Los trabajadores, trabajadoras, sindicatos y gremios salieron a las calles de Buenos Aires para rechazar las reformas laborales, despidos arbitrarios y políticas neoliberales del inquilino de la Casa Rosada, Mauricio Macri.
Fuente: teleSUR
Los gremios y sindicatos de trabajadores saldrán a las calles en contra de las políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri.
Movimientos sociales y sindicatos de trabajadores estatales argentinos iniciaron este jueves un paro para rechazar los despidos, y la criminalización de la protesta por parte del presidente Mauricio Macri.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), representantes de gremioscomo el de la industria farmacéutica, periodistas, médicos, azucareros, trabajadores Cresta Roja, integrantes de la CTA, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y otros empleados del Gobierno central se unieron al paro.
#Ahora #EnEsteMomento #ParoNacional en #RíoNegro contra los despidos, el ajuste y la precarización laboral y en demanda de aumento salarial #Ya #NoAl15% @aguiar_rodolfo @ateprensa @RocaDigital @rionegrocomar @lacomunaderoca
Los manifestantes marchan en conjunto con el lema “unidad contra el ajuste y los despidos“. La jornada incluirá caravanas, ollas populares y radios abiertas, para concluir la movilización en la Avenidas de Mayo y 9 de Julio.
A este paro se sumarán jornadas de paralización en varias provincias de Argentina y se prevé que todas se alineen con la concentración final en la Plaza de Mayo.
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El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, dijo en una rueda de prensa previa al evento que “va a ser una jornada de lucha en todo el país. Nos unimos parando y movilizando en todo el territorio nacional. En cada uno de los lugares del país, los núcleos principales van a estar donde se están produciendo despidos masivos, como en los ingenios de Salta y Jujuy, en Río Turbio, en Azul, en los distintos organismos del Estado, así como en los sectores del ámbito privado”.
#EnEsteMomento @aterionegro se manifiesta contra el ajuste y los despidos en el marco del #ParoNacional #15F @aguiar_rodolfo @ateprensa
Asimismo, el secretario adjunto de la Central de Trabajadores de Argentina, Ricardo Peidró, aseveró que “vamos a hacer una jornada de lucha con el paro de todas nuestras organizaciones y movilización”.
Los dirigentes aseguraron que “queremos que no se trate la ley de reforma laboral, que sea retirada por el Gobierno y que sea derogada la ley de reforma previsional”.
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Fuente: teleSUR
Artículo de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) – Publicado el 13 de febrero 2018
A un mes de iniciarse el Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA), que tendrá lugar del 17 al 22 de marzo en la capital del Brasil, país sudamericano que en el pasado reciente ha sufrido un golpe de Estado por parte de la derecha neoliberal representada por el presidente ilegítimo Michel Temer, se ajustan los preparativos liderados por las organizaciones brasileñas e internacionales, teniendo como lema “El agua es derecho, no mercancía”. En contraste con las imposiciones y la represión que atraviesa hoy el país latinoamericano, el FAMA ha sido convocado como un espacio democrático que quiere reunir organizaciones y movimientos sociales que luchan en defensa del agua como derecho elemental para la preservación de la vida. El propósito de esta convocatoria mundial al FAMA es unir esfuerzos para transformar el agua en un derecho, principalmente en aquellas poblaciones que sufren los rigores de la pobreza, exclusión social y la guerra, para quienes el agua es un bien inalcanzable debido a los intereses mercantilistas de las corporaciones trasnacionales que basadas en su poder económico, político y militar apoyan la restauración conservadora en la Región a través de golpes de Estado y otras estrategias del modelo neoliberal.
Como contraparte al ejercicio democrático de los movimientos sociales que una vez más se convocan en el FAMA -esta vez en Brasil- para defender las aguas, los territorios y a sus pueblos, los marcos regulatorios y políticas privatizadoras del agua serán profundizadas y negociadas en el 8º Foro Mundial del Agua convocado por el Consejo Mundial del Agua que es respaldado por corporaciones e instituciones financieras (IFIS) como su creador, el Banco Mundial. Los Foros Mundiales del Agua (FMA) son reuniones trienales que tienen el único objetivo de realizar contratos respecto a la privatización y comercialización de los bienes comunes hídricos, una feria comercial y un vehículo para promover la mercantilización y financierización del agua, que con la supuesta participación de la sociedad civil entrega lineamientos internacionales de política pública que posteriormente se aplican en diferentes países, a través de sus aliados gubernamentales afines al neoliberalismo.
