O Jubileu Sul Brasil participa desta missão denúncia na luta pelo direito à moradia digna e por justiça socioambiental.
São Sebastião foi o município mais afetado pelas chuvas em fevereiro de 2023. Foto: Prefeitura de São Sebastião
De 24 a 26 de julho acontece, na Baixada Santista e no Litoral Norte de São Paulo, uma missão denúncia para averiguar os impactos dos recentes desastres socioambientais nas populações vulneráveis e as denúncias sobre violações de direitos humanos na região, como a dificuldade no acesso à infraestrutura básica, a exemplo de água e saneamento básico, além de ameaças de despejos irregulares. Segundo dados da última pesquisa da Campanha Despejo Zero, São Paulo tem o maior número de famílias ameaçadas de remoção. São quase 60 mil em todo o estado.
Organizações que integram a Missão Denúncia
A missão denúncia é organizada pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) com a Campanha Despejo Zero, e conta com o apoio de várias instituições da sociedade civil e organizações sociais que lutam pela garantia de direitos, incluindo a Rede Jubileu Sul Brasil.
Durante os três dias de visitas às comunidades, a equipe, formada por representantes das entidades envolvidas na missão, vai coletar depoimentos de moradores das cidades de Santos, Cubatão, São Vicente, Bertioga e São Sebastião. Em fevereiro deste ano, o Litoral Norte de São Paulo registrou o maior volume de chuvas em um período de 24h na história do país e vitimou 65 pessoas, sendo 64 moradoras de São Sebastião. Na ocasião, milhares de pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas, e as cidades mais afetadas ainda sofrem com as consequências.
No último dia da ação, o grupo participa de uma mesa de diálogo, liderada pela Defensoria Pública de São Paulo, na cidade de São Sebastião, seguida de uma audiência pública popular, em Santos, na qual serão formalizadas as denúncias e cobradas as providências por parte do poder público.
Montevideo está en crisis hídrica. Mientras el Gobierno culpa al clima, a la falta de obras en gestiones anteriores y propone la compra de agua embotellada, desde sectores socioambientales explican que se trata de una mala planificación, cuestionados negocios con sectores privados y del modelo extractivo de monocultivos y pasteras. «No es sequía, es saqueo», afirman.
Uruguay lleva 70 días sin agua potable. El líquido que sale de las canillas tiene altos índices de sodio y de cloruros, además de trihalometanos (bromuros y cloroformos que surgen cuando se aplica el cloro para potabilizar agua con mucha materia orgánica). Los trihalometanos tienen efectos potencialmente cancerígenos. El gobierno de Luis Lacalle Pou demoró 40 días en declarar la emergencia hídrica y la solución que propone es la compra de agua embotellada. «No es sequía, es saqueo», afirman las organizaciones socioambientales para explicar la crisis del agua en Uruguay.
Unas 1.700.000 personas de Uruguay deben comprar agua envasada a las dos empresas que tienen el monopolio del embotellamiento: Danone (de Francia) y Agua Viva (de Chile). “El agua que venden es de todas y de todos, la extraen sin pagar un peso en impuestos y la venden a precios muy altos”, cuestiona María Selva Ortíz, de la organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay.
El panorama es desalentador: “No tenemos en el horizonte una salida de esta situación, porque tiene que llover bastante para que podamos cambiar la calidad del agua y dejar de tomar agua del Río de la Plata”. Los informes del Instituto Nacional de Meteorología y de la Universidad de la República proyectan lluvias para octubre o noviembre. Y la respuesta del Gobierno es invitar a la población a rezar para que llueva y girar recursos a los sectores populares que sólo alcanzan para adquirir dos litros de agua por día para tomar y cocinar.
Agotadas las reservas de agua dulce que abastecen a la zona metropolitana de Montevideo, desde Redes-Amigos de la Tierra proponen que se siga abasteciendo a la población con el agua disponible para asegurar el saneamiento. Pero, además, insisten en que se tiene que asegurar a la población agua potable para consumo humano, para beber y para cocinar. “Asegurar eso no es a través del mercado, como lo está haciendo el gobierno”, afirma Ortiz. En los hechos, la solución del presidente Lacalle Pou es transferir dinero a los sectores populares para que puedan comprar dos litros de agua por día para tomar y cocinar. La propuesta de las organizaciones es —por ejemplo— transportar agua con camiones cisternas desde otros puntos del país.
