Por redação | JSB
A Rede Jubileu Sul Brasil (JSB) lança neste 12 de julho o “Lutas em foco: dívida e reparação”, nova série que busca apoiar a discussão e a compreensão sobre o sistema da dívida, as dívidas sociais, financeiras e as reparações. O podcast é quinzenal, sempre às quartas-feiras, às 15h, nas redes e mídias do JSB, a cada episódio com uma temática dialogada com especialistas de forma pedagógica, tendo a realidade prática como ponto de partida. A série foi produzida em parceria com a Semana Social Brasileira (SSB) e a Central de Movimento Populares (CMP).
Marcando o lançamento, o primeiro episódio aborda o tema do Sistema da dívida e manutenção da desigualdade. “O que significa o sistema da dívida? O que são dívidas sociais? O são reparações? Entendemos que o sistema da dívida é um cartão de crédito para os ricos”, explica a socióloga Rosilene Wansetto, secretária executiva da Rede JSB.
Essa “fatura” representou nada menos que R$ 1.879 trilhão, ou 46,3% do orçamento federal de 2022, montante que foi para para pagamento dos juros e amortização da dívida pública, contraída sobretudo junto ao setor privado (bancos, instituições financeiras nacionais e internacionais, organizações), recursos da população que deixam de ser investidos em políticas públicas como saúde, educação, emprego, moradia, combate à fome e às desigualdades.
Do orçamento total de cerca de R$ 4 trilhões no ano passado, enquanto quase metade foi para pagar dívidas, somente 3,3% foi para saúde, 2,7% para educação e 0,54% para agricultura, segundo análise da Auditoria Cidadã da Dívida, que também mostra que a dívida quase dobrou de 2019 a 2021, período do governo Bolsonaro, um aumento de R$ 708 bilhões, de R$ 6.935 trilhões para R$ 7.643 trilhões.
“A nova série de podcast vai ajudar a compreender as lutas que estamos travando e que ainda precisamos travar pelo cancelamento das dívidas financeiras ilegítimas, a refletir sobre as dívidas sociais, com o direito a transporte público, alimentação, educação, direito à vida e à dignidade que são menosprezados em detrimento do pagamento de juros e amortização da dívida, transferindo recursos públicos para banqueiros”, completa a socióloga.
Nesse debate, a secretária executiva da Rede ressalta que não há decisão política que não seja econômica. “Por isso o tema da dívida é fundamental para que a gente entenda os rumos da política, da economia e os rumos que o Brasil toma. Queremos com a série trazer elementos para reflexão e também para mobilização nas comunidades, pastorais, sindicatos, locais de trabalho, nos vários espaços onde atuamos porque entendemos que economia e política andam juntas”, conclui.
Os próximos episódios abordam, entre outros, o impacto da dívida na vida das mulheres; feminismos e a luta por direitos das mulheres; dívida, ditadura e racismo estrutural; branquitude e luta antirracista; intolerância religiosa e impactos na democracia.
Serviço
Podcast “Lutas em foco: dívida e reparação”
Estreia: 12 de julho de 2023 (quarta-feira)
Horário de Brasília: 15h
Spotify, Facebook e Instagram da Rede Jubileu Sul Brasil
Informações e contatos para entrevistas
Jucelene Rocha – Comunicação da Rede Jubileu Sul Brasil / (11) 9 8694-1616
Fuente: Jubileu Sul Brasil
En Uruguay la guerra por el agua llegó y viene de la mano de Neptuno, sobre ésto charlamos con Amarú, mujer indígena, profesora de geografía y vecina integrante de la comisión de la Cuenca de la Laguna del Cisne y del Solís Chico, nos relata lo que siente con la hué (agua en charrúa), y por qué el proyecto de potabilización de agua Neptuno nos condena a muerte.
Uruguay es un país de Indoamérica que se distinguía por la fluidez de sus cauces de agua dulce, ríos y arroyos. Un paisaje que solía ser verde y azul, con una distribución de agua potable para todos los ciudadanos, y además permitió que durante décadas se pueda beber comúnmente desde las canillas sin mayores riesgos para la salud.
Como todo lo bueno dura poco para el pueblo hoy la dura realidad nos dejó de lengua afuera y como pez de agua dulce boqueando en agua salada. Hoy en Uruguay las canillas vierten agua imposible de beber, con un grado de salinidad que supera el triple de lo establecido por el MSP (ministerio de salud pública). Esto pone en riesgo la salud de mujeres embarazadas y personas con hipertensión y paulatinamente enferma a todos con el trihalometano.
