Gobierno federal «miente y encumbra la violencia en Chiapas»: Frayba

Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negara la situación de violencia que atraviesa Chiapas, especialmente en las comunidades autónomas zapatistas, así como que difamara a las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos en la conferencia de prensa del 23 de junio.

«El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos», aseguró el Frayba en un comunicado.

Las declaraciones de AMLO fueron un día después de que organizaciones de derechos humanos denunciaran una nueva oleada de ataques armados contra tres comunidades autónomas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y un mes después de otra agresión armada por parte del grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao).

Añadió que el negacionismo y la difamación desde el gobierno federal «particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)», además de que vulneran el trabajo de las organizaciones «en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva» de Chiapas.

El Frayba precisó que los ataques son encabezados por grupos armados corporativistas, que desde 2019 a la fecha han perpetrado más de 110 agresiones armadas en las comunidades zapatistas de Moisés y Gandhi, de la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo.

Estos ataques, explicó el Centro, incluyen la quema de escuelas y bodegas de café, agresiones con armas de alto y bajo calibre, tortura y secuestros, sin que las autoridades intervengan ni protejan la vida de los habitantes, pues «los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano».

Recordó al gobierno mexicano que Chiapas atraviesa «un conflicto político-militar irresuelto», y que «tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés». «Por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes», finalizó el Frayba.

A continuación el comunicado completo:

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una  diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]

El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, de la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.

Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.

Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.

Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.

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Más sangre derramada en el Bajo Aguán

Oquelí Domínguez era hermano mayor de Alí Domínguezasesinado el pasado 7 de enero y hermano menor de Reynaldo Domínguez, uno de los activistas que han sido repetidamente perseguidos y encarcelados por defender el territorio y los ríos Guapinol y San Pedro, que bajan del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”.

La zona núcleo de este parque está siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc) antes EMCO Mining Company.

Los holdings que administran Inversiones Los Pinares son controlados por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum, ya fallecido.

El nombre de Facussé está relacionado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida.

Información preliminar indica que Oquelí Domínguez y su mamá fueron atacados en su casa por desconocidos que se conducían en motocicleta.

El mortal ataque se produce pocos días después de que la empresa minera despidiera a cientos de trabajadores por motivos desconocidos, asegura el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

Tierra de nadie, la violencia sin fin

Ya son cinco los defensores de la tierra y los bienes comunes asesinados este año en el Bajo Aguán. Decenas son los casos de amenazas y agresiones.

Tanto el Comité Municipal como la Plataforma Agraria del Valle del Aguán denuncian que, a pesar de los llamados al Estado para que proteja a las y los defensores de la zona y ponga un alto a la impunidad, las respuestas han sido nulas y la violencia sigue profundizándose.

“La causa de la violencia es el proyecto de minería ilegal, que sólo ha causado muerte y destrucción”, escribe en un comunicado público el Comité.

“Exigimos el fin de la violencia, que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger a las y los defensores y sus familias, y que inicie una investigación pronta e independiente”, agregó.

Impunidad y violencia

También la Coalición contra Impunidad y la Convergencia contra el Continuismo (CCC) se pronunciaron para condenar con fuerza este nuevo asesinato que enluta a las familias del Bajo Aguán.

“Responsabilizamos al Estado por incumplir con su obligación de prevenir estos hechos, a través de la investigación de los crímenes pasados que siguen en la impunidad.

Lo responsabilizamos —continúa la Coalición— también por su pasividad ante la continuidad de operaciones de la empresa minera Los Pinares, pese a no haber cumplido con todos los requerimientos legales”.

“Llamamos al gobierno a dar una contundente respuesta ante este crimen atroz”, afirma la CCC.

“Junto a las organizaciones sociales y populares exigimos la pronta instalación de la Comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras (Cicih), para hacer frente a las redes criminales que están detrás de estos crímenes”, concluye.

Por: Giorgio Trucchi

Foto: Comité municipal defensa bienes comunes y públicos Tocoa

Fuente: Rel UITA

 

Fuente: Radio Temblor 

Argentina. Carta abierta al Presidente de la República Alberto Fernández: organismos de DDHH toman la palabra por brutal represión en Jujuy

Ante la delicada y gravísima situación que vive el pueblo de Jujuy reprimido salvajemente por el gobierno de Gerardo Morales al movilizarse por sus legítimos derechos y contra una reforma constitucional que violenta los principios de la Constitución Nacional, los organismos de derechos humanos abajo firmantes nos dirigimos al Sr. Presidente la Nación, Alberto Fernández, y decimos:

Que la reforma de la Constitución provincial ha sido un proceso plagado de irregularidades, sin consulta a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a las comunidades de los pueblos originarios, y con un contenido que ignora los tratados internacionales firmados por nuestro país, tanto los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre movilización pacífica y derechos de las comunidades, como el Acuerdo de Escazú que obliga a la consulta ante cualquier reforma que pueda tener impacto ambiental.

