Piura: rondas campesinas de Ayabaca se movilizan contra la minera Río Blanco

Las rondas campesinas de la provincia de Ayabaca, en la región Piura,  realizaron una movilización en la que piden que se respete la consulta vecinal realizada el 16 de septiembre del 2007, donde el 99% de la población de Ayabaca y Huancabamba rechazó el proyecto Río Blanco.

A través de un comunicado, las rondas campesinas de Piura convocaron a este paro regional y provincial. En el comunicado señalaron que no quieren la presencia de esta compañía por ser perjudicial para las fuentes naturales de agua en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Asimismo, piden a la Municipalidad Provincial de Ayabaca que se cierren las oficinas de la empresa china Río Blanco y exigen la declaratoria de la intangibilidad de los páramos, cabeceras de cuenca, nacientes de agua y protección de la biodiversidad, ecosistema y medio ambiente de las zonas implicadas.

El comunicado también fue dirigido a las autoridades comunales de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Talara, Sullana y Sechura.

Cabe indicar que en esta movilización, también se pide la reanudación de las obras paralizadas como, por ejemplo, los hospitales estratégicos.

Fuente: Observatorio Conflictos Mineros

Encuentro Regional de Justicia Climática

Del 23 al 26 de mayo, en Bogotá, se llevará a cabo el Encuentro Regional de Justicia Climática, un evento que reunirá a los y las integrantes de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y de la Global Campaign to Demand Climate Justice (DCJ-LAC) para compartir sus visiones y planes sobre la crisis climática.

El objetivo de este encuentro es construir una agenda común en la región que armonice conceptos y sentires comunes que han impulsado las luchas ambientalistas populares desde hace décadas, como lo son la justicia ambiental, la transición energética justa y la crisis civilizatoria. Estos conceptos horizonte corren el riesgo de perder su sentido, en un momento en que la institucionalidad, y el mismo capitalismo, empiezan a cooptarlos.

Como parte de las actividades del Encuentro, el 24 de mayo se realizará, en la Universidad Nacional de Colombia, el Foro Latinoamericano para la Justicia Climática en Colombia”, un espacio de entrada libre con inscripción previa en el que diferentes actores dialogarán en torno a dos mesas temáticas: los caminos y abismos de las transiciones; y los desafíos y propuestas para la conservación de las selvas y territorios.

¿Quieres asistir al foro? Inscríbete aquí

Los asistentes al Foro tendrán una mirada integral y crítica sobre la justicia climática en Latinoamérica, pues cada mesa contará con invitados internacionales de las plataformas participantes, un líder o lideresa de procesos sociales relacionados y un representante de gobierno y/o congresista.

Además, las organizaciones pertenecientes a las redes de la PLACJC y la DCJ-LAC efectuarán otras actividades, como asambleas y la reunión del proyecto «Frenar al poder corporativo en América Latina y el Caribe», que tiene como fin implementar un mapa de falsas soluciones al cambio climático en la región.

Con todo esto, el Encuentro Regional le apuesta a reconocer los aportes de distintos sectores en la construcción de la justicia climática, y a buscar colectivamente horizontes que, como sur global, nos permitan responder a la crisis climática desde cosmovisiones y planes propios. ¡Les invitamos a participar!

 

Fuente: CENSAT Agua Viva

Urbanismo ecológico: una fuente de posibilidades

Decía el filósofo francés Henri Lefebvre que el espacio social contiene no solo objetos sociales y naturales a través de los cuales se facilita el intercambio de información y cosas, sino también relaciones interpersonales. Cuando hablamos de urbanismo, por tanto, nos referimos no al simple estudio de calles, puentes o parques, sino a cómo los elementos citadinos interactúan entre ellos, y a su capacidad de construir subjetividades a la vez que son influidos por el componente humano.

En un planeta amenazado por la emergencia climática, donde el 55% de la población vive en entornos urbanos y se prevé que la cifra aumente al 68% para el año 2050, según la los cálculos de la ONU, analizar los peligros y potencialidades de las ciudades como espacios donde se produzca una adaptación a los peores efectos del cambio climático, y donde se desarrollen asimismo estrategias de mitigación, es irrenunciable si queremos proteger a la ciudadanía y fomentar relaciones saludables entre personas, con otros seres vivos y el medio ambiente.

