La Red Lationamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales nos sumamos al llamado internacional durante el mes de Marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional del Agua para visibilizar y reconocer el rol de las mujeres latinoaméricanas en la defensa y acceso al agua limpia y sana.
LasMujeresSomosAgua
//youtu.be/wHJ2FlPYTD8
Fuente: Colectivo Voces Ecologicas
En su resolución 1993/77, la Comisión de Derechos Humanos declaró que la “práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada”.
En poco más de seis meses que gobierna Marito Abdo Benítez, hemos comprobado que más que solucionar los problemas del acceso a la tierra y a la vivienda, está dispuesto a desalojar violentamente a las comunidades, sin tener en cuento los derechos humanos.
En su corta gestión, el Presidente del Paraguay tiene sumado ocho desalojos (más de uno por mes de gestión), estos son Asentamiento 27 de Mayo -Mora kue, Luque-, Takuara´i -Corpus Christi, Canindeju-, San Cristobal -Alto Paraná-, Toryete -Hernandarias, Alto Paraná-, O´leary -Alto Paraná-, Salado´i -Limpio, Dpto. Central- Yhú -Colonia Bella Vista, Caáguazu-, y ahora en el Asentamiento 12 de Junio -Isla Bogado, Luque-.
Miles de familias pobres, despojadas de lo poco que tenían quedan a la suerte de Dios, luego que el estado paraguayo da como solución a su necesidad de tierra y vivienda palo y desalojo. No hay distinción de si son comunidades indígenas, campesinas o sin techo. Aunque vale aclarar que las tierras fiscales usurpadas por empresas como Campo Morombi, Agrofertil, entre otras, no sólo no corren amenaza de desalojo, sino que están resguardadas por las fuerzas represivas del Estado paraguayo.
SOBRE ESTE ÚLTIMO DESALOJO EN ASENTAMIENTO 12 DE JUNIO -ISLA BOGADO, LUQUE.
Es en este contexto, poco antes de las 7 de la mañana, alrededor de 2.000 (dos mil) efectivos policiales, ingresaron de manera violenta al predio de 68 hectáreas de la estatal Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), con el fin de desalojar a 1.200 (mil doscientas) familias pobres asentadas desde mediados del 2018.
El 28 de febrero pasado, con un corte de ruta que une a Capiatá con Luque, los “Sin Techo” se manifestaron contra la posibilidad de un desalojo forzoso, donde dejaron claro que la alternativa de abandonar esas tierras no era posible ya que no tenían adonde ir, el gobierno no les daba otra opción, a la vez que habían invertido los pocos guaraníes que tenían en mejoras del predio, abandonado por la COPACO hace tiempo.
El accionar despiadado de la policía con carros hidrantes, la montada y cascos azules, generó una resistencia que los ocupantes no pudieron sostener por demasiado tiempo. Mujeres, niñas, niños y hombres fueron heridos con brutalidad. Otro punto preocupante es que no se tiene el número de “sintechos” heridos ni detenidos. Este desalojo sumado al de Alto Paraná, ha dejado a 1.800 (mil ochocientas) familias en la calle, cientos de personas heridas y más de un centenar de detenidos.
Lo paradójico es que el predio pertenece al Estado paraguayo, el mismo que debería velar por los derechos de estas familias que hoy dormirán en la calles. Al respecto las Naciones Unidas dicen que es “la obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales. Entre éstos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…”.
Marito Abdo Benítez, un Presidente que poco ha hecho y mucho ha viajado, que se ha mostrado más atento a la agenda de Trump que a la de su país, que su economía decae mientras sube el dólar, deja en claro que está dispuesto a sustentar su gobierno en perseguir a los pobres, avasallar sus derechos, y aumentar la violencia del accionar de las fuerzas policiales. Un cóctel de medidas que se repite en Presidentes sin proyectos, con agendas de los intereses del capital local y transnacional que en estos tiempos abundan por América. Ante esto, sólo nos queda la lucha y la organización.