Que la respuesta represiva del Gobierno de Gerardo Morales es casi criminal con cientos de heridos algunos muy graves, decenas de detenidos, algunos de ellos personas enfermas o con discapacidades, utilización de móviles sin identificación, allanamientos a domicilios sin orden judicial, violación del principio de legítima defensa negándole información a los abogados acerca del paradero de los eventuales detenidos. Varios manifestantes han perdido uno de sus ojos por las balas recibidas.

Que todo esto ha sido denunciado por los organismos de derechos humanos nacionales, pero también internacionales, dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha expedido al respecto.

Por todo ello consideramos que debe existir una RESPUESTA POLÍTICA INSTITUCIONAL desde la Presidencia de la Nación. El presidente debe tomar las medidas necesarias para INTERVENIR LA PROVINCIA DE JUJUY de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitucional Nacional y, junto a su gabinete, comunicar dicha decisión por cadena pública nacional.

La situación de emergencia y de violación de los principios republicanos por parte del gobierno en Jujuy está claramente expuesta. Corresponde al Gobierno Nacional reaccionar con la debida firmeza para evitar que se profundice está tragedia del pueblo jujeño y de toda nuestra sociedad.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza

Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz

H.I.J.O.S. Capital

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina

 

Fuente: Kaos en la red

A dos años que el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería presentó propuesta de ley de moratoria minera, exigen su discusión en la Asamblea Nacional

Un día como hoy, 24 de junio de 2021 -hace 2 años-, un centenar de ciudadanos /as conscientes de los peligros de la minería metálica para un país como Panamá, presentamos ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, una propuesta de Ley de Moratoria Minera permanente para todo el territorio nacional.

Nuestro clima tropical lluvioso, nuestra riqueza hídrica, la gran biodiversidad y la vulnerabilidad climática de nuestro país son opuestos e incompatibles con el desarrollo de esta industria contaminante, devastadora y conflictiva.

Los hechos nos han dado la razón. En medio de una delicada situación ambiental, hemos visto la irresponsabilidad con la que el Gobierno se ha empeñado en fomentar la explotación minera del Istmo y aprueba un nuevo Contrato con Minera Panamá, que además del carácter Inconstitucional, de principio a fin es abusivo y dañino para nuestro país, atenta contra nuestra sostenibilidad ambiental y nuestro Estado de derecho y establece un nuevo marco de referencia para otras concesiones mineras.

Querer imponer este modelo contrario a nuestro bienestar ha generado tantos conflictos y señalamientos, que cada vez más ciudadanos/as se están sumando al rechazo social de la minería.

En el marco de actividades del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, hoy 24 de junio se esta desarrollando el 1er. Encuentro de Mujeres por Panamá Sin Minería en un hotel de la ciudad capital. El papel de las mujeres ha sido fundamental en la lucha contra el patriarcado minero neocolonial. Evento auspiciado por: Fundación Toabré, Espacio Encuentro de Mujeres, Movimiento Democrático Popular, Ya es Ya, Comité Presbiteriano para el Auto-Desarrollo de los Pueblos, Panamá Sin Minería.

Participa del Piqueteo de este miércoles 28 de junio a las 4:00 pm ante el Ministerio de Comercio; de la Manifestación de este 1° de julio frente a la Asamblea Nacional y de todas las jornadas de protesta nacional.

Panamá Vale Más Sin Minería!

Redacción: Radio Temblor Internacional

Fotografías: Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería

 

Fuente: Radio Temblor

Plebiscito Popular: mobilização e debate prosseguem nos territórios

3ª Plenária Nacional de Mobilização por um Plebiscito Popular reuniu lideranças de dezenas de organizações, entidades e movimentos sociais de todo o país, visando à realização de um plebiscito que fortaleça a reconstrução do Brasil após o desmonte dos últimos anos

Por Flaviana Serafim – Jubileu Sul Brasil

A 3ª Plenária Nacional de Mobilização por um Plebiscito Popular reuniu lideranças de dezenas de organizações, entidades e movimentos sociais de todo o país, em reunião virtual na noite desta segunda-feira (19).

