Mês: dezembro 2022

Serie Derechos Humanos y de la Naturaleza No. 2: Un nuevo acuerdo para la biodiversidad. ¿Protección de la naturaleza o regresión de derechos?


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Es indudable que el mundo enfrenta una dramática pérdida de biodiversidad, tema de gran preocupación para el Ecuador por su condición de país megadiverso y por los distintos frentes de destrucción de la naturaleza existente en nuestro país.

Durante las últimas dos semanas, representantes de 180 países -entre los que estuvo el Ecuador-, se reunieron en Montreal en la Conferencia del Convenio de Diversidad Biológica (COP15), para desarrollar un Marco Global de Biodiversidad (GBF) posterior a 2020 para revertir la crítica situación de la diversidad en el planeta situación. Este Convenio, que ya tiene 30 años se existencia, ha hecho muy poco al respecto.

El principal “logro” de la Conferencia que terminó el 18 de diciembre, fue la llamada Agenda 30/30, que pretende designar al 30% de la superficie terrestre y los océanos del mundo como áreas protegidas hasta el año 2030.

Si bien pareciera ser una buena idea, esta agenda puede ser desastrosa para los pueblos indígenas y otras comunidades locales que han cuidado y protegido sus tierras y territorios.

En varias regiones del mundo, la declaración de áreas protegidas ha significado desalojos forzosos a comunidades. De hecho, en Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento contemplan la figura de “expropiación”[1] a comunidades que ocupan espacios declarados como áreas protegidas, y establece limitaciones de uso y goce de “las propiedades existentes en ellas[2]. Es decir, se estaría afectando a las poblaciones que menos responsabilidad tienen en la destrucción de la biodiversidad.

Si bien se incluyen otras medidas “efectivas de conservación basadas en áreas” (OECM por sus siglas en inglés), los requisitos que deben cumplir las comunidades constituyen una vulneración al derecho que tienen a su autodeterminación.

El Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medioambiente de Naciones Unidas[3] propone tratar los temas de la conservación desde una perspectiva de derechos, respetando los territorios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades tradicionales, incluyendo a los campesinos cuyos derechos ya fueron reconocidos por las Naciones Unidas. Además hace un llamado a los gobiernos para prevenir el abuso y dejar de perseguir a las personas defensoras del ambiente.

Por su parte, el Relator Especial sobre los Derechos de los  Pueblos Indígenas en su informe a la Asamblea General de la ONU señala que aumentar el número de áreas protegidas no sirve para atacar efectivamente las causas o consecuencias del cambio climático y que en las iniciativas de conservación que se emprendan en sus tierras y territorios  se los debe reconocer como titulares de derechos. El respeto a los derechos de los pueblos indígenas beneficiará en última instancia al planeta y a los pueblos en su conjunto, y no se los debe excluir de sus territorios en nombre de la conservación[1].

Otro aspecto preocupante es que las obligaciones que tienen los gobiernos están siendo reemplazadas por medidas corporativas voluntarias, incluyendo las de las grandes corporaciones transnacionales de conservación.

Las estrategias de conservación centradas en las áreas protegidas desvían la atención de las verdaderas causas que provocan la destrucción de la biodiversidad, como es la expansión de la frontera extractiva -petrolera o minera-, el agronegocio o  la construcción de grandes obras de infraestructura; esto sucede hacia zonas biodiversas, incluyendo territorios indígenas y otras comunidades locales, e inclusive por sobre  áreas protegidas. Este es el caso del avance petrolero en el Parque Nacional Yasuní y de la minería en la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino. En el tema de los océanos, se debe combatir la sobrepesca, parar la proliferación de la acuacultura, detener la construcción de megainfraestructura, frenar el transporte masivo marítimo de mercancías y prohibir radicalmente la minería en el fondo marino.

Es además preocupante que en la Conferencia de Biodiversidad se propongan mecanismos financieros como las grandes donaciones que están haciendo los billonarios del mundo quienes, lejos de tener propósitos altruistas, en realidad tienen sus propias agendas corporativas. Por ejemplo, como nos alerta Silvia Ribeiro del Grupo ETC, Jeff Bezos (dueño de Amazon) invierte 100 mil millones de dólares a través del Earth Fund en el proyecto AFR100. Este hombre, que pretende verdear su imagen a través de estas donaciones, está llenando el planeta con plantaciones forestales para la producción de celulosa para fabricar cartón y papel de embalaje para sus cientos de millones de paquetes entregados a domicilio[2] y que generan cientos de miles de toneladas de basura tirada en el mundo. Otro mecanismo propuesto en la COP15 es el canje de deuda por conservación, principalmente destinado a temas marinos. Al respecto, un grupo de organizaciones[3] denunciaron ante la COP15 que, aunque estos canjes de deuda se presentan como “soluciones financieras ingeniosas” para la conservación marina y un alivio a la deuda, la realidad es que estos acuerdos comprometen a los gobiernos a aportar millones de dólares

canalizados a través de una ONG de conservación en cada Estado, que tendrá el control sobre las políticas y manejo de recursos marinos y manejará presupuestos superiores a los Ministerios del Ambiente de los países. Las comunidades de pescadores artesanales y recolectores tradicionales claramente no juegan ningún rol en estos acuerdos y no significan tampoco una anulación de la deuda externa.

