Con motivo del Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo pasado, el Colectivo de Organizaciones Haitianascompartió un comunicado de prensa sobre los peligros de aprobarse un proyecto de ley minera que favorece a las empresas del sector, poniendo en peligro la vida de la propia población de Haití. A continuación lo reproducimos en español
Puerto Príncipe, Haití
En ocasión del Día Mundial del Agua, el Colectivo de Organizaciones Haitianas que luchan en contra de la explotación de minerales en el país denuncia la notable amenaza que impone la explotación minera para Haití.
En todo el mundo, las experiencias de minería industrial de metales demuestran sus efectos negativos para el agua al reducir su disponibilidad y calidad. Por ejemplo, la minería aurífera utiliza 250 mil litros de agua por hora. En un día, una mina puede gastar la misma cantidad de agua que utilizaría una familia campesina en 20 años, o incluso más. Las empresas contaminan las aguas subterráneas y los ríos debido a los químicos y metales pesados que utilizan para procesar el oro. El cianuro es un producto químico notablemente peligroso que se utiliza para separar el oro de la roca. Si no se desecha como es debido, puede contaminar ríos, manantiales, e incluso las capas freáticas.
En la actualidad, las empresas nacionales e internacionales se asemejan a buitres que se aprovechan de la situación de pobreza, analfabetismo e indolencia de la población haitiana para saquear nuestros recursos naturales y causarnos más sufrimiento. La explotación de minerales en países como Haití (comenzando con la colonización en 1492, 1956-1972 con SEDREN, 1956-1982 con REYNOLDS), El Salvador, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, y otros países en África tales como República Democrática del Congo y Ghana demuestra que la pobreza y el subdesarrollo son las consecuencias de la extracción de recursos naturales. El estudio de estos casos aclara la realidad y desmiente la propaganda según la cual la explotación de minerales da trabajo y desarrollo.
En la actualidad, más del 15% de la tierra en el país está bajo el control de empresas multinacionales que vienen a Haití para negociar con los recursos de nuestro suelo. A su vez, la minería de grava y arena continúa sin supervisión. Una buena parte de la población campesina se encuentra amenazada. El pequeño terreno que cultivan podría terminar en manos de las empresas. La producción agrícola nacional está en baja y en vías de desaparición debido al interés de las empresas por apropiarse de las tierras fértiles que producen alimentos. La pobreza y hambruna irán en aumento conforme disminuye la cantidad de tierras de cultivo y la población aumenta. Hoy en día, nuestros manantiales, ríos, y pozos corren riesgo de secarse y contaminarse con una serie de productos químicos que incluye el cianuro, el plomo y el mercurio. Las tierras forestales también van disminuyendo, a pesar de que el Artículo 253 de la Constitución de 1987 exige respeto al medio ambiente por ser éste el entorno natural de la población. Hoy nos enfrentamos al Proyecto de Ley Minera que el gobierno de Haití elaboró con apoyo técnico del Banco Mundial. El proyecto lo está evaluando el Parlamento. Es obvio que el proyecto de ley no respeta el espíritu de la Constitución, ni muchas de sus disposiciones.
Denunciamos categóricamente la manera en que el Estado de Haití les ha permitido a las empresas llegar a “negociar”, sin el más mínimo respeto a la vida o al ambiente, sobre todo al agua. Las empresas intentan convencer a la población rural que sus vidas cambiarán con la minería. Encima, amenazan a quienes se oponen a la minería, a quienes indican que, desde la llegada de Colón, la minería ha causado hambruna, desempleo, pobreza y sufrimiento – sobre todo para las y los campesinos, quienes viven en barrios pobres, las y los trabajadores, y las y los más desfavorecidos.
El Kolektif Jistis Min denuncia categóricamente a las y los parlamentarios que favorecen la minería y que pagan la propaganda de las empresas que tienen títulos mineros, los cuales en su mayoría ya han caducado.Este Día Internacional del Agua, instamos al Parlamento a no votar a favor de la aprobación de la ley minera del Banco Mundial, la cual amenaza con envenenarnos. Alentamos al Parlamento a que siga el ejemplo de El Salvador, donde se aprobó una ley prohibiendo la minería de metales en todo el país.
