Violencia primigenia: romper con la Tierra

La palabra tierra es, al mismo tiempo, un sustantivo común y también el nombre propio del planeta que habitamos. Como sustantivo común, hace referencia a una serie de entidades concretas: tierra como suelo, sustrato para sembrar; tierra como una porción de la superficie planetaria que no es cielo, agua, viento ni fuego; tierra que hace lodo. Por contraste, como nombre propio contiene todo lo que existe en este planeta: los procesos naturales, las entidades vivas, los minerales, los ecosistemas, y también a la humanidad.

​ En otras lenguas, la interesante homofonía de ambas palabras en español (tierra y Tierra) no se sostiene, como sucede en inglés, que diferencia claramente Earth de dirt y de land. Sin embargo, lenguas como el mixe, mi lengua materna, dan pie a otro interesante traslape. La corta pero muy significativa palabra et es al mismo tiempo un verbo que se traduce como “existir” y un sustantivo que se usa para nombrar a la tierra, la naturaleza y sus elementos, un territorio y todo esto a la vez. Et, como sustantivo, podría ser traducido como “todo lo que existe”. El nombre más concreto del planeta refiere a un tipo de etEt Nääjxwi’nyët, y como todas las entidades nominales del mixe, carece de marca de género.

​ Me interesa hacer estos contrastes semánticos para después marcar otra distinción importante, la que hay entre tierra y territorio. En el lenguaje, el signo lingüístico está conformado por el significante (la imagen acústica) y el significado (el concepto denotado). Podríamos entonces establecer una analogía: si la tierra concreta y todo lo que en ella existe es un significante, entonces la noción de territorio que las sociedades humanas generan sobre ella es el significado. La humanidad es parte del significante-tierra pero al mismo tiempo es la creadora del significado-territorio. Generar una noción de territorio es, por lo tanto, una acción reflexiva: si la humanidad se piensa a sí misma cuando piensa en la tierra, la humanidad es entonces parte de la noción de territorio que ha generado.

Como el territorio se origina en nuestra relación con la tierra, distintas sociedades pueden generar nociones de territorio diferentes aun si se relacionan con la misma extensión de tierra. Esa relación pasa por el conjunto de ideas y prácticas que tenemos sobre una tierra concreta. Por ejemplo, los rituales con los que cada sociedad marca su vínculo, el inventario semántico de cada lengua para nombrar y clasificar lo que en ella existe, el tratamiento que le damos a la tierra y a sus entidades, entre otros.

​ Hace más de 4 500 años, el área que conocemos como el Soconusco, en la Costa del Pacífico, era habitada por pueblos que la arqueóloga Barbara Voorhies bautizó como “chantutos”. Se trataba de sociedades nómadas de recolectores, cazadores y pescadores que hablaron un ancestro de mi lengua materna, el proto-mixezoque.1 En el movimiento de las sociedades nómadas recolectoras y cazadoras se genera una noción de territorio definitivamente distinta a la de las sociedades sedentarias. Podríamos postular que la noción de territorio de los antiguos chantutos se generaba en su propio movimiento constante sobre la tierra y estaba atravesada por una serie de complejos conocimientos sobre la naturaleza, sobre sus ciclos, sobre la vida que la habita.2

​ Aunque hay una línea lingüística y una tradición de pensamiento que une a las sociedades mixes y zoques actuales con los antiguos chantutos, la noción de territorio actual de una comunidad mixe básicamente agricultora y sedentaria es distinta de la que sus ancestros habrían generado. ¿Qué significaba la tierra para ellos? Una buena parte de ese significado, de su noción de territorio, se ha perdido con el paso de los milenios, pero podría asegurar que para ellos la tierra no significaba propiedad, pues los ciclos naturales de las estaciones gobernaban el movimiento de su sociedad sobre la faz de la tierra y le proveían la vida. Se explica entonces la necesidad de rendirle culto a una fuerza tan potente.

​ Décadas antes de la colonización, las sociedades de la Sierra Mixe del postclásico, aunque eran sedentarias, entendían la importancia de los ciclos naturales sobre la agricultura de la que dependían y la importancia de mantener un equilibrio con las entidades de la tierra; eso les recordaba constantemente que, como humanidad, eran parte de ese gran sistema.