Pero ¿Qué sabemos de esto?
ANTECEDENTES
El proyecto Neptuno es la construcción de una potabilizadora de agua en Arazati, departamento de San José Uruguay mirada así simplemente podría considerarse algo sin mayor problema, pero detrás de esto sucede que se privatiza el agua y además entrega a manos de empresas extranjeras el poder y el dominio sobre ella. En el año 2004 se celebró en Plebiscito la reforma constitucional, en donde dice que el estado se hace cargo de la distribución y saneamiento del agua potable de forma exclusiva, de esta manera se cancela todas las licitaciones de administración de agua a las empresas privadas. Podemos considerar entonces que es anticonstitucional la acción que lleva adelante el gobierno en Uruguay.
Hay que decir que el abastecimiento de agua dulce en este país es tomada del río Santa Lucía que nutre más del 60% del territorio y hoy el encauce de este río en más de 400 embalses nos reafirma la postura negacionista de las empresas y del Gobierno que dicen que la crisis hídrica es por la sequía, pero sabemos que vienen causando un brutal TERRICIDIO en su amplia extensión.
Nuestra hermana Amarù nos dice: “es un gran negocio el agua para estas empresas, pero a mí duele, yo les hablo a mis alumnos desde mi visión como mujer indígena y les explico que la hué está en toda nuestra cuerpa, porque es así bilu (linda en charrúa), todos nuestros tejidos están construidos por el agua del Santa lucía, todos mis recuerdos se construyen a partir de ella, las acciones de nuestra cotidianidad como cocinar, bañarme y toda la pureza de la vida se ve reflejada en su fluidez. Hoy todo eso es contaminado por una lógica extractivista que nos sumerge en la miseria y el dolor, nos obligan a comprar agua embotellada como si nuestra hué fuera una cosa y sabemos que está viva y nos regala esa vida.
Sentí la gran necesidad de ir al cauce del río por que ando mal de ánimo, fui a buscar un poco de newen (fuerza) y a conectarme con el agua y ver si el río sigue vivo, cerré mis ojos para conectarme con él y pude sentir que está muy dolorido pero está con mucha fuerza. Está dentro mío y me emocionó mucho el sentimiento que me invadió y me puse a llorar, había muchas señales, andaba por allí un Martín pescador esos pajaritos que se alimentan del río y me di cuenta que me hablaba esa imagen, me decía que aún hay vida allí…hay mucho por cuidar y proteger todavía bilú ,hay que seguir luchando.”
Después de esta visita pude escribir el siguiente poema:
“Las aguas que me abrigaron en el vientre de mi madre tienen como origen el río Santa Lucía. Cada vaso de agua que ingresó a mis tejidos y mis células, cada infusión cuando estuve enferma. Cada baño caliente en invierno o refrescante en verano, cada planta que vi crecer en mi jardín y cada alimento que coseché de la huerta. Las sopas de la abuela y cada hielo para brindar. La ropa y la casa limpia, tus aguas son mis aguas, tu dolor es mi dolor, tu fuerza es mi fuerza.
Gracias a ti estoy viva querido Santa Lucía. Sé que tus aguas están secuestradas, agredidas y explotadas a límites que ponen en peligro tu vida, y por eso saldré a la calle a luchar por tu libertad que de eso también depende mi vida.”
ES IMPOSIBLE VIVIR SIN AGUA, LLEGARÁ UN MOMENTO DONDE NO HABRÁ CUERPOS QUE VESTIR NI ROSTROS QUE MAQUILLAR. BASTA DE TERRICIDO, BASTA DE MATAR LA HUÈ.
Por: Emilia Carballo.
Fotos sacadas de la web
Tomado de: agenciadenoticiastelurica.com
Fuente: Radio Temblor
El Consejo de Gabinete, en un acto desleal y un exabrupto jurídico, teñido de irregularidades, acaba de materializar un nuevo contrato con Minera Panamá, S.A., calificado por numerosossectores y expertos como una cobarde traición a los intereses nacionales.
El gobierno ha demostrado incapacidad para generar una real política económica que brinde estabilidad y desarrollo a la sociedad panameña. La enorme deuda social, especialmente en cuanto al derecho al agua, la salud, la alimentación y al empleo digno y estable no ha sido atendida, y no se puede esconder con falsas promesas de prosperidad basadas en un proyecto
de país minero.
