Loreto: Nuevo derrame de petróleo en el ámbito de influencia del Lote 192 no es atendido por autoridades

LORETO. Un nuevo derrame de petróleo en el Lote 192, la reserva petrolera más importante de Perú, ha sido reportado por la comunidad nativa Nueva Jerusalén, ubicada en la provincia y región Loreto. A pesar de haber transcurrido seis días desde el incidente, las autoridades competentes aun no han atendido esta emergencia, según advirtió la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Petroperú, la empresa estatal encargada de operar el Lote 192, no han tomado medidas para remediar la emergencia, tal como ha comunicado Puinamudt, a través de redes sociales. Se teme que las lluvias en la zona puedan llevar el crudo a la quebrada Pucacuro.

El alto riesgo de que el petróleo se extienda a las fuentes de agua de la comunidad permanece. / Foto: Diego Pérez Ojeda.

Suelo, vegetación y fauna afectados

El derrame, ocurrido el 24 de mayo cerca del kilómetro 19 de la carretera Dorissa, se originó en una tubería de 16 centímetros (7 pulgadas). Según la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor), ha afectado un área de 40m2, dañando el suelo, la vegetación y la fauna. Existe un alto riesgo de que el petróleo se extienda a los cuerpos de agua de la comunidad nativa Nueva Jerusalén.

Este derrame de petróleo se suma a las infracciones ambientales previas registradas por Petroperú, que acumula un total de 381. Además, según informes periodísticos, el oleoducto norperuano, operado por la empresa estatal, ha experimentado 144 emergencias ambientales entre marzo de 2011 y septiembre de 2022.

La plataforma Puinamudt está compuesta por cinco federaciones indígenas que representan a 90 comunidades de Loreto afectadas directa o indirectamente por los lotes 192 y 8, así como por el Oleoducto Norperuano y sus ramales.

Infracciones ambientales

OEFA ni Petroperú aun no atienden la emergencia ambiental. / Foto: Diego Pérez Ojeda.

El pasado 28 de febrero, Perupetro S.A. —empresa que representa al Estado peruano para negociar y supervisar los contratos de hidrocarburos— y Petroperú —dedicada al transporte, refinación y comercialización de combustibles— suscribieron un contrato de explotación del Lote 192 por 30 años.

No obstante, de acuerdo con lo establecido en el documento, Petroperú «no será responsable por los pasivos ambientales ocasionados por las anteriores petroleras (la transnacional estadounidense Occidental Petroleum Company-Oxy, Pluspetrol Norte y la empresa canadiense Frontera Energy)».

Responsabilidad de Profonanpe

Desde 2015, la remediación de los sitios impactados como consecuencia de las actividades de hidrocarburos se realiza mediante el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, administrado por el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Profonanpe).

 

Fuente: Inforegion

Huehuetenango: verifican situación de comunidades tras el retiro de fondos a hidroeléctricas

Tiempo de lectura: 4 minutos

El 29 de marzo de 2022 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) retiró el financiamiento a dos hidroeléctricas que operan en Yichk’isis al norte de Huehuetenango, tras aceptar que incumplió con sus políticas internas. Ha pasado más de un año y el BID no ha cumplido con la salida responsable que prometió, aseguran las tres organizaciones que acompañaron a las comunidades en 2018 cuando presentaron sus quejas, aunque por ahora los pobladores confirman que están viviendo un poco de paz y tranquilidad. 

Por Eduardo Pablo

El pasado 30 de mayo, el Gobierno Ancestral Plurinacional, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Asociación Internacional para la Defensa del Territorio (AIDA) se reunieron con las ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la resistencia de Yichk’isis, para verificar que las agresiones, amenazas y represalias no se acentúen luego del retiro de fondos a las Generadoras de hidroeléctricas: San Mateo y San Andrés, propiedad de la empresa Energía y Renovación, S.A.

La decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de retirar su financiamiento a estas hidroeléctricas se dio después de aceptar los resultados de un informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), una entidad del mismo banco, que concluyó que este incumplió con sus propias normas y leyes, al otorgar un préstamo de US$13 millones, equivalente a Q100 millones, a la empresa Energía y Renovación, S.A para la construcción de dos hidroeléctricas, con el uso de los ríos Yalwitz, Río Negro (Q´eq Sat) y Pojom. El informe fue publicado el 26 de septiembre de 2021.

Foto: Francisco Simón

La reunión entre las tres organizaciones y las comunidades se realizó en el salón regional de Yichk’isis, a la que asistieron dirigentes, mujeres, autoridades comunitarias y las personas que fueron afectadas directamente por la construcción de las hidroeléctricas, que en la actualidad se encuentran en abandono.

Tras el retiro de estos fondos se ha logrado cierto grado de tranquilidad y paz, expresaron los pobladores. Aseguran que los campesinos ya pueden salir e ir a sus cultivos con más seguridad en búsqueda de la subsistencia para sus familias, aunque admiten que tienen mucho por hacer para lograr la reconciliación y la construcción del tejido social y familiar, entre las comunidades del municipio de San Mateo Ixtatán, territorio maya Chuj, ubicado en la zona fronteriza con México.

“La empresa dividió a las familias y las comunidades cuando llegó en 2013, se acabó el dinero que dio la empresa y quedaron los pleitos, da tristeza y dolor cuando hay denuncias, amenazas u órdenes de captura”, lamentó uno de los dirigentes quien prefirió omitir su nombre.

Según el MICI, las políticas internas que incumplió el banco son: de Disponibilidad de Información; de Sostenibilidad Ambiental y Social; la de Pueblos Indígenas, de Igualdad de Género en el Desarrollo; y finalmente, la de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.

Bajo esta perspectiva, el MICI sugirió al BID el retiro del financiamiento a la empresa, pero con una salida bajo cuatro acciones importantes: un plan de salida responsable, otro de transición, de no represión y de seguimiento. Además de traducir el informe en los idiomas maya Chuj y Q´anjob´al. Sin embargo, hasta la fecha el banco no ha cumplido con este compromiso.

Lea más detalles acá:

Mientras tanto el reto para las comunidades ha sido conocer e interpretar esos resultados. “El retiro de estos fondos es bueno, pero la empresa ha dejado daños a las comunidad, esto se debe reparar y que se cumplan con las recomendaciones para que la situación no se repita en otros pueblos y países”, agregó el comunitario entrevistado.

Las tres organizaciones que visitaron Yichk’isis fueron las que presentaron la queja al MICI en 2018, ahora esperan que con estas reuniones el banco agilice el cumplimiento de su compromiso de salida responsable.

Foto: Eduardo Pablo

En el lugar estuvo Rigoberto Juárez de Gobierno Ancestral Plurinacional, Mara Bocaletti de Plataforma Internacional y Rosa Pena de AIDA, quienes dialogaron y conversaron con las representaciones de las comunidades, además manifestaron su disposición de seguir apoyando a las comunidades desde la incidencia, la asistencia social y psicoemocional.

Rosa Peña manifestó que el proceso con el MICI ha sido exitoso. “Es la primera vez que se plantea el retiro responsable del banco, por lo que como organización estaremos apoyando a la población y comunidades afectadas”, aseveró.

Por su parte Rigoberto Juárez Mateo recomendó a la población hacer uso de los mecanismos y medios legales para documentar y evidenciar las violencias que existen en las comunidades. En el lugar opera una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) y un destacamento militar ubicado en propiedad de la empresa, sin embargo, la gente desconfía en estas instituciones del Estado.

 

Fuente: Prensa comunitaria

Kimy Pernía: un legado de lucha, dignidad y solidaridad

Kimy Pernía Domicó fue un líder indígena Embera Katío del Alto Sinú, que encarnaba la riqueza ancestral de su cultura y la sabiduría transmitida a lo largo de generaciones. Nacido en Tierralta, Córdoba, y criado en profunda conexión con la naturaleza, aprendió a apreciar y preservar las tradiciones de su pueblo, buscaba generar conciencia sobre la importancia de proteger los territorios y conocimientos indígenas, como pueblos guardianes de la vida.