Kolektif Jistis Min (KJM) insta a las comunidades, a las organizaciones, y a la población comprometida a alzarse para exigir a las autoridades del gobierno aquí y a las empresas voraces a que den marcha atrás a esta propuesta peligrosa – incluso mortal.
Sin oro podemos vivir, sin agua no ¡Sí a la vida, No a la explotación minera!
Para el Colectivo:
, POHDH, MODEP, BATAY OUVRIYE, GARR, CE-JILAP, TET KOLE
Artíclulo de Claudia Gómez Godoy publicado en el Nº33 de la revista El Topil, titulado “Minería, despojo legalizado”. El Topil es una publicación de Servicios para una educación alternativa A.C. (EDUCA). Claudia Gómez Godoy es una abogada mexicana especializada en Derechos Humanos y Pueblos Indígena, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Minería en México, un despojo legalizado a la propiedad social: expropiación, ocupación temporal y servidumbres
En México, como en varios países de América Latina, un mecanismo que los gobiernos y las empresas han utilizado para despojar a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, territorios y recursos naturales, ha sido la aprobación de leyes regresivas, contrarias a los derechos humanos, que declaran actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica, como actividades que tienen preferencia sobre cualquier otra actividad.
La Ley Minera es una carta en blanco para robar. De acuerdo con el artículo 19, las concesiones mineras le otorgan a su titular la facultad para: Realizar obras y trabajos de exploración y explotación, disponer de los productos minerales que encuentren, disponer de los terrenos y obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de las tierras que sean indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación, así mismo pueden obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas, todo esto por 50 años que además pueden prorrogarse.
Jurídicamente, las concesiones amparan únicamente a los recursos minerales, no les otorga a los mineros la titularidad de las tierras que en muchas ocasiones son ejidales, comunales o indígenas, por lo que para poder efectuar los trabajos de exploración o de explotación, el concesionario deberá tener un acuerdo con los dueños de la superficie y en todo caso, solicitar y obtener de la Secretaría de Economía una resolución de ocupación temporal, una servidumbre de paso o una expropiación de la Reforma Agraria cuando se trata de terrenos agrarios. Con este menú de opciones, las empresas mineras tienen un amplio margen de negociación, que en realidad es de imposición, digamos que las comunidades tienen la opción de elegir entre tres distintas maneras de ser despojado, con resultados muy similares. La tierra y el territorio que siempre les ha pertenecido, herencia de los abuelos, ahora puede ser usado, destrozado y contaminado por una persona ajena a su comunidad que recibió una concesión minera y se comporta como dueño del terreno.
En la Guía de Ocupación Superficial (Publicada en Internet con este nombre), elaborada por la Secretaria de Economía de la que ya he hablado en otro artículo (Contralínea 12 de abril de 2015), se aconseja y asesora a las empresas mineras para que, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proyecto, se llegue a distintos acuerdos. Si lo que buscan es comenzar con la exploración, deben firmar un acuerdo de arrendamiento o servidumbre; si ya están en el desarrollo de la actividad minera, deben firmar un acuerdo de ocupación temporal; si ya están en la operación, deben recurrir a la expropiación del terreno ejidal o comunal.
La figura que más se utiliza en las negociaciones entre ejidos y comunidades y las empresas es la de los Convenios de Ocupación Temporal y hay varias razones para ello:
Aunque la Ley Minera declara la preferencia sobre cualquier otro uso de la actividad minera, para las empresas mineras es difícil demostrar las causas de la expropiación. El segundo párrafo del Artículo 27 Constitucional establece que: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
La expropiación es un procedimiento tardado, que implica una evaluación de las causas de utilidad pública, una medición de las afectaciones, tanto de superficie de terreno, como de bienes distintos a la tierra para calcular las indemnizaciones, además de que están sujetas a la voluntad política del ejecutivo federal.
La expropiación es utilizada principalmente como una coacción a los núcleos agrarios. En caso de negarse a firmar un acuerdo de ocupación temporal, las empresas amenazan con solicitar sea expropiada la superficie que necesitan para su proyecto extractivo.
Para los acuerdos de ocupación temporal, no se requiere la aprobación del ejido o la comunidad en una asamblea dura o de formalidades especiales y aunque no se requiere la presencia de la Procuraduría Agraria, acude a las asambleas, las dirige y se comporta como abogada de la empresa y gestora de los proyectos extractivos.
