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Rompimento de barragens em Brumadinho não foi acidente!
Rede Jubileu Sul Brasil denuncia que crime da Vela em Brumadinho (MG) é resultado do modelo econômico brasileiro, que é centrado na exportação do meio ambiente transformado em commodities, como o minério de ferro utilizado na fabricação de material bélico que espalha a morte, o extermínio e o êxodo dos povos.
O crime é também resultado de uma política irresponsável de fiscalização e do desmonte da política ambiental que se agrava com as mudanças climáticas e prejudica todos os seres vivos da Terra.
Fuente: Jubileu Sul Brasil
Karla Maria | Comunicação da RJSB
O crime socioambiental causado pela Vale S.A. no dia 25 de janeiro, em Brumadinho (MG), foi o pano de fundo para a reunião da coordenação da Rede Jubileu Sul Brasil realizada em São Paulo no último final de semana. A indignação ante o crime anunciado e denunciado muitos anos antes por entidades-membro da Rede foi apresentada e serviu de norte para o planejamento das ações de 2019 em torno de um dos eixos prioritários da rede, a Dívida Ecológica.
A coordenação nacional da rede se reuniu de 1 a 3 fevereiro no Ipiranga, em São Paulo, para discutir e traçar as estratégias de ação para 2019
A seguir você confere a posição oficial da Rede Jubileu Sul Brasil que há cerca de 20 anos denuncia o modelo econômico brasileiro, que é centrado na exportação do meio ambiente transformado em commodities, como o minério de ferro.
Rede Jubileu Sul Brasil manifesta apoio às famílias de Brumadinho (MG) e repudia crime socioambiental irreparável da Vale S.A.
Nós, entidades-membro da Rede Jubileu Sul Brasil, manifestamos nossa profunda dor e solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos no crime socioambiental cometido pela Vale S. A. no dia 25 de janeiro, em Brumadinho,na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Manifestamos nossa indignação e repúdio ante a conduta reincidente e criminosa desta empresa, já eleita uma das piores do mundo.
Além de causar a morte de centenas de trabalhadoras e trabalhadores – celetistas e terceirizados–, de moradoras, moradores e visitantes, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, tal como em Mariana, causou incontáveis impactos ambientais,despejando cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos tóxicos, vitimando inumeráveis seres vivos, incluindo toda a vegetação, e gerando a contaminação do rio Paraopeba (um dos afluentes do rio São Francisco), o que afeta a agricultura, a pesca e o modo de vida da população ribeirinha.
O crime irreparável é resultado do modelo econômico brasileiro, que é centrado na exportação do meio ambiente transformado em commodities, como o minério de ferro utilizado na fabricação de material bélico que espalha a morte, o extermínio e o êxodo dos povos. O crime é também resultado de uma política irresponsável de fiscalização e do desmonte da política ambiental que se agrava com as mudanças climáticas e prejudica todos os seres vivos da Terra.
O rompimento dessas barragens é o alerta que denuncia este modelo de subdesenvolvimento, historicamente implantado na América Latina, aprofundado e consolidado no Brasil ainda neste século XXI, que destrói nossa população tradicional, que não investe nos nossos conhecimentos sobre o aproveitamento dos recursos naturais, nem na capacitação científica e tecnológica e exaure a natureza.
As dívidas humana e ambiental geradas pela Vale S.A. são irreparáveis e devem ser investigadas seriamente. A Rede Jubileu Sul se compromete a seguir lutando por justiça ante este crime, associando-se às diversas organizações de atingidos e setores organizados da sociedade civil. Ademais, ao incorporar as lutas emancipatórias contra as dívidas socioambientais como eixo central de nosso trabalho, também nos comprometemos a seguir apoiando as diversas lutas em defesa da vida das mulheres, dos povos tradicionais e quilombolas atingidos por este crime anunciado.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2019
Rede Jubileu Sul Brasil
#nãofoiacidente
Fuente: Jubileu Sul Brasil
Desde la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo como proceso de articulación regional en defensa de la democracia, la soberanía y la integración de los pueblos en el que participamos movimientos, organizaciones sociales y redes de todo el continente manifestamos:
Desde nuestras modestas contribuciones a la recomposición de las fuerzas progresistas de la región y ante la arremetida articulada de las fuerzas de derecha con manifestaciones fascistas, mismas que su gran mayoría son articuladas y que cuentan con todo el apoyo de Estados unidos; es en este contexto que queremos expresarle al pueblo salvadoreño, quien el próximo 3 de febrero va a enfrentar un proceso electoral, un proceso que acontece en medio de un contexto nacional y regional adverso.
