Dejar parte de las reservas fósiles enterradas ayuda en la disminución de gases de efecto invernadero y salvaguarda la economía del duro un escenario muy próximo
Una transición planeada que disminuya a mínimos nuestra dependencia de los combustibles fósiles no es una idea delirante del candidato presidencial Gustavo Petro, como algunos sectores lo quieren presentar. Por el contrario, se trata de la propuesta de una política pública que logra advertir a tiempo un escenario inevitable: el de restricciones globales a la extracción y uso de carbón, petróleo y gas como única manera de ralentizar el rigor de la catástrofe planetaria desatada por la crisis climática. En el espacio de esta columna se ha hecho un amplio recorrido por planteamientos, tanto científicos como políticos, que demuestran esta tendencia. El más reciente tuvo lugar la semana pasada en la cumbre “Estocolmo+50”, reunión oficial de Naciones Unidas que recibió el mandato de emitir una serie de recomendaciones para acelerar la acción hacia un planeta saludable. La tercera recomendación del documento habla de la necesidad de un cambio profundo en el sistema económico mediante la adopción de nuevas medidas del progreso y bienestar humano, y de “promover la eliminación gradual de los combustibles fósiles mientras brindamos apoyo específico a los más vulnerables, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y reconociendo la necesidad de apoyo financiero y técnico hacia una transición justa”.
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La propuesta de dejar parte de las reservas fósiles enterradas no implica solamente aportar en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero: es una forma de salvaguardar la economía nacional ante un escenario que nos afectará duramente en el futuro cercano. La extracción de petróleo generó en 2021 el 32% de los ingresos por exportaciones (y el 4,45% del Producto Interno Bruto), cifras que evidencian la gravedad de nuestra dependencia de un producto que no tenemos. Las reservas del país representan el 0,1% de las mundiales, y las perspectivas de aumento son mínimas. Como en la explotación de cualquier mineral, los yacimientos más grandes son los primeros a los que se accede; con el paso del tiempo, estos disminuyen su capacidad de entregar hidrocarburos, hasta llegar al agotamiento. Los campos petroleros más importantes fueron descubiertos hace décadas y están hoy en fase de declinación; los descubrimientos adicionales son más difíciles de concretar, exigentes en términos energéticos y con impactos ambientales aún mayores, como en el caso de los yacimientos no convencionales (fracking) y los de mar adentro. Colombia no es un país petrolero, por lo que debe priorizar la extracción de sus reservas para su uso interno durante el período de transición.
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La necesidad de detener la exploración petrolera, argumento central de Petro, es el mismo de la Agencia Internacional de Energía. El organismo indica que evitar superar los 1,5 °C solo es posible “sin exploración de combustibles fósiles” y “sin nuevos campos de petróleo y gas natural”. Adicionalmente, si se decidieran extraer el crudo y gas marginal del país, sería un riesgo en cualquier escenario, como se explicó en una columna anterior (Publicada por Las 2 Orillas). La investigación de la organización Carbon Tracker Initiative señala que, en un contexto de políticas restrictivas como el que se avizora para las fósiles, Ecopetrol perdería más del 75 % de su participación en el mercado. Si se hicieran estas inversiones generarían “activos varados” (stranded assets), que sufrirían devaluaciones o conversiones imprevistas a pasivos; puesto que el uso de hidrocarburos debe caer, una menor demanda significa precios más bajos y una mayor competencia por un mercado sin espacio para nuevos proyectos. Además, debido al monto multimillonario de las inversiones necesarias para estos proyectos, detenerlos es fundamental para evitar una carga contaminante imposible de sostener por el Estado, ante la posibilidad de la bancarrota de muchas de las petroleras en un escenario restrictivo, como el que se configura.
Como lo señala la carta pública de apoyo a la propuesta, firmada por un nutrido grupo de varios de las y los intelectuales más influyentes del planeta, el programa es “una apuesta por otras fuentes de ingresos, muchos de ellos basados en la rica biodiversidad del país, que facilitaría la generación de condiciones de vida digna para muchas personas, especialmente pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y víctimas del conflicto armado y de los megaproyectos energéticos. Este camino ubicaría al país a la vanguardia de la lucha climática efectiva y brindaría las condiciones necesarias para proteger sus valiosos ecosistemas, fundamentales para la preservación de la vida en el país y el planeta”. Generar las condiciones institucionales, económicas y políticas para una transición energética gradual, amplia, incluyente y justa, es un reto de enormes proporciones. No se trataría solo de impulsar las ideas de un programa de gobierno, hablamos de una construcción colectiva que implica una profunda transformación cultural en la que entendamos el acceso a la energía como un derecho fundamental, en la que la conciencia de los límites planetarios, de los derechos de las siguientes generaciones, y la protección de la vida sean el valor rector. Advertir a tiempo un escenario inevitable es un acto de responsabilidad con el país, y precisamente, es el aspecto central de la propuesta del candidato.
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Nota tomada del portal “Las 2 Orillas” Escrita por Andrés Gómez, investigador del área de Energía y Justicia Climática del Censat Agua Viva
Fuente: Censat Agua Viva