A más de los aspectos financieros descritos, se han propuesto mecanismos tecnológicos para reducir la pérdida de biodiversidad. En los corredores de la conferencia se escuchó decir a un delegado del Ecuador que la aplicación de nuevas tecnologías moleculares (es decir organismos genéticamente modificados) podría servir para erradicar las especies invasoras en las Galápagos. Esto es un escándalo, sobre todo viniendo de un representante gubernamental de un país declarado constitucionalmente “Libre de Transgénicos” y donde están prohibidas las biotecnologías experimentales[1].

Para terminar, durante las negociaciones de la COP15 se introdujo oficialmente el término “positivo para la naturaleza” que, como ocurre con el cambio climático y el “cero neto” o “carbono negativo”, es un concepto engañoso que permite seguir destruyendo biodiversidad con el argumento de que se estaría compensándola con algún tipo de restauración en otro lugar (con plantaciones de cuaqluier tipo, inclusive monocultivos) y de paso pintar de verde a las corporaciones que destruyen el planeta.  En noviembre de 2022, se publicó un artículo[2] sobre cómo varias empresas forestales, las principales destructoras de los bosques estaban siguiendo una «hoja de ruta» hacia la positividad de la naturaleza.  

Aunque se anunciara con bombos y platillos que en la COP15 se alcanzó un acuerdo para frenar la pérdida de biodiversidad en el mundo, es posible que sólo signifique mucho maquillaje verde y una regresión en derechos para las comunidades que tradicionalmente la han cuidado y protegido, y una vulneración de los derechos de la naturaleza.

ACCIÓN ECOLÓGICA

20 de diciembre de 2022

[1] Art. 401 de la Constitución de la República del Ecuador

[2] https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Nature/Nature-Positive/Roadmaps-to-Nature-Positive

Ahí se incluyen empresas forestales Drax Group, International Paper, Mondi, Smurfit Kappa Group, Stora Enso, Sumitomo Forestry y Weyerhaeuser

[1] Calí Tzay (2022).  Áreas protegidas y derechos de los pueblos indígenas: las obligaciones de los Estados y las organizaciones internacionales. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígena a la Asamblea Nacional de la ONU.

[2] Riveiro Silvia (2022). Billonarios contra la biodiversidad. La Jornada 17 de diciembre 2022

[3] Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima, CAN, Greenpeace y otros (2022). Financiación de la agenda 30×30 para los océanos: Hay que rechazar los canjes de deuda por naturaleza.

[1] Art. 49 del Código Orgánico Ambiental (COA) y Art. 76 del Reglamento al COA (RCOA)

[2] Art. 37 del COA y Art. 68 (b) RCOA

[3] David R. Boyd D.R.  Keene S ( 2021). Human rights-based approaches to conserving biodiversity: equitable, effective and imperative

Perú. Continúan las acciones populares contra la represión y asesinatos


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Movilizaciones y vigilias se mantienen rechazando el golpe de estado, al cierre del congreso, convocatoria a nuevas elecciones y a una asamblea constituyente popular, paritaria, plurinacional, soberana y ecológica. El movimiento social peruano y ciudadanos hacen amplía denuncia pública de rechazo a la militarización del país, a los toques de queda, criminalización de la protesta social como derecho humano, a las torturas, represión brutal, torturas y matanza (20 personas registradas en Apurímac, Arequipa, La Libertad y Lima).

También hacen un llamado a otros sectores de organizaciones sociales (sindicales, barriales, de mujeres, campesinas, indígenas, feministas, TLGBIQ+ y jóvenes) en lucha y resistencia, a sumarse a la más amplia unidad para continuar firmes en la lucha, y al fortalecimiento del PODER POPULAR.

A todos los organismos internacionales de Derechos Humanos, garantías y protección de la vida de todas las personas que protestan en las calles en defensa de sus derechos y vidas.