​ La colonización europea trajo consigo una noción de territorio muy distinta a las que coexistían en este lado del mundo, según la cual la humanidad podía ser propietaria de la tierra. A diferencia del significado de et como “todo aquello que existe”, la tradición occidental, a esas alturas, había cercenado definitivamente la humanidad del resto de la tierra. La vieja distinción entre naturaleza y civilización ha guiado el empeño europeo de diferenciarse lo más posible de lo salvaje, lo primitivo, lo natural, de todo aquello cercano a la tierra. La historia de un Occidente colonialista, patriarcal y capitalista podría tal vez explicarse como la historia de los rompimientos que ha tenido con la tierra.

Aura Cumes, antropóloga kaqchikel de Guatemala, ha insistido en que, para el patriarcado de la tradición occidental, el hombre (no la gente) se apropió del significado de “ser humano”. A partir de ahí, Cumes apunta que la idea de hombre fue creando antítesis a las que ha ido sometiendo; una de ellas fue la naturaleza, de la que se diferenció y separó. De acuerdo con esta investigadora, podría decirse que todo aquello que se lee más cercano a la tierra y más alejado de la dupla hombre-civilización será susceptible de ser sometido, combatido y sojuzgado. La aversión patriarcal entiende la menstruación de las mujeres como algo que las ata a ciclos naturales, las lee cerca de la naturaleza y la animalidad; por lo tanto, lo femenino debe ser sometido. Aquellas mujeres que en la tradición europea estaban más conectadas con el conocimiento de los ciclos de la tierra fueron acusadas de brujas y luego ejecutadas. Los pueblos indígenas también fuimos colocados como entidades de la naturaleza a las que había que civilizar.

​ Cuando la colonización se instaló en este continente impuso su propia noción de territorio. La tierra se volvió una propiedad a explotar, y para sacarle mejor provecho se sometió a los pueblos que la habitaban y más tarde se secuestró a cientos de miles de personas de África para esclavizarlas aquí.

​ Durante los primeros siglos de dominación española, los pueblos mesoamericanos fueron confinados en territorios bajo la lógica de la propiedad; sin embargo, fue la noción de lo comunal, en muchos casos, lo que puso dique a ese significado impuesto de la tierra. Si la tierra debe ser legalmente propiedad de alguien, muchos pueblos indígenas defienden que sea propiedad comunal. En la ritualidad y las prácticas cotidianas muchos de los pueblos indígenas siguieron actualizando una noción de territorio en la que la humanidad continúa siendo parte de la tierra y la naturaleza, a las que se le rinde culto, se les habla, se les pide permiso.

​ A la larga el colonialismo se decantó en capitalismo y se introdujo una visión más radical respecto a la propiedad: la idea de que la tierra puede ser propiedad privada y, por lo tanto, mercancía. Una porción de tierra, con límites arbitrariamente establecidos, se convierte mediante un ritual legal (la expedición de escrituras) en propiedad privada que puede comprarse y venderse. No solo esto, también los elementos del planeta Tierra, los animales, el agua, el aire, el viento y los minerales se convierten en mercancía en el mercado capitalista; para lograr esta conversión se ha ejercido todo tipo de violencia sistémica, patriarcal, racista y capitalista.

​ Ante la emergencia de la crisis climática, hay resistencias. En este planeta siguen coexistiendo diversas nociones de territorio que son también significados contemporáneos de la tierra. Ante el peligro del calentamiento global, en el mundo occidental han surgido movimientos ecologistas que, adscritos a su tradición de pensamiento, siguen viendo a la humanidad como una entidad separada de la naturaleza, solo que ahora hay que cuidarla; nosotros, como humanidad, debemos cuidar a ese otro que es la tierra. Por contraste, los pueblos originarios que todavía retienen una noción de territorio en la que la humanidad sigue siendo parte de la tierra prefieren definir su lucha como defensa del territorio.

​ Según un reporte de la periodista Laura Castellano realizado con datos de Global Witness, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la investigadora Lucía Velázquez Hernández, dos de cada tres víctimas de asesinato o desaparición de defensores de la tierra pertenecen a pueblos indígenas. Este continente que tanto ha resistido a la noción hegemónica de territorio capitalista sigue resistiendo a los efectos de la mercantilización de la naturaleza. La violencia, generalmente impune, ha sido la respuesta.

