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Boletin Forta. agosto 2022¿POR QUÉ ESTÁ MIGRANDO NUESTRA GENTE?
Mês: agosto 2022
Desaparición de los 43 “fue un crimen de Estado” y no hay indicios de que estudiantes estén con vida, reconoce gobierno federal
El Caso Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”, pues “todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas” de lo que ocurría la noche del 26 de septiembre de 2014 sin que intervinieran para impedir la “desaparición y asesinato” de los 43 normalistas de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, declaró el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, al presentar el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
A casi ocho años de los hechos, Encinas señaló frente a los padres de los estudiantes que la desaparición de sus hijos contó con “un encubrimiento al más alto nivel”, pues las autoridades de los tres niveles de gobierno supieron en tiempo real sobre “la toma de camiones, del traslado de estudiantes a Iguala, de su llegada al Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su arribo a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto” por parte del cartel Guerreros Unidos.
Las conclusiones preliminares del informe enfatizan que el ejército y la Marina tuvieron conocimiento de lo que sucedía no sólo porque sobrevolaron drones sobre la zona de los hechos, sino también porque había un infiltrado de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en la normal de Ayotzinapa, bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa, del 27 Batallón.
“La Sedena tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolzin, quien estaba realizando informes para la secretaría en la escuela. Era el responsable de informar lo que acontecía en las asambleas y de las movilizaciones, e incluso estaba informado de los actos preparatorios de la marcha de 2 de octubre”, para la que los estudiantes se organizaron para conseguir los autobuses en los que se transportarían a la Ciudad de México.
El último reporte de López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos, fue a las diez de la mañana del 27 de septiembre de 2014, “sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, dijo Encinas.
Ocho años después de la Noche de Iguala, “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, agregó el funcionario, que presidió la Comisión para la Verdad.
Encinas señaló que si bien “se acredita plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, las investigaciones sobre el caso aún no han concluido.
Al momento de recibir las conclusiones de la Comisión, los padres y madres de los 43 declararon que emitirían su postura una vez que valoraran la información y contaran con la opinión de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero su abogado y vocero, Vidulfo Rosales, adelantó que “para decir que ya se sabe lo que ocurrió estamos lejos”.
Tomado de: desinformemonos.org
Fuente: Radio Temblor
Disminuir la dependencia de energías fósiles en Colombia: una propuesta realista apoyada por numerosos parlamentarios del mundo
Censat Agua Viva, organización ambientalista con más de tres décadas de experiencia trabajando en torno a debates energéticos de importancia, analiza los retos y aspectos clave del Programa del nuevo gobierno colombiano para transitar de manera planeada y justa hacia un futuro libre de combustibles fósiles.
En la mañana del 3 de agosto de 2022 se publicó la Carta de los Parlamentarios del Mundo a Colombia, en la que más de 80 firmantes hacen un llamado por un futuro libre de combustibles fósiles. Se trata de una iniciativa de parlamentarios de Asia, África, América Latina y el Pacífico que expresan una fuerte señal de solidaridad a la propuesta de disminución gestionada de la dependencia de las energías fósiles promovida por el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Los pronunciamientos de los parlamentarios resaltan la visión a futuro y la sensatez de esta apuesta del gobierno colombiano, a la vez que ratifican su disposición y colaboración para superar los retos que supondrá este proceso de cambio de paradigma en el ámbito nacional, regional e internacional. “Las propuestas de Gustavo Petro y Francia Márquez muestran valentía, pero también sentido común. La producción de petróleo, gas y carbón tiene que terminar en cualquier caso porque es la causa principal de la crisis climática, de los desastres ambientales y las guerras en todo el mundo“, expresó Charles Santiago, Miembro del Parlamento de Malasia, uno de los firmantes de la carta y fundador del Llamado de los Parlamentarios.
Charles Santiago. Foto: The sun daily.
Por su parte, Marie Toussaint, vicepresidenta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo, resaltó: “Como parlamentarios de estados gobernados por líderes que siguen encerrados en los combustibles fósiles y la ideología del crecimiento, enviamos un mensaje al nuevo gobierno colombiano: estamos en disposición para acompañar todas las iniciativas que se tomarán para hacer de Colombia un país pionero en el desmantelamiento planeado de los combustibles fósiles”.
Este respaldo internacional (expresado también hace unos meses, cuando 393 intelectuales de talla mundial firmaron una carta apoyando la propuesta de transición energética planteada por Gustavo Petro y Francia Márquez) muestra la importancia del abordaje propuesto por el nuevo gobierno sobre el tema energético y su decisión de priorizar una transición. Desde nuestro punto de vista, este reto no implica únicamente enfrentar los ya enormes obstáculos que significa el salir de las energías fósiles, sino también la complejidad de asumir la propuesta de trazar un camino diferente como sociedad hacia la creación de otros modelos sociales, económicos y culturales. Es allí donde queremos poner el foco.