Redacción Radio Temblor Internacional / Red Jubileo Sur JSA @jubileo_sur_americas

Pueblos y comunidades en San Lorenzo defienden su vida y la naturaleza frente a la minería de oro


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Boletín de Prensa

“Al fin esperanza para el pueblo” fueron las palabras de Miky Valencia, habitante de una de las comunidades del  San Lorenzo , luego de escuchar la resolución dictada por el Juez Multicompetente de San Lorenzo, Dr. Fernando Saldarriaga, en la audiencia de evaluación de las medidas cautelares dictadas en marzo de 2011, que han permitido en alguna medida, detener el avance de actividades mineras ilegales de oro en las comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de Esmeraldas, así como proteger a la naturaleza.

La evaluación y modificación de las medidas cautelares fue solicitada por la Prefecta de Esmeraldas, solicitud que fue recibida con preocupación por las poblaciones locales, quienes exigen el cabal cumplimiento de las medidas cautelares y su mantenimiento, pues constituyen a la fecha, la única herramienta para defender sus derechos.

En la Audiencia, el Ab. Fred Larreategui, abogado defensor de las comunidades, señaló que la contaminación de metales pesados, con aluminio por ejemplo supera en 4.000 veces la norma ambiental permitida, lo que demuestra la preocupante situación en la que viven estas comunidades.  Consecuentemente, la defensa técnica insistió, como en petitorios pasados, que la acción de medidas cautelares autónomas se convierta en una acción de protección, con base a las reglas jurisprudenciales dictadas por la Corte Constitucional del Ecuador.

En representación del Estado comparecieron únicamente abogados del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE, quienes alegaron un supuesto cumplimiento de las medidas cautelares apenas con reuniones de trabajo e inspecciones del año 2018.  Luego de escuchar a las partes, el juez constitucional dictó su Resolución, que, en lo principal, ha dado paso a la conversión de la medida cautelar autónoma en una acción de protección dictando las correspondientes medidas cautelares, con un plazo de cumplimiento de 15 días:

  • Los GAD Municipales de Eloy Alfaro y San Lorenzo deben proveer agua potable para todas las comunidades rurales afectadas por la minería y que son mencionadas en la Resolución.
  • Se dispone que el Ministerio de Energía y Minas suspenda provisionalmente toda actividad minera en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo; sólo se permite que se extraiga materiales áridos y pétreos para obras de la propia comunidad, respetando y observando las regulaciones ambientales y de este tipo de minería.
  • El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica debe acompañar y controlar esta actividad extractiva.
  • El Ministerio de Salud Pública debe cumplir inmediatamente con un diagnóstico in situ y muestreo técnico de la situación de salud de las comunidades afectadas, con el resultado que demuestre las conclusiones en relación con la actividad minera en la zona.
  • Se dispone acompañamiento del Ejército Nacional en las tareas y obligaciones que debe ejecutar el Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Energía y Minas para que se retiren los frentes mineros.

Al finalizar, sobre los resultados de la audiencia, Nathalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica,  se refirió a la defensa permanente de las comunas afroecuatorianas y pueblos indígenas de los ríos, y el bosque del Chocó: “La sentencia de hoy es el resultado de un largo proceso y trabajo persistente de años, de pueblos y organizaciones, quienes apasionadamente se han encargado de la defensa de la vida frente a la destrucción de la minería”.

Klever Santana, integrante de la Pastoral Social de Esmeraldas señaló que “El día de hoy es histórico en la lucha del pueblo afroecuatoriano, y es una victoria de las y los defensores de la naturaleza  para los pueblos del norte de Esmeraldas”.

Miércoles, 14 de diciembre de 2022

Perú. Las burguesías emergentes como factor de desestabilización


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Perú vive un proceso de desestabilización permanente, de gobernabilidad imposible, al punto que Dina Boluarte es la sexta presidenta en apenas cinco años. Más allá de este dato, lo cierto es que la volatilidad de la política peruana se ha convertido en un rasgo estructural, imposible de ocultar pero que no obedece sólo a la crisis de los partidos políticos, a la creciente corrupción anidada en el sistema y a la debilidad de las instituciones estatales, sino también a otros factores que me parece necesario explorar.

El filósofo Alessandro Caviglia publica en La Mula un interesante análisis de la caída de Castillo, en el que señala: “El Congreso tiene una composición muy particular: su núcleo más poderoso e influyente está compuesto por agentes que tienen las siguientes características. Se trata de líderes políticos regionales que expresan los intereses de una burguesía informal y adversa al sistema legal. Esto se debe a que los políticos nacionales no tienen las bases suficientes y se han convertido en un paraguas para que líderes con intereses económicos regionales puedan llegar al centro del poder” (https://bit.ly/3hhYMlr).