​ Pero la tierra sigue gritando que la humanidad no es otra cosa que naturaleza. Escuchemos.

Este material se comparte con autorización de UNAM Global

Por: Yásnaya A. Gil. Revista de la Universidad de México.

Imagen: ©Naandeyé García Villegas, Trabajo comunitario, 2022. Cortesía de la artista

Tomado de: desinformemonos.org

 

Fuente: Radio Temblor

Morrosquillo: historia del agua, la vida y el crudo derramado

El golfo de Morrosquillo, ubicado en los departamentos de Sucre y Córdoba, es un lugar atravesado por fuertes cambios paisajísticos determinados por la ocupación territorial y los proyectos extractivos en la región. Esta crónica histórica reconstruye cómo sucedieron esos cambios, rescatando las voces de testigos de esta transición que se complementan con documentos históricos que fueron tácitos relatores de una sujeción de la tierra al capital.

Mediante el trabajo investigativo desarrollado por Censat durante estos años en relación con la exploración y explotación offshore en Colombia, y gracias al intercambio con organizaciones de Brasil a través de la plataforma Oilwatch, identificamos un tema clave que no había sido tratado en el país y cuyo análisis crítico era necesario para entender los riesgos de ese tipo de extracción: la ocupación de las costas con una enorme infraestructura que presta diversos servicios para hacer posible las operaciones petroleras y cuyos impactos sobre los territorios marino-costeros (entre los cuales sobresale la frecuencia de derrames de crudo) deben ser reivindicados. Esto nos remitió de inmediato a la situación que han vivido y que continúan enfrentando las comunidades de Coveñas, Sucre, a causa de numerosas mareas negras que se han producido en sus costas a lo largo de la historia y también del desarrollo del terminal petrolero de Coveñas, en el golfo de Morrosquillo. Estas comunidades conocen y tienen mucho que decir con respecto a los impactos de la infraestructura y las actividades extractivas en sus territorios, y sus testimonios permiten entrever lo que podría venir para otras comunidades de Colombia con el avance del extractivismo offshore.

Este trabajo representa un logro importante para Censat Agua Viva y para la sociedad colombiana, ya que marca un precedente importante en la reconstrucción de memoria y en la generación de nuevo conocimiento para entender y anticipar las consecuencias de la expansión de la frontera petrolera en el mar. Por lo tanto, esperamos que su lectura, socialización y discusión impulse el desarrollo de nuevos ejercicios de investigación, diálogo, debate y resistencia frente a lo que significa que las aguas y costas de Colombia -y del mundo- se conviertan en nuevos territorios de sacrificio.

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Morrosquillo-web

 

Fuente: CENSAT Agua Viva

Garífunas recuerdan 226 años en Honduras entre la pobreza y daños del mar

Bajamar. El pueblo garífuna de Bajamar, conmemora este miércoles 226 años de la llegada de los primeros negros a Honduras.

Según apuntes históricos, los primeros garífunas llegaron a Honduras, como esclavos, el 12 de abril de 1797, procedentes de la isla de San Vicente.

Su desembarco fue en Punta Gorda, en la paradisíaca isla de Roatán, de donde con el tiempo se fueron movilizando hacia tierra firme.

Ese mismo mar que todos los años atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros, se ha convertido en una poderosa fuerza que en los últimos 30 años ha causado severos daños ambientales y estructurales en varias comunidades.

La fuerza del mar, principalmente en tiempos de huracanes y tormentas tropicales, producto del cambio climático, han alterado la geografía hondureña en sus zonas costeras de Honduras.

El Mar dejó sin casa a Epifanía 

“Cuando vino el huracán Mitch me llevó la casa con todo lo que estaba adentro, solo rescaté a mis hijos y la vida mía”, relató en Bajamar Epifania Colón, de 59 años.

Del terreno que le heredó su madre, en el que Epifania construyó su casa con bloques de cemento, cinco años antes del devastador paso del huracán Mitch, no hay rastros, porque el mar, que ha venido robándole la playa a Bajamar, “se lo tragó”.