Peligros y soluciones

El IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas) ha advertido de las carencias existentes en todas las regiones del mundo respecto a la adaptación a los retos climáticos, si bien los riesgos son mayores en los asentamientos que crecen descontroladamente, especialmente en los países denominados subdesarrollados. Entre los peligros que cita se hallan la sequía y las inundaciones –que pueden contribuir a la insalubridad del agua para el consumo humano–, o las subidas del nivel del mar proyectadas para los próximos años. Sin embargo, este organismo también señala las oportunidades para la acción, resumidas en iniciativas que pasan por la construcción de infraestructuras y las intervenciones socioculturales y basadas en la naturaleza. 

En el primer grupo, se encontraría el sistema de diques elaborado en Nueva Orleans tras el huracán Katrina (2005), que ha evitado catástrofes similares a las más de 1.300 muertes de entonces, o los centros de refrigeración que California ha abierto para que la población vulnerable los utilice como refugio durante las olas de calor. En el segundo entrarían la recuperación de manglares y marismas; el “plan de retirada” delineado por el ambientólogo Andreu Escrivà –es decir, abandonar las costas, renunciar a hoteles y viviendas–; o permitir una planificación participativa de los espacios que abrace saberes locales e indígenas, pues a menudo es la gente que vive en él la que mejor conoce el territorio.

A pesar de las carencias subrayadas por el IPCC, muchas ciudades están coordinando sus propuestas y estableciendo redes de apoyo y conocimiento. Es el caso del colectivo C40, una red mundial de 96 urbes organizadas en torno a multitud de grupos temáticos de trabajo: calidad del aire, transporte, energía, etc. Catorce de ellas –entre las que se encuentra Barcelona, la única española– se han unido para aupar una gestión más inteligente de los sistemas alimentarios, lo cual conlleva objetivos como promover la agricultura orgánica, las dietas vegetarianas y eliminar un 50% del desperdicio de comida.

Iniciativas estrella 

A nivel nacional, la Red Española de Ciudades por el Clima, creada en 2005 y que actualmente cuenta con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica, es otro ejemplo de colaboración de núcleos locales. Entre sus numerosas iniciativas destaca el informe Proyectos de Absorción, que detalla los planes de cuatro ayuntamientos (Logroño; Ejea de los Caballeros, Zaragoza; Murcia; y Calvià, Baleares) para llevar a cabo la reforestación de sendas áreas urbanas en treinta años. Plantar árboles, siempre que sean especies autóctonas y bajo el compromiso de regarlos y cuidarlos después, parece una de las soluciones más evidentes. 

De hecho, un estudio publicado recientemente en The Lancet realizado en 93 ciudades europeas estimaba que se habían producido 6.700 muertes en el año 2015 debido al efecto isla de calor, a saber, las altas temperaturas que alcanzan y multiplican las superficies de asfalto y hormigón. Sus autores demostraban cómo un aumento del arbolado urbano en un 30% podría disminuir los decesos en un tercio. Aunque los milagros no existan, a veces solo hace falta voluntad política para lograr mejorías en la calidad de vida de las personas, obteniendo también resultados notables en la lucha contra el cambio climático. El caso de París es significativo: su alcaldesa, Anne Hidalgo, articuló parte de su campaña de reelección sobre la creación de la llamada Ciudad de los 15 minutos, una propuesta que consiste en fortalecer los barrios de la capital francesa para reducir el estrés y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a base de satisfacer las necesidades de la gente en un radio de un cuarto de hora a pie o en bicicleta. Las áreas que quedarían cubiertas serían: la vivienda, el trabajo, la alimentación, la educación, el disfrute y los cuidados (residencias, guarderías, centros de salud). 