Desde su inicio en Marrakesh (1997), los FMA han sido denunciados sistemáticamente como espacios antidemocráticos, en donde las grandes trasnacionales del agua buscan beneficiarse de las decisiones políticas para la construcción de mercados en torno al líquido vital. Al respecto, recordemos que durante las versiones del FMA en México (2006) y Estambul (2009) se negó a reconocer el agua como derecho fundamental y, en ese entonces, tan sólo fue definido como una necesidad humana básica para que la lógica de la inversión se convirtiera en condición necesaria para favorecer el fenómeno de la privatización.[1]
En su última versión, realizada en Daegu & Gyeongbuk (2015) – República de Corea-, el FMA ha lanzado un nuevo enfoque basado en la Ciencia y Tecnología como estrategia para “innovar” en políticas del agua que abra nuevos mercados. En primer lugar, este enfoque gira principalmente alrededor de la recolección de información de los ecosistemas (Smart Technology Water), la eficiencia sobre el uso del agua y tecnología que haga frente a los desastres del cambio climático. Esta nueva estrategia, además de ser dirigida exclusivamente por las corporaciones y por ende monopolizada por grandes trasnacionales, también desconoce las alternativas y relaciones ancestrales, históricas, públicas y comunitarias que los pueblos han construido alrededor del agua, y hace caso omiso del debate internacional relacionado con los manejos e innovaciones tecnológicas y su uso al servicio de los pueblos, como lo ha presentado y argumentado suficientemente la Red de Evaluación Social de las Tecnologías en América Latina (RED TECLA) que incluye a los científicos/as comprometidos/as con la sociedad y los movimientos sociales, articulados con el valioso apoyo del Grupo ETC [2].
Al mismo tiempo, el FMA promociona la economía verde, perspectiva que ha tenido los mayores avances con programas para el control ambiental corporativo, que se considera como una buena oportunidad de negocio y profundiza la financiarización de la naturaleza (World Water Council, 2015). Estas dos estrategias convergen en la propuesta de una gobernanza corporativa, discurso disfrazado para la privatización, puesto que le da cabida a nuevos sectores empresariales para tomar decisiones políticas sobre el agua. No es fortuito que la buena gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos sea definida como “aquella donde la autoridad juega un papel menos protagónico” (Domínguez, 2011) y deja actuar en los espacios políticos decisorios a actores “más eficientes” como pretenden presentarse las corporaciones. Este es sin duda un nuevo escenario de intento neoliberal de legitimación de imposiciones que en su momento fueron derrotadas por las articulaciones populares de los movimientos sociales internacionales, como la misma propuesta de economía verde del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA-, derrotada en 2012, también en Brasil, por la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental en Defensa de los Bienes Comunes, paralela a la Conferencia Río+20 de la Organización de Naciones Unidas -ONU.
Bajo estas amenazas, los desafíos del Foro Alternativo Mundial del Agua -FAMA- no son pocos. Partamos de algunos hechos que contextualizan el fundamental debate del agua en la región de América Latina y el Caribe. Por un lado, desde los últimos años la Región asiste a un crecimiento sin precedentes de conflictos por el agua producto del avance del modelo neoliberal, que además de entregar la gestión del agua a corporaciones, promueve actividades extractivas y agroindustriales que implican el uso intensivo de los bienes naturales -el agua en particular-, e impactan sobre las condiciones de vida de la población y el ambiente. De modo que los conflictos por el agua no radican en una escasez real o física del líquido vital, son producto de una escasez inducida por el acaparamiento, la contaminación, el mal manejo, la monopolización y el desconocimiento de gestiones ancestrales y comunitarias.
Al respecto, se hace necesario que el FAMA pose su mirada en alternativas frente a los despojos territoriales producidos por el modelo de desarrollo basado en el extractivismo agrícola y forestal, minero – energético e hídrico. En particular, son ampliamente conocidas las nefastas consecuencias de la implementación de dicho modelo y que han dejado profundas huellas en los territorios hídricos de nuestra región. En noviembre del 2017 se cumplieron dos años del mayor desastre ambiental en la historia de Brasil con la ruptura de la represa Fundão, gerenciada por la empresa minera Samarco, controlada por Vale S.A y la anglo-australiana BHP Billiton. Sesenta millones de metros cúbicos de lodo tóxico recorrieron más de 650 kilómetros a lo largo del río Doce y acabaron con la vida de más de 19 personas, destruyendo ecosistemas enteros, y convirtiendo una hermosa región en un cementerio biológico. Por su parte, durante los últimos tres años en Argentina se han registrado sistemáticos derrames de millones de litros de cianuro y otros metales pesados a los ríos de la provincia de San Juan, responsabilidad de la empresa Barrick Gold. A pesar de ser considerado como el mayor accidente minero en la historia de dicho país, hasta el día de hoy se desconoce con certeza la cantidad de litros derramados en las cuencas hídricas de la región por negligencia de la empresa, y falta de presencia estatal. Así podríamos traer a la memoria nefastos casos ocurridos casi en la totalidad de nuestros países, con consecuencias inconmensurables para los pueblos y sus territorios.