Confiamos en que conociendo las estrategias de la derecha, no permitirán el regreso al gobierno de quienes en la historia han demostrado que solo son capaces de ensanchar las franjas de pobreza y exclusión en nuestros países para profundizar los mecanismos de endeudamiento y entregados al gran capital.
Los acompañaremos en estas elecciones conscientes de que se trata de decidir si se avanza en la profundización de un proyecto de justicia con el liderazgo del FMLN, o se regresa a la larga noche de miseria y dolor que el gran capital sembró en Centroamérica para hacernos territorio cómodo de enriquecimiento de sus intereses. Hoy no hay términos medios en este momento.
Por la democracia y Soberanía de nuestros pueblos,
¡Seguimos en lucha!
Fuente: Seguimos en lucha
El domingo 27 de enero se cumplió un año desde que Juan Orlando Hernández, respaldado por Estados Unidos, fue instalado por segunda vez como presidente de Honduras, en medio de manifestaciones masivas contra el fraude electoral ampliamente reconocido. Fueron los Estados Unidos los primeros en reconocer a Hernández y se aseguraron de que permaneciera en la presidencia.
Un experto del Miami Herald descubrió que las armas M-4 de fabricación estadounidense fueron utilizadas por la Policía Militar para matar a la joven Kimberly Dayana Fonseca, de 19 años, durante las manifestaciones del año pasado. Entre 2015 y 2017, el Departamento de Estado autorizó a las empresas a exportar más de 10,000 armas de fuego al gobierno de Honduras. Más de 35 manifestantes y transeúntes fueron asesinados durante las manifestaciones a favor de la democracia. Docenas más fueron arrestadas y encarceladas; varios manifestantes, incluidos Edwin Espinal y Raúl Álvarez, han estado encarcelados en condiciones inhumanas por más de un año.
Edwin y Raúl se encuentran en una prisión de máxima seguridad, dirigida por militares, donde su salud se está deteriorando y han perdido más de 40 libras cada uno.
El pasado fin de semana, cuando personas de toda Honduras salieron a las calles exigiendo la renuncia de Hernández y la libertad de los presos políticos, el régimen respaldado por Estados Unidos reprimió nuevamente a la población. Según la organización de derechos humanos COFADEH, un camarógrafo hondureño que cubría las manifestaciones informó que la élite TIGRES, entrenada y financiada por los Estados Unidos, le disparó una bala de goma directamente en el estómago porque estaba filmando cuando las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad también detuvieron al periodista Jairo López y a decenas de manifestantes, dispararon balas y golpearon a los manifestantes.
Esto ocurrió pocos días después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó a Hernández para “reiterar” el apoyo de Estados Unidos a su régimen y lo “felicitó” por las medidas represivas impuestas para intentar detener a los que huyen de Honduras. El Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos también eligió viajar a Honduras y reunirse con el presidente de Honduras la semana pasada, justo antes de las principales manifestaciones. WHINSEC, anteriormente conocida como la Escuela de las Américas, también estuvo en Honduras en diciembre.
En un momento en que miles de hondureños huyen y piden la renuncia de Hernández, Estados Unidos está optando por dejar en claro que continuará apoyando este régimen violento y represivo.
Las caravanas de migrantes que salen de Honduras son el resultado directo de los últimos 10 años de políticas represivas y destructivas impuestas por los regímenes respaldados por los Estados Unidos luego del golpe militar dirigido por los graduados de la Escuela de las Américas el 2009, que eliminó a un líder elegido democráticamente que había mejorado la vida de muchos en Honduras.