Una extensa entrevista que realicé a Rocío Silva Santisteban, ex congresista y militante de izquierda y por los derechos humanos, abunda en la misma idea: la existencia de una burguesía emergente que anclada en la economía ilegal, muchas veces ligada al narcotráfico, y que tiene sus representantes en todos los partidos, desde la extrema derecha hasta las huestes del depuesto Pedro Castillo.

Este sector neo-burgués rechaza las reglas legales pero se incrusta en el aparato de poder, porque necesita contar con un paraguas protector para sus negocios e intereses.

Aunque se han realizado múltiples estudios sobre los modos del narcotráfico, estas economías ilegales tienen hoy en Perú y en buena parte de la región un amplio desarrollo, al punto que pueden llegar a ser hegemónicas en las economías nacionales.

El medio peruano Ojo Público realizó una investigación sobre la ruta clandestina de mercurio entre Perú y Bolivia para abastecer a la minería ilegal en este país. La conclusión es que “el 27% de todo el mercurio importado se destina a la minería ilegal”, comercio que sigue la ruta amazónica desde Puerto Maldonado hasta el lago Titicaca y La Paz. La mitad de las 1.100 toneladas de mercurio que llegaron a Bolivia entre 2014 y 2022 proceden de México, exportado por empresarios mexicanos con intermediarios peruanos, en pequeños y medianos envases (https://bit.ly/3UPEXPW).

Las regiones amazónicas de Perú y Bolivia son las principales productoras de oro. En el caso boliviano, el 94% de la producción aurífera está en manos de las cooperativas mineras, que fueron beneficiadas por los gobiernos del MAS con impuestos muy bajos, que rondan el 2,2% del valor producido. En el departamento de La Paz, principal productor de oro, en 2010 había 459 cooperativas mineras de oro, cifra que se eleva hasta más de 1.300 en 2020, con 130 mil trabajadores sin derechos laborales (https://bit.ly/3BqYZd1).

Como han analizado varios especialistas, en particular Alfredo Zaconeta del Cedla de La Paz, en la sesión 108ª de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz en noviembre pasado, detrás de estas cooperativas están empresas chinas que exportan ilegalmente oro. “Rastrear a estas mineras fantasma es una tarea casi imposible. Se sospecha que sus capitales están ligados a otras actividades ilícitas, como el narcotráfico. No están registradas en el país, sus transacciones se hacen en efectivo, sin dejar huellas en el sistema financiero, y su oro se vende en el mercado negro boliviano para sacarlo hacia el extranjero” (https://bit.ly/3BqYZd1)..

Para dar una idea de la importancia de las cooperativas mineras y del oro ilegal, los datos oficiales apuntan que en 2021 se exportaron por 2.534 millones de dólares, lo que equivale a la impresionante cifra del 25% de las exportaciones totales del país. Un puñado de grandes cooperativas con cientos de trabajadores, controlan la producción, y sus directivos tienen ganancias 40 veces superiores a los trabajadores de las supuestas “cooperativas”.

En Perú, Cooper Acción ha trabajado la cuestión de las economías informales e ilegales, luego del incendio de un campamento de la minera Southern en Apurímac a manos de un grupo de mineros informales que se saldó con 14 muertos y de una confrontación armada entre la policía con mineros informales en la zona de Palpa, en Ica. “La expansión de la minería informal e ilegal es parte del crecimiento de las economías ilegales en el Perú, compuesta también por la tala ilegal de madera, el tráfico de terrenos, así como del narcotráfico. Estos ilícitos adquieren cada vez más poder y capacidad de intimidación mediante el uso de la violencia armada” (https://bit.ly/3BsnNBi).

El investigador Luis Gárate sostiene en el citado artículo que Perú parece encaminarse hacia un “Estado fallido”, porque “está siendo capturado desde los niveles locales por bandas criminales y por representantes de las economías ilegales, como la minería informal. Asimismo, porque las Fuerzas Armadas y la Policía, así como otras agencias estatales, parecen no tener la capacidad de ejercer un control efectivo, dejando cada vez más “territorios liberados” por los criminales”.

Según el libro “La minería no formal en Perú”, sólo la minería ilegal e informal en 2017 abarcaba 25 millones de hectáreas y estaba presente en todo el país, siendo su mayor explotación la aurífera. En algunas regiones se registra una intensa confrontación entre movimientos populares, como las rondas campesinas, contra la minería formal, pero conviven con la informal. “Hay casos en los que se comprueba la asociación de diversos actores de las economías ilegales. El narcotráfico, el contrabando, y la comercialización y producción de oro ilegal comparten los mismos escenarios complejos y, posiblemente, los mismos canales logísticos para traficar sus productos”, sostiene el mencionado trabajo (p. 19).