Probablemente, otro de los elementos de reflexión que se desarrollarán en el FAMA consiste en la tendencia mundial de la remunicipalización, entendida como la recuperación de los servicios de agua de compañías privadas a empresas públicas. A pesar que la privatización de la gestión y la infraestructura a través de, entre otras, la figura de Asociaciones Público Privadas (PPPs) no se ha detenido, en muchos lugares del mundo ha empezado a fracturarse este modelo por sus consecuencias negativas: monopolios incompetentes, inversiones insuficientes, mantenimientos deplorables y, gestiones corruptas y burocratizadas. De esta manera, en los últimos dieciséis años, más de 235 ciudades de 37 países han remunicipalizado sus servicios de abastecimiento de agua (Gonzalez, 2015). Hoy más que nunca resulta imprescindible reflexionar sobre la noción de lo público, precisamente cuando en la actualidad acuerdos comerciales como el TISA (Trade In Services Agreement) intentan obligar a las empresas del Estado a operar según consideraciones comerciales, desnaturalizando su propósito social3 (Barreto & Chavez, 2017).
En este contexto, es un desafió promover y comprender la importancia de las organizaciones comunitarias de la gestión del agua en la re-interpretación del concepto de lo público -y no solamente poner el acento en la remunicipalización, que aunque fundamental tiene análisis pendientes en lo referido al control neoliberal de la mayoría de los Estados en la Región. Actualmente, existen 80.000 organizaciones comunitarias en la gestión del agua en América Latina, brindando agua y saneamiento a alrededor de 70 millones de personas -que representan más o menos el 10% de la población del Continente. No obstante, su gestión ha sido invisibilizada, y desdichadamente en muchos casos, insertada en procesos de privatización permanente. De esta manera, ante la emergencia del sentido y reconfiguración de lo público, el modelo comunitario presenta fundamentales enseñanzas basadas en sus relaciones de solidaridad y reciprocidad, en donde el trabajo colectivo ha respetado los ciclos hídricos de los territorios y siempre considerado al agua como un bien común.
Por otro lado, el derecho fundamental al agua, importante triunfo de la luchas de los pueblos en la defensa de los bienes comunes, se encuentra en un escenario de disputa. Nuevas aristas en el debate internacional, principalmente luego que en el 2010 la ONU reconociera el derecho, han intentado cooptar su lenguaje al afirmar que el derecho al agua (incluso muchas veces trasfigurado como derecho al acceso a el agua) puede ser garantizado por empresas privadas, por ejemplo con el discurso demagógico del FMA que supuestamente intenta esclarecer su significado y alcance. De este modo, uno de los más importantes retos consiste en seguir apropiándonos del sentido del derecho fundamental al agua, no sólo supeditado al mero acceso al agua de los seres humanos, sino de igual manera a la protección y cuidado de los ciclos de la naturaleza, de los territorios del agua que posibilitan la permanencia y dignificación de la vida. Asimismo, será necesario integrar a estas perspectivas de debate y acción las reivindicaciones relacionadas, como el derecho a la soberanía de los pueblos para decidir el uso y el manejo de sus aguas y territorios bajo aspectos consuetudinarios, históricos, culturales, espirituales y medicinales, y las relaciones profundas que este aspecto tiene con la soberanía alimentaria, el cuidado de las semillas, la posibilidad de alimentación y permanencia territorial de miles de pueblos que habitan la Región.
Sin lugar a dudas, el Foro Alternativo Mundial del Agua será uno de los más importantes escenarios en este 2018 para la reflexión de estos y otros puntos centrales para hacer frente a los intereses corporativos de privatización, mercantilización y financierización de la vida, y se constituye como un nuevo espacio de construcción de alternativas y soluciones democráticas, sustentables y sociales en torno al agua. De igual manera, es el lugar ideal para seguir consolidando articulaciones de las luchas sociales y ambientales, populares y soberanas en el mundo y la región de América Latina y el Caribe, reconociendo que el diálogo sobre el agua, es un diálogo sobre la vida.
El agua es derecho no mercancía
NOTAS:
[1] La declaración oficial del IV Foro Mundial del Agua (México, 2006) era tan inocua y poco clara en torno al derecho fundamental al agua y con referencias explícitas al manejo por parte del sector privado, que varios gobiernos acordaron una “declaración complementaria”, en la que jugaron un papel importante delegados de movimientos sociales, y finalmente fue firmada por Bolivia, Cuba, Uruguay y Venezuela. Los ejes de dicha declaración eran el reconocimiento del derecho fundamental del agua, la defensa de una gestión pública y comunitaria, la exclusión del agua en los acuerdos comerciales y referencias críticas a los procesos que construyeron los Foros Mundiales del agua. (Arconada, 2006)
[2] Para más información acerca de la Red de Evaluación Social de Tecnologías América Latina, y los importantes esfuerzos que avanza por la democratización tecnológica y la participación popular en el control de las tecnologías, puede revisarse: http://redtecla.org/
[3] El TISA no sólo obliga a las empresas públicas considerar comercialmente la fijación de los precios, los estandares de calidad, distribución y marketing, sino a tener un trato “no discriminatorio” de las corporaciones, ser tratadas como empresas nacionales donde no se toleraría, por ejemplo que “un gobierno someta a los inversionistas extranjeros a un escrutinio especial o que restrinja cuánto de una empresa o activo pueden poseer; pague subsidios únicamente los locales; exija que los directores ejecutivos y gerentes sean ciudadanos locales; o reserve determinadas actividades para las empresas locales.” (Kelsey, 2017)
BIBLIOGRAFÍA:
Arconada, S. (2006). Agua ¿derecho humano o mercancía? Los Foros del Agua en México. Cuadernos Del CENDES, 23(61), 175–181.