Como ALBA Movimientos condenamos estos actos violentos contra el pueblo paraguayo.
Exigimos al gobierno de Marito Abdo Benítez que detenga este tipo de acciones y cumpla con el deber de proteger a sus conciudadanos.
Reclamamos garantías para las poblaciones desplazadas, y que los organismos regionales e internacionales que tienen la obligación de atender estos asuntos hagan cumplir lo que está establecido en estos casos.
ALBA Movimientos
Marzo del 2019
Fuente: ALBA Movimientos
El pasado dos de marzo se cumplieron tres años del asesinato de Berta Cáceres, ejecutado por militares y empleados de la empresa (DESA) ,propiedad del clan Atala-Faraj, sin que hasta la fecha se haya condenado autor intelectual alguno.
El caso del asesinato de Berta, desde un inicio fue entorpecido y tergiversado por las fuerzas de seguridad y operadores de justicia, los que se confabularon para tratar de entorpecer las investigaciones y de esta forma ocultar los indicios que pudieran involucrar a los autores intelectuales.
Con la reciente presentación del caso “Fraude sobre el Gualcarque”, que realizó la Maccih, quedó demostrada la ausencia perpetua que se viene dando en Honduras sobre la debida diligencia, y la forma como los operadores de justicia de forma deliberada se especializan en impedir la aplicación de la ley.
Berta Cáceres fue condenada a muerte por un sistema feudal y patriarcal que viene controlando a Honduras históricamente prestándose a la explotación y destrucción de la madre tierra y tratando a los humanos como si fueran una simple mercancía.
La persecución desencadenada en Honduras contra de los defensores de la madre tierra, forma parte de una política de estado, llegando al extremo que algunas funcionarios han llegado a manifestar públicamente que “Podrían existir fuerzas ideológicas extranjeras interesadas en boicotear la inversión nacional”, pretexto con el avalaron la creación de fuerzas de seguridad especialidad para proteger a las “inversiones”; ademas desencadenar una furiosa persecución judicial en contra de aquellos que defienden la madre tierra.
El libro publicado por el bufete Amstermand & Partnes, intitulado “guerra contra el desarrollo”, en el que presentan una visión sesgada con el propósito de lavarle la imagen a DESA y el clan Atala, es un indicador la capacidad de manipulación y difamación que tiene la elite de poder en Honduras. Tratar de presentar a los defensores tierra como enemigos del desarrollo e ignorantes, demuestra la prepotencia de la elite empresarial y de los sicarios judiciales como Amsterdam & Partners que aparecen en escena como aves de rapiña.
La implosión que se vive en Honduras, acompañada de un nuevo repunte de la violencia y un éxodo masivo, es una señal ominosa del colapso económico y ambiental. El descrédito para Honduras causado por el caso del asesinato de Berta Cáceres es singular, sobre todo cuando los hechos ratifican la existencia de una parcialización en la aplicación de justicia en relación al encubrimiento de los verdaderos culpables, quienes son los mismos que instigaron el golpe de estado y vienen destruyendo las instituciones y saqueando a Honduras.
Mientras no haya justicia en el premeditado asesinato, todo nos lleva a concluir que el asesinato de Berta es un crimen de estado.
La Ceiba, 7 de marzo de 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña
Fuente: OFRANEH
Ante el anuncio público de la MACCIH-UFECIC de la presentación de requerimiento en contra de 16 funcionarios públicos, autoridades locales y empleados de la empresa asesina DESA, por la comisión de delitos de fraude y corrupción para obtener licencias y permisos para el desarrollo de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH comunica lo siguiente:
– Saludamos el avance que significa el requerimiento fiscal contra estas 16 personas, de las cuales muchas fueron denunciadas por el COPINH y Berta Cáceres, sin embargo, lamentamos su tardanza
– Cuestionamos la decisión de no presentar acciones contra los dueños de la empresa DESA; la familia Atala Zablah y contra los encargados de gobierno de estas políticas, como el ex ministro Rigoberto Cuéllar, principales responsables de estas violaciones.
