama en la plaza, donde hacen sus ceremonias diarias. Montaron una cocina colectiva y se cubren en las noches del frío y de la lluvia, con plástico. Algunos llegaron a hacer una huelga de hambre y se encadenaron a las rejas junto a las escaleras del Palacio de Tribunales. Reciben solidaridad y realizan actividades culturales. Han encaminado a los cortesanos un pliego de reivindicaciones:

  1. Recepción de una delegación para dialogar.
  2. Declaración de la inconstitucionalidad de la reforma a la constitución provincial.
  3. Pedido de intervención nacional a la provincia.
  4. Reglamentación de la ley 26.160, que reconoce los territorios indígenas.
  5. Anulación de los efectos punitivos sobre las protestas del Jujeñazo.
Figura 3: Ofrendas a la Pachamama en el campamento del Tercer Malón de la Paz, frente al Palacio de los Tribunales. Fuente: Miriam Djeordjian.

La Corte Suprema se ha negado a recibirlos. Mientras el campamento espera golpeando a las puertas de las instituciones, las comunidades continúan bloqueando rutas. Ayer, lunes 15 de agosto, en el bloqueo de Punmamarca hubo una gran represión con destrucción de la cocina comunitaria y prisión de uno de los comuneros. Había una expectativa de presionar a los partidos que concurren a las elecciones generales de octubre. Pero fuera la minoría del Frente de Izquierda y los Trabajadores que apoyaron el movimiento y han crecido electoralmente en Jujuy, el consenso de la extracción de litio atraviesa los partidos institucionales de todos los colores.

Tanto y tamaño esfuerzo tampoco encuentra manera de expandirse fuera de la provincia, más allá de la simpatía popular, la solidaridad y la admiración. Las condiciones especiales de Jujuy no se repiten en el resto del país, aunque el territorio esté amenazado por la minería. Aun en Jujuy, el encuentro entre asalariados y comuneros propiciado por la reforma constitucional de la provincia no ha redundado en una alianza más duradera y profunda sobre el extractivismo. Parece que, como diría Juan Rulfo, la gente camina como reculando. O camina tercamente contra el viento, para que éste no la haga retroceder. Por ahora, así son las cosas. Habrá que buscarle alguna vuelta.

1 Argentina exportó el año pasado 37.000 ton de litio. Ver: https://www.ambito.com/energia/salta-reune-los-principales-jugadores-del-litio-nivel-mundial-n5790391

2 Bandera multicolorida de las comunidades andinas.

3 Ver: https://www.lahaine.org/mundo.php/jujenazo-un-pajaro-en-pleno

4 La palabra “malón” se refiere a las incursiones de los pueblos en territorio conquistado por los europeos y sus descendientes. El primer Malón de la Paz ocurrió en 1946. Fue una marcha de las comunidades andinas a Buenos Aires, para pedir al entonces presidente Juan Domingo Perón el reconocimiento de los territorios indígenas. El gobierno los mantuvo alojados en el Hotel de Inmigrantes por un mes, pero no los recibió, y después los desalojó. El segundo Malón de la Paz ocurrió en 2006, con el mismo objetivo, durante la presidencia de Néstor Kirchner, sin que sus reivindicaciones fueran atendidas.