Su valentía se manifestó en su oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá I, en el departamento de Córdoba, que implicaba una transformación violenta del territorio y de las estructuras socioculturales que las comunidades habían tejido a lo largo de los años. Por eso lideró un fuerte movimiento en defensa del territorio y en resistencia a la visión de desarrollo que se imponía con el proyecto. 

Pero el 2 de junio de 2001, Kimy fue secuestrado y asesinado por paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso en Córdoba, que muchos años después reconoció públicamente su responsabilidad en este crímen. Su liderazgo incansable en contra de la represa, impulsada por el consorcio sueco-colombiano Skanska-Conciviles, lo convirtió en un objetivo para aquellos que, viendo sus intereses económicos comprometidos, buscaban sofocar las voces de quienes demandaban por justicia social y ambiental para poder implantar el proyecto.

Te puede interesar: Audio de la Comisión de la Verdad: «El asesinato de Kimy Pernía Domicó»  

Kimy fue mucho más que un nombre. Su compromiso y su voz poderosa lo convirtieron en símbolo de esperanza y resiliencia. Las enseñanzas que nos dejó son un testimonio vivo para la construcción de un mundo más justo y equitativo: la lucha social no es solo un acto de rebeldía, sino una expresión de amor y solidaridad hacia nuestros semejantes, una causa que vale la vivir desde la empatía, la compasión y el compromiso genuino por el bienestar de los demás. 

Su vida y legado nos invita a reflexionar profundamente sobre el poder transformador de la acción colectiva, y nos recuerda que el cambio es posible cuando nos unimos en solidaridad y perseveramos en la defensa de nuestros ideales. Su ejemplo nos motiva a levantar la voz, a actuar con valentía y, sobre todo, a trabajar en conjunto por un mundo en el que todas y todos podamos vivir con dignidad.

Tu luz seguirá guiándonos en la lucha por un mundo mejor. Siempre te recordaremos con amor y gratitud. Do Wambura:adiós río.

Te puede interesar: Libro, Kimy, palabra y espíritu de un río 

 

Fuente: CENSAT Agua viva

Lanzan “Historias Quebradas” la serie que denuncia los secretos de la multinacional minera AngloGold Ashanti en Colombia

La Red de personas afectadas por AngloGold Ashanti, conformada por organizaciones sociales y ambientales de Tolima, Cauca, Antioquia y Bogotá, lanza “Historias Quebradas”, una serie web documental que revela los secretos de la forma de operar de AngloGold Ashanti -AGA- la multinacional minera sudafricana, que está en Colombia desde 1999. La serie narra la estrategia de camuflaje de la minera, que se ha presentado bajo diferentes nombres y a través de empresas fachadas constituidas en paraísos fiscales; cómo se ha aprovechado del conflicto armando en Colombia y su relación con distintos gobiernos para explorar y explotar en varios territorios del país.

“Queremos denunciar públicamente la falta de ética de esta multinacional sudafricana que pretende explotar oro, cobre, plata y molibdeno en varios departamentos del país. A través de »Historias Quebradas», informamos a la opinión pública sobre los daños irreversibles, ambientales y sociales, que ha causado AngloGold en Colombia. Buscamos frenar su intervención, a través de un movimiento desde la ciudadanía. Conocemos los daños que la empresa ha causado en países como Ghana y la República democrática del Congo, y esto nos hace pensar que si continúa con su intención de explotar en Colombia, correremos con la misma suerte. La megaminería de esta empresa solo ha traído pérdida de riqueza natural y social en los territorios, por esto nuestro llamado es a que se vaya del país”, explicó la Red de personas afectadas por AGA.