El contrato con Minera Panamá es jurídicamente inviable, ya que reproduce el vicio de inconstitucionalidad del contrato anterior. Es una estafa económica, ya que facilita el incumplimiento del Ingreso Mínimo prometido como garantizado, otorgando además exoneraciones e incentivos injustificados. Asimismo, le cede a Minera Panamá el derecho a generar, producir y usufructuar por una misma concesión un sinnúmero recursos y bienes como: energía, agua, puertos, propiedades, y le permite disponer sobre el espacio aéreo, delegándose a la empresa, facultades que le corresponden al Estado en su condición de soberano.
En el aspecto laboral, el contrato permite la suspensión de operaciones cuando el precio de los metales disminuya dejando los puestos de trabajo cesantes y desprotegidos y, por otro lado, permite a la empresa expropiar tierras fuera de la concesión otorgada.
Y el más grave daño, el ambiental, provocará la destrucción de biodiversidad, ecosistemas, bosques, uso abusivo y no pago de aguas superficiales y subterráneas que terminarán contaminadas de forma irreversible por la explotación intensiva de una actividad nociva para las comunidades aledañas. Probados están, además, los daños que la actividad minera produce en la salud de sus trabajadores y de la población del área.
Respetados conciudadanos/as: Toda esta infamia se ha operado de forma antidemocrática, con una falsa e inequitativa consulta vía internet, ignorando a la población afectada, así como las numerosas objeciones presentadas durante el proceso. Tal como señaló el Procurador de la Administración, el gran ausente ha sido el diálogo; y, por el contrario, se ha mantenido a la población sometida a una agresiva, millonaria y mentirosa campaña estatal y empresarial a favor del contrato.
En este mismo momento se está tratando de imponer, a la mayor brevedad posible, la aprobación del contrato en la Asamblea Nacional, constituyéndose en un acto premeditado de desacato a la Corte y de traición al país por parte del Órgano Ejecutivo. Por ello exigimos al Órgano Legislativo que cumpla con su deber constitucional y rechace este contrato por ilegal y abusivo.
Por estas razones, llamamos a la ciudadanía a rechazar el contrato minero y a ejercer un voto de castigo en las urnas en mayo de 2024 hacia todo diputado y diputada que decida aprobar este despreciable contrato.
Invitamos a los sectores sociales, organizaciones comunitarias, gremios de profesionales, científicos, académicos y rectores de las universidades, así como el Consejo Ecuménico e iglesias; en resumen, todas las fuerzas vivas de la sociedad, a que nos acompañen y expresen formal y públicamente su postura ante un contrato que pone en grave riesgo el futuro del país.
Convocamos a cada habitante preocupado por la sostenibilidad, bienestar y soberanía del país a unirse a la movilización nacional contra la minería y en especial contra este contrato perjudicial.
A partir de hoy, estaremos realizando jornadas de protestas diarias a lo largo y ancho del país en plazas, carreteras y vías públicas – las cuales serán convocadas a través de nuestras redes sociales @sinmineria y otros medios -, a la vez que divulgaremos masivamente la infamia que se pretende cometer contra Panamá hasta que el perjudicial contrato sea rechazado por el Órgano Legislativo.
No somos un país minero. Luchemos por la preservación del agua que garantiza la vida.
No a la aprobación de un contrato que entrega nuestra soberanía. Sí a la moratoria minera.
Panamá, 5 de julio de 2023
MOVIMIENTO PANAMÁ VALE MÁS SIN MINERÍA
Para más información, escribir al correo: pavasimi@gmail.com y las redes sociales @sinmineria
Fuente: Radio Temblor
PRONACA, es la cuarta corporación más grande de Ecuador, con ingresos de más de USD 961 millones en 2021, es una empresa cárnica con más de 115 granjas industriales en todo el país, que ha contaminado los ríos locales con desechos animales y contaminantes tóxicos.
Mientras que las comunidades indígenas de Santo Domingo de los Tsáchilas, sufren contaminación del aire, suelo y el agua, esta empresa ha recibido más de USD 200 millones de los contribuyentes de dos importantes bancos públicos de desarrollo, el brazo del sector privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y BID Invest. Por tal motivo, las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y la coalición Stop Financing Factory Farming, instan a estos bancos públicos de desarrollo y al gobierno ecuatoriano a tomar medidas de inmediato para detener el daño y remediar los impactos.