Los que se ven obligados a abandonar sus hogares son muy conscientes de las causas políticas de la proliferación de asesinatos, violencia y políticas económicas que han destruido sus vidas. Miembros de las caravanas de migrantes frecuentemente denuncian al presidente hondureño, y gritan el eslogan que se hizo popular durante la resistencia masiva a la reelección ilegal el año pasado: ¡¡Fuera JOH!!
Como la Administración Trump demoniza a los inmigrantes y las caravanas que huyen de Honduras, es importante recordar que son precisamente las políticas de los Estados Unidos y los regímenes respaldados por los Estados Unidos los que han creado la necesidad de que las personas huyan de Honduras en primer lugar.
Las acciones de los funcionarios estadounidenses para apoyar, entrenar, armar y financiar a un régimen represivo y corrupto, que abre fuego contra sus propios ciudadanos e imponen políticas neoliberales destructivas, sólo harán que más y más personas huyan.
En solidaridad,
SOA Watch
Estão previstas ações em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal, onde também será realizada uma coletiva de imprensa, às 15h, em frente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Nesta quinta-feira, 31, encerrando as atividades do #JaneiroVermelho – Sangue Indígena, Nenhuma Gota a Mais, os povos indígenas realizam uma série de ações em todo país com o objetivo de denunciar a crescente ameaça que os povos originários e seus territórios têm sofrido, bem como os retrocessos impostos pelo Estado brasileiro. Estão previstas ações em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal, onde também será realizado a coletiva de imprensa, às 15h em frente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). No exterior, também estão sendo organizados atos em pelo menos seis países, entre eles a Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Portugal e Irlanda.
Organizações indígenas e indigenistas veem com preocupação as declarações do presidente Jair Bolsonaro, abertamente contrárias aos direitos dos povos indígenas e demais povos tradicionais. Já no primeiro dia de governo, ele assinou a Medida Provisória (MP) nº 870, que transfere para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a atribuição de identificar, demarcar e registrar as terras indígenas (TIs), promovendo o esvaziamento da Fundação Nacional do Índio (Funai), o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro.
A MP também retira da Funai sua principal função, delegando aos representantes do agronegócio o poder de decidir sobre a demarcação dos territórios tradicionalmente ocupados pelos povos indígenas. Tal medida é carta branca aos ruralistas para ditar as regras sobre demarcação das TIs, já que a titular da pasta, Tereza Cristina, representa os interesses do agronegócio. A MP 870 retirou também a Funai do Ministério da Justiça e realocou-a no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, pasta comandada por Damares Alves.
A fragilidade dos órgãos responsáveis pela execução da política indigenista tem consequências graves. Várias comunidades estão sofrendo com invasões e ataques concretos – práticas de esbulho possessório e de violência – perpetrados por agentes ligados aos interesses dos ruralistas, garimpeiros e madeireiros, em flagrante violação aos direitos de posse e usufruto exclusivo dos povos indígenas.
A demarcação de Terras Indígenas, luta histórica dos povos originários, representa uma garantia de proteção às florestas, à biodiversidade e aos demais bens naturais protegidos há milhares de anos por esses povos, mas é, sobretudo, base fundamental para garantir a reprodução física e cultural dos povos e comunidades indígenas, conforme assegura o texto constitucional.
A mobilização é organizada pela APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e apoiada pela Mobilização Nacional Indígena (MNI). As ações no Brasil e exterior fazem parte da campanha “Sangue Indígena: nenhuma gota a mais”, que busca mobilizar a sociedade em defesa dos direitos indígenas.
Serviço:
O que: Mobilização Nacional Indígena e Coletiva de Imprensa
Quando: 31 de janeiro
Onde: em todo país e no exterior
Coletiva de imprensa: 15h em frente ao Mapa, em Brasília (DF)
Fuente: Jubileu Sul Brasil, Mobilizacao Nacional Indigena