En 2012, las exportaciones de la minería ilegal en Perú sumaron 1.800 millones de dólares, superando ampliamente al narcotráfico. En 2019, el 30% de la producción de oro es informal o ilegal, pero se trata de cifras oficiales y es probable que la realidad sea superior. Sin embargo, tanto Colombia como Venezuela y Ecuador son los países que marchan a la cabeza en exportaciones ilegales de oro, alcanzando hasta el 80 y el 90% del total del sector.

Más allá de este conjunto de datos, la actividad de las “burguesías emergentes” (como las denomina Carlos Arce del Cedla) provoca daños ambientales graves, violencia contra comunidades indígenas, crímenes y corrupción. En el terreno político, provocan enorme inestabilidad y desgobierno en las áreas que no controlan y se van incrustando cada vez más en las instituciones estatales.

Creo que necesitamos comprender más a fondo estos fenómenos. Por un lado, no idealizar a la burguesía tradicional de grandes empresas y capital financiero, ya que está operando de modos cada vez más cercanos a los del narco y la burguesía emergente, aunque sus negocios sean “legales”. Por otro, porque es el modo como funciona el capitalismo en este período de crisis sistémica: el capital llegó al mundo “chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza” (Marx), y esta será su principal característica durante su ocaso como sistema.

Por: Raúl Zibechi

Fuente: desinformemonos.org

Foto: Cortesia Actualidad RT

 

Fuente: Radio Temblor

TLC con China: más impunidad…más deuda ecológica


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ACCIÓN ECOLÓGICA OPINA

A propósito de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio – TLC – entre Ecuador con China que se pretende avanzar en el marco de la Cumbre Empresarial China, LAC – Latinoamérica y el Caribe – 2022 que se lleva a cabo en Guayaquil, vale recordar la deuda social y ecológica que tienen las empresas Chinas con nuestro país.

Firmar un TLC con China ofrecería enormes garantías a los inversionistas de ese país sobre los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.

Esto ya viene sucediendo desde el 2010, cuando China otorgó al Ecuador el primer crédito por USD 1700 millones para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Desde entonces, hasta el 2019, el país ha recibido créditos de China por alrededor de USD 12000 millones, lo que abrió la puerta para el ingreso de sus empresas interesadas principalmente en la construcción de proyectos de embalses e hidroeléctricas, y explotación de petróleo y minería.  

El Ecuador tiene vigentes más de 20 contratos de crédito suscritos con el Eximbank de China, el Banco de China y el Banco de Desarrollo de China entre 2010 y 2019. Estos créditos están atados a la contratación de empresas y mano de obra de este país y al pago anticipado y venta de petróleo a China. Es así que actualmente más del 80% del petróleo exportable se vende al país asiático.

El reciente estudio Deuda Socioecológica de China con la Naturaleza y con los Pueblos del Ecuador (1) demuestra los graves impactos sociales, ambientales y a la naturaleza que estos proyectos han generado durante estos años, basados en el irrespeto hacia los pueblos y las comunidades y en prácticas depredadoras de la naturaleza.

EN BUSCA DE PETRÓLEO

Las empresas chinas, como las norteamericanas o europeas, han irrumpido en la Amazonía ecuatoriana en busca de petróleo. 

Las empresas China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (SINOPEC) y sus subsidiarias – que cuentan con capitales privados y relaciones financieras y comerciales que incluyen a entidades privadas de Estados Unidos – han tenido acceso a campos y bloques con reservas de millones de barriles de petróleo, localizados en el Parque Nacional Yasuní y en el área de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane.

Petrochina S.A. opera también en las mismas zonas frágiles, y en territorio de la nacionalidad Waorani y de comunidades campesinas, dentro de los bloques 14 y 17. Andes Petroleum, por su parte, opera el bloque 62, afectando parte de la Reserva Faunística Cuyabeno, territorio del pueblo Siekopai.

Las actividades de exploración, explotación y transporte de petróleo en estas áreas que son hogar de pueblos indígenas y comunidades campesinas, constituyen escenarios de conflictividad y violencia, por la afectación a sus espacios de vida, fuentes de agua, recolección y cultivo, y sitios sagrados.

Estas actividades han causado la deforestación del bosque amazónico en el Cantón Cuyabeno (donde 263 Km de bosques fueron intervenidos por Andes Petroleum), y en el área de amortiguamiento y zona intangible del Parque Nacional Yasuní; por la apertura de caminos e instalación de infraestructura. Además se ha contaminado el aire, agua y suelo, afectando la salud y alimentación de las poblaciones y la destrucción de la biodiversidad de flora y fauna, en uno de los lugares más biodiversos del planeta.