Dando continuidade ao processo de escuta, o objetivo com a proposta de um plebiscito popular é fortalecer a mobilização e articulação para a reconstrução democrática do país, depois dos últimos anos de desmontes e retrocesso de direitos, partindo do apoio popular para fazer as revogações necessárias e também propor políticas sociais. A iniciativa une a 6ª Semana Social Brasileira (SSB), o Grito dos/as Excluídos/as e a Rede Jubileu Sul Brasil (JSB). 

A economista e educadora popular Sandra Quintela, articuladora nacional da Rede JSB, explicou que, para fomentar essa caminho para reconstrução do país, a 6ª SSB, o Grito dos/as Excluídos e o Jubileu Sul Brasil optaram por lançar a ideia fazendo uma opção metodológica a partir de plenárias, num processo de escuta no qual já participaram cerca de 200 organizações. “O que percebemos nessa caminhada é que muitas organizações e movimentos sociais sentem falta de algo que possa criar uma unidade, um horizonte comum. O plebiscito é um instrumento que pode permitir isso”, afirma. 

Ari Alberti, da secretaria nacional do Grito dos/as Excluídos/as, observou o fato das organizações e movimentos sociais sentirem falta de um instrumento “que nos mobilize, nos una, nos articule e nos aproxime mais do trabalho de base. A segunda questão é o ‘ainda não é momento’, mas quando é que é o momento? Quando vai ser o momento?”, questionou. 

Na visão de Alberti, o diálogo junto às bases para impulsionar mudanças de baixo para cima “exige tempo e generosidade para se discutir. Hoje a realidade é outra, mas estamos reproduzindo a discussão de 2002, sentindo que é necessário, mas ainda não é tempo. Agora, querendo ou não, a semente está lançada, a palavra plebiscito está colocada, a validade do processo e da discussão não está em questão. Se queremos garantir a democracia e ajudar a fortalecer o governo, temos que nos organizar, nos mobilizar e unidos”, ressaltou. 

Após a acolhida aos participantes, foi apresentado um breve resgate do processo iniciado em torno da mobilização pelo plebiscito desde o último 9 de fevereiro, quando ocorreu a 1ª plenária nacional, seguida do momento de escuta das lideranças nos territórios onde a proposta do plebiscito foi abordada anteriormente, em plenárias locais e outros momentos de debate, e ainda a definição dos próximos passos e encaminhamentos.  

Ação e construção coletiva

Na avaliação de Júlio César Nóbrega, militante da Paraíba, “há uma necessidade urgente não só de nos movimentarmos e nos organizarmos, mas de agir. Diferente de outras conjunturas, hoje a direita está mais forte, mais organizada do que antes. E qual o momento de agir se a conjuntura não é favorável? A conjuntura também muda, e muda com a gente agindo. Pode não ser a condição ideal, mas algo temos que fazer. Precisamos nos movimentar”, afirma. 

Nóbrega também pontuou as mudanças climáticas como uma questão relevante. “É uma preocupação da maioria das pessoas e uma temática que não podemos deixar de olhar, de pautar, porque mexe com a vida, junto com essa economia que destrói as pessoas e a natureza”, completa. 

Membro da coordenação da Rede JSB, a economista Dirlene Marques apontou a necessidade de que mais organizações se engajem para mobilizar o plebiscito. “Estamos propondo construir um instrumento de mobilização e transformação, que é o plebiscito. Mas se não é esse o instrumento, qual é o outro então? É preciso cobrar isso, pensar em alguma forma de se construir coletivamente os processos de participação mais massiva, além do Estado”, destaca. 

Próximos passos

Para dar seguimento à mobilização e aprofundar o debate, a proposta do plebiscito popular continua sendo pautada nos espaços de discussão do Grito dos Excluídos e da SSB. 

A próxima plenária virtual está programada para o dia 20 de setembro (quarta-feira), com indicativo de encontro presencial em novembro, em Brasília. 

Saiba mais acessando o documento síntese com informações gerais e orientações sobre o processo de construção coletiva do Plebiscito Popular. 

 

Fuente: Jubileu Sul Brasil

Los informes que alertan sobre la afectación a territorios indígenas en Colombia

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) presentó seis documentos y una serie documental que muestran los efectos de la deforestación, los megaproyectos, la violencia política, entre otros factores.

