La justicia sigue en deuda con Sergio

Este 18 de marzo se cumplen dos años del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz, quien fue ultimado de varios disparos en medio del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, que luchan por la recuperación de sus territorios ancestrales.

Imagen: Allan McDonald | Rel UITA

 

Fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y miembro del Consejo de Autoridades Propias Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (Cdiaw), Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares impuestas en 2015 al Estado de Costa Rica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

En más de una ocasión, la Cidh se pronunció sobre el crimen e hizo un llamado a las autoridades costarricenses sobre su obligación a investigar, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del brutal asesinato.

Pese a eso, en septiembre del año pasado el Ministerio Público solicitó la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen.

Una decisión que se enmarca en un contexto de total impunidad de los delitos cometidos contra miembros de pueblos indígenas que están en proceso de recuperación de sus territorios.

Impunidad que va de la mano de la inoperancia de un Estado que, a pesar de la existencia de una ley que regula y garantiza los derechos territoriales de los pueblos indígenas, no avanza en el reordenamiento y saneamiento territorial, dejando a la población más expuesta a ataques.

La solicitud de desestimación del caso del asesinato de Sergio Rojas fue objeto de un fuerte llamado de Naciones Unidas a Costa Rica, a continuar las investigaciones hasta llegar al esclarecimiento de la verdad.

Finalmente, a mediados de enero de este año, el Juzgado Penal de Buenos Aires, rechazó dicha solicitud y resolvió la continuación de las investigaciones, instando a la Fiscalía a agotar las diligencias pendientes y a realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de ‘debida diligencia’.

Siempre en enero, la subcomisión de la Comisión especial permanente de derechos humanos de la Asamblea Legislativa urgió a la Fiscalía a aplicar “toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena”.

“Hasta lograr justicia”

Sergio ha venido encabezando la lucha por la recuperación de los territorios indígenas en Salitre, enfrentándose a instituciones racistas y a empresarios.

El Estado nunca le garantizó la protección necesaria y el resultado es que fue asesinado.

A pesar de eso, el movimiento indígena autonómico no ha parado y Sergio sigue siendo un referente muy importante en su lucha cotidiana”, dijo a La RelMariana Porras, miembro de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon).

Porras lamentó la impunidad que aún envuelve el crimen del líder indígena Bribri.

“La impunidad es absoluta y la seguimos denunciando. Hay una total falta de reconocimiento del derecho indígena y un irrespeto a la legislación nacional y a convenios internacionales sobre pueblos indígenas.

Siguen sufriendo invasiones, ataques, agresiones y el sistema judicial sistemáticamente desestima las denuncias.

Está claro que no hay ningún interés en resolver esta situación. Hay fuertes presiones de parte de empresarios y el gran capital para seguir explotando los territorios con actividades extractivistas y agroindustriales”, indicó la activista ecologista.

Pese a eso, los pueblos indígenas costarricenses, el movimiento ecologista, las organizaciones sociales continuarán exigiendo verdad y justicia para Sergio.

“Vamos a seguir haciendo la lucha, visibilizando el caso. Este 18 de marzo vamos a desarrollar varias actividades, exigiendo un alto a la impunidad. Esta va a ser nuestra tarea, hasta lograr justicia”, concluyó Porras.

 

 

 

Fuente: Rel UITA

Boletín Ecológico de Panamá #132

De la primera quince de marzo de 2021

Emitido por Radio Temblor. Medio Alternativo del Colectivo Voces Ecológicas COVEC.

Escuche aquí la producción sonora:

Indígenas Bri Bri denuncia invasión de tierras y tala de árboles

Representantes indígenas Bri Bri ubicados en Bocas del Toro y límite de la frontera con Costa Rica presentaron una denuncia ante el Ministro de Ambiente Milciades Concepción sobre la tala ilegal e invasión de tierras. El Rey Bulu del pueblo Bri Bri Joaquín González, explicó que dentro del poblado se registra la construcción de una carretera que no cuenta con los debidos Estudios de Impacto Ambiental y la obra se da en zonas adyacentes al Parque Internacional La Amistad. También se mostró preocupado por los creciente casos de tala ilegal en el área. A tales efectos negativos el ministro de ambiente se comprometió en realizar una alianzas con el Servicio Nacional de Fronteras y con la dirección regional de MiAMBIENTE en Bocas del Toro, para reforzar los patrullajes en el área y evitar que se registren más casos de deforestación, o cualquiera actividad que atente contra la protección de los recursos naturales. 