ATALC (2016). Informe: Estado del agua América Latina y el Caribe. Ediciones Antropos Ltda. Bogotá, Colombia. Retrieved from http://censat.org/es/publicaciones/informe-estado-del-agua-en-america-latina-y-el-caribe
Barreto, V. & Chavez, D. (2017). El TiSA y las empresas del Estado. Transnational Institute y REDES -Amigos de la Tierra Uruguay-.
Domínguez, Judith (ed.) (2011). Hacia una buena gobernanza para la gestión integrada de los Recursos Hídricos. Documento Temático de las Américas. Water Forum of the Americas. Retrieved from http://www.oas.org/en/sedi/dsd/iwrm/past%20events/D7/6%20WWF-GOBERNANZA%20Final.pdf
Gonzales, Javier (2016). “Las empresas españolas se beben los fondos de la cooperación” en: Revista de los Pueblos. Revista de Información y Debate. El Agua en Disputa. Primer trimestre del 2016 Nº 68.
Kelsey, J. (2017). TiSA Juego Sucio. UNI Global Union.
Urrea , D. & Pinzón, M (2013). El agua y el derecho. Humano demasiado humano. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=169907
World Water Council. (2015). Synthesis Report. Global Water towards “Implementation”. 7th World Water Forum 2015. Retrieved from http://www.worldwatercouncil.org/es/node/161
Santos, C. (2006). De Caracas a México. En defensa del agua y de la vida. Biodiversidad, 48, 26–27. Retrieved from https://www.grain.org/es/article/entries/1101-en-defensa-del-agua-y-de-la-vida
Más lectura:
Informe: Estado del Agua en América Latina y el Caribe
#AlertaLeyDeAguas: Materiales sobre el nuevo proyecto de privatización extrema del agua en México
Llamado a los Pueblos para el Foro Alternativo Mundial del Agua – FAMA2108
Página web de la Red de Evaluación Social de las Tecnologías en América Latina (RED TECLA)
Fuente: Otros Mundos Chiapas
Venezuela está sufriendo el más gigantesco ataque imperialista que país alguno haya podido soportar en lo que va del siglo. Todos los métodos de presión e intervencionismo son utilizados para doblegar la decisión del bravo pueblo y de su gobierno revolucionario e intentar volver a quebrar el hilo constitucional como en 2002, pero esta vez con el aditamento de una amenaza de invasión militar, con el sostén descarado e impune de algunos gobiernos latinoamericanos y no pocos europeos que pagan el diezmo en Washington.
Hay múltiples elementos que coadyuvarían a armar un inminente tinglado intervencionista a partir de la toma de decisión del gobierno estadounidense de apurar la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Primero, hace unos meses el vocero fue el vicepresidente Mike Pence quien recorrió el continente visitando presidentes “amigos” para ordenarles apretar las tuercas del bloque económico. No le fue como esperaba pero dejó la semilla que hace pocos días, intentó volver a sembrar el canciller Rex Tillerson.
Esta vez la propuesta de aumentar la beligerancia contra el “dictador” Maduro fue ampliamente comprada por dos puntales del equipo neoliberal más agresivo. Tanto Macri- principal titere orgulloso del imperio , como el perrito faldero Santos- quien sigue sin hacer nada ante el asesinato de mas de 250 lideres y lideresas sociales desde la firma del acuerdo con las FARC en 2016 , se subieron al portaaviones made in USA y prometieron ser de los primeros en la embestida que Washington resuelva.