– Berta Cáceres fue asesinada debido a la existencia de estas estructuras mafiosas dentro del Estado en colusión con la empresa privada. Mientras estas no sean desmanteladas, no pararán las muertes y ataques contra las comunidades indígenas.
– Berta Cáceres y el COPINH hemos denunciado en innumerables ocasiones los proyectos de Minería, Hidroeléctricas y similares, como proyectos de muerte y de saqueo por sus comportamientos permanentes violatorios de derechos de las comunidades y en general. La corrupción y los asesinatos forman parte de esas prácticas y el Estado debe detenerlas.
– Instamos a investigar a las estructuras de la empresa privada como la AHER, dirigida Elsia Paz, quien es altamente racista y ha expresado reiteradamente su desprecio por los pueblos indígenas, por su involucramiento en estos casos de corrupción y fraude.
– El caso de DESA/Agua Zarca/Familia Atala Zablah no es un caso aislado, representa la forma de funcionamiento del saqueo de los bienes del pueblo hondureño por parte de la inescrupulosa empresa privada. Es la misma situación que sufren las comunidades en el río Petacón de Reitoca, Jilamito y Pajuiles en Atlántida, Azacualpa en Copán, Guapinol en Colón y en los proyectos extractivistas de las ZEDES en la costa norte y en Choluteca. Así como la extracción de madereras en Locomapa y en los bosques de Intibucá.
– Denunciamos las responsabilidades de los bancos financiadores de estos proyectos, en especial el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y FICOHSA por su colusión ante estos actos de corrupción y ausencia de control de sus inversiones. Exigimos su investigación.
– Exigimos que el gobierno de Honduras cancele la concesión sobre el sagrado río Gualcarque de la comunidad de Río Blanco por su naturaleza de en corrupción, ilegalidad, e ilegitimidad, haber causado muerte en Río Blanco y la muerte de Berta Cáceres.
Los funcionarios públicos cometen fraude y corrupción porque empresarios les dan dinero y prebendas. ¿Dónde están los requerimientos contra Daniel Atala, Jacobo Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala; contra aquellos grandes empresarios que compran a funcionarios públicos para aprovecharse de las comunidades y del Estado de Honduras?
Aunque estos avances representan victorias conseguidas a base de sangre y dolor para el pueblo Lenca y para las organizaciones sociales y populares que luchamos en contra del saqueo y el modelo extractivista de muerte, reafirmamos nuestro compromiso y convicción de seguir luchando por la libertad de nuestros territorios y en contra de las políticas estatales que flagelan la vida del pueblo hondureño.
#3AñosSinJusticia
#JusticiaParaBerta
#BertaViveCOPINHSigue
Dado en la ciudad de la Esperanza a los 04 días del mes de marzo de 2018.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Fuente: COPINH
No dia 25 de janeiro de 2019, três anos após o maior crime ambiental do país, voltamos a viver uma grande tragédia causada pela mineração. O rompimento da Barragem I, no Complexo do Córrego do Feijão, da empresa Vale S.A. contabiliza, até o dia 22 de fevereiro, 177 óbitos e 133 pessoas desaparecidas. Passado um mês do rompimento da barragem, é seguro dizer que ao menos 310 pessoas morreram em decorrência de mais um crime da Vale S.A.. O ocorrido em Brumadinho já é considerado o pior desastre humano envolvendo barragens no mundo desde 1985, quando aproximadamente 270 pessoas morreram devido à ruptura de duas barragens acima do vilarejo de Stava, no norte da Itália. Além de ser o maior acidente de trabalho já registrado no Brasil. Mais uma vez, o Brasil e o mundo se chocam e se indignam por um crime de mineração, perpetrado pela empresa Vale S.A.