Cuarta línea energética amenaza la biodiversidad y pueblos del norte de Veraguas

Representantes del Congreso Ngäbe Buglé y Campesino del Norte de Santa Fe en la Provincia de Veraguas presentan formal denuncia a la sede de la Defensoría del Pueblo ante la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica. Una megaobra impulsada por Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), sobre el istmo panameño. Que se extiende a lo largo de la costa atlántica de Panamá, desde Chiriquí Grande (Provincia de Bocas del Toro) pasando por la provincia de Veraguas hasta el este de Panamá (Región capitalina). Cuyo financiamiento es realizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial. Rogelio Urriola, Presidente del Congreso Ngäbe Buglé y Campesino del Norte de Santa Fe en la Provincia de Veraguas expresó la cuarta línea representa una mega amenaza a su territorialidad y modus vivendi cultural como pueblos soberanos y la biodiversidad del norte de la provincia de Veraguas.

Colectivo Voces Ecológicas COVEC

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Fuente: Radio Temblor

Reunião anual do BID: Jubileu Sul/Américas alerta para o endividamento como “solução” da crise

A reunião anual das Assembleias de Governadores do BID e do BID Invest acontece virtualmente deste 17 de março até o próximo dia 21, reunindo ministros, presidentes de bancos centrais, autoridades dos países membros, bancos privados e instituições financeiras multilaterais. Com os países enfrentando o segundo ano de pandemia, o que se vê é uma maior investida e pressão imperialista sobre os territórios, e não por acaso o atual presidente do BID é, pela primeira vez, um estadunidense, Mauricio Claver-Carone, assessor de Donald Trump para a América Latina e eleito em setembro passado ao banco.

Pode parecer algo distante, mas na verdade as decisões macroeconômicas do encontro interferem diretamente na nossa vida, como o orçamento para a saúde e educação em nossos países. Na prática, o que está em jogo não é alocação de recursos, mas decisões de um modelo que responde à agenda de privatização e de precarização das condições de vida da população.

Para a Rede Jubileu Sul/Américas, o que também está em jogo, agora mais do que nunca para o pós-pandemia, é o conceito de desenvolvimento, esse que é ligado ao acúmulo de lucro, à financeirização, aos projetos extrativistas com capital do BID e a falsa promessa de “bem” que traz inúmeros prejuízos, violações de direitos das comunidades e da natureza.

Aumentaram os empréstimos em nome da pandemia, e a crise sociossanitária é agravada por outra mais profunda, que na visão da Rede é a crise do modelo de produção de acumulação heteropatriarcal, capitalista e extrativista, na busca por se reinventar. Por isso, o Jubileu Sul/Américas alerta para as “soluções” da crise porque o objetivo do BID é sempre a busca de poder sobre nossos Estados perpetuando os processos de endividamento.

Na visão da Rede, é preciso compreender que não se trata de um banco como tal, mas de um grupo corporativo com um poder institucionalizado historicamente na região da América Latina e Caribe, que atua interconectado com as diferentes esferas dos setores público e privado, com interlocução nas muitas instâncias de toda a região. Não é apenas financiamento ou finanças públicas, mas um poder corporativo, político, econômico, financeiro e ideológico, estrutural e organizado, que é supra estadual e supranacional.

Qualquer que seja o cenário, prevalece o conluio do capital das instituições financeiras para que os povos continuem prisioneiros, vítimas de dívidas que os Estados contraem sem consultar a população, numa armadilha arquitetada para continuarmos pagando dívidas ilegítimas e imorais não apenas financeiras, mas também a perpetuação de dívidas sociais e ecológicas.

A vida acima da dívida e do lucro!
Somos os povos, os credorxs!

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Fuente: Jubileu Sul Brasil

SOLIDARIDAD CON EL QUERIDO PUEBLO DE HAITÍ EN SU LUCHA POR DEMOCRACIA, JUSTICIA Y REPARACIONES DE LA MINUSTAH

         

Al Secretario General de la ONU, António Guterres

Al Secretario General de la OEA, Luis Almagro

A los gobiernos de los países miembros de la ONU y la OEA

Al pueblo de Haití y sus organizaciones

De nuestra consideración

Haití atraviesa una vez más una crisis muy profunda. Actualmente, un elemento central de la misma es la lucha contra la dictadura impuesta por el expresidente Jovenel Moïse.