Los acuerdos de ocupación temporal superficial se firman bajo circunstancias profundamente desiguales, en primer lugar por la asimetría de poder que existe entre las empresas mineras y las comunidades campesinas e indígenas; la falta de información con la que cuentan las partes contratantes, pues casi siempre se ocultan los efectos negativos, los impactos ambientales y sociales, así como las afectaciones a la salud de la población. Por último se trata de convenios leoninos, entendidos éstos como contratos en los que se pacta que todas las ganancias son para una de las partes y todas las pérdidas son para la otra parte. Aunque estos convenios están prohibidos, las autoridades los validan.
En todo el país podemos encontrar conflictos mineros que se suscitaron por el incumplimiento de las cláusulas del convenio de ocupación temporal, ya sea en el pago de la renta, o porque comienzan a extenderse más allá de los terrenos pactados o en contraprestaciones tan absurdas como el arreglo de caminos y escuelas, el trabajo para los ejidatarios, el transporte de los materiales y las obras sociales.
El caso del Ejido la Sierrita en Durango es emblemático en este sentido, pues la empresa minera Excellon firmó un contrato de ocupación temporal por la renta de 1,100 hectáreas en el que se establecieron cláusulas de carácter social en beneficio del ejido como la construcción de una planta tratadora de agua; que los ejidatarios fueran contratados por la mina, la administración del comedor para los trabajadores, poder transportar el mineral, becas escolares y el pago de la renta anual. La única contraprestación cumplida parcialmente fue la renta el primer año. Intentaron negociar con la empresa mejores condiciones sin tener éxito, por lo que decidieron demandar la terminación del contrato de ocupación temporal, la restitución de las tierras y el pago de daños. La demanda se presenta ante el Tribunal Unitario Agrario en 2012 y hasta la fecha no se ha resuelto, mientras la empresa sigue trabajando y explotando la mina.
Ante el despojo legalizado que quieren imponer las empresas mineras, las comunidades indígenas y campesinas han dado respuestas de maneras muy diversas, unas han optado por cambiar a los representantes agrarios que aceptaron la minería, otros se han negado a firmar los acuerdos de ocupación temporal con todo y las amenazas de expropiación, otras comunidades han modificado sus estatutos agrarios para blindar sus territorios de actividades extractivas. Existen varias comunidades que acudieron por la vía del amparo a solicitar la cancelación de las concesiones mineras, algunas otras se han declarado “comunidades libres de minería”, hacen acuerdos, hacen fiesta, hacen tequio, se hacen peticiones y ceremonias, un sinfín de estrategias que lo que buscan es defender la vida y el territorio.
La comunidad de San Pablo de Amalí -ubicada en el cantón Chillanes, provincia de Bolívar- tuvo razón al oponer resistencia, desde el año 2005, a los planes de apropiación de las aguas del río Dulcepamba y sus afluentes. Para ello se utilizó la figura de concesión, con el fin de generar energía eléctrica, primero a la empresa privada Corporación para la Investigación Energética, CIE, y luego a Hidrotambo S.A., que se mantiene hasta el presente.
Durante 13 años los pobladores de esta cuenca hidrográfica, principalmente moradores de San Pablo de Amalí, debido a la defensa de su derecho al agua, han sufrido agresiones, persecución, encarcelamientos bajo acusaciones de sabotaje y terrorismo, que fueron desvirtuadas por sendas amnistías otorgadas en el 2008 por la Asamblea Constituyente de Montecristi.
Este lunes 9 de abril de 2018, en Guaranda, la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) se espera que ratifique, luego de las audiencias que se llevarán a cabo en el Centro de Atención al Ciudadano de esa secretaría, que Ramiro Peñaherrera y Enerio Quinatoa, tienen derecho a que se les adjudique 5 litros por segundo y 2.6 litros por segundo, respectivamente. Las solicitudes de estos dos agricultores de San Pablo de Amalí tienen que ver con sus necesidades de consumo humano, abrevadero de animales, riego y acuacultura. Por su parte, la empresa Hidrotambo S.A. se opone a estas y otras adjudicaciones a las familias campesinas de la cuenca.