El giro es urgente, factible y realizable
Desde Censat Agua Viva promovemos esta manifestación internacional de apoyo y reiteramos que una transición planeada, que disminuya al mínimo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, no es una idea delirante, como algunos sectores quieren presentarla. Por el contrario, es una idea que organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas de Colombia y del mundo vienen demandando desde hace décadas.
Ubicarnos en la realidad energética implica reconocer los límites físicos del planeta, por lo que un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón, junto a la no exploración de nuevos yacimientos (incluso en el mar), contribuye a enfrentar las reales causas de la crisis climática y se constituye en un precedente entre los mandatarios de Estado como una respuesta acorde a la magnitud de la crisis, que hasta el momento no cuenta con respuestas gubernamentales efectivas.
Radicación proyecto de ley prohibición fracking. Foto: Corrillos
Tener cuidado con los caminos que se escogen
Analizando el programa de gobierno de Petro y Francia, y con miras a aprovechar al máximo el momento histórico de nuestro país y el apoyo expresado por decenas de parlamentarios en el mundo para impulsar un cambio en el paradigma energético de la sociedad, Censat Agua Viva hace un llamado a tener en cuenta varias consideraciones.
Posicionar a Colombia como potencia mundial de la vida implicará transformar de raíz el modelo energético prevalente caracterizado por el despilfarro, el monopolio, la desigualdad y la inequidad. Es plausible la intención de someter las propuestas a decisiones democráticas emanadas de consultas populares, a lo que debe sumarse que estas se orienten según las necesidades y características de cada territorio, priorizando la soberanía energética local.
Sin embargo, nos preocupan algunas propuestas del programa que consideramos falsas soluciones, que incluyen el impulso del hidrógeno en sus diferentes desarrollos, las pequeñas centrales hidroeléctricas (cuando responden a lógicas economicistas más que a resolver necesidades energéticas de las comunidades, causando agudos impactos negativos), así como los mega parques eólicos y solares que replican las mismas lógicas extractivas que las energías fósiles.
Es de alertar, las denuncias que han realizado comunidades de La Guajira y que han sido documentadas por Indepaz, sobre los impactos negativos de estos proyectos sobre sus territorios. Además, los grandes molinos eólicos requieren significativas cantidades de combustibles fósiles para su elaboración, traslado, instalación y mantenimiento, con una limitada vida útil y tienen una alta demanda de minerales como el cobre, zinc, cobalto, litio y níquel, entre otros.
Proyectos de parques eólicos. Foto: Indepaz
La energía como bien común
En los planteamientos del nuevo gobierno se resalta el interés por vincular activamente “con capacitación y financiamiento público a las comunidades, pequeños productores, cooperativas y ciudadanías, en la generación, distribución, acceso y aprovechamiento de las energías limpias y eficientes”. Así mismo, se plasma como una oportunidad para apoyar la soberanía energética que ya camina en los territorios, visibilizando las experiencias de comunidades que han venido impulsando propuestas de transición con esfuerzos propios, sin apoyo estatal, y que aprovechan recursos cercanos como los insumos agrícolas para generar energía a escala local como la biomasa. Todas estas experiencias territoriales crean un escenario valioso para construir una política pública de la energía, que promueva el autoabastecimiento, la gestión comunitaria y ciudadana de cara a alcanzar una de las propuestas bandera del nuevo gobierno: la energía como bien común.
Será importante revisar el papel que tendrá Ecopetrol en el marco de la transición, en términos de promoción de las energías renovables no convencionales bajo un enfoque de gestión comunitaria y ciudadana de la energía. Para evitar riesgos de imposición de economías verdes y poder realizar una evaluación juiciosa en extracción de gas, de metales y en general proyectos de la llamada energía limpia, sería fundamental (además de la propuesta de creación del Instituto Nacional de Energías Limpias) el establecimiento de una mesa de trabajo con organizaciones sociales. La Mesa Social Minero Energética establecida en 2015 por organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas y procesos regionales de defensa del territorio, promovió un mecanismo de participación para pensar la política minero energética y para generar propuestas sustentadas en esta materia. También el Movimiento Ríos Vivos ha insistido por años con la propuesta de una Comisión Nacional de Represas, con el fin de realizar diálogos regionales y sectoriales que confluyan en una propuesta de política pública que atienda los conflictos generados por el actual modelo hidroenergético y que construya una ruta para su transformación.
La propuesta de imponer “gravámenes sobre la comercialización de productos altamente intensivos en dióxido de carbono para lograr la descarbonización de las economías” reconoce la cantidad de dinero que el país ha perdido financiando un sector que ha dejado una estela de daños ambientales a perpetuidad. Para esto, es clave la propuesta de ajustar y revisar los instrumentos de vigilancia, contabilidad y fiscalización para garantizar una renta minera justa.