Conforme os dias vão passando, as notícias dão conta da incompetência e descaso da Vale em lidar com a segurança em suas instalações. Mesmo após três anos do ocorrido em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão, a Vale continua operando com desmazelo para com a vida humana e o meio ambiente: (1) as sirenes de emergência não tocaram, (2) o prédio administrativo, o restaurante da unidade e a comunidade do Córrego do Feijão encontravam-se na rota de propagação do rejeito, retirando de trabalhadores (as) e população local qualquer chance de salvamento em caso de rompimento; e (3) documentos internos da empresa revelaram o conhecimento da Vale sobre os riscos de rompimento da barragem I em Brumadinho desde novembro de 2017.
Dias após o rompimento da barragem em Brumadinho, membros da Articulação dos estados do Rio de Janeiro e Maranhão juntaram-se a alguns membros de Minas Gerais, como o Movimento pelas Águas e Serras de Casa Branca – que desde 2010 têm apresentado alertas e denúncias consistentes a respeito das operações da Vale no município – para a realização de uma missão de sete dias na região.
A missão esteve nos principais pontos afetados por esta catástrofe e teve como objetivo documentar a atuação dos órgãos públicos envolvidos na assistência às vítimas e seus familiares, e, em especial, compreender a atuação da empresa diante da gravidade das violações perpetradas. Como resultado da missão, foi lançado um documento com as observações preliminares da complexa situação enfrentada pelo município e pela população. O documento evidencia a confusão de papéis entre a empresa e o Estado na gestão do desastre. Tal confusão não é ocasional, mas decorre da desmontagem e submissão do Estado brasileiro em seus múltiplos órgãos e agências, a agenda do modelo de exploração privatista e neoxtrativista.
Observou-se também a dificuldade de acesso a algumas informações que deveriam ser de caráter público, como o plano de emergência da barragem, com os referidos laudos, e constatou-se a patente falta de transparência e de compromisso com a verdade por parte da empresa Vale.
O documento salienta, por fim, que a catástrofe ocorrida em Brumadinho tem direta relação com um comportamento ativo da Vale S.A. na desqualificação, silenciamento, monitoramento e criminalização de defensores de direitos humanos e ambientais. Esta prática não se restringe aos movimentos locais do município de Brumadinho, os quais vem, de longa data, incidindo junto à empresa e aos órgãos públicos na denúncia e resistência aos impactos presentes e futuros de seus empreendimentos. Ao contrário: trata-se de uma prática consolidada, que encontra paralelo em todos os lugares onde a Vale atua.
O mesmo comportamento ocorreu na evacuação de 500 pessoas nas cidades de Barão de Cocais (distante 100 km de Belo Horizonte), em 08 de fevereiro, e de 200 pessoas em Nova Lima (distante 25 Km de Belo Horizonte), no dia 16 de fevereiro. Ambos os locais encontram-se próximos de barragens da Vale e tiveram que ser evacuados por não haver garantia de segurança das estruturas. Relatos indicam que as evacuações foram realizadas de forma “caótica” e sem a devida disponibilização de informações aos moradores. A empresa nunca apresentou de forma ampla um plano de emergência para essas duas regiões, e mesmo afirmando que realizou uma reunião para apresentar o referido plano, a população local não tinha conhecimento do mesmo.
Em todo esse cenário, uma pergunta permanece: como é possível um novo rompimento de barragem ocorrer no mesmo estado e com a mesma empresa após o que vivemos com a tragédia-crime da Bacia do Rio Doce, que deixou 19 mortos (as), centenas de desabrigados (as) e poluiu o Rio Doce por quilômetros, até o mar do Espírito Santo, afetando o abastecimento de água de diversos municípios e o modo de vida de inúmeras comunidades, que sofrem até as duras consequências dessa tragédia?
Podemos começar a responder essa pergunta indagando sobre o modelo de mineração adotado pelo Brasil e em boa parte do mundo,, que cotidianamente, para além de casos extremos como os de Mariana e Brumadinho, mata e destrói os modos de vida das comunidades próximas e também o meio ambiente. O minério de ferro é um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira, tendo em 2018 atingido o volume de 394,24 milhões de toneladas. A Vale é a maior exportadora de minério de ferro do mundo. Grande parte do produto que comercializa é extraída no Brasil, de onde o minério é arrancado e remetido para outros países sem passar por qualquer processo industrial.