De igual forma, la asociación con líderes de la comunidad indígena Tsáchilas y una coalición de la sociedad civil, ha lanzado un nuevo informe que documenta los impactos dañinos de las operaciones de agricultura animal industrial de PRONACA.
Además, las comunidades tsáchila que han sufrido durante décadas por la explotación de las granjas industriales y las ONG en Ecuador, exigen rendición de cuentas e informes completos sobre descargas de aguas residuales, y emisiones de GEI de uso de agua de las granjas industriales de PRONACA.
Las dimensiones que ha alcanzado la pérdida de bosques primarios en el planeta en el año 2022 corresponde a la extensión de todo un país, Suiza. Han sido 4.1 millones de hectáreas de cobertura boscosa las que desaparecieron en un solo año, a un promedio de 11 campos de fútbol por minuto, señala el más reciente estudio realizado por Global Forest Watch (GFW) —plataforma de monitoreo del World Resources Institute (WRI)— y la Universidad de Maryland.
El análisis basado en imágenes satelitales, publicado este 27 de junio, también indica que como resultado de la deforestación se han emitido, por lo menos, 2.7 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO2), cantidad equivalente a las emisiones de combustibles fósiles anuales de India, uno de los cinco países en el mundo que más libera gases de efecto invernadero a la atmósfera cada año.
La investigación también presenta una lista de los países con mayor pérdida de bosques primarios en el planeta. En primer lugar está Brasil, seguido por República Democrática del Congo y Bolivia, nación que por tercer año consecutivo aparece en el tercer lugar.
Según los datos de GFW y la Universidad de Maryland, Brasil se quedó sin 1.8 millones de hectáreas de bosques primarios, mientras que en Bolivia fueron 400 mil hectáreas. Perú y Colombia también aparecen entre los diez países que perdieron más cantidad de hectáreas de bosques primarios en el último año.
“Los datos de este año demuestran que estamos perdiendo nuestra principal defensa para proteger la biodiversidad, luchar contra el cambio climático y proteger las vidas y salud de millones de personas”, señala Mikaela Weisse, directora de Global Forest Watch.
El estudio de GFW resalta que Brasil fue el mayor contribuyente a la pérdida de bosques primarios tropicales en 2022, al ser responsable del 43 % del total. Como en años anteriores, una vez más, este país lidera la lista mundial con 1.8 millones de hectáreas de bosque tropical arrasadas en solo un año. La investigación también indica que este nivel de deforestación ha significado la emisión de 1.2 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera en 2022.
En Brasil, la pérdida de cobertura forestal que no se relaciona con los incendios forestales aumentó en un 20 % entre 2021 y 2022, —indica la investigación. Esta cifra es la más alta desde el año 2005. Otro dato que se resalta sobre este país es que los niveles más altos de pérdida de bosques primarios no relacionados con incendios forestales se encontraron en los estados occidentales de Amazonas y Acre.
“El estado de Amazonas, que alberga más de la mitad de los bosques intactos de Brasil, casi ha duplicado su tasa de pérdida de bosques primarios en solo tres años”, indica el reporte. En este estado brasileño, entre las causas de deforestación figuran la minería y el acaparamiento de tierras.
Jeferson Ferreira, coordinador de Data Science de WRI Brasil, señala que en los últimos cuatro años, que corresponden al gobierno de Bolsonaro, e incluso desde el 2015, la pérdida de cobertura forestal aumentó. “Hay políticas que se implementaron en ese periodo de tiempo que permitieron la pérdida de cobertura arbórea a niveles altos. Antes de 2015 teníamos de 25 % a 29 % de pérdida de bosques en los trópicos de Brasil y ahora estamos por encima del 40 %”.
Con relación a la deforestación que está ocurriendo en el estado de Amazonas, Ferreira indica que, históricamente, la pérdida de bosques era mayor en los estados de Pará y Mato Grosso. Para 2022, esto ha cambiado. “Nos preocupa la pérdida de cobertura arbórea en Amazonas, porque tienen la mayor cantidad de bosque primarios del país”, dice Ferreira.
El segundo país con mayor deforestación en Latinoamérica y tercero en el mundo es Bolivia. La cifra de 2022 bordea el medio millón de hectáreas de bosque primario en solo un año, el más alto registrado para esa nación. Según el estudio, la agricultura es el principal impulsor de la pérdida de bosques en el territorio boliviano.