A esto hay que sumurale un acumulado de gestos indicativos del peligro en ciernes. A saber: las declaraciones del subsecretario de Estado para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri, ofreciendo ayuda a Colombia y Brasil debido “a la gigantesca y continua migración venezolana hacia ambos territorios”. Palmieri utiliza allí, el sesgo intervencionista “humanitario”, el mismo en que viene insistiendo el cadete de la CIA, Luis Almagro o su cómplice peruano Kuzinsky, uno de los impulsores de esa mafia presidencial autodenominada Grupo de Lima. En esa misma sintonía Macri dio luz verde para que los estudiantes venezolanos “que vengan a Argentina huyendo del caos dictatorial no sufran más sinsabores”, y por lo tanto, a diferencia de quienes provienen de otros países, se les legalizará de inmediato su situación educativa. La maniobra, como se ve, es demostrar que “la dictadura venezolana” no da para más. Algo muy similar a lo que durante años Estados Unidos intentó con Cuba y hace muy poco con Siria. Que se resume en la frase: “ hago la vida imposible, obligo a tu gente a emigrar, los recibo con los brazos abiertos y luego te invado humanitariamente”. Para completar, militarmente también hay datos inquietantes: la presencia del Comandante del Comando Sur en Colombia, el movimiento de tropas en la frontera amazónica de Brasil y Colombia, otra vez con la excusa migratoria venezolana. El punto central de confluencia de estos aprestos es la base móvil brasileña de Tabatinga, que fuera inaugurada en noviembre pasado con los ejercicios militares conjuntos de EE.UU, Brasil, Colombia y Perú, en que se practicaron simulacros de invasión “a un país bajo dominio comunista”. Como en las viejas épocas.
En lo que hace al plano interno, una oposición sin ningún tipo de autonomía cumplió con la orden de los emisarios de Trump de retirarse de la mesa de negociaciones de Dominicana, y apoyan sin vergüenza el aumento de la escalada de bloqueo y guerra económica impuesta por Washington. Sabiendo que desde el punto de vista electoral tienen la batalla perdida, los jefes de la MUD se inclinan, por un lado a actuar como lacayos del imperio, y por el otro a dejar abierta la puerta de nuevos intentos de ataques terroristas. Una modalidad que la derecha pro-norteamericana está empezando a ensayar también en Bolivia.
Frente a la gravedad de la situación, se impone que el pueblo venezolano se prepare para repetir la proeza victoriosa del pasado 31 de julio. Sin una sola duda, todos y todas convencidas de que en abril llega la segunda parte de la madre de todas las batallas, y que a diferencia de la encarada por Estados Unidos para masacrar al pueblo iraquí en 1991, esta será para ratificar una vez más que la Revolución es necesaria no solo para asegurar la paz en Venezuela sino para atizar el fuego de la rebeldía continental y mundial. No, esta no será una elección más de todas las que el chavismo ha ganado, sino que respaldando unitariamente a Maduro se puede propinar una soberana patada en el trasero a quienes están intentando que nuestros pueblos, todos ellos, regresen a la Edad Media.
Desde ALBA Movimientos expresamos la necesidad de rodear a Venezuela Bolivariana de la más total solidaridad, y convocamos a todas las organizaciones que hacen parte de esta articulación a estar en alerta permanente y agitar en cada uno de nuestros países la consigna de apoyar la realización de los comicios de abril próximo, como única garantía de lograr una paz duradera.
Proclamamos nuestro apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente, a las elecciones proximas del 22 de abril y reelección del presidente Nicolás Maduro lider, obrero, chavista y leal a los pueblos del mundo.Rechazamos los ataques que descargan sobre su figura y el proceso revolucionario los gobiernos cipayos del continente.
Condenamos el accionar de la Organización de Estados Americanos por su accionar, abiertamente en favor de los intereses imperialistas, antidemocraticos y belicistas como tambien denunciamos al llamado “Grupo de Lima” que no es mas que un club de poker de los mas corruptos y recalcitrantes personajes del continente, preocupados en utilizar a Venezuela como señuelo internacional para tapar los problemas y las injusticias de sus propios gobiernos.
NO A LA INTERVENCIÓN IMPERIALISTA!
CHÁVEZ VIVE, INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA!
VENEZUELA BOLIVARIANA VENCERÁ!
Chico de Filippo, André Lima e Luis Fernando Novoa*
No dia 15 de janeiro foi publicado um artigo no Brasil de Fato intitulado: “Por que a dívida pública é importante e boa para um Estado?”, de Juliane Furno, no qual, dentre outras, Furno argumenta porque a dívida pública é boa para o Estado. A autora chega a chamar os críticos da dívida pública de economistas de direita e liberais. Segundo ela: “o Estado brasileiro – ao se endividar – faz isso na nossa própria moeda e com uma taxa de juros que ele mesmo define”. Seria tão simples assim? O Brasil de Fato publicou este artigo em versão editada, que pode ser lida aqui. No site do Jubileu publicamos, agora, a versão na íntegra, no sentido de contribuir para este debate.
Orçamento e dívida pública são temas polêmicos e podem ser também muito complexos, pois estão permeados por inúmeras variáveis que os determina. Toda a Ciência Econômica é assim, por isso mesmo ela nunca será uma ciência exata, mas uma ciência social. Neste sentido, realizar demasiadas simplificações com o objetivo de didatismo é sempre arriscado e pode levar a um resultado inverso do esperado. Este texto tem como objetivo dialogar com o artigo citado no sentido de questionar certos parâmetros tidos como verdade e apontar outros temas ausentes no texto mas que influenciam diretamente no debate da dívida pública.