INICIA LA EXPLOTACIÓN DE MINERÍA INDUSTRIAL

China inició en 2010 la explotación minera industrial en el país con el proyecto Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor en la Amazonía bajo el control de la empresa Ecuacorriente S.A., subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd. (conformado por China Railway Construction Corporation Limited y Tongling Nonferrous Metals Group) a partir de la compra de acciones a la empresa canadiense Corriente Resources.  Esta adquisición incluyó los proyectos mineros San Carlos-Panantza, contiguo a Mirador, hidroeléctrica Santa Cruz y empresa Puerto Cobre, para la transportación mineral por el océano Pacífico.

El proyecto Mirador comenzó a explotar la mina en julio de 2019 con una proyección de cerca de 350000 toneladas anuales de concentrado de cobre (2).  Del material que se remueve en una mina, solo el 2% es exportable, el resto son desechos tóxicos que son depositados en relaveras, en el caso de Mirador se advierte del peligro inminente de que éstas colapsen y generen una catástrofe con impactos transfronterizos.  Para producir una tonelada de cobre se contamina alrededor de 170 000 litros de agua.

La intervención de Ecuacorriente ha estado rodeada de conflictividad social y de violencia, contexto en el que se produjo en 2014 el asesinato impune de José Tendetza, presidente de la comunidad shuar Yanúa Kim – ubicada en la zona de influencia del proyecto –  quién estaba opuesto a la minería.  Así mismo, cerca de 40 familias de la comunidad indígena shuar Cascomi en la Parroquia de Tundayme fueron desalojadas violentamente, para las construcciones y operaciones de la empresa.

La construcción del proyecto afectó la conectividad entre áreas protegidas de los dieciséis ecosistemas de la Cordillera del Cóndor. Destruyó o puso en riesgo hábitats suigéneris de flora y aves endémicas, deforestó bosques y destruyó suelos, 227 nacimientos y fuentes de agua se convirtieron en área concesionada, se contaminaron y desviaron ríos. Esto ha generado la pérdida de usos tradicionales del bosque y los ríos por acaparamiento territorial, cambios culturales y alimenticios, enfermedades en la piel por contaminación del agua, fragmentación del territorio indígena, desplazamiento y criminalización a defensores y defensoras de derechos.

Algo similar sucedió con la intervención de la empresa Junefield-Ecuagoldmining South America S.A. y sus concesiones en el proyecto Río Blanco de explotación minera, localizada en el Bosque Protector Molleturo-Mollepongo, Provincia de Azuay. Se trata del “macizo del Cajas”, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas (declarado como humedal Ramsar y Reserva de la biósfera).

La intervención de esta empresa ha supuesto afectaciones al páramo y su capacidad de generación de agua, secamiento del humedal Cruz Loma, del Río Blanco y otros cuerpos de agua.  Debido a ello, las comunidades han quedado desabastecidas de agua para uso humano y actividades agrícolas. Frente a la resistencia de las comunidades han habido apresamientos y criminalización de sus miembros.

Amparados en un Tratado de Protección de Inversiones Ecuador-China, la minera Junefield interpuso este año una demanda arbitral internacional contra el Estado por 480 millones de dólares, por la expulsión y suspensión de trabajos debidos a la defensa de los territorios y a una orden judicial que establece que las comunidades afectadas no fueron consultadas (3).

GRAVES IMPACTOS DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

En la última década, un 50% de los préstamos chinos a Ecuador se destinaron a siete proyecto hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, Minas San Francisco, Delsitanisagua, Sopladora, Quijos y Mazar-Dudas, con una inversión directa de cerca de 6.000 millones de dólares.

La construcción de hidroeléctricas ha estado plagada de denuncias sobre maltratos laborales y condiciones deficientes de salubridad y seguridad por parte de las empresas chinas, como el caso de la China Internacional Water & Electric Corp(CWE) a cargo de la construcción del proyecto Toachi-Pilatón (4).

El caso de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair es paradigmático. 

La obra fue construida por la empresa Sinohydro para producir 1.500 MW, a un costo de 3.216 millones de dólares provenientes de dos préstamos del EXIMBANK de China y el aporte de recursos fiscales.

Esta es la hidroeléctrica más grande del país, y de mayor capacidad instalada en la cuenca andina amazónica, se ubica en las provincias de Napo y Sucumbíos donde habitan comunidades campesinas y kichwa, cuyas vidas y sistemas productivos dependen de los bosques y ríos circundantes.  Esta zona, conocida como el Alto Coca, se caracteriza por su alta pluviosidad y sensibilidad geomorfológica; un 80% de la subcuenca del río Coca está constituida por zonas de bosque que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – Reserva Cayambe Coca, Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, Bosque Protector La Cascada, Bosque Protector del Río Tigre”. Es una zona de alta sismicidad.