“Es lamentable lo que está ocurriendo en Bolivia”, comenta Marlene Quintanilla, directora de investigación de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). “Creo que en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, estamos atravesando una era del negocio de la tierra. Hay muchos intereses que están generando un driver que está eliminando más bosque, camuflando o empujando un negocio de tierras donde los territorios indígenas y las áreas protegidas están convirtiéndose en islas por los niveles de fragmentación que están ocurriendo producto de la deforestación y la degradación”, agrega Quintanilla.
La directora de FAN recuerda que la capacidad de los ecosistemas está cambiando y eso tiene consecuencias, sobre todo, para las comunidades más vulnerables. “No vamos por buen camino. Deberíamos trazar una adaptación inteligente a los efectos del cambio climático, pero creo que vamos en sentido contrario”, comenta.
La especialista explica cómo funciona el “negocio de la tierra” en Bolivia. Este proceso empieza con la migración desde los Andes al Chaco y la Chiquitanía, siguiendo los ofrecimientos de entrega de tierras. Luego de que se han deforestado los bosques para convertirlos en campo de cultivos llega la titulación. Sin embargo, “sostener la agricultura requiere mucha inversión”, dice Quintanilla, por tanto, los propietarios terminan vendiendo estos predios titulados que son adquiridos por capital extranjero. “Esto se convierte en un círculo vicioso, porque quienes lograron el título y luego vendieron a un buen precio, se traslada a otra zona para hacer lo mismo”.
Quintanilla también señala que, según los datos de FAN, desde 2020 el Chaco boliviano —un ecosistema que se comparte con Paraguay y Argentina— ha sufrido una altísima deforestación, incluso mayor a la que ocurre en la Amazonía. “El negocio de la tierra es un driver que se ha hecho más evidente el 2022 y está ampliando mucho más la deforestación en Bolivia”.
En Perú, la deforestación de bosques primarios llegó a 160 991 hectáreas, según el estudio de GFW. En Colombia, la cifra alcanza 128 455 hectáreas. Estos dos países también figuran entre los diez con mayor cantidad de deforestación en el mundo en 2022. Perú aparece en el quinto lugar y Colombia está en el sexto, después de Brasil, República del Congo, Bolivia e Indonesia.
“Creo que estos datos confirman las tendencias que habíamos visto en el informe Amazonía contra reloj, que desarrolló la iniciativa Amazonía por la vida, en el que ya se veía que el punto de no retorno se estaba dando justo entre Brasil y Bolivia”, comenta Alicia Guzmán, codirectora del Programa Amazonía de Stand.earth.
Guzmán señala el rol de los Estados frente al mercado. “Lo que tenemos que entender es la dialéctica entre Estado y mercados. No hay esa división porque de hecho los Estados son las unidades administrativas de este mercado. No podemos esperar que el Estado, sobre todo los extractivistas en América Latina en general, se opongan a un mercado que llena las arcas fiscales”.
En ese sentido, la investigadora resalta el caso de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En ese momento, explica, un conjunto de leyes fueron creando las condiciones para que el mercado llegara y se expandiera. “En Brasil se desmanteló el Ministerio de Ambiente y el de Pueblos Indígenas”. Guzmán también se refiere a lo que está sucediendo en Perú que, “a pesar de tener una selva bastante conservada, con el 33 % de bosques intactos y el 57 % de bosques con baja degradación, también está enfrentando el desmantelamiento de las políticas ambientales”.
La experta de Stand.earth menciona la propuesta que buscaba modificar la Ley para pueblos indígenas en aislamiento que acaba de ser archivada en el Congreso de la República. “Era una propuesta que iba contra 9 millones de hectáreas de bosques, que es el 13 % de la selva peruana”.
Guzmán también resalta una serie de iniciativas que van en contra de la conservación de los bosques, como la modificatoria de la Ley Forestal y la reciente propuesta de hacer cambios en la Ley de Áreas Naturales Protegidas. “No solo van contra los territorios indígenas, sino contra las áreas protegidas, en general, contra todo. Esto hace pocos años era impensable, entonces, estamos frente a Estados cuya funcionalidad responde a un extractivismo en una nueva etapa, un extractivismo agresivo”.
“Es una situación alarmante. Nos encontramos en un escenario en el que cobra mayor fuerza la expansión de las fronteras extractivas”, señala Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) de Bolivia.
Vargas asegura que Bolivia intenta replicar el “exitoso modelo brasileño”, que permite la producción de “alimentos para la población, cuando en realidad es la consolidación de los monocultivos o la ampliación de áreas para la producción de carne”.