O primeiro questionamento é o mais básico, pois, sabe-se, a dívida não é só fruto exclusivo das políticas fiscais de um estado. Ela também é fruto das diretrizes políticas monetária, tributária, cambial e da própria política do governo como um todo. Por exemplo, no início do Plano Real, o crescimento da dívida ocorreu em virtude das operações de mercado para garantir o Real valorizado e, assim, além de diminuir a taxa de inflação, incentivar as privatização e desindustrializar o país. Por outro lado, a autora tem razão ao sugerir que a dívida pública pode ser um instrumento de aumento da demanda e de socorro às finanças públicas, sobretudo em momentos de crise econômica como o que estamos vivendo.
Porém, o exemplo do cidadão ou cidadã, que compra títulos da dívida como quem empresta dinheiro ao Estado para obter renda na forma de juros não é dos melhores, porque encobre uma questão fundamental: quem são os reais credores da dívida pública brasileira? Em artigo publicado no Brasil de Fato, intitulado: “Quem são os proprietários da dívida pública brasileira”, Gustavo Pedro e João Pinto, demonstram quem realmente se beneficia dos juros oriundos dos títulos da dívida pública. Eles partem da constatação que, periodicamente, o Banco Central divulga uma lista de instituições financeiras habilitadas a negociar títulos da dívida pública.
De acordo com o artigo, entre 2011 e 2014 o mesmo Banco Central divulgou os “top five”, os cinco maiores negociadores de títulos da dívida pública a cada ano, o resultado foi que 9 bancos se revezaram entre os cinco principais credores, são eles: o Bradesco, o Santander (Espanhol), a Caixa Econômica Federal, o HSBC (Holanda), Goldman Sachs (EUA), Itaú, Unibanco e Citibank. De acordo com os autores: “É importante frisar que esse processo não passa por nenhum tipo de licitação e é bem restritivo, tendo como critérios o volume de capital social da instituição, um suposto “padrão ético de conduta” e avaliações de desempenho em leilões anteriores – o risco de formação de cartel por tais instituições nos leilões de títulos é evidente.”
Dizer meramente que a dívida pública é boa para a economia acaba por ocultar quem de fato se beneficia do seu mecanismo. Além disso, ao afirmar que o Estado determina a taxa de juros sobre os títulos que ele mesmo emite, títulos esses que são comprados, sim, por pessoas, mas também e, sobretudo, por empresas, a autora desconsidera a influência que o capital financeiro exerce sobre as instâncias de decisão da taxa de juros em particular e da política econômica como um todo. Ou acreditamos que o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Banco Central ou o COPOM são instituições-instâncias eminentemente técnicas? Que a definição da taxa de juros é baseada em critérios técnicos? O que explica os lucros exorbitantes dos bancos em pleno período de crise econômica? Além disso, cerca de 40% da renda dos bancos vêm de aplicações em títulos da dívida pública. São as instituições financeiras, em sua maioria, privadas, as principais negociadoras e detentoras do estoque da dívida pública interna.
O pagamento dos serviços da dívida pública (juros), que cresce principalmente em períodos de crise, concorre sim diretamente com os gastos públicos em programas sociais e isso também precisa ser levado em consideração. Além disso, uma situação em que o governo seja obrigado a vender títulos da dívida para o pagamento de pessoal não é nada desejável. Mais que isso, o endividamento público é o caminho mais curto, porém, não é o único instrumento para se atacar um problema de déficit nas finanças públicas. Há outros instrumentos, a exemplo da taxação de grandes fortunas e da auditoria da dívida pública, para citar apenas dois.
Dívida e orçamento
Uma grande ingenuidade trazida no texto da autora é acreditar que apesar do montante pago com juros, todo o resto do orçamento é elaborado sem o efeito da dívida pública. As finanças organizam o capitalismo mundial a partir da década de 1980 de forma hierárquica, tendo por centro o dólar e Wall Street, conferindo aos EUA privilégio ainda maior que aquele atingido na ordem do pós-guerra (Bretton Woods). No Brasil, o domínio do capital financeiro passa pela manutenção do tripé de metas de inflação, liberalização cambial e superávit primário. Estes três, tratados como verdades absolutas que não podem ser questionadas nem em períodos eleitorais, são as bases econômica do constante processo do acúmulo de lucro do mercado financeiro, fazendo-o como o setor que mais cresce na economia brasileira desde o início do governo Fernando Henrique Cardoso.