La selva amazónica es uno de los principales ecosistemas en riesgo. (Foto de referencia)
La selva amazónica es uno de los principales ecosistemas en riesgo. (Foto de referencia)
Foto: (EPA) EFE – Raphael Alves

Acaparamiento de tierras, expansión de la frontera agropecuaria, minería, extracción de madera y expansión de la infraestructura. Estas son las principales causas de la deforestación en Colombia, un fenómeno que ha causado una grave afectación en los territorios y pueblos indígenas. “Sus amplios territorios se han enfrentado a la llegada de personas e intereses ajenos a las culturas ancestrales y que han concebido las tierras y la naturaleza como objetos de mercado”, sostiene el informe “Territorios en riesgo”, publicado recientemente por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).El pasado 17 de junio, en el marco del evento ‘Defender los territorios indígenas es defender la vida’, el Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI presentó este y otros cinco informes que dan cuenta de los riesgos a los que se enfrentan estas zonas y sus pobladores.

Puede leer: Urabá: la lucha de víctimas de desplazamiento por vivir en barrios formalizados“A los indígenas nos siguen amenazando, confinando y desplazando. Si tomamos un mapa de Colombia, todos losterritorios indígenas están en las zonas más inaccesibles, pero también estratégicas para el desarrollo de ciertas economías. Sobre eso se generan ciertas dinámicas cuando empezamos a exigir nuestros derechos”, dijo durante la presentación el indígena arhuaco Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la comisión.Los documentos que salieron a la luz son “Territorio en Riesgo: efectos de la deforestación en territorios indígenas”, “¿La última esperanza para La Paz? Informe sobre violencia política contra los pueblos indígenas en el 2022″, “La sangre de la tierra: extracción de hidrocarburos en territorios indígenas”, “La construcción del megaproyecto conexión Pacífico – Orinoquía: Una amenaza inminente a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia”, “Mujeres Indígenas y Territorios: aproximación a las re-’ex’sistencias y repolitización de la vida”, y “Presupuesto Invertido para los procesos de dotación de Territorios Indígenas”. Además, fue presentada la serie documental ‘El canto de la selva: amenazas al territorio de la abundancia’.

Viaje al territorio que se disputan disidencias de Mordisco y Segunda Marquetalia
4 Jun 2023 – 7:45 a.m.

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Los territorios indígenas contienen alrededor de un tercio de todo el carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe.
Los territorios indígenas contienen alrededor de un tercio de todo el carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe.
Foto: Leonel Barreto – El Espectador

Algunas alertas

Según el Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI, se mantiene la inseguridad jurídica sobre las tierras de los pueblos indígenas del país, además de vulneración a sus derechos ambientales y culturales.

El 2017, año inmediatamente siguiente a la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC, Colombia registró la cifra más alta de deforestación en el periodo 2013-2021, con casi 220.000 hectáreas afectadas.Aunque en los años siguientes disminuyó el territorio deforestado, las alarmas siguen encendidas. En 2021 (año de los registros más recientes) hubo 174.103 hectáreas afectadas, un 1,5% más que en 2020. “En la actualidad, existen diferentes presiones sobre los bosques, las reservas ambientales protegidas y los pueblos indígenas. Esto pone en riesgo la perviviencia física y cultural de estos pueblos”, dijo una de las investigadoras de la CNTI.Sobre la extracción de hidrocarburos en territorios indígenas, uno de los informes muestra las consecuencias de algunos proyectos que en los últimos tres años han vulnerado derechos de territorios como el de los indígenas U’wa, en Arauca, Boyacá y los santanderes, donde este pueblo lucha contra la explotación petrolera.

También está el caso de la comunidad de La Cabaña, del pueblo indígena Awá, en Putumayo, donde se habría vulnerado la consulta previa y se suspendió la formalización de la propiedad colectiva por cuenta de la existencia de traslapes con zonas de explotación petrolera.Lea además: Más de 4.000 indígenas awá están en crisis por enfrentamientos de grupos armados

Otro de los casos expuestos es el de la comunidad murui Monai de Jitoma, en Putumayo. “Ha presentado diversos conflictos asociados a la entrada de intereses privados. El proceso de consulta previa ha dividido a las comunidades, generando conflictos intra e interétnicos afectando la cultura y la armonía en el territorio”, sostiene la CNTI.Siga leyendo:Combates entre ELN y disidencias tienen confinados a indígenas en Cauca

La comisión también alerta sobre el megaproyecto de conexión Pacífico-Orinoquía, que busca atravesar el país de occidente a oriente con una vía de 1.490 kilómetros en los departamentos de Valle, Huila, Tolima, Meta y Vichada, donde habitan más de 10 pueblos indígenas a los que “no se les ha socializado la información de manera completa y transparente”. Además de esto la CNTI asegura que en el proceso de licenciamiento ambiental no se ha contado con la participación de las comunidades.

Fuente: El Espectador