La oposición social y ambiental hacia la empresa ha sido conocida principalmente por sus proyectos La Colosa (Cajamarca, Tolima) y Quebradona (Jericó y Támesis, Antioquia), sin embargo, los intereses de explotación de la minera han abarcado muchas más zonas de Colombia y afectado a diversos territorios. Los capítulos de la serie web documental revelan cómo han operado por más de 20 años en todo nuestro territorio nacional, con ocho frentes de exploración: Gramalote y Quebradona en Antioquia, Río Dulce en Caldas, La Colosa y Chaparral en Tolima, Salvajina en Cauca, Llanada en Nariño y Eastern Cordillera. La Red de personas afectadas por AGA, busca alertar a la ciudadanía sobre los impactos de la megaminería de esta empresa en nuestro territorio y en la vida de nuestras comunidades.

Fueron tres años de investigación por parte de la Red, en la que se tuvieron en cuenta informes de sostenibilidad de la multinacional sudafricana, sentencias e investigaciones jurídicas en Colombia, noticias en medios de comunicación, denuncias de organizaciones ambientales y de derechos humanos, posturas oficiales, entre muchas otras fuentes. La serie se encuentra disponible en anglogoldnostoca.com, junto con las fuentes de información que se consultaron, así como más argumentos que confirman la falta de ética y el actuar violento de la empresa.

Nuestra megabiodiversidad, nuestras comunidades y nuestro potencial para la vida necesitan que unamos nuestras voces y acciones para su cuidado: AngloGold nos toca, ¡quítale la máscara!

Fuente: CENSAT Agua Viva

Paquetazo ambiental: denuncian avalancha de proyectos de ley contra los pueblos indígenas y la Amazonía

Al menos siete proyectos de ley que podrían poner en grave riesgo la protección del ambiente y de la Amazonía, y los derechos de los pueblos originarios, se encuentran en trámite en el Congreso y el Ejecutivo. A ello se suma la intención de ofrecer lotes petroleros en territorios indígenas por parte de Perúpetro.

Foto: Composición Vigilante Amazónico

Como un nuevo “paquetazo ambiental” calificó a estos proyectos la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) durante una conferencia de prensa el último sábado 27 de mayo. 

“En este gobierno de Dina Boluarte podemos afirmar que ya son paquetazos ambientales que van en contra de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la ley forestal que se quiere modificar, la ley Piaci que quieren derogar. No hay una voluntad política a favor de los derechos de los pueblos indígenas”, aseveró Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y vocero de AIDESEP durante la conferencia de prensa. 

Asimismo, el dirigente indígena y vocero de AIDESEP, Julio Cusurichi Palacios señaló para el Vigilante Amazónico que esta situación los traslada al 2009, cuando Alan García intentó promover una serie de normas para promover las inversiones extractivas en sus territorios, lo que tuvo como respuesta la movilización de pueblos indígenas de la Amazonía peruana, denominado el Baguazo

“Nosotros pensamos que estamos en el 2009 cuando Alan García sacó varios paquetes de leyes que iban en contra de los derechos y la vida como pueblos indígenas. Ahora casi estamos en lo mismo, refiriéndonos a la Ley forestal, no solo es una gran amenaza a los avances que han hecho los pueblos indígenas, sino también los gobiernos de trabajar una propuesta de conservación de 55 millones de hectáreas en el país, y ahora da espacio a terceros, esto es contradictorio”, alertó el dirigente indígena. 

Julio Cusurichi Palacios, vocero de AIDESEP – Foto: Vigilante Amazónico

Julio Cusurichi también se refirió a la modificación de la Ley sobre pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci), que conllevaría a un exterminio de los pueblos indígenas en aislamiento, pues se quiere desconocer con ello su existencia.  “Esto estaría en contradicción con los tratados internacionales aprobados por el Estado Peruano, el Perú estaría poniendo la Amazonía a empresas extractivas desconociendo la vida y la existencia de los Piaci. El gobierno a través del Congreso haría historia, pues estaría llevando a la muerte a estos hermanos”, indicó el dirigente de Aidesep. 