Desde 2014 las comunidades han realizado más de 200 peticiones de adjudicación de agua que han permanecido sin ser tramitadas. Sin embargo, en sentencia del 20 de septiembre de 2017 Senagua otorgó a la central hidroeléctrica 6.500 litros por segundo. Manuel Trujillo, presidente de la comunidad intercultural San Pablo de Amalí, ve en esto una clara señal de que se les quiere quitar hasta la ultima gota de agua.
La organización comunitaria preparó para esta jornada el video ¿Cómo viviremos sin Agua, Secretario Humberto Cholango?, accesible en la plataforma de youtube.
¡Por tierra y por la vida! ¡Basta de Tratados de Libre Comercio, basta de impunidad!
(Harare, 10 de Abril de 2018) Este 17 de Abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, La Vía Campesina rememora la masacre de los 19 Sin Tierra que fueron impunemente asesinados por el agronegocio #AgroMata. En un solo puño de coraje y rebeldía llamamos a nuestras organizaciones miembros, aliadxs, amigxs y pueblo organizado a unificar toda clase de acciones de resistencia, a escala global, por la Tierra y el agua en contra de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en contra de la criminalización de las luchas sociales.
Celebramos esta importante fecha de movilizaciones internacionales por la defensa de reivindicaciones sociales, contra las fuerzas de gobiernos y empresas transnacionales del gran capital, que usurpan los bienes naturales y reprimen la defensa que millones de familias campesinas e indígenas en su lucha legítima por la tierra, agua y territorios.
Denunciamos el avance del capital sobre los pueblos y sus territorios. El capitalismo, racismo y patriarcado forman un modelo entrelazado de múltiples dominaciones a través del acaparamiento de territorios, saqueo de los bienes comunes, explotación del trabajo y control de los cuerpos y la misoginia.
Vivimos frente a una masiva violación a los derechos humanos, la impunidad de los crímenes de ayer y hoy, la criminalización de los movimientos populares, el asesinato y la desaparición de líderes y lideresas sociales. La impunidad del terrorismo de estado de ayer se ha convertido en la base de la impunidad de hoy del gran capital.
En ese contexto, los Tratados de Libre Comercio (TLC) son herramientas impulsadas por corporaciones y Estados que establecen reglas para vender nuestros bienes naturales, es decir, mercantilizan bienes comunes de la humanidad como la tierra y el agua, y los ponen en función del lucro.
Los TLC son hoy la expresión de una oleada anti-democrática en nivel mundial, que intenta imponer los intereses económicos de unos pocos, por encima del bien estar/buen vivir de los pueblos.
Frente al capital transnacional y los Tratados de Libre Comercio, desde La Vía Campesina nos unimos para defender y conquistar la reforma agraria, entendida como el derecho de los pueblos a la tierra, territorios, al agua y a las semillas nativas, base fundamental para la Soberanía Alimentaria.
Las corporaciones transnacionales y estados antidemocráticos, promueven prácticas desleales para impulsar el extractivismo, acaparamiento de tierras, mega monocultivos para la exportación, tierras que son utilizadas en su gran mayoría para mega monocultivos para el agronegocio. La tierra y el agua ganan cada vez más relevancia, y concentran gran interés económico, tanto para las élites nacionales como las extranjeras; por esta razón, hoy por hoy, existe una alarmante criminalización, persecución, desalojos y muerte de campesinxs e indígenas, negrxs, por la defensa de sus tierras y contra la expolición de los bienes comunes.
¡Movilízate!
Este #17Abril súmate a las múltiples acciones organizadas a nivel global, organiza marchas, foros, seminarios, ferias campesinas, proyección de películas, cualquier expresión es importante para denunciar los graves efectos de los TLC para el campesinado y la Soberanía Alimentaria.
Comparte todas las acciones planificadas para esta jornada a nuestro mail lvcweb@viacampesina.org, las queremos visibilizar en nuestro mapa de acción global. También envíanos artículos, audios, fotos y videos para difundirlos en nuestra web y VíaCampesinaTV.
¡Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo!
¡Contra el saqueo del capital y del imperio, por la tierra y la soberanía de nuestros pueblo!
Los intentos por acallar a la enorme cantidad de personas que se manifiestan en solidaridad con el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quedaron derribados, así como el cerco mediático. Las cámaras no mienten, ni las de la izquierda, ni las de la derecha. Lula no estuvo y no está solo.