Se o tripé é a base da política econômica financista, cabe à gestão da dívida pública garantir a taxa de retorno do mercado financeiro. Para isto, a dívida tem, dentre outras, função de limitar o uso do orçamento público para fins de gestão das políticas públicas e ser o principal parâmetro da montagem do orçamento brasileiro. Em outras palavras, o orçamento é feito primeiramente para pagar juros e estruturar a rolagem da dívida. Tal política, como é vista hoje, tem início junto ao plano Real. Todavia, é a partir do segundo governo FHC, com o estabelecimento do regime de metas de inflação que surgem alguns dos elementos balizadores desta política:
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 101/2000) é a primeira normativa que consolida a primazia do pagamento dos juros da dívida sobre as demais despesas da União (Parágrafo 1 do Artigo 5º). É em torno desta prioridade que toda a peça orçamentária é montada e, a partir, também é estipulado, a cada bimestre (Artigo 9º), o volume do orçamento contingenciado, ou seja, o montante inicialmente previsto para as outras áreas que não poderão ser utilizados. Na prática, a Lei de Responsabilidade Fiscal faz com que os Governos segurem os gastos em todo o primeiro semestre, descontinuando projetos, remontando equipes e parâmetros, para no segundo semestre, sabendo do que é possível no ano, “correr” para executar o mais rápido possível.
Outra normativa fundamental é a Desvinculação das Receitas da União (DRU). Este instrumento permite que até 30% das receitas vinculadas a gastos sociais e investimentos poderiam ser destinadas ao abatimento da dívida. Assim, garante recursos que efetivamente possam ser destinados ao pagamento dos juros, por meio da geração dos Superávits Primários, que, conforme a LRF estabelece o montante de recursos que devem ser destinados ao pagamento da dívida. Desde 1994 até o ano de 2014 foram quase 20 anos seguidos com mais de 10% do orçamento destinados para o pagamento de juros. Mesmo assim, devido à gestão da política econômica, a dívida brasileira continuou a crescer. Fica evidente que o problema do crescimento da dívida não é com o “excesso de gasto” do Estado, mas com a política econômica voltada à gestão da dívida.
Todavia, não satisfeito em consumir fatias importantes do orçamento e travar toda a gestão fiscal nas outras áreas, novas políticas vão sendo criadas sempre em favor de garantir que a gestão orçamentária priorize a gestão e o gasto com a Dívida Pública, como a Lei que permite o uso dos restos a pagar e do lucro com operações das reservas cambiais no abatimento da dívida (Lei 11.943 de 2009 e Lei 11.803 de 2008) ou mesmo a Lei 9.496/97 que securitiza a dívida dos Estados e Municípios mas estabelece uma taxa de juros que é sempre maior que a taxa de crescimento das receitas estaduais, levando os Estados à falência atual. Falência que permite pressões por retiradas de direito. Vejam, não é só uma questão de juros.
Não bastassem todas restrições citadas acima, o mercado ainda exigiu ainda a constituição do “Teto do Gasto”. A Constituição de 1988 deixa evidente que o orçamento brasileiro deveria servir para garantir os direitos fundamentais do povo. A partir da implementação da EC 95/2016, o sentido do orçamento e das finanças no Brasil passa a ser primeiro o de garantir a gestão da dívida em favor dos interesses do mercado financeiro. Aos poucos já estamos sentido o impacto desta nova disposição constitucional que, sem reduzir o peso da dívida pública, destruiu um conjunto de políticas sociais e agora nos ameaçam com a Reforma da Previdência em nome da “estabilidade fiscal” do país.
A conclusão disso tudo é que mesmo que chegue ao Planalto Central uma gestão comprometida com os interesses da maioria do povo brasileiro, tal gestão não exercerá a política econômica sob condições outras senão as colocadas resumidamente neste artigo.
A importância da Auditoria da Dívida
Por fim, gostaríamos de, resumidamente, apontar 5 questões:
1 – A Gestão da Dívida Pública consome a gestão orçamentária do Governo Federal e dos Governos Subnacionais. De fato, esta dinâmica não tem como ser expressa num simples gráfico orçamentário, não porque os gastos com juros e refinanciamento possam estar superestimados, mas porque a dinâmica é constante e causa pressões “técnicas” pelo corte nos gastos com políticas sociais, por privatização de serviços e retirada de direitos;
2 – Ao longo dos anos surgiram inovações legais que engessaram progressivamente o orçamento estatal com a dinâmica da dívida, inviabilizando as demais políticas;
3 – Mexer neste processo é afetar toda a política econômica liberal. Portanto é algo não aceitável pelos governos que “seguem o mercado”. Promover qualquer mudança na lógica orçamentária implica, portanto, em ter que alterar toda a política econômica. Todavia, muitas destas mudanças já estão “impedidas” por lei, em especial a LRF e agora a EC 95;
4 – Assim, para dar sustentação à irresponsabilidade da política econômica levada à cabo pelos Governo Brasileiro desde meados dos anos 1990 (quando o atual modelo foi implantado), bem como para provar irregularidades contratuais da gestão da dívida no período anterior, a Auditoria da Dívida, prevista na Constituição Brasileira é um instrumento que pode se mostrar bastante eficaz;
5 – Com base numa auditoria, que deve realmente ser mais ampla e questionar o sentido de toda a política econômica e seus resultados concretos, um governo progressista e destinado a enfrentar o poder político, econômico e legal do capital financeiro, poderá armar-se de propostas concretas e legitimadas pela Constituição Federal do Brasil.