Epifania, madre de siete hijos, uno ya fallecido, se definió como una “luchadora” y recordó que su madre vivía, como la mayoría de sus vecinos, en una choza hecha de manaca, a varios metros de la playa.

Un día antes de que el huracán Mitch azotara el Caribe hondureño, el padre de Epifania, le dijo que sacara todas sus pertenencias de la casa porque “venía un huracán”, pero ella no le creyó “porque nunca había visto una cosa tan fuerte”.

“Al día siguiente vengo, supuestamente a buscar la casa y me encuentro con que ahí estaba como que si nunca había existido una casa. No hice otra cosa más que ponerme a llorar, si le hubiera hecho caso a mi papá hubiera rescatado mis pertenencias”, enfatizó.

Marcada por lo sufrido con el Mitch, Epifania, quien se dedica a la venta de pescado frito, coco de agua, coco seco, pan y tabletas de coco, y piedra pómez, entre otras cosas, construyó una nueva casa de cemento, que está situada al otro lado de la calle principal que cruza Bajamar, que va en paralelo a lo que antes era una playa frecuentada por muchos turistas, los que ahora son escasos.

“El mar se comió prácticamente la tierra”

En 1998, cuando el paso del huracán Mitch, Vanessa Cloter tenía 16 años y vivía con su madre.

Con los años, Vanessa, quien ha seguido los pasos de su madre Epifania, hizo su vida aparte y para subsistir también se dedicó a la venta de pan de coco, que ella misma hace, y de pescado.

Con su pareja, Vanessa ha procreado tres hijos, y la naturaleza, al igual que a su madre, le destruyó su casa de cemento que también había construido “frente a la playa” de Bajamar.

Las tormentas tropicales Eta e Iota, que azotaron a Honduras en noviembre de 2020, acabaron con muchas casas de Bajamar, incluida la de Vanessa, de la que quedan en pie algunas paredes y escombros, como si la hubiera destruido un terremoto o un bombardeo aéreo.

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“El mar nos sigue perjudicando bastante, me derrumbó la casa donde vivía, perdí todo. El mar se metió a Bajamar, son muchas las casas que ha destruido”, dijo Vanessa.

Agregó que su casa, que construyó después del huracán Mitch, tenía tres habitaciones, cocina, comedor y un baño, y que en ella había invertido alrededor de 300.000 lempiras.

 

Fuente: El Pais

 

“El Congreso y la presidenta son unos sinvergüenzas”, gritan ciudadanos a ministro de Producción

La población de Chiclayo, afectada por las lluvias, reclamó al ministro Raúl Pérez-Reyes, a quien exigieron que no solo llegue a esta ciudad para “la foto y el paseo”.

La población exigió al titular de Produce más apoyo para Lambayeque. Foto: captura video/ Rosa Quincho/ La República - Video: Rosa Quincho/ La República

La población exigió al titular de Produce más apoyo para Lambayeque. Foto: captura video/ Rosa Quincho/ La República – Video: Rosa Quincho/ La República

Con información de Rosa Quincho/ La República

El titular del ministerio de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, vivió momentos de tensión en la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque), cuando ciudadanos no solo le reclamaron por el colapso de las redes de saneamiento, sino también por la labor de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del Congreso. “Son una tira de corruptos y ladrones”,expresaron los pobladores, quienes pidieron al funcionario recorra los pueblos jóvenes y asentamientos humanos para que constante in situ la problemática debido a las lluvias torrenciales.

Este martes, Raúl Pérez-Reyes realizó una visita de trabajo en Chiclayo para verificar los trabajos de mejoramiento que ejecuta la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), en el colector Norte – Centro, el cual se ubica en la urbanización Remigio Silva.+

Fue en ese lugar que los moradores increparon al titular de Produce por la falta de apoyo para resolver los problemas de la urbe y las acciones del Ejecutivo y del Legislativo. “Mire cómo vivimos (en alusión a los aniegos por aguas servidas). Corruptos, tienen intereses, es por eso que todo el pueblo está enardecido”, expresaron.

Aunque eso no fue todo, ya que una vecina expresó que los peruanos se equivocaron al elegir a sus autoridades. “Desgraciadamente, hemos elegido a la porquería de gente que está en el Congreso y a la presidenta (Dina Boluarte)”, sentenció.