Desde el año pasado este señor, luego de decretar el cese del Parlamento, gobierna mediante decretos, violando de manera permanente la Constitución del país. Así́, por ejemplo, se rehúsa a abandonar el poder a pesar de que su mandato venció́ el 7 de febrero de 2021, alegando que éste termina el 7 de febrero del año próximo, sin ningún sustento legal. Esto lo hace a pesar de los múltiples pronunciamientos en contra por parte de las principales instancias jurídicas del país, tales como el CSPJ (Consejo Superior del Poder Judicial), la Federación que agrupa a las Asociaciones de Abogados Haitianos, así́ como también de las Federaciones Religiosas y numerosas instituciones representativas de la sociedad. En ese momento, además, hay una huelga de funcionarios judiciales lo que deja al país sin ningún organismo del poder judicial funcionando.

Al mismo tiempo, esta crisis institucional se enmarca dentro de una inseguridad que afecta prácticamente a todos los sectores de la sociedad haitiana. Una inseguridad que se expresa a través de salvajes represiones de las movilizaciones populares por parte de la PNH (Policía Nacional Haitiana) domesticada por el Ejecutivo, ataques a periodistas, distintas masacres en barrios populares, asesinatos y detenciones arbitrarias de opositores, detención de un juez de la Corte de Casación bajo pretexto de fomentar un supuesto complot contra la seguridad del Estado y para asesinarlo, revocatoria ilegal y arbitraria de tres jueces de esta Corte, creación de centenares de grupos armados que siembran el terror sobre todo el territorio nacional y que responden al poder, transformando al secuestro de personas en una industria bastante próspera para esos criminales.

Los 13 años de ocupación militar por las tropas de Naciones Unidas a través de la MINUSTAH, así́ como las operaciones de prolongación de una situación de tutela a través de la MINUJUSTH y de la BINUH han agravado la crisis haitiana, apoyando a los sectores retrógrados, antidemocráticos y mafiosos. Además, cometieron graves crímenes contra la población haitiana y sus derechos fundamentales (como la introducción del cólera) que merecen procesos ejemplares de justicia y reparación. El pueblo de Haití́ pagó cara la intervención de MINUSTAH: 30 MIL MUERTOS por el cólera llevado por los soldados, miles de mujeres violadas, que ahora tienen hijos huérfanos de padres vivos, los soldados que regresaron a sus países. Nada cambió positivamente en 13 años, más desigualdad social, más pobreza, más dificultades para el pueblo y ausencia de democracia.

Las condiciones de vida de los sectores populares se han agravado de manera dramática como consecuencia de más de 30 años de políticas neoliberales impuestas por las instituciones financieras internacionales (IFIs), una severa crisis cambiaria, la congelación del salario mínimo y una inflación superior al 20% durante los 3 últimos años.

Ahora cabe recalcar que, a pesar de esta situación tan dramática, el pueblo haitiano sigue firme y se moviliza de manera constante para impedir la consolidación de dicha dictadura exigiendo la partida inmediata del expresidente Jovenel Moïse. Recientemente los días 14 y 28 de febrero centenares de miles de ciudadanos/ciudadanas expresaron claramente en la calle su rechazo a la dictadura y su firme compromiso para el respeto de la Constitución.

Teniendo en cuenta la importancia de esta lucha y que este régimen dictatorial goza todavía del apoyo de gobiernos imperialistas tales como los de Estados Unidos, Canadá́, Francia y de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la UE y el FMI, llamamos a escuchar al pueblo de Haití que exige el fin de la dictadura así́ como también el respeto a su soberanía y autodeterminación y la instauración de un régimen de transición político controlado por los actores haitianos que tenga suficiente espacio como para lanzar un proceso de auténtica reconstrucción nacional.

Reclamamos en especial a la ONU y la OEA – que ciertamente no tiene derecho ni moral a inmiscuirse en las elecciones y otros asuntos internos de los países miembros -, a los gobiernos de todos los países, sobre todo los que se prestaron para “ocupar humanitariamente” a Haití durante 13 años, a través de la MINUSTAH-, que dejen de comportarse como si Haití fuera su colonia. ¡Basta de injerencia! Su deber es otro: asegurar justicia y reparaciones por todos los crímenes que han cometido contra ese pueblo y país, incluyendo la introducción del cólera, la violación y los abusos sexuales, la impunidad de su manipulación electoral y el uso de la “cooperación” para sus propios fines.

Solo el pueblo haitiano puede decidir sobre su futuro, pero en ese caminar cuenta con nuestra solidaridad y disposición a apoyarle con todas las acciones a nuestro alcance. Abajo Jovenel Moïse y que se establezca un gobierno popular de transición, hasta que se elija una Constituyente de forma democrática.