El investigador explica que la legislación aprobada en los últimos años en Bolivia, como el plan de cambio de uso de suelo en el departamento del Beni, ha permitido implementar este modelo. Y como ejemplo recuerda el estudio de Cejis que identificó que tan sólo en un año, después de aprobada esa ley, “los índices de incendios forestales se incrementaron 62 % dentro de territorios indígenas”.
El estudio también expone cuáles han sido los 10 países que mayor incremento en la deforestación tuvieron en una comparación que toma el promedio de pérdida de bosque de los años 2015-2017 con los años 2020-2022.
Esta lista está liderada por Ghana, en África, que en este periódo de tiempo aumentó su deforestación en 71 %, además, en la relación figuran cuatro países Latinoamericanos. Bolivia va segundo a nivel mundial con un incremento del 59 %; Colombia aparece en quinto lugar con 32% de aumento de pérdida de bosques; Argentina se ubica en el sétimo lugar con 26 % de aumento en la pérdida de bosques y Ecuador está en el puesto nueve con 25 % de avance en la deforestación en el periodo de tiempo indicado.
El informe de Global Forest Watch también menciona la pérdida de bosques en territorios indígenas. Se resalta, por ejemplo, que en Brasil, la minería y el acaparamiento de tierras se han convertido en las principales amenazas de los territorios indígenas en la Amazonía.
“Los datos y análisis que se acaban de presentar sobre las pérdidas del año pasado es muy alarmante, porque lo que pasa en los bosques no se queda solamente en los bosques”, dice Frances Seymour, investigadora principal del Programa de Bosques de WRI. “Se puede diseminar virus que causan pandemias, la minería irresponsable contamina ríos, la producción de drogas lleva a la violencia internacional”, agrega sobre la deforestación y sus causas.
Seymour habla sobre las funciones que desempeñan los bosques tropicales y su relación con la estabilidad del clima. “Los bosques interactúan con la atmósfera. Por ejemplo, el humo de los incendios forestales que ocurren en un lugar, causan problemas respiratorios a miles de kilómetros de distancia. En años recientes, hemos visto cómo la deforestación y la degradación de los bosques causan impacto en el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero”.
La deforestación en la Amazonia afecta los patrones de lluvias y vientos, que están asociados a sequías e incendios —menciona Seymour— e impacta en el aumento de la temperatura en zonas inmediatas a ellas, además de que afecta la producción agrícola y la salud humana.
“Las cifras de 2022 nos rompen el corazón a muchos. Después de los compromisos adoptados por los líderes globales en Glasgow (Escocia) sobre bosques y usos de la tierra, teníamos esperanza, pero no hay señales de que se cumplan esos compromisos, estamos yendo en dirección contraria. Los compromisos financieros y políticos tienen plazos, pero colectivamente no enfrentamos el problema”, precisa Seymour.
En África y Asia, las cifras de pérdida de bosques también son preocupantes. En la República Democrática del Congo la cifra de deforestación ha sido de medio millón de hectáreas para 2022, ubicando a este país en el segundo lugar en el mundo con mayor pérdida de bosques, según el estudio de GFW. En el sudeste asiático, Indonesia es el país que más bosques ha perdido con aproximadamente 107 000 hectáreas corroboradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para el 2022.
“En la República Democrática del Congo las causas de la pérdida de bosques es la agricultura a menor escala y la producción de carbón, puesto que la pobreza y falta de acceso a electricidad hace que las personas dependan directamente de los bosques para sus necesidades básicas”, señala Elizabeth Goldman, gerente senior de investigación de Global Forest Watch.
Rod Taylor, director global del Programa de Bosques de World Resources Institute (WRI), menciona también los compromisos adoptados por 145 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) realizada en Glasgow, Escocia. “¿Estamos en camino para detener la deforestación al 2030? La respuesta es no. Estamos en la dirección opuesta. En 2022 los rangos persistieron, a pesar de necesitar una reducción de 10 % durante todos los años para llegar a 2030 con cero deforestación. La deforestación global en 2022 fue un millón de hectáreas por encima de lo que se necesitaba para cumplir esta meta”.
Por: Yvette Sierra Praeli
Imagen principal: Deforestación en Colombia. Foto: Sinchi.
Publicado originalmente en Mongabay Latam
Tomado de: desinformemonos.org
Fuente: Radio Temblor