A Lei Kandir, de 1996, é uma importante lei para o setor, já que isenta de pagamento de imposto produtos não industrializados, entre eles os da mineração. A lei é responsável pela perda de meio trilhão de reais aos estados brasileiros e coloca ênfase no papel de exportador de matéria-prima do Brasil no mercado internacional. A referida lei desconsidera que o minério é um bem público e que sua extração decorre de uma concessão do estado, beneficiando o lucro das empresas em detrimento dos territórios, aos quais são relegadas todas as mazelas da mineração, como degradação dos recursos hídricos, contaminação dos solos, poluição do ar, destruição de ecossistemas diversos, sufocamento das alternativas econômicas locais, desagregação de comunidades e povos tradicionais que convivem cotidianamente com a mineração e muitas vezes acabam sendo desterritorializados. Neste cenário, um bem público e coletivo acaba gerando lucro para poucos, deixando um rastro de sofrimento e morte nos territórios.
Um outro elemento que fortalece esse modelo minero-exportador são as constantes flexibilizações da legislação que regulam o licenciamento dessas atividades, com a justificativa de que o procedimento sofre de burocratização e lentidão. Foi um processo simplificado que permitiu à Vale S.A. conseguir a aprovação de ampliação do complexo Paraopeba, que inclui a mina Córrego do Feijão, em dezembro de 2018. Com a redução da classificação do empreendimento de classe 6 para classe 4 (diminuindo a categoria que define o potencial poluidor do empreendimento) foi possível aprovar concomitantemente três licenças (prévia, de instalação e de operação).
A reunião de aprovação da licença (37ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades Minerárias – CMI – do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM), realizada em 11 de dezembro de 2018, foi de intensa discussão e com manifestação contrária da comunidade local, que já vinha sofrendo com os impactos hídricos na região, causados pela mineração. Porém, somente a conselheira Maria Teresa Viana de Freitas Corujo, indicada ao Conselho pelo Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas – Fonasc, votou contra a aprovação da licença. Seu argumento foi exatamente o de que o rigor no processo de ampliação e continuidade da mina do Córrego do Feijão estava aquém do necessário, considerando-se o tamanho e potencial poluidor do empreendimento. Na oportunidade, a conselheira chamou atenção para o fato de que o processo seguia as especificidades referentes a empreendimento classe de risco 4 (médio impacto ambiental), quando deveria ser licenciado como de classe 6 (grande porte e potencial poluidor), visto que nesta última modalidade, o prazo do procedimento seria alongado, diante de um maior número de fases e análises técnicas para o procedimento de licenciamento.
A ampliação do complexo permitiria um aumento de 88% na produção, o que demandaria um procedimento mais lento, com maior análise dos riscos e ampliação do diálogo com a sociedade. Todavia, a sociedade civil organizada mais uma vez não foi considerada um ator relevante no processo de licenciamento.
Outro ponto de revisão necessária nesse modelo minerário adotado pelo Brasil, é o auto monitoramento, que permite que as empresas contratem de forma direta auditores supostamente independentes que verificam e atestam a segurança de suas operações. Essa relação direta possui um inerente conflito de interesses, já que quem atesta a segurança é pago por quem deseja não ter problemas que causem paralisação de suas atividades. Essa observação é corroborada pelos depoimentos dos engenheiros da empresa de consultoria alemã “Tüv-Süd”, prestados à força-tarefa criada para apurar o rompimento da barragem em Brumadinho, que afirmam terem sofrido pressão da Vale para liberar a declaração de estabilidade da barragem que ruiu.
O laudo referido atestou a estabilidade da estrutura, mas detectou problemas no sistema de drenagem e destacou que a estabilidade do alteamento estava no limite de segurança das normas brasileiras. Entretanto, tudo indica que a empresa não tomou as medidas cabíveis e assumiu deliberadamente os riscos. Essa é mais uma evidência de como o sistema atual é falho e requer ampla reestruturação. Em um setor que requer tolerância zero, não é possível deixar a cargo das empresas qualquer atestado de segurança.