Estas áreas han sido afectadas por la apertura de vías y otras infraestructuras durante la construcción de la hidroeléctrica. Durante este período murieron o resultaron heridos obreros por inundación y colapso de uno de los túneles, y más tarde dos campesinos murieron por inundaciones generadas por la hidroeléctrica.

Desde que inició su operación, en 2016, la hidroeléctrica presentó problemas adjudicados a fallas de construcción – más de 7000 fisuras en la maquinaria de la presa y otros daños – procesos encadenados de sedimentación acumulada, hundimientos de tierra y erosión, que sería una de las causas que aceleró el proceso de erosión regresiva, la misma que provocó en el 2020 la desaparición de la cascada San Rafael, la más alta y una de las más bellas del Ecuador.

La erosión regresiva causó además la rotura de tuberías del Sistema de Olecoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportan el crudo amazónico a los puertos de exportación, y la destrucción de la carretera que une la Amazonía Norte con el resto del país.  El derrame petrolero provocado en los ríos Coca, Napo y sus afluentes afectó a más de 150 comunidades indígenas y campesinas de Napo, Orellana y Sucumbíos (110.000 personas) que sufrieron la pérdida de agua y alimentos, además de la afectación a la fauna que albergan.

El aumento de la erosión regresiva del río Coca pone en riesgo de desaparición a varios poblados y el colapso de la misma infraestructura hidroeléctrica.

Estos ejemplos de la deuda social y ecológica de China con el Ecuador evidencian violación de los derechos humanos, violencia y criminalización de personas defensoras de derechos, pueblos afectados o desplazados, explotación en áreas protegidas, bosques deforestados, desvío de ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, vulneración de los derechos de la naturaleza, desaparición del patrimonio cultural y espiritual de los pueblos.

¡Estos hechos han quedado en la impunidad!

¿Es eso lo que queremos que se profundice con la firma del TLC con China?

https://www.accionecologica.org/xi-jinping-en-ecuador-entrega-2-xi-jinping-viene-prepara-t

 

Fuente: Accion Ecologica

No mas zonas de sacrificio por el negocio camaronero ¡No a los Tratados de Libre Comercio!


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Fuente: Red Ecuador Decide Mejor Sin TLC.

La decisión oficial del presidente Guillermo Lasso de “firmar Tratados de Libre Comercio con diez países”1, incluyendo China, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Israel y otros, busca llevar al límite y en el menor tiempo posible la agenda neoliberal, lo que significaría sacrificar la vida de la población, los territorios y la naturaleza.

Este 14 de diciembre el gobierno daba por hecho que suscribiría un memorándum de entendimiento técnico con China como paso previo a la firma de un TLC con ese país. Pero no se dio, y esto podría ser una señal de que China exige mayores garantías para sus inversiones, sobre las que pesan conflictos socio ambientales, procesos jurídicos, sanciones por razones técnicas, entre otros.

Los tratados de libre comercio son, ante todo, instrumentos que otorgan enormes garantías -incluso impunidad-para las grandes empresas, frente a las violaciones que cometen contra los derechos relacionados con el cuidado de la vida. Son acuerdos que abren más mercados para agronegocios como el camarón, el banano, las flores, el atún, sin considerar las consecuencias sociales, ambientales y culturales que conllevan, y las condiciones de explotación laboral con las que operan.

El producto que más compra China al Ecuador es camarón, lo que puso a este producto a la cabeza de las exportaciones no petroleras. Un TLC con China, dará al sector de la acuacultura industrial del camarón mayores protecciones para seguir expandiéndose en los ecosistemas marino-costeros, donde ya ha provocado graves impactos a las comunidades del manglar, comunas ancestrales, comunidades campesinas y del pueblo montubio.

Surgida para servir al mercado internacional, la industria de la acuacultura del camarón de forma despiadada destruye los espacios naturales para implantar el monocultivo del camarón en piscinas; utiliza desinfectantes y otras sustancias químicas para el control de las enfermedades que atacan al camarón (sometido a cautiverio, fuera de su hábitat natural), y vierte permanentemente desechos tóxicos al ambiente.

Estudios independientes responsabilizan a la industria de la acuacultura del camarón de destruir un 70%del ecosistema manglar del Ecuador entre la década de 1970 y la de 1990, afectando las bases del sistema alimentario y el sustento económico de miles de familias recolectoras de concha y cangrejo, y pescadores artesanales de los estuarios de manglar.