Este proyecto, que ya se da en lugares como Melbourne y Copenhague, cuenta en París con el liderazgo del profesor Carlos Moreno, quien acuñó el término “crono-urbanismo” basándose en la hipótesis de que la calidad de vida urbana es inversamente proporcional a la cantidad de tiempo invertido en el transporte. Además, Hidalgo quiere remodelar los emblemáticos Campos Elíseos. Quien haya leído a Proust recordará los entrañables paseos de sus personajes por este bulevar, ahora convertido en trampa para turistas y vehículos; pues bien, para 2030 habrán desaparecido la mitad de los coches y aumentado la superficie vegetal, según un plan cuya primera fase estará concluida en 2024.

Pero no es occidente el único mapa que se reinventa. En China popularizaron el concepto Ciudad esponja, que se transformó en políticas concretas tras las inundaciones de Beijing en 2012. La idea es sencilla: instalar superficies con vegetación que puedan absorber grandes cantidades de lluvia. Esto incluye parques, pero también arriates, tejados y fachadas verdes que disminuyan los espacios anegados y depuren un caudal que, de otra manera, contaminaría ríos o las fuentes de agua potable. Un ejemplo de urbanismo que sigue dichos postulados lo tenemos en Singapur, donde se construyó el parque Bishan-Ang Mo Kio sobre lo que antiguamente era un canal de drenaje hecho de asfalto. El parque recibe al año seis millones de visitas y, además de contribuir a la salud mental de la ciudadanía, está diseñado para recoger las aguas sobrantes de las tormentas sin causar daños. Lo mismo ocurre en Nueva York con los llamados “jardines de lluvia”, microparques situados en las aceras que previenen los encharcamientos y retienen la humedad.

La City, precisamente, ostenta uno de los tejados verdes más famosos, el del Centro Javits, caso claro de arquitectura “esponja”. Desde que se pobló de flora de distintos tipos, a partir de 2014, se ha reducido la temperatura del edificio en unos 3ºC, lo cual se traduce en un 26% menos de gasto energético (aire acondicionado) y tres millones de dólares ahorrados, aparte de su efecto succionador de agua y carbono. Por si fuera poco, ahora pueden observarse 25 especies de aves y, entre sus vericuetos, habitan 300.000 abejas, un insecto en peligro de extinción fundamental para la agricultura gracias a su labor polinizadora. Entre sus muchas ventajas, cubrir nuestras ciudades con azoteas, balcones verdes y jardines verticales sirve para paliar la crisis de biodiversidad que ha aniquilado a un 70% de la vida salvaje en los últimos 50 años, además de aminorar las consecuencias del efecto isla de calor, por eso algunas ciudades como Roterdam subvencionan los tejados verdes. 

En Medellín, han optado por la creación de “corredores verdes”, una red interconectada de arboledas y arbustos, hogar para numerosos animales, que ha bajado los termómetros de la urbe en 2ºC al mismo tiempo que empleaba a 75 trabajadores de orígenes desfavorecidos en las tareas de cultivo y jardinería. Otro ejemplo de políticas públicas medioambientales de éxito, ya paradigmático, es la renaturalización del río Manzanares, impulsada por el Ayuntamiento de Madrid en 2016, gracias a la cual se pueden avistar ánades, gallinetas, garzas… un paraíso para los amantes de los pájaros y la vida en general.

Luchar contra la vulnerabilidad 

Los anteriores son solo algunos planes de una copiosa lista que abarca asimismo la instalación de sistemas de energía renovable y el fomento del autoconsumo, o la puesta en marcha de huertos urbanos que favorezcan la soberanía alimentaria. Por desgracia, no todos los problemas de los entornos urbanos pueden solucionarse a base de paneles solares, bicicletas o tejados verdes, ya que hay zonas atravesadas por una vulnerabilidad extrema que, más incluso que el resto del mundo, requieren de una acción inmediata y efectiva contra la emergencia climática. 