Foto: Diego izquierdo / Télam
El país tiene una cuenca estratégica, la del río Santa Lucía, que se ubica en el sur del territorio y abarca 13.433 kilómetros cuadrados. Es la que abastece al 60 por ciento de la población uruguaya de agua potable. Ortiz explica que la cuenca tuvo una presión muy grande y un uso por parte de la industria que no fue debidamente controlado. “El 80 por ciento de su contaminación es difusa y viene del sector agropecuario: monocultivos de árboles a gran escala con destinos celulósicos, del modelo sojero, de la ganadería a corral y de la lechería”, señala.
“Esto no es solamente sequía, es también saqueo. Si hubiera habido un manejo sustentable de esta cuenca, y no un manejo con las características extractivas que tiene, si hubiera habido previsión y no un desmantelamiento de la empresa pública de agua, no estaríamos en esta situación”, sostiene. Y afirma que un país que tiene un ecosistema templado, con una red hídrica tan rica como Uruguay, esté en esta situación «es realmente alarmante» y debería alertar para prevenir y realizar inversiones que aseguren el derecho humano al agua a las poblaciones, «que fue lo que no hizo el Estado uruguayo”.
María Ortiz explica: “Esto es saqueo del agronegocio sojero, del modelo forestal celulósico, del agronegocio ganadero. Ellos sí tienen agua dulce y la población tiene agua salada. Encima la única forma de acceder es a través del mercado, convirtiendo el derecho humano al agua en una mercancía”.
El agua es un derecho humano
Uruguay se convirtió en 2004 en el primer país del mundo en declarar expresamente al agua como un derecho humano. Lo hizo a través de una reforma constitucional que sentó las bases para una política nacional que priorice el agua para consumo humano, con una perspectiva solidaria hacia las generaciones futuras y jerarquización de lo social sobre lo económico. Casi 20 años después, Ortiz marca la gravedad de que hoy el acceso al agua potable pase sólo por el mercado y por tener plata para comprar agua embotellada.
El disparador principal de aquella reforma constitucional fue frenar proyectos de privatización del agua y de los servicios de saneamiento. La nueva legislación estableció que los servicios públicos de agua potable y saneamiento deben ser garantizados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales.
Ortiz comenta que, cuando el Frente Amplio dejó el gobierno en 2020, el ex presidente Tabaré Vázquez le entregó al presidente entrante, Luis Lacalle Pou, una carpeta con políticas de Estado que debían ser abordadas porque eran temas prioritarios para el país.
“La política número uno era generar una represa de una reserva de un 70 por ciento de agua dulce en la zona alta de la cuenca del Santa Lucía, que se llama represa de Casupá”, puntualiza Ortiz. Pero, explica, el nuevo gobierno descartó esa propuesta y tomó una iniciativa de cinco empresas privadas que planteaban una planta potabilizadora tomando agua del río de la Plata. Ese es el proyecto llamado Neptuno.
Foto: Redes.org.uy
Un proyecto para privatizar el abastecimiento de agua en Uruguay
El proyecto Neptuno fue presentado en 2020 por cuatro empresas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) bajo un consorcio denominado «Aguas de Montevideo» y aceptado por el gobierno de Lacalle Pou. El Gobierno resolvió entonces que los privados se encargarían de la construcción y el mantenimiento de una toma de agua y de una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí (San José). La estatal OSE, por su parte, se ocuparía de la operación.
En 2022, el representante del Frente Amplio en el OSE, Edgardo Ortuño, pidió la anulación del proyecto argumentando que no iba a «garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana», que presentaba «carencias técnicas» y que «fue aprobado sin informes de la empresa pública». El proyecto fue elaborado con la consultoría de la empresa israelí Mekorot.
La zona prevista por las empresas es una en la que los niveles de salinidad del Río de la Plata tienen índices por encima de los estándares posibles para potabilizar. Además, sectores académicos alertaron que es una zona de estancamiento permanente de cianobacterias (algas tóxicas). Sin embargo, el proyecto siguió adelante.