Por una Haití Libre y Soberana,

FIRMAS

SOLIDARITY WITH THE PEOPLE OF HAITI IN THEIR STRUGGLE FOR DEMOCRACY, JUSTICE, AND REPARATIONS

To the Secretary General of the UN, António Guterres

To the Secretary General of the OAS, Luis Almagro

To the governments of the member countries of the UN and the OAS

To the people of Haiti and their organizations

Of our consideration

Haiti is once again going through a profound crisis. Central to this is the struggle against the dictatorship imposed by former president Jovenel Moïse. Since last year Mr. Moise, after decreeing the dismissal of Parliament, has been ruling through decrees, permanently violating Haiti’s constitution. He has refused to leave power after his mandate ended on February 7, 2021, claiming that it ends on February 7 of next year, without any legal basis. This disregard of the constitution is taking place despite multiple statements by the country’s main judicial bodies, such as the CSPJ (Superior Council of Judicial Power) and the Association of Haitian Lawyers. Numerous religious groups and institutions that are representative of society have also spoken. At this time, there is a strike by the judiciary, which leaves the country without any functioning judicial power.

At the same time, this institutional crisis is framed in the insecurity that affects practically all sectors of Haitian society. An insecurity expressed through the savage repression of popular mobilizations by the PNH (Haitian National Police), at the service of the executive power. They have attacked journalists and committed various massacres in poor neighborhoods. Throughout the country, there have been assassinations and arbitrary arrests of opponents. Most recently, a judge of the High Court was detained under the pretext of promoting an alleged plot against the security of the State and to assassinate the president, leading to the illegal and arbitrary revocation of three judges of this Court. This last period has also seen the creation of hundreds of armed groups that spread terror over the entire country and that respond to power, transforming kidnapping into a fairly prosperous industry for these criminals.

The 13 years of military occupation by United Nations troops through MINUSTAH and the prolongation of that guardianship through MINUJUSTH and BINUH have aggravated the Haitian crisis. They supported retrograde and undemocratic sectors which, along with gangsters, committed serious crimes against the Haitian people and their fundamental rights. For this, the people of Haiti deserve a process of justice and reparations. They have paid dearly for the intervention of MINUSTAH: 30 THOUSAND DEAD from cholera transmitted by the soldiers, thousands of women raped, who now raise orphaned children whose fathers, still alive, returned to their countries without assuming any responsibility. Nothing has changed for the better in 13 years, more social inequality, poverty, more difficulties for the people. The absence of democracy remains the same.

The poor’s living conditions have worsened dramatically as a result of more than 30 years of neoliberal policies imposed by the International Financial Institutions (IFIs), a severe exchange rate crisis, the freezing of the minimum wage, and inflation above 20% during the last three years.

It should be emphasized that, despite this dramatic situation, the Haitian people remain firm and are constantly mobilizing to prevent the consolidation of a dictatorship by demanding that former President Jovenel Moïse immediately leave office. Recently, on February 14 and 28, hundreds of thousands of citizens clearly expressed in the streets their rejection of the dictatorship and their firm commitment in favor of respecting the Constitution.

Taking into account the importance of this struggle and that this dictatorial regime still has the support of imperialist governments such as the United States of America, Canada, France, and international organizations such as the UN, the OAS, the EU, and the IMF, we call on you to listen to the people of Haiti who are demanding the end of the dictatorship as well as respect for their sovereignty and self-determination and the establishment of a transition government led by Haitians to launch a process of authentic national reconstruction.

We especially call on the UN and the OAS – which certainly has no right or morals to interfere in elections and other internal affairs of member countries -, on the governments of all countries, especially those that lent themselves to the “humanitarian occupation” of Haiti for 13 years, through MINUSTAH -, to stop behaving as if Haiti were their colony. Enough of intervention! Their duty is another: to ensure justice and reparations for all the crimes they have committed against that people and country, including the introduction of cholera, rape and sexual abuse, the impunity of their electoral manipulation and the use of “cooperation” for their own ends.

Only the Haitian people can decide their future, but in this effort, they can count on our continued solidarity and willingness to support with all the actions within our reach.  Down with Jovenel Moïse and yes to a popular transitional government, until a Constituent is democratically elected.

Escuchen el clamor de nuestro pueblo

Los recientes, y lamentablemente reiterados incendios forestales en Chubut, se cobraron ya dos vidas, y afectaron a más de 300 habitantes que han quedado sin casas. Las comunidades mapuches han denunciado la afectación del bosque nativo, su sustitución por plantaciones forestales sobre todo de pinos que son grandes consumidores de agua y altamente vulnerables a los incendios. En esta ocasión el fuego arrasó tanto bosques nativos como implantados. Las causales de estos incendios son objeto de investigación en este momento, aunque resulta evidente por la sucesiva reiteración de estos hechos, la intencionalidad de intereses empresarios en ocupar esos territorios para emprendimientos inmobiliarios y mineros.