Fortalecimiento de una voz regional pionera
El interés de “promover dentro de la agenda política internacional de Colombia un gran frente americano de lucha contra el cambio climático”, tiene el potencial de alzar una voz conjunta para exigir respuestas efectivas frente a temas comunes como la deuda ecológica, una deuda histórica asociada a la pérdida del patrimonio natural y cultural producto de esa apuesta extractiva sobre la cual se han edificado los sistemas de los países “desarrollados”.
Otro potencial de esta agenda política internacional americana es lograr la protección de la selva amazónica y las personas que tradicionalmente la han habitado, blindando a la región de cualquier explotación mediana o grande de energías fósiles. Desde este marco, el programa de Petro busca obtener compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo, revitalizando esta región como “pulmón” y “banco de biodiversidad” mundial. Sin embargo, el tema de las compensaciones se debe asumir con sumo cuidado, pues tiene el enorme riesgo de ser un ejercicio perverso que rompe tejidos sociales, economías locales y que crea dependencias que finalmente no obstaculizan la quema de combustibles fósiles, sino que revitalizan el sistema monetario global con la posibilidad de lavar de verde sus actuaciones.
Para finalizar, la idea de priorizar la “unidad de los pueblos del sur de América y el restablecimiento del Pacto Andino y del Caribe” presenta una gran oportunidad para lograr una integración regional solidaria, en la cual se construyan niveles de complementariedad, reconociendo potencialidades y caminos de mutuo apoyo para buscar un bienestar colectivo que priorice la soberanía alimentaria y energética.
Fuente: Censat Agua Viva
Audiencia de juicio en el caso #FraudeGualcarque
El caso de corrupción que devela cómo operan desde el Estado las redes de corrupción en la concesión de ríos en #Honduras.
#FraudeGualcarque
👉🏽 Sigue la transmisión en vivo del juicio y junto al #COPINH exige justicia para el #PuebloLenca.
https://bit.ly/3p6x9fv
Defesa da soberania regional foi ponto central no II Seminário Internacional sobre questão energética e bem viver dos povos
Por Equipe de comunicação do Seminário
Terminou nesta sexta-feira (19) o II Seminário Internacional sobre Soberania Energética, Integração Elétrica e Gestão Pública para o Bem Viver, uma iniciativa de organizações, movimentos sociais e sindicatos.
Nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores da ANDE (SITRANDE), em Assunção (Paraguai), concluiu-se hoje o evento, no qual dezenas de participantes da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile e Paraguai expuseram, ao longo de três dias, aspectos relacionados à reivindicações ligadas à Revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, a demanda dos povos indígenas Avá-Guarani e das comunidades alagadas. Da mesma forma, foram abordadas questões socioecológicas, assim como o tema das dívidas, como a dívida social e pública, principalmente externa, que atinge pautas prioritárias da população, como a saúde e, por fim, a demanda de renacionalização da empresa Eletrobras.
Em relação aos interesses do Paraguai e do Brasil, vinculados à hidrelétrica de Itaipu, destacou-se a realização de uma negociação justa do preço da energia, baseada na ideia de desenvolvimento sustentável para os cidadãos de ambas as margens, não como é proposta hoje, em que os governos de ambos os países procuram privilegiar os interesses de uma oligarquia.
Natureza e dívida pública
Outro aspecto discutido foram os novos paradigmas da relação povos-natureza, resgatando a experiência chilena e a proposta de uma nova constituição nacional, que será votada em breve. Da mesma forma, notou-se que a soberania tem vários componentes, não apenas energético, e que inclui questões como finanças, organizações e meio ambiente. A propósito, mencionou-se em particular a dívida pública dos Estados nacionais, que se baseia num esquema internacional centrado nos grandes lucros dos bancos dos países centrais, bem como na dependência.
Representantes das comunidades indígenas Ava-Guarani e organizações ribeirinhas atingidas pelas barragens também deram depoimentos sobre os atrasos que vêm sofrendo dos diferentes governos, em especial, o de Jair Bolsonaro e Mario Abdo Benítez, sobre os quais também lembraram que foram os principais articuladores do chamado “Ato Secreto”, em 2019.
O II Seminário Internacional Soberania Energética, Integração Elétrica e Gestão Pública para o Bem Viver deu continuidade ao processo de discussão iniciado no primeiro evento, em novembro de 2021, sobre integração e soberania energética e elétrica, papel do Estado, direitos humanos e questões socioambientais , especialmente o povo Avá-Guarani paranaense, que são indígenas atingidos pela construção da hidrelétrica de Itaipu e que lutam há décadas por reparação.