 

Fuente: La Republica

20 Razones para rechazar el nuevo Contrato con Minera Panamá

1) La minería metálica no es viable ni sostenible en un país con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá. Este contrato no solo explota esta depredadora actividad en Colón, sino que, según su propio texto, “crea el marco de referencia para futuras concesiones similares” (Sección del Considerando). Al respecto, exigimos que se cumpla el compromiso incluido en el Pacto Bicentenario de aprobar el Anteproyecto de Ley No. 102, por la cual se declara una moratoria para la exploración y explotación de minería metálica en todo el territorio nacional.

2) Nos enfrentamos a otra aberración jurídica. El Gobierno se mantiene en desacato. La Corte ordenó proceso licitatorio justo, no contratación directa. El Decreto 267 de 1969, por el cual se establece un régimen jurídico especial para el otorgamiento de concesiones mineras en la zona de yacimientos de Petaquilla, Botija y Río del Medio, vigente nuevamente tras el fallo de la Corte Suprema de 2017, exige que haya concurrencia de interesados. Los numerales 5 y 6 del artículo 257 de la Constitución Política exigen que las concesiones mineras se otorguen conforme a la Ley. Adicionalmente, mientras se completa la aprobación del nuevo contrato la mina continúa operando sin un contrato vigente. Exigimos al Ministerio Público intervenir de inmediato.

3) La negociación del contrato no fue transparente y la consulta pública iniciada no cumple con las normas internas y los estándares internacionales aplicables. Conforme al Acuerdo de Escazú, aprobado por la Ley 125 de 2020, las autoridades están obligadas a tomar en cuenta los resultados de la participación, a que los comentarios sean considerados y contribuyan al proceso de toma de decisión; sin embargo, el Ministerio de Comercio e Industrias no ha considerado la posibilidad de realizar cambios al texto acordado y tampoco parece haber contemplado suficiente tiempo para procesar los comentarios recibidos.

4) El contrato incluye la obligación de aprobar concesiones para la exploración y posteriormente extracción de oro, plata y molibdeno (Cláusula Primera, Cláusula Cuarta B.4.) a afiliadas de Minera Panamá.

5) El nuevo contrato pudiera llegar a duplicar el tiempo de concesión del anterior. En lugar de un máximo de 35 años restantes bajo el contrato anterior, el nuevo contrato reinicia en 2021 el conteo de un periodo de duración inicial de 20 años, con una prórroga casi automática de 20 años adicionales y luego la posibilidad de otorgarse una prórroga adicional por el tiempo acordado por las partes (Cláusula Segunda).

6) Además de 12,955.1 hectáreas concesionadas para la extracción de cobre y minerales asociados, el nuevo contrato incluye más de 4 mil hectáreas adicionales para la operación del proyecto, llevando el área total de uso y servidumbre a 17,780.38 hectáreas, ahora incluyendo la instalación de manejo de relaves. Sin embargo, esto no representa ni la huella total del proyecto ni le pone un techo al tamaño de la operación de la mina, a pesar de estar en medio del Corredor Biológico Mesoamericano y el Area Protegida de Donoso. Esta superficie no incluye la línea completa de transmisión y su servidumbre, la carretera completa hacia el puerto, toda la sección de puerto, concesión de fondo de mar y todas las actividades conexas que requiere el proyecto, que ocupan más de 2 mil hectáreas adicionales. Asimismo, diferentes numerales de la cláusula tercera permiten el desarrollo de actividades conexas sin limitación de superficie (Cláusula Tercera, Sexta B, Anexo 1).

7) El contrato contempla amplias facultades a favor de la empresa para adquirir, arrendar o usufructuar tierras de EL ESTADO o de propiedad privada sin límite, dentro o fuera de la concesión. El Estado se compromete igualmente a expropiar las tierras que sean necesarias si la empresa no puede llegar a un acuerdo con los propietarios. (Cláusula Tercera, numerales 19 y 14). A pesar de ello se ha afirmado lo contrario ante la preocupación de los miembros de la comunidad.