Los pobladores afectados, socorristas y el pueblo en general de Chubut, han dado y siguen dando ejemplos de solidaridad en atender la emergencia con los damnificados. Máxime cuando enfrentan una ofensiva de medios hegemónicos y dirigentes nacionales como el senador Wereltineck, la ex ministra de seguridad Bullrich o el actual Auditor General Pichetto, quienes han acusado por los incendios al pueblo mapuche, en un claro ejercicio de racismo y convocatoria a la represión.

El pueblo de Chubut viene protagonizando una intensa y enérgica lucha contra la megaminería y los modelos extractivistas. Hace pocos días la masiva movilización logró impedir el tratamiento del proyecto de zonificación minera del gobierno que pretende imponer el Gobierno de Arcioni. En todos estos años la lucha ambiental ha sido pacífica, y han sufrido diversas represiones tanto por las fuerzas policiales, como paraestatales entre esta la ejercida por la burocracia sindical que operan como fuerzas de choque e intimidación.

En ese contexto provincial y en medio de la emergencia por el desastre, la presencia del gobierno nacional para relevar la situación y ayudar a los damnificados, fue opacada por hechos de violencia contra la comitiva del Presidente Alberto Fernández.

La justicia, esperamos independiente, debe investigar estos hechos y actuar según derecho, tanto por los incendios como por la agresión violenta contra la comitiva presidencial. Según la información que nos ha llegado,  ha quedado en evidencia que se habilitó una “zona liberada” por parte de la policía local, una patota de la Uocra intimidó a manifestantes ambientalistas y quienes tiraron piedras “curiosamente” bajaron y se retiraron en una camioneta propiedad de la policía provincial.

Nuevamente las acusaciones del gobierno provincial trataron de criminalizar la protesta ambiental antiminera, presente en el lugar.

El pueblo de Chubut se ha manifestado en reiteras formas durante mucho tiempo, a través de las Asambleas populares reclamando por sus derechos, sin ejercer la violencia, recurriendo a plebiscitos, consultas populares, peticiones jurídicas, movilizaciones para decir NO A LA MEGAMINERÍA, es un derecho del pueblo de reclamar a las autoridades que cumpla con la voluntad popular. El gobernador Arcioni realizó su campaña electoral expresando su rechazo a la megaminería, luego se abrazó con el lobby minero que no ha escatimado medios y sobornos para lograr imponer sus intereses en la legislatura provincial.  

Tanto el gobierno nacional, como el provincial saben de los informes científicos y médicos que confirman  los daños provocados  por la megaminería; el uso de cianuro y mercurio  para el tratamiento metalífero, la contaminación del agua y el medio ambiente y el deterioro de la salud de la población y  de la Madre Tierra. No pueden desentenderse del problema y menos seguir promocionando, en eventos mineros internacionales, emprendimientos altamente cuestionados por las poblaciones locales.

Desarrollo no es explotación, debe buscarse el equilibrio entre las necesidades del ser humano y la Madre Tierra, caso contrario se daña profundamente la vida planetaria y la de nuestro país. Todxs lxs pueblos cordilleranos que enfrentan los modelos extractivistas, y en particular él chubutense, ya se han expresado contundentemente contra le megaminería “No es no”, ese no es el camino para alcanzar la justicia social y ambiental.

En lo inmediato, resulta urgente fortalecer el sistema de prevención de fuego, con los recursos necesarios para atender este tipo de emergencia y que se aporten los fondos necesarios para que la población afectada pueda reconstruir sus casas y reparar las pérdidas que tuvieron.

Sería importante que los gobernantes, quienes deben definir y ejecutar políticas públicas no sólo lean, sino que apliquen los lineamientos que el Papa Francisco ha expresado tanto en las Enciclicas “Laudato Si”, como “Fratelli Tutti” donde se cuestionan los modelos de depredación de la naturaleza. También debieran escuchar la voz de nuestros pueblos originarios en sus enseñanzas del Buen Vivir.  No somos los dueños de la Madre Tierra, somos sus hijos/ as y debemos cuidarla para proteger la vida  y el equilibrio entre las necesidades del ser humano y la Naturaleza, caso contrario estamos atentando contra nuestra “Casa Común”.

Adolfo Pérez Esquivel

Buenos Aires – 15-3-21

 

Fuente: Dialogo 2000