“Este proyecto, además de ser inconstitucional, es la única solución que el Gobierno plantea para la crisis: que cuando tengamos esa nueva planta no estaríamos ante esta situación”, critica la integrante de Redes-Amigos de la Tierra. Y afirma: “Desde los movimientos sociales y la academia decimos que esto es una falsa solución, porque en realidad es un gran negocio para estas cinco empresas privadas que van a invertir 258 millones de dólares en esa planta potabilizadora y luego van a cobrar 800 millones de dólares en 18 años, porque van a seguir manejando la planta”.
Señala que van a tener que bajar los estándares de calidad del agua, subiendo los niveles de salinidad por encima de lo que está aprobado en el país. Afirma que Neptuno no es la solución para asegurar el derecho humano al agua del área metropolitana de Uruguay (donde vive el 60 por ciento de la población del país).
“Estamos muy alarmados sobre si este proyecto en realidad no trae bajo la manga construir una desalinizadora que tengamos que comprar a Israel, cuando los costos de esa planta no tienen ningún sentido para el pueblo uruguayo enfrentarlo, teniendo una red de agua dulce superficial y subterránea como la que tiene el país. Contamos con una red y un potencial para abastecernos y no tendríamos que estar en la crisis si hubiera habido previsión e inversión por parte del Estado”, recuerda.
Selva Ortiz no tiene dudas que lo sucedido en Uruguay puede ser un antecedente para los países de la región. “Principalmente en esta política del gobierno neoliberal que no invierte en asegurar un derecho humano fundamental y en no tener previsiones ante eventos extremos climáticos que van a ser cada vez más frecuentes, producto del cambio climático sobre el que tampoco estamos haciendo nada como humanidad. Seguimos calentando el planeta, sin políticas y con falsas soluciones”, denuncia.
Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC), se suma al repudio por los hechos de represión que ocurren en la provincia de Jujuy, Argentina y se solidariza con el pueblo jujeño.
En Jujuy, la provincia más septentrional de Argentina, hay un alto índice de necesidades básicas insatisechas y los salarios se encuentran por debajo de la línea de indigencia. En junio se realizaron paros y movilizaciones del sector docente y de los trabajadores de la salud reclamando mejoras salariales. El apoyo social fue creciendo día a día. Al reclamo laboral se sumó el rechazo a la reforma constitucional de la provincia, que fue debatida a puertas cerradas. La población se movilizó, realizandocon una marcha multitudinaria en contra de la reforma que se aprobó de todas formas.
En líneas generales, la reforma concentra la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo de la Provincia y afecta derechos colectivos de los pueblos, como el derecho a la tierra y a la protesta. Las comunidades indígenas aseguran que esta nueva constitución está orientada a garantizar la explotación del litio por parte de las corporaciones trasnacionales y sus socios locales, a través de represión, judicialización y desalojos.
El gobierno de Jujuy lanzó una feroz represión a los/as manifestantes en varios lugares de la provincia. Los resultados de esta represión fueron más de treinta detenidos, incluyendo periodistas y una diputada. La persecución en Jujuy, más allá del Poder Judicial y la Policía como caras visibles, tiene el absoluto respaldo de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia, ocupados por representantes del neoliberalismo.
El miércoles 14 de junio, comunidades indígenas decidieron marchar desde la localidad de Abra Pampa, en la Puna hacia la capital a 210 km de distancia. Con temperaturas heladas, emprendieron la marcha, y llegaron dos días después a San Salvador, donde los recibieron cientos de docentes a los costados de las rutas. En julio, ni las movilizaciones ni la represión cesaron: la policía del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (gobernador desde 2015 y actual candidato a vicepresidente en las elecciones nacionales por el partido de derecha “Juntos por el cambio”) allanó más de 20 domicilios en Humahuaca y San Salvador bajo la figura penal de la “sedición y el secuestro de personas”. En esa escalada de persecuciones, las fuerzas violaron la autonomía universitaria ingresando en la Universidad Nacional de Jujuy buscando detener a un docente. Abogados/as populares involucrados/as en la defensa de los y las imputadas, afirman que existen órdenes de apresarlos por defender los y las detenidos/as.
Ante esta gravísima situación, organizaciones y movimientos populares de todo el país convocan a una gran movilización multisectorial nacional el 20 de julio para exigir el cese de la represión y rechazar la reforma, a la vez que denuncian ante la comunidad internacional estas vulneraciones que parecen no tener fin.