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Fuente: Jubileu Sul Brasil
No MASSAjuste ni endeudamiento
A pocos días de la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía queda clara la decisión de profundizar el rumbo de ajuste y entrega elegido por el gobierno de Alberto Fernández, ante una crisis económica y política que no da visos de cerrarse. Ratifica el objetivo de ajustar el gasto estatal todavía más, con caídas reales de jubilaciones y salarios públicos, tarifazos, tratando de recortar el consumo local, aumentar a cualquier costo las exportaciones y conseguir cómo sea divisas para garantizar los pagos al Fondo Monetario y demás usureros.
Las medidas anunciadas por el ministro y los funcionarios de los que se ha rodeado no dan lugar a dudas. Entre ellos Daniel Marx, hombre de confianza de los grupos financieros, siempre en la primera línea negociando la estafa de la deuda en nuestro país: desde el Banco Central durante el gobierno de Alfonsín, con el Plan Brady de Menem y el Blindaje y Megacanje de De La Rúa.
Sergio Massa es el dirigente con más cercanía y obediencia a la embajada de EEUU de las tres principales fuerzas integrantes del Frente de Todos. Así lo certifica la visita al embajador norteamericano Marc Stanley en su sede diplomática a cuatro días de su asunción, o la venia del Banco Interamericano de Desarrollo a soltar préstamos retenidos a la gestión anterior. Su director, Maurice Claver-Carone, viene de un rol importante en el FMI y había confesado que otorgaron el préstamo a Mauricio Macri para apoyar su fallido intento de reelegirse.
Los anuncios del nuevo ministro vienen claramente dirigidos a los “mercados”: a las multinacionales exportadoras, al sector financiero, a los grandes empresarios agropecuarios y a las empresas responsables del aumento de precios de los alimentos. A promover aún más endeudamiento junto al extractivismo minero, hidrocarburífero y agroindustrial. Aun así, las pretensiones de estos sectores son mayores, por lo que se postergan exportaciones e inversiones, extendiendo en el tiempo la corrida cambiaria tras la apuesta de una mayor devaluación.
Mas allá de las declamadas políticas paliativas como la recuperación de los capitales fugados durante el gobierno de Macri o el cobro por la “renta inesperada”, la realidad es que a la fecha no hubo medidas decididas para hacer frente a las acuciantes necesidades de los sectores más humildes, para quienes sigue habiendo más ajuste y pobreza. Muy por el contrario, desde sectores del gobierno crece un discurso muy similar a la oposición más reaccionaria, deslegitimando el rol de las organizaciones sociales y piqueteras. De la mano de esa orientación política, avanza en distintas provincias la persecución y judicialización de dirigentes sociales y gremiales.
El aumento del 15% en las jubilaciones y el bono anunciado no revierten la miseria que se extiende sobre quienes cobran la mínima. La fórmula del 2020 es funcional a mantener contenidas las jubilaciones y a licuar su peso sobre el presupuesto en tiempos de alta inflación. La falta de definiciones en torno a los aumentos salariales generalizados va en igual sentido, favoreciendo a empresarios que ven aumentar sus ganancias con la caída del “gasto” salarial.
Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda repudiamos este giro a la derecha del gobierno del Frente de Todos, que encontrará cada vez más resistencia popular, con protestas, marchas y un plan de lucha, como lo demuestran las movilizaciones de las últimas semanas a pesar del freno que intentan la dirigencia complaciente y la burocracia sindical -quienes en varios casos se han visto obligadas a proponer medidas de fuerza producto de la presión de las bases.
A esta lucha acompañaremos, como lo venimos haciendo desde el inicio de la Autoconvocatoria, exigiendo la investigación del proceso de endeudamiento y la suspensión del pago de esta deuda fraudulenta.
Hoy más que nunca seguimos insistiendo que para conseguir medidas a favor del pueblo, hay que avanzar en la anulación del acuerdo con el FMI como primera condición para un plan económico distinto: que realmente cobre impuestos y retenciones a las grandes exportadoras, que apuntale los ingresos de la clase trabajadora, que enfrente el poder empresarial concentrado, que ponga fin al modelo extractivista depredador y contaminante, es decir, que busque poner fin a la crisis haciendo que la paguen los que siempre ganan a costillas de las mayorías.
– Basta de ajuste, saqueo, extractivismo y dependencia
– Anulación del acuerdo con el Fondo. La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI ni con los usureros
– Que los recursos vayan a resolver las necesidades populares: salarios, jubilaciones, salud, educación, trabajo, tierra y vivienda
– Actualización inmediata de salarios, jubilaciones y programas sociales, que supere la inflación
– Solidaridad con los pueblos de nuestro continente que enfrentan los planes del FMI
– Contra la criminalización de las luchas contra el ajuste
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
-Argentina, 17 de agosto de 2022
Fuente: Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago de la Deuda