Recientemente, el gobernador regional de Loreto Jorge René Chávez Silva se mostró favor del Proyecto de Ley N° 03518/2022-CR que busca modificar la Ley N° 28736, Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), la cual es una amenaza a los derechos humanos de los Piaci.

Entre los proyectos cuestionados, se encuentran los siguientes:

Proyecto En qué consiste Estado
El proyecto de Ley00649/2021-CR que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (N° 29763) 
A ello se suman dos proyectos más que también pretender modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, como el 03912/2022-CR que busca la modificación de los artículos 14, 19, 28, 29, 30, 33 y 56) y el 04587/2022-CRque propone adecuar el marco normativo en materia forestal con el fin de mejorar el acceso formal al bosque para los pequeños extractores. 
Esta modificatoria podría acelerar la deforestación en la Amazonía y es una amenaza a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que permitiría convalidar y otorgar títulos sin evaluación técnica.  Tras haber sido observado por el Ejecutivo anterior, fue nuevamente votado en el Congreso y no se obtuvo los votos para aprobarlo por insistencia. Sin embargo, algunos congresistas han vuelto a solicitar su reconsideración y se encuentra pendiente su debate en el Pleno del Congreso. 
Proyecto de Ley 03518/2022-CR que busca modificar la Ley N° 28736, Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), la cual es una amenaza a los derechos humanos de los Piaci.  Esta modificatoria busca facultar a los gobiernos regionales para revocar o extinguir el reconocimiento de la existencia de Piaci y de las reservas indígenas donde se encuentran. El proyecto se encuentra en comisiones. La comisión de Cultura se ha inhibido, por lo que esperan que la comisión de Descentralización haga lo mismo para que pueda pasar a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, el cual señalan es el área competente.
El PL N° 3634/2022-CRpresentado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, propone la creación de la Ley de la Minería a Pequeña Escala. Este proyecto daría carta libre a mineros ilegales para la formalización permanente.  Es decir, podrían operar sin presión para  finalizar su proceso de formalización, a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Actualmente se encuentra en la comisión de Energía y Minas. 
También se suma el reciente borrador de un proyecto de ley, presentado el pasado 23 de mayo por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y originalmente elaborado por Perupetro, que propone modificar la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. Este proyecto de Ley busca modificar nueve artículos e incorporar tres disposiciones complementarias, lo cual constituye un retroceso a la institucionalidad ambiental del país y vulnera los pueblos indígenas. Debido a que flexibiliza los estándares ambientales para la protección de las ANP de uso indirecto, también para el proceso a seguir para modificar un ANP.De aprobarse, se estaría incorporando al marco jurídico un procedimiento de cambio de categoría de una ANP en base a la declaratoria de interés público, lo cual es un claro retroceso al marco de protección jurídica que tienen estas ANP para asegurar su conservación. Borrador presentado por el Ministerio de Energía y Minas. 
El Ejecutivo presentó en abril de este año el Proyecto de ley ° 4642/2022-PE, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, que busca el cierre de la brecha de infraestructura que actualmente presenta el país en diversos ámbitos como salud, educación, vías de comunicación y prevención de desastres.  El proyecto de ley propone que si la autoridad competente no culmina la evaluación dentro del plazo 30 días hábiles, el proyecto de inversión podría ejecutarse sin contar con la certificación ambiental, pese a que su objetivo es precisamente prevenir y mitigar sus posibles impactos negativos al ambiente y a los derechos de las personas, de vivir en espacios saludables y libres de contaminación. . Se encuentra en la comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado Constitución y Reglamento
Información recopilada por Vigilante Amazónico

Promocionan lotes petroleros en territorios indígenas 

Cusurichi también expresó su preocupación por los nuevos lotes petroleros que entrarían a la Amazonía. “Los proyectos extractivistas solo nos ha traído contaminación, depredación a nuestros territorios, por eso estamos en desacuerdo con la avalancha de concesiones petroleras que va a afectar a más de 500 comunidades”, recalcó el dirigente indígena. 