8) El contrato otorga a la empresa el derecho de solicitar a la Autoridad de Aeronáutica Civil que emita restricciones de vuelo temporales o permanentes a terceros sobre el Área de la Concesión hasta 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar, por motivos de seguridad. La disposición deja un amplio margen para discrecionalidad de la empresa, que podría ser utilizado para impedir que los medios de comunicación y la población conozcan sobre los impactos e irregularidades del proyecto. Esta disposición agrava el cerco que por tierra impide que se conozcan las verdaderas condiciones del área del proyecto. (Cláusula Tercera, numeral 9)

9) Se menciona, pero no se identifica, cuáles serían las “buenas prácticas de la industria” a las que la empresa debe acogerse (Cláusula Décima, Trigésima Octava, Quincuagésima Segunda). El contrato no compromete a Minera Panamá a someterse a procesos de revisión independientes, estandarizados a nivel internacional.

10) El principal argumento utilizado por gobierno-empresa ha sido el de que existe una cantidad fija de dinero garantizado con la operación. Casi el único argumento que se ha mantenido por todos los representantes es el asunto del dinero. Lo que dice el contrato, por el contrario, implica que ese dinero, denominado Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y cuantificado como 375 millones de dólares se puede disminuir por múltiples razones, como la baja del precio del cobre en el mercado (Cláusulas Décima Cuarta y Décima Quinta), con la posibilidad de que se pueda usar una regalía mínima de 2%, regalías como en el contrato de la ley 9 de 1997(Cláusula novena).

11) El contrato contempla la posibilidad de que la empresa entre en un periodo de suspensión de operaciones por bajas del precio del cobre en el mercado internacional o alzas imprevisibles de costos hagan que no sea económicamente rentable la explotación del Proyecto. Esta suspensión podría ser por un periodo de 48 meses (4 años) a la concesionaria durante los primeros 20 años y 48 meses más durante los siguientes 20 años, con solo notificar al Estado y mantenerlo informado. (Cláusula Cuadragésima Octava). Considerando lo fluctuante que es el mercado de los metales, y los precedentes de la industria, es casi imposible que en 40 años no se den bajas en el precio de los metales. Sin embargo, el contrato no establece el manejo con relación a los trabajadores que quedarían cesantes por un tiempo tan extenso.

12) El contrato esconde además otro incentivo fiscal, la deducción por agotamiento de la reserva. En el enfoque dado por el contrato, la paulatina pérdida del material del yacimiento es contabilizada como una pérdida económica para la empresa, cuando es una pérdida en el patrimonio del país. A través de este mecanismo se permite a la empresa deducir en su declaración de renta, la pérdida de valor del yacimiento a causa de su explotación, y así pagar menos impuesto sobre la renta. El contrato establece que el Estado permitirá a la empresa deducir hasta el 70% de sus ingresos netos por agotamiento de los recursos mineros hasta diciembre del 2031, y hasta el 30% a partir de 2032. Así el pueblo panameño terminaría subsidiando a la empresa. (Cláusula Décima Segunda).

13) Es inaceptable que sean inaplicables a la empresa los cambios en el régimen fiscal que se adopten a futuro (Cláusula Décima Primera); que se otorgue nuevamente exoneraciones al impuesto de importación (Cláusula Décima Octava); que se le concedan 750 millones de dólares en créditos fiscales, para su uso a razón de 37,500,000 por año (Cláusula Décima Novena); y que se conceda una deducción de hasta el 70% de la renta neta gravable por agotamiento de recursos mineros; y de 30% a partir de 2032 (Cláusula Décima Segunda). Todas estas condiciones significarían que el Ingreso Mínimo Garantizado para Panamá no esté realmente garantizado.

14) El contrato indica que prevalecerá por encima de las normas del Código de Trabajo. Se menciona el reconocer el principio de libertad sindical, sin embargo, el contrato no es taxativo en cuanto al derecho de negociación colectiva (Cláusula Vigésima Tercera). El contrato no es explícito en materia de riesgos profesionales y laborales, a pesar del alto riesgo ocupacional en la actividad. Tampoco establece responsabilidades frente al impacto negativo que genera esta actividad en la salud (en el marco del trabajo y retiro de obreros) o financiero (presupuesto para atender las secuelas de los trabajadores como de la población).