*Chico de Filippo é economista e membro da rede Jubileu Sul Brasil
* André Lima é economista e membro da rede Jubileu Sul Brasil
*Luis Fernando Novoa é sociólogo e membro da rede Jubileu Sul Brasil.
Fuente: Jubileu Sul Brasil
COMUNICADO DE PRENSA
Las organizaciones firmantes repudiamos el cobarde ataque contra los integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), defensores de los derechos de los pueblos indígenas e impulsores de importantes procesos de autonomía en Oaxaca.
Alrededor de las 23:30 horas del 12 de febrero, con una reunión con representantes del gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, fueron emboscados, en la carretera 175 del estado, integrantes CODEDI. Los agresores, un grupo de sicarios fuertemente armados, asesinaron en el acto a tres activistas, dos de ellos menores de edad e hirieron a Abraham Ramírez, miembro cofundador de la organización. El mensaje de terror es claro para quienes defienden los derechos humanos en Oaxaca. “Buscan paralizarnos, desmovilizarnos y acallarnos”.
El hecho evidencia la existencia de una política de Estado encaminado a silenciar las voces disidentes, en este caso, a través del exterminio de las personas defensoras de los derechos humanos y activistas sociales. Es una guerra sucia que se agudiza de cara al contexto electoral en curso, ya que poco más de un año ha sido registrada, amenazas de muerte, vigilancia, difamación, desaparición, allanamientos y ahora asesinatos. Todo esto bajo la marca de impunidad lacerante que vive Oaxaca desde hace décadas.
Hacemos ONU Llamado a la comunidad nacional e internacional Mantenerse alerta de las y los defensores de Derechos Humanos en Oaxaca, De que podamos desempeñar Nuestra mano de obra en las Condiciones de Seguridad e Igualdad, con el acorde Mandato constitucional. Asimismo, les pedimos sumarse a la exigencia colectiva por el esclarecimiento inmediato de estas ejecuciones extrajudiciales y por el castigo implacable a los autores materiales e intelectuales de las mismas.
Exigimos justicia para nuestros compañeros, pues la impunidad propicia la perpetuación de los crímenes, y garantías de seguridad para las personas y defensores de los derechos humanos en Oaxaca.
Responsable del gobierno de Alejandro Murat de represión contra las personas que integran el CODEDI, y exige que se garantice la vida y seguridad de sus integrantes en específico Abraham Ramírez Vásquez.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 14 de febrero de 2018
Servicios para una Educación Alternativa EDUCA AC
Consorcio Oaxaca AC
Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño CAMPO AC
Centro Calpulli AC, Espiral por la Vida AC
Código DH AC
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca SURCO AC
ECCO AC
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO
UNOSJO SC
Iniciativa Ciudadana Oaxaca AC,
Flor y Canto AC
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca REDECOM
Colectivo Mujer Nueva
Piña Palmera AC
VOCAL
Servicios del Pueblo Mixe AC
Universidad de la Tierra
Luna del Sur AC
Nueve Lunas AC
Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres AC
Comité de Familiares y Amigos “Damián Gallardo”
CIPO-RFM, UCIZONI
Colectivo 2 de marzo
Resistencia Civil Istmo Norte
LAVIDA Y POBLADORES
Izquierda Democrática Popular
Defensoría popular Ricardo Flores Magón
Centro de Estudios de la Región Cuicateca
Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl AC
Comuna Oaxaca
Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ
Frente Popular Revolucionario
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer IDEMO AC
PRODER
JUCOLAE AC
Herramientas para el buen vivir AC
Puente AC
PROPUESTA AC
DAMIX AC
Defensoría por los derechos humanos
Isabel AC
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Limeddh-Oaxaca
Organización de Familia
Pasta de Conchos
Sol Rojo
Maderas del Pueblo del Sureste AC
Pobladores de Oaxaca
La Unión Cívica Democrática de Barrios
Colonias y Comunidades UCIDEBACC
Asamblea Permanente de Víctimas
sSobrevivientes y Expresos políticos de Oaxaca 2006-2007
Salud, Arte y Educación, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A .C.
UACOL
Dinamismo Juvenil AC
FLASEP AC
CEE
Cep-Parras AC
CEAAL
Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio
COCEI-ML
Radio Tlayoli
Radio Coalt
Copudever
Ecosta Yu Cuii
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua
Grupo Mesofilo
INSO AC
Preparatoria Comunitaria José Martí, Ixhuatán
Pobladores Oaxaca
Mut Vitz 13 de Marsella (Francia)
Grupo de información sobre América Látina (IGLA), Viena, Austria
Fuente: Radio Temblor
