Este 16 de enero se cumplen dos años de mi detención arbitraria. Las operaciones del poder judicial y de la prensa para mostrarle al alg mundo que soy la peor de todas siguen como el primer día. Sin embargo, la única realidad es que conmigo solo empezaron una persecución feroz a todo el que piensa diferente. A medida que pasan los días vamos perdiendo la cuenta de la cantidad de presos políticos, que ya suman más de 20. Presos por querer un mundo mejor, por defender los derechos de los que menos tienen, por enfrentar las políticas de hambre y exclusión que impulsa el gobierno de gerentes de Cambiemos. Ni hablar del ensañamiento contra los compañeros. El caso de Hector Timerman es uno de los que más me dolieron, especialmente por la miseria humana de los que ocasionaron que le cancelaran la visa, pero mucho más de aquellos que lo festejaron.
En lo personal fueron dos años muy difíciles. Pero sobre todo de mucha impotencia. Los que me conocieron en libertad saben que no hacía más que resolver situaciones de distintos compañeros y a veces de personas que ni siquiera conocía. Y nunca fue para favorecer a Milagro Sala. Hablar de las obras no tiene sentido, ya lo hice muchas veces. A pesar del odio de que sienten en contra nuestro y del intento de arrasar con todo, la construcción popular sigue de pie. Las casas, las fábricas, el centro cultural, las escuelas están ahí. Se ven y se tocan. Sí tengo que reconocer que siento rabia por como saquearon los centros de salud que brindaban atención gratuita a miles de personas, o las piletas y polideportivos que destruyeron y quemaron. Eso era para los chicos de los barrios. Sienten tal odio contra los que menos tienen que no les alcanza con haberme privado de la libertad sino que les quitan los derechos más elementales a miles de jujeños.
Mientras tanto, mis compañeros/as y yo, a pesar del hostigamiento constante y las detenciones estamos más de pie que nunca con nuestros ideales. Creyeron que con esto nos destruían, creyeron que nos iban a quitar la alegría y la dignidad. Y no pudieron. Sepan que solo nos han fortalecido.
Quiero agradecer aquí a los “Comités por la Libertad de Milagro Sala” y a los miles de compañeros, amigos, familia y desconocidos que desde los organismos de derechos humanos, la cultura, la política, las organizaciones sociales, los sindicatos y otros ámbitos lucharon solidariamente y sin pedir nada a cambio por los presos políticos.
Compañeros, sigamos luchando para que las necesidades se conviertan en derechos.
Como ya es habitual en el Estado policial chileno, en el marco de la misa que el Papa Francisco realizó por la mañana en el Parque O’Higgins de Santiago el 16 de