15) Las obligaciones ambientales aceptadas por la empresa se reducen al cumplimiento del estudio actual de impacto ambiental y de los instrumentos de gestión vigentes, que no son específicos para minería y su operación. Es injustificable que se apruebe un nuevo contrato sin que la mina cuente con un plan de cierre y con la culminación de los procesos sancionatorios por las graves infracciones ambientales de la empresa. (Cláusula Vigésima Quinta).

16) El contrato dispone que en caso de discrepancia entre el monitoreo de calidad de agua del Ministerio de Ambiente y la empresa, se tendrá que buscar a un tercero que dirima las diferencias, lo que desconoce que el criterio emitido por un funcionario idóneo del ministerio es plena prueba conforme a la Ley General de Ambiente. (Cláusula Vigésima Quinta). Además de la limitada capacidad de fiscalización que podrá suponer la Oficina Especial del Estado que contaría solo con 6 funcionarios para un proyecto de más de 20 mil hectáreas. (Cláusula Trigésima Séptima).

17) Se pactó un pago anual de 2 millones de dólares por el uso de 100 millones de metros cúbicos de agua, pero este consumo no coincide con los volúmenes reales reportados en el informe ambiental de la empresa (Environmental Social and Governance Report 2021), donde se ilustra que el consumo de agua dulce fue de 1.380 millones de m3 y 438.06 millones de m3 de agua de mar. Tampoco indica el contrato el método de monitoreo de este consumo. (Cláusula Trigésima Quinta)

18) En materia de energía, la empresa se compromete a incorporar fuentes de energía alternas y a reducir la producción de carbono en los próximos años, sin establecer tasas medibles. Se incluye cualquier otra fuente, como el gas. Se establece la obligación de la empresa de efectuar acciones para enfrentar el cambio climático, pero con acciones difusas que no se concretan en ninguna obligación real (Cláusula Trigésima Sexta).

19) No queda claro que las obligaciones laborales y ambientales del proyecto sean obligaciones esenciales que puedan motivar la resolución del contrato, ya que el término no está definido. La cláusula solo detalla claramente que constituyen incumplimientos lo relativo al impago de regalías, impuestos y fianzas (Cláusula Cuadragésima Octava). El rompimiento de cola de relaves, derrames, contaminación o daño ambiental tampoco fueron incluidos en las causales de resolución del contrato.

20) El contrato permite a la empresa solicitar que se catalogue como restringida la información recibida por las autoridades con relación a los beneficiarios finales de la empresa. Esta información es fundamental para el cumplimiento de la Constitución y prevención de conflictos de interés (Cláusula Quincuagésima).


Organizaciones miembro del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería:

  1. ADOPTA El Bosque
  2. Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
  3. Amigos del Parque Nacional Santa Fe (AMIPARQUE)
  4. Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
  5. Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE)
  6. Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF)
  7. Centro de Capacitación Social (CCS)
  8. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
  9. Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF)
  10. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)
  11. Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA)
  12. Consejo Consultivo de la Cuenca Chagres – Alajuela / Jóvenes por el Ambiente y la
    Cuenca del Canal
  13. Coordinadora para la Defensa de Tierras y Aguas de Coclé (CODETAC)
  14. Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe
    Buglé y Campesino
  15. Cuidemos a Panamá
  16. Espacio de Encuentro de Mujeres (EEM)
  17. Frente Santeño contra la Minería
  18. Fundación Balu Uala
  19. Fundación Cerro Cara Iguana
  20. Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá (FUNDICCEP)
  21. Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)
  22. Fundación Pro- Conservación de los Primates Panameños (FCPP)
  23. Fundación San José Verde (FUSAVE)
  24. Guardianes del Río Cobre OBC
  25. Movimiento Democrático Popular (MDP)
  26. Movimiento MiMar
  27. Movimiento Pro-Rescate de AECHI
  28. Movimiento Victoriano Lorenzo
  29. Movimiento Ya es Ya
  30. Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad (OBPAS)
  31. Poder Ciudadano
  32. Red Nacional en Defensa del Agua (RNDA)
  33. Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas (RESAVE)
  34. Sindicato de Educadores Democráticos de Panamá
  35. Sociedad Audubon de Panamá
  36. Sociedad Panameña de Salud Pública (SPSP)