Ao movimento de automonitoramento soma-se o desmantelamento do aparato estatal de controle desses empreendimentos, fato que favorece diretamente as empresas. O que se observa é que a estratégia de intensificação da extração mineral no país vem atrelada à constante precarização dos órgãos reguladores.
Neste cenário, a resposta não está simplesmente em impedir novas flexibilizações e/ou simplificações do processo de licenciamento ambiental. É necessário ampliar a ingerência estatal sobre o processo, ampliando, também, a capacidade de atuação estatal em número de profissionais e tecnologia, bem como incluir verdadeiramente a sociedade civil como parte efetiva das decisões acerca dos empreendimentos minerários. É importante, ainda, bloquear o intenso lobby das mineradoras, revisando leis como a Lei Estadual no 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que flexibilizou o licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais, possibilitando que a expansão do Complexo do Córrego do Feijão fosse classificada como classe 4, sendo que comprovadamente pertencia a classe 6, além de não permitir a fragmentação do licenciamento ambiental, o que acaba por subdimensionar os efeitos nocivos do empreendimento, limitando a capacidade de visualizar os impactos socioambientais de maneira ampla.
Neste sentido, diversas organizações da sociedade civil, entre elas a Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, exigem a constituição de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigue a situação atual da grande mineração no Brasil, suas fragilidades e os impactos socioambientais que acompanham o modelo extrativista mineral. Também gostaríamos de felicitar a aprovação da lei estadual “Mar de lama nunca mais”, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 22 de fevereiro de 2019, que apresenta normas mais rígidas para o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no estado. Recomendamos e esperamos a aprovação definitiva pelo Governo do Estado, sem que haja veto a nenhum dos artigos da lei.
Compreendemos que o debate nacional sobre a mineração não pode se restringir às tecnologias utilizadas nas barragens. Mesmo com a proibição da Agência Nacional de Mineração (ANM) do uso do método de alteamento a montante no país (os mesmos usados na barragem de Fundão e Brumadinho), juntamente como construção de instalações na Zona de Autosalvamento (caso da Vale em Brumadinho), é necessário confrontar os impactos cotidianos da grande mineração para além da sua manifestação mais extrema.
Com a crescente demanda mundial por minérios, diante da amplitude dos impactos socioambientais que os empreendimentos minerários causam, não basta averiguarmos a segurança das barragens existentes. Para garantir a rigidez do meio ambiente e a vida de toda a população mundial com segurança e saúde, é urgente que reflitamos sobre a escala e ritmo de extração, particularmente nos países fornecedores desses minérios, que herdam os impactos socioambientais, com os riscos e danos recaindo de maneira mais dura e evidente sobre grupos étnicos mais vulneráveis, produzindo e reproduzindo desigualdades.
É relevante pontuar que a segurança das instalações mineiras e a defesa dos direitos socioambientais frente à mineração são reféns do mercado mundial de commodities e seus ciclos de preço. Estudos demonstram que os acidentes por queda de barragens acontecem com alta frequência entre 25 e 29 meses após períodos de boom das commodities. A urgência de lucrar rapidamente, em períodos de altos valores das commodities, leva as companhias a apressarem o ritmo e as taxas de extração, aumentando a infraestrutura necessária, sem cuidar suficientemente de sua segurança e estabilidade. As consequências chegam meses depois, mostrando a insustentabilidade deste sistema que prioriza exclusivamente a maximização dos lucros.
Diante de todo esse cenário e reflexão exigimos:
Por fim, lembramos e homenageamos todos e todas que tiveram suas vidas interrompidas pela mineração em Brumadinho, em Mariana e em diversas partes do Brasil e do mundo. Expressamos, ainda, a nossa irrestrita solidariedade à toda a população de Brumadinho, às famílias que sofrem a perda de seus entes queridos, àquelas que aguardam notícias. Não há palavras diante de tamanha dor.
Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale S.A.
Fuente: PACS