“Voy a cumplir la orden de cárcel (…) y cada uno de ustedes se trasformará en un Lula”, dijo el sábado 7 de abril, el líder sindicalista, antes de subir a al vehículo que lo conduciría a la Policía Federal, al tiempo que se proclamó inocente.
Lo que pasó días y momentos antes, fue un hecho impresionante. Las imágenes mostraron a Lula da Silva a pie de la sede sindical de Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, siendo sujeto de un abrazo colectivo.
Y es que la conmoción por el caso Lula Da Silva trasciende las fronteras de Brasil. Sendos comunicados dan cuenta de la preocupación internacional por las irregularidades que ha tenido a todas luces este proceso, y los hechos suscitados en los últimos años.
Primero, la ex Presidenta Dilma Rousseff,inmediatamente después de ser re-elegida, atraviesa un juicio político que desembocó en su destitución y golpe de estado, propiciado por una ilegítima Cámara de Diputados de Brasil, ex presidida por Eduardo Cunha,quien ahora está en prisión acusado de lavado de dinero y corrupción. De dicho parlamento ilegítimo surge el gobierno ilegítimo de Michel Temer. El cuento de terror sigue cuando el juez federal, Sergio Moro, sin pruebas, determinó que Lula da Silva dirigió una trama corrupta para conceder a la constructora OAS, contratos gubernamentales por un valor superior a los 25 millones de dólares a cambio del departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de San Pablo, que en ese momento costaba unos 600 mil.
Los abogados de Lula alegan que éste nunca fue dueño ni residió en el departamento, y que solo lo visitó una vez para considerar una oportunidad de negocio. No hay ningún documento que establezca que Lula tiene alguna relación con el inmueble.
La clave del caso fue el testimonio del empresario Leo Pinheiro, ex director de OAS, quien reveló que aunque la casa figuraba a nombre de la empresa, estuvo supuestamente reservada para el ex mandatario. Esto tras lograr que redujeran su sentencia de 8 a 5 años de prisión por su rol en el caso Lava Jato.
Aunado a lo anterior, se suma la filtración de unas frases dirigidas al piloto mientras Lula da Silva era trasladado al lugar de su detención: “Tira esa basura por la ventana” y “Llévatelo y no lo traigas nunca más”. La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) asegura son audios verídicos pero como las comunicaciones aeronáuticas son abiertas y fueron utilizadas de modo inadecuado por algunos usuarios, no se tiene cómo saber quiénes fueron los responsables.
Oscar Jara Hollyday, Presidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina -CEAAL, apunta que es notorio que los sectores poderosos de Brasil vienen queriendo revertir todas las conquistas sociales de los 13 años de gobierno de Dilma Rousseff y Lula da Silva, más aún siendo este último el pré-candidato con mayor intención de voto.
“Luego, le dictan prisión, pero se presenta un habeas corpus al Supremo Tribunal Federal, quien vota 6 a 5 a favor de la detención, con el voto indigno de una jueza que siempre había defendido una posición opuesta. ¿Casualidades? ¿Justicia? no, claras maniobras políticas de los sectores que quieren impedir a toda costa que se retome un gobierno popular”, señaló indignado Jara.
La Diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN, Nidia Díaz, concuerda en que no hay causa justificada para la detención de Lula da Silva, y considera que es la clara intención de que no se inscriba como candidato a la presidencia, teniendo la opción mayoritaria del pueblo brasileño.
“Nosotros reconocemos que todo esto es parte de una estrategia imperial, donde las oligarquías transnacionales toman parte para dificultar al grado de casi impedir que la izquierda siga gobernando en América Latina y el mundo. Buscan detener procesos progresistas y éstos han hecho matriz desde hace unos años para hacer golpes suaves, combinar factores de poder, de manera que si no es con el golpe tradicional se armonizan para usar órganos del Estado, judicial, legislativo, y usarlos para generar destituciones, llevándolas a máximas expresiones que terminan violando derechos fundamentales, leyes, constitución y el derecho internacional para lograr ese objetivo desestabilizador. El juez Moro representa esa triangulación de intereses y personifica cómo se instrumentaliza a los poderes”, aseguró la Diputada Salvadoreña.