Entre las más afectadas se encuentra Bangladesh, un país de 160 millones de habitantes que pasa sumergido varios meses al año y donde la mitad de su población podría convertirse en refugiada climática en breve, como asevera un informe redactado por el Ejército de Estados Unidos. En él se ponen de manifiesto los riesgos para la seguridad global que representa esta región y, de manera general, los 600 millones de personas que viven en terrenos al nivel del mar. Así, las medidas adaptativas son tan imprescindibles como útiles, pero no deberían ser las únicas, teniendo en cuenta que el calado de la amenaza las volverá pronto insuficientes en muchos rincones del planeta. El urbanismo ecológico, en definitiva, debería cimentarse en una estrategia internacional más amplia que ataque la causa de raíz. 

Por: Azahara Palomeque.

Foto: CATTAN FLICKER

Tomado de: lamarea.com

 

Fuente: Radio Temblor

Defensores afro ecuatorianos de los bosques sufren racismo y discriminación

La comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier defiende su territorio frente a la deforestación y la expansión de la palma aceitera. En lugar de garantizar el cumplimiento de la ley, las autoridades se ponen del lado de las empresas. Se intenta usar los tribunales para silenciar las protestas con multas desproporcinadas.

Petición

Para: Gobierno del Ecuador; Ministerio de Agricultura del Ecuador; copia a empresas Energy&Palma, La Fabril, Nestlé, General Mills y Pepsi Co; Round Table on Sustainable Palm Oil RSPO

“Restitución del territorio, bosques y derechos para la comuna afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier y sus defensores. Basta de racismo y discriminación.”

LEER LA CARTA

En la costa pacífica, provincia Esmeraldas, se encuentra el último remanente del biodiverso ecosistema de bosque húmedo tropical del Chocó en Ecuador. La población afro e indígena vive en extrema pobreza por el racismo estructural y el abandono histórico de ese territorio por parte del Estado. “No se atiende debidamente la salud, la educación ni necesidades básicas como agua, habitación, ambiente libre de contaminación”, explica Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica.

Aprovechando la ausencia de control estatal, empresas palmicultoras, madereras y minería de oroexpanden sus actividades. La naturaleza se degrada de forma irreversible, todos los ríos están contaminados. El Estado no responde a denuncias y reclamos de la comuna.

“El accionar del Estado y de la empresa es claramente discriminatorio”, señala Bonilla.

Mientras, la industria palmicultora ha ido tomando más de 13.000 hectáreas en el cantón San Lorenzo, sin haber realizado nunca una consulta previa, libre e informada, sin respetar derechos.

La comuna afro de Barranquilla de San Javier sufre este avance en carne propia desde 2010. La empresa de palma aceitera Energy&Palm, de La Fabril, está en su territorio. En un estudio del Ministerio de Agricultura se comprueba que 251 hectáreas en manos de esa empresa se sobreponen a territorios comunitarios. “Un proceso de despojo con compraventas ilegales de territorios de la comuna”, explica el abogado Gustavo Redín. Añade que, como comunidad ancestral, tiene derechos constitucionales sobre su territorio.

Hay varios procesos judiciales abiertos. Pero, sorprendentemente, no contra la empresa, como se pudiera pensar, sino contra varios miembros de la comunidad. Uno de ellos, fue por el reclamo de un pago de 350.000 dólares por supuestos daños y perjuicios. “Una utilización del sistema judicial para amedrentar y perseguir a los defensores”, explica Redín.

La empresa Energy&Palma es proveedora de multinacionales como Nestlé, General Mills y PepsiCo. El conflicto ha ido en aumento y hasta las Naciones Unidas se han pronunciado.

Firma la petición en solidaridad.

https://www.salvalaselva.org/peticion/1270/defensores-afro-ecuatorianos-de-los-bosques-sufren-racismo-y-discriminacion#campaign

Fuente: Salva la Selva

Justicia para la población campesina e indígena

En el Artículo 124 del capítulo 8 de la Constitución Política de la República de Panamá se establece, sobre el Régimen Agrario, que “El Estado dará atención especial a las comunidades campesinas e indígenas con el fin de promover su participación económica, social y política en la vida nacional”.