A inicios de la década del 2000 se multiplicaron las piscinas camaroneras en tierras agrícolas, provocando la salinización de los suelos y acuíferos de agua dulce. En 2003, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la Resolución 042-2002-TC del 22 de julio de ese año, declaró inconstitucional por vicios de fondo el Decreto Ejecutivo 1952-A, que expedía normas para la regulación ambiental y el ordenamiento de la actividad acuicultura experimental en tierras altas.

Según el Tribunal Constitucional, al darse esta actividad en tierras agrícolas y utilizar agua de uso doméstico, atenta al derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, y al derecho de las comunidades a una calidad de vida digna.Sin embargo, ante la falta de control por parte de las distintas autoridades, incluyendo el MAG, MAATE y GADs, el avance de la acuacultura industrial del camarón en tierras agrícolas continuó.

Por ejemplo, en cantones de Guayas como Naranjal, Durán, Yaguachi, se ha despojado a familias montubias y campesinas que producen principalmente arroz, otro producto en riesgo si se firma un TLC con China. En predios del Ministerio de Agricultura y Ganadería destinados a la redistribución a favor de organizaciones campesinas, como es el caso de los predios Las Mercedes, Isabel Ana y Los Ángeles, el Plan Tierras y la Subsecretaria de Tierras retardan injustificadamente la adjudicación y permiten la división en las organizaciones, aupadas por inversionistas que buscan apropiarse de las tierras. Esta situación se agravó con la pandemia del COVID 19 y aumentó la pobreza en el sector rural.

Territorios ancestrales de comunas wankavilkas también han sido afectadas por la presencia de piscinas dedicadas a la producción industrial de camarón. La organización Pueblo Wankavilka FCOAWE alerta sobre el caso de Safando (en el sector rural de Guayaquil) y el de San Rafael (en la parroquia Chanduy, cantón Santa Elena).

En los últimos años, las camaroneras avanzaron hacia humedales como el de La Segua, en Manabí, ubicado en la parte alta del estuario del río Chone, incluido desde junio del año 2000 en la lista Ramsar de humedales con importancia internacional por su alto valor ecológico.El taponamiento de los flujos naturales del agua que lo alimentan, con el fin de proteger las piscinas camaroneras, así como la contaminación generada por la descarga de aguas residuales desde las camaroneras, han puesto a La Segua bajo seria amenaza de deterioro.

Estas prácticas productivas se mantienen gracias a que buena parte de los inversionistas camaroneros pertenecen a poderosos grupos económicos que han ocupado y ocupan puestos políticos claves. Esto ha hecho posible que este sector funcione fuera de la ley a lo largo del tiempo, y que violente garantías constitucionales que protegen los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, e instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.

A esto se suma la violencia sistemática ejercida en los territorios. Con guardias armados, cercas electrificadas o con perros, se trata de impedir las actividades de recolección que son la base de la soberanía alimentaria de los pueblos ancestrales del ecosistema manglar. Incluso recolectores de concha y cangrejo han perdido la vida por disparos de guardias de seguridad y por mordeduras de perros adiestrados de las piscinas camaroneras. Además, se intimida a las organizaciones y a sus dirigentes, y se criminalizan las acciones realizadas para la defensa de los derechos.

En otras palabras, la posición ganadora del sector camaronero en el mercado internacional, dinamizado a partir del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, en vigencia desde enero de 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, ha sido a costa de precarizar la vida de miles de familias recolectoras, pescadoras, campesinas y comunas ancestrales.¡Nos preguntamos qué pasará si esta industria sigue expandiéndose!Un aumento de la demanda china tras la vigencia de un TLC con ese países presagio de más destrucción en los espacios de vida de muchas comunidades.

La acuacultura industrial del camarón es responsable de una deuda social, ecológica, económica y cultural con los pueblos ancestrales del ecosistema manglar, comunidades campesinas y montubias, y comunas ancestrales de la Costa ecuatoriana. Con sus piscinas camaroneras, afectó la estructura y funciones de los ecosistemas marino-costeros, contamina con desechos tóxicos, saliniza los suelos agrícolas y las fuentes de agua dulce, socava la autonomía alimentaria, provoca despojo de tierras ancestrales, trae más empobrecimiento a los territorios. Ejerce violencia y criminaliza a quienes defienden legítimamente sus derechos. Además, aprovecha la situación de desempleo generalizado para captar mano de obra barata, muchas veces de jóvenes cuyos cuerpos son expuestos a la contaminación y a condiciones laborales inhumanas. Esta lógica de daños a la vida debe parar.

Exigimos el cambio de rumbo de la política económica. Los Tratados de Libre Comercio, pactados en secreto y en base a la lógica de los hechos consumados, son ilegítimos.

14 de diciembre de 2022