Para comprender los hechos urge remontarnos al contexto internacional, cuando la corriente política e ideológica que inicia con la victoria del Presidente Hugo Chávez Frías en Venezuela en 1999, abre un periodo de gobiernos de izquierdas, alternativos o progresistas en Nuestra América, con variantes más radicales en sus discursos y praxis, y otras no tanto, que caminaban y caminan hacia un proyecto de integración, soberanía y autodeterminación frente a la política imperial y neocolonial de sucesivos gobiernos de EE.UU. Todo indica, según el Profesor e Investigador en Filosofía y Ciencia Política, Samuel Prado Franco, que inicia un nuevo periodo de contracorriente, de la reacción, la derecha, el conservadurismo, sus partidos y movimientos, donde el uso de la violencia, golpes blandos o suaves, -golpes de Estado-, represión, militarización y criminalización de la protesta social, que señalan cual será el método para revertir los cambios andados.
Prado Franco, asegura que es evidente como la fuerza del aparato estatal y sus instituciones en manos de la clase dominante quieren aplastar toda posibilidad de la candidatura presidencial de Lula da Silva. “El pueblo brasileño, partidos y movimientos se han movilizado en defensa de Lula. Se cuestiona la formal y aparente democracia que legitima un gobierno espurio e ilegal como el de Michel Temer, pero en cambio condena y arresta a Lula”, sentenció.
Los lentes cuando se cruzan las fronteras no son los mismos, es decir que si la percepción es similar en diferentes caminos no es cuestión de terquedad, nos dice que se atiende a una realidad. Juan José Esquivel, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), manifestó que lo que pasa en Brasil es un claro signo de un modelo neocolonialista, patriarcal y capitalista, que oprime a las mayorías en beneficio de unas cuantas familias, y esto no es lejano a lo que vivimos en nuestros países, por eso, explicó, nos duele tanto, y nos toca adentro de nuestras fibras.
Esa indignación que nos genera la agresión que está viviendo el pueblo brasileño, expresado en el encarcelamiento de Lula da Silva, el cual ha sido viciado, e impulsado por los golpistas de la democracia, ha provocado un retroceso y flagrante violación a las garantías de los derechos sociales y económicos, así como mayor impunidad en los procesos de justicia. Así lo considera Verónica Del Cid, Coordinadora de la Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja, quien afirma que estos hechos nos recuerdan que nuestros pueblos viven en lucha, y aunque las derechas de los países de nuestra América, amparados por las trasnacionales y los EEUU, no van a ceder mientras vean afectados sus intereses de acumulación capitalista, cada vez que se escuche una voz, como la de Marielle Franco, la de Lula, la de los movimientos populares, la del pueblo, será una amenaza que querrán apagar.
La voz de Lula parece extenderse más allá de las rejas de la prisión de Curitiba, Brasil donde se apresta a cumplir una condena. En uno de los extremos del perímetro de seguridad, simpatizantes y militantes de Lula da Silva, que ahora cumple una pena de 12 años por corrupción y lavado de dinero, han establecido un pequeño campamento para defender a su líder.
Nidia Díaz, quien muy bien conoce de rejas y de injusticias durante la guerra salvadoreña, y nos lo narró en su libro “Nunca estuve sola”, dijo con nostalgia que el caso Brasil y Lula es importante porque su gestion generó beneficios sociales amplios y los recursos se pusieron a disposición de las mayorías, lo cual acabó con negocios transnacionales. Y es que cuando conceptos tan caros como justicia social, libertad y la igualdad son negados, toca al pueblo brasileño,-con el apoyo solidario y fraterno de otros pueblos, partidos y movimientos-, ser el actor y protagonista principal de su propia historia y liberación, sintetiza Prado Franco.
La lucha continúa. Y es que según Verónica del Cid, lo que pareciera que no midieron, fue que, a mayor violencia, mayor movilización ya que con estos hechos de violencia jurídica y política perpetrada hacia Lula, se hace evidente que los pueblos del continente nos acuerpamos y seguimos alertas. “Entendemos que solo en movimiento, unidos y en las calles, vamos a detener esta violencia de los Estados Neoliberales. Reconocemos una vez más, que no podemos ceder ni un tantito, no podemos confiar en los dominadores de siempre, por eso, no nos cansaremos de organizarnos una y otra vez, así como de pensarnos y de accionar en las calles y en las instancias que sean necesarias, para luchar por nuestra emancipación”, expresó con emoción.