Sin embargo, este mandato constitucional no se materializa en la vida de cientos de familias campesinas e indígenas. En este artículo, expondré ejemplos de comunidades como La Gavilana en Coclé o Soloy en la Comarca Ngäbe-Buglé. En ambos casos, no se cuenta con carreteras y quienes se dedican a la agricultura deben pagar cada año miles de balboas para sacar sus productos para comercializarlos fuera de sus comunidades, teniendo pocas ganancias y, en muchos casos, pérdidas.

En estas comunidades es además prohibitivo enfermarse, porque o no cuentan con un centro o puesto de salud pública o está desabastecido de medicamentos, insumos para laboratorios o instrumentos para dar respuesta a situaciones complicadas de salud, además, cuando hay personas enfermas graves, deben trasladarlas en hamacas, yendo, a pie, por caminos de difícil acceso, por horas, hasta donde se encuentra un hospital.

En comunidades donde la población no tiene ingresos económicos y lo que producen no lo pueden vender, ya que no tienen cómo hacerlo, por la carencia de carreteras y de transporte público. Se requieren acciones integrales entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Obras Públicas, para que den una mirada hacia el sector más vulnerable de la agricultura de nuestro país y le garantice el traslado de sus productos y centros de acopio donde puedan venderlos.

En las comunidades indígenas la situación excluyente es muy marcada. Un ejemplo es la comunidad de Soloy, cabecera del distrito de Besiko en la Comarca Ngäbe-Buglé, que tiene entre sus principales actividades la agricultura de subsistencia. Hay producción de café y maíz, y en los últimos 10 años las organizaciones artesanales y culturales se han dedicado al turismo comunitario, promoviendo y fortaleciendo la cultura Ngäbe-Buglé. Sin embargo, la carencia de infraestructura que le permita garantizar un buen servicio al turismo impide el desarrollo de este sector o, al menos, en términos de buenas condiciones para las y los turistas.

La falta de oportunidades y el poco interés de las autoridades del Gobierno de turno ha traído como consecuencia la migración de las y los jóvenes hacia las ciudades en busca de fuentes de trabajo. La pobreza multidimensional observada a flor de piel conlleva a la población a situaciones muy críticas en un mundo y en un país que ocupa el tercer lugar en América Latina, y el sexto a nivel mundial en cuanto a la desigualdad. Da vergüenza que Panamá, siendo uno de los países de altos índices de crecimiento económico estas y otras comunidades tengan las condiciones antes indicadas.

Los altos precios de los alimentos hoy están golpeando fuertemente a quienes viven en la ciudad como a los que viven en el campo y en el área indígena, por la especulación que llevan a cabo los comerciantes en detrimento de la población, que carece de los recursos suficientes para poder subsistir.

Señores del Gobierno: la población que vive de la economía de subsistencia requiere con urgencia que se aplique el Artículo 126 de la Constitución, el cual establece que para el cumplimiento de los fines de la política agraria, el Estado desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:

1. (…).

2. Organizar la asistencia crediticia para satisfacer las necesidades de financiamiento de la actividad agropecuaria y, en especial, del sector de escasos recursos y sus grupos organizados y dar atención especial al pequeño y mediano productor.

3. Tomar medidas para asegurar mercados estables y precios equitativos a los productos y para impulsar el establecimiento de entidades, corporaciones y cooperativas de producción, industrialización, distribución y consumo.

4. Establecer medios de comunicación y transporte para unir las comunidades campesinas e indígenas con los centros de almacenamientos, distribución y consumo (…).

Sin duda alguna, que a todos los Gobiernos habría que demandarlos por incumplir lo plasmado en la Constitución Política.

La situación del desempleo, del alto costo de vida, la carencia de medicamentos e insumos en los hospitales y en los centros de salud (seguimos pagando los medicamentos más caros del continente), agudiza la situación crítica de miles de familias panameñas, que no logran satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, en especial a las más olvidadas: las familias campesinas e indígenas. Llamamos a las autoridades que tienen el deber de garantizar la salud, la educación, y el trabajo a las y los panameños a cumplir lo dispuesto en nuestra Constitución y garantizar la vida digna a la gente.

Por: Nelva Reyes. Educadora y Secretaria General de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP)

Fotografía: Olmedo Carrasquilla Aguila

 

Fuente: Radio Temblor