Llamamos a la comunidad internacional a denunciar la violencia en Jujuy y a mantenernos en alerta permanente y solidaridad activa y el pueblo argentino, movilizado en contra de los ataques del neoliberalismo.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) Julio 19 de 2023
Derrame de petróleo ocurrido el 19 de julio aproximadamente a las 4 de la mañana, se origina en los tanques de almacenamiento del terminal de Balao, operado por la empresa Petroecuador, se estima que se derramaron 3000 barriles de petróleo. Desde Balao, donde están los tanques de almacenamiento hasta la playa de Las Palmas hay 1.3 km, pero la contaminación se dio casi en 2km a la redonda, aunque pusieron boyas para que el crudo no pase al puerto pesquero, pero el balneario Las Palmas se encuentra contaminado y completamente cubierto de petróleo. Extraoficialmente se dice que es falla humana por negligencia de la persona responsable de cuidar el terminal. A las 7 de la mañana la población se percató del hecho por los fuertes olores, pero a esa hora ya la playa estaba totalmente contaminada.
Presentamos nuestro cuarto volumen de la serie “Investigaciones comunitarias”, que está dedicado a las mujeres. Analizamos la problemática de las mujeres desde el agronegocio y el extractivismo. Incluimos artículos del Ecuador y América Latina, sobre los impactos diferenciados de las mujeres de actividades agroindustriales y de la extracción de recursos no renovables, los proceso de lucha de la mujeres frente a este modelo y el camino hacia la soberanía alimentaria.
La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la respuesta en primera instancia a la acción de cumplimiento presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades para que el Estado incorpore los impactos de la cadena productiva del carbón en la política climática y adopte acciones concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática.
El 10 de julio pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca evidenció el incumplimiento de una serie de obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional y ordenó al gobierno —concretamente al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible— la adopción de medidas para cumplir con dichos compromisos, particularmente en relación con los impactos en el clima generados por el sector minero energético.
La sentencia es una respuesta —en primera instancia— a la acción de cumplimiento presentada el 4 de mayo por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas. La finalidad de la acción judicial es que el Estado incorpore los impactos de toda la cadena productiva del carbón en la política pública climática y para que adopte medidas concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática.
En ese sentido, el fallo se convierte en uno de los primeros hitos a nivel nacional al cuestionar el papel que ha tenido Colombia en la actual crisis climática global y ordenar a los dos ministerios el cumplimiento de las leyes 1931 de 2018 y 2165 de 2021, normas que establecen las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional. La acción judicial demostró —mediante un trabajo de documentación, sistematización y análisis— que en los últimos seis años el gobierno ha omitido las obligaciones recogidas en esas normas.
En total, la sentencia generó ocho órdenes dirigidas a los dos ministerios, entre ellas la de actualizar los estudios de impacto ambiental de la minería en Colombia para incluir los impactos climáticos. El tribunal ordenó también establecer regulaciones para hacer obligatorio que las empresas —especialmente las del sector carbón— establezcan registros obligatorios de emisiones de gases efecto invernadero (GEI).
La acción de cumplimiento cuestionó los instrumentos de política pública que han subestimado la contribución de las actividades del sector carbón a la crisis climática. Evidenció además vacíos de información críticos en los inventarios de GEI a nivel nacional, así como la falta de atribución de responsabilidades del sector carbón como parte de las causas estructurales de la crisis climática.
Colombia, al ser el mayor exportador de carbón en Latinoamérica, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de dicho sector. Sin embargo, varias administraciones gubernamentales han obviado ese compromiso en los últimos seis años.
Este litigio constituye uno de los primeros a nivel regional en el que se ataca la falta histórica de un Estado en la gestión de sus compromisos en la lucha mundial contra la crisis climática. Ante los primeros resultados, es claro que este proceso tiene el potencial de convertirse en un caso exitoso de litigio estratégico y climático para el continente.
Al ser una decisión tomada en la primera instancia del proceso, el Consejo de Estado está a cargo de emitir un fallo final. Si el alto tribunal ratifica la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno nacional deberá cumplir con las ocho órdenes en un plazo de seis meses, lo que implica la reformulación de puntos centrales de los instrumentos de gestión ambiental y de cambio climático en Colombia.