Las protestas en solidaridad con Lula da Silva y la restauración de la justicia y la democracia continúan. En El Salvador, el Frente Latinoamericano Socialista ha convocado a una concentración frente a la embajada brasileña este 9 de abril, por la tarde, y el miércoles 11 próximo se hará otra concentración con todas las redes de solidaridad del Frente Farabundo Martí para exigir la libertad total del ex presidente Lula da Silva.
Los ojos de todo el continente están puestos en el Brasil. Y mirando hacia Brasil, los pueblos de América Latina y el Caribe se miran en su propio espejo.
Luego del golpe parlamentario contra la presidenta Rousseff, el asesinato de líderes sociales y políticos y de la militarización de Rio de Janeiro, los últimos rasgos democráticos están siendo violentados en Brasil. Lula no solamente lidera la intención de voto, sino que además representa las esperanzas populares para las próximas elecciones. Por ello y por su acción de gobierno favorable a los más desprotegidos, se lo condena sin pruebas y se pretende proscribirlo de hecho, encarcelándolo aún antes de agotarse todas las garantías constitucionales.
Ante esta vulneración de derechos políticos, ante el manifiesto retroceso social de las políticas de un gobierno ilegítimo, ante la grosera manipulación ejercida por los medios concentrados – en especial por el grupo de medios Globo – el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica, expresa su decidido rechazo al evidente deterioro democrático en Brasil.
De particular preocupación es la abierta amenaza de sectores militares golpistas, la que no solamente nos retrotrae a épocas nefastas de profundo dolor y violencia armada, sino que también constituye un funesto precedente en el que podrían abrevar otros sectores díscolos en distintos puntos de nuestra región.
Haciéndonos eco del clamor de paz que anida en la inmensa mayoría de los habitantes de la región, el Foro convoca a rechazar esta asonada y a defender enfáticamente el enorme avance que constituye la Declaración de Zona de Paz alcanzada en la II Cumbre de la CELAC en 2014.
En el mismo sentido, como alianza de medios y movimientos sociales abocada a fomentar el espíritu de integración regional soberana, no podemos permanecer pasivos ante la ofensiva neocolonialista que, con la complicidad de algunos gobiernos dóciles de la derecha continental –entre los cuales está el encabezado por Michel Temer, intenta paralizar o tergiversar el sentido de espacios de concertación intraregional sin injerencia externa como UNASUR, CELAC o MERCOSUR.
No nos es ajeno que esta ola de judicialización política, como ya lo hemos comunicado en su momento, está siendo fomentada desde los EEUU como arma política, en una suerte de nuevo Plan Cóndor mediático judicial que apunta a proscribir la posibilidad de cambios democráticos a favor de las grandes mayorías.
El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica se suma a la protesta unívoca de millones de personas que en Brasil, América Latina y el mundo denuncian el proceso judicial viciado y políticamente motivado contra el ex presidente y ahora candidato Lula.
Abogamos por la profundización de la democracia y los derechos humanos en América Latina y el Caribe, jaqueados hoy, como ayer, por los intereses mezquinos del poder económico.
Elecciones sin candidatos del pueblo son fraude. Elecciones sin democratización de la comunicación son fraude.
Nuestra solidaridad con Lula y con el pueblo de Brasil.
Pronunciamiento del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica
En México, como en varios países de América Latina, un mecanismo que los gobiernos y las empresas han utilizado para despojar a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, territorios y recursos naturales, ha sido la aprobación de leyes regresivas, contrarias a los derechos humanos, que declaran actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica, como actividades que tienen preferencia sobre cualquier otra actividad.
(Harare, 10 de Abril de 2018) Este 17 de Abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, La Vía Campesina rememora la masacre de los 19 Sin Tierra que fueron impunemente asesinados por el agronegocio #AgroMata. En un solo puño de coraje y rebeldía llamamos a nuestras organizaciones miembros, aliadxs, amigxs y pueblo organizado a unificar toda clase de acciones de resistencia, a escala global, por la Tierra y el agua en contra de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en contra de la criminalización de las luchas sociales.