En febrero y mayo de este año, el gobierno peruano  a través de un grupo de funcionarios de PerúPetro comenzó a promocionar 31 áreas con potencial de hidrocarburos a nivel internacional. 

Según una investigación realizada por Ojo Público con el apoyo técnico  del Instituto del Bien Común (IBC), se reveló que 25 se ubican en la Amazonía y superpuestas a 435 comunidades indígenas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y a dos reservas PIACI,  sin consultar a los pueblos indígenas. 

Finalmente, el dirigente de Aidesep indicó que vienen reuniéndose con algunas comisiones del Congreso, la Defensoría del Pueblo, e incluso congresistas promotores de la norma contra la Ley Piaci, hasta agotar todas las vías.

De lo contrario, acudirán a instancias internacionales, por lo que esperan que el gobierno peruano retroceda en su intención de sacar normas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas. 

Los territorios ancestrales de la Amazonía peruana no solo son espacios geográficos, sino son los bosques, la medicina, los lugares sagrados, el mercado y la vida para los pueblos indígenas. Sin embargo, el Estado peruano y el Congreso de la República, lejos de garantizar su protección integral, incrementan cada vez más las amenazas sobre estos territorios.

Miércoles 31 de mayo de 2023

 

Fuente: Vigilante Amazonico

Jubileu Sul/Américas participa da avaliação dos instrumentos de financiamento externo da UE

Consulta virtual visa colher as opiniões de representantes de organizações da sociedade civil e outros atores a respeito dos instrumentos de financiamento de ações da União Europeia no exterior. O JS/A foi representado pela socióloga Martha Flores, da secretaria regional da Rede.

Por Redação Jubileu Sul/Américas, com tradução do Jubileu Sul Brasil

A Rede Jubileu Sul/Américas (JS/A), enquanto membro do Fórum Político para o Desenvolvimento, participou no último dia 24 de maio, à consulta virtual para escuta das organizações da sociedade civil (OSC) e associações de autarquias locais (ALA) sobre a avaliação dos instrumentos de financiamento externo da União Europeia – UE (2014-2027).

No âmbito da avaliação intermediária desses instrumentos de financiamento externo da UE, referentes ao período 2021-2027, e de avaliação final dos instrumentos anteriores, do período 2014-2020, foram organizadas consultas públicas e específicas para receber as opiniões dos múltiplos atores interessados nesta cooperação, por meio de reuniões com diferentes pessoas que representam Estados, agências de desenvolvimento dos estados membros da UE, redes e plataformas das OSCs e autoridades locais, parlamento da União Europeia, instituições financeiras internacionais, entre outros. 

A avaliação intermediária desses instrumentos de financiamento externo da UE abrange o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional  — Europa Global (NDICI — GE, na sigla em inglês), o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) à UE, a decisão sobre a associação ultramarina, incluindo Groenlândia, e o Instrumento Europeu de Cooperação Internacional em matéria de Segurança Nuclear (INSC). Inclui também a avaliação final dos instrumentos de financiamento externo 2014-2020. O relatório da Comissão será apresentado ao Parlamento e ao Conselho da UE no início de 2024.

A Rede Jubileu Sul/Américas, com presença nas quatro sub-regiões da América Latina e Caribe, em seu discurso pautou o item 2, relativo aos instrumentos de financiamento, pontuando que “os contextos de atuação das organizações da sociedade civil têm sido afetados pela redução dos espaços de participação e pelas modificações fiscais impostas pelos Estados como forma de repressão e punição. Diante disso, os instrumentos de cooperação devem considerar esses elementos e construir mecanismos para uma maior interação com a UE

Dessa forma, a Rede JS/A tem participado no processo de consultas construtivas e propositivas à União Europeia, visando integrar as diferentes perspectivas e recomendações das partes interessadas na avaliação em curso dos instrumentos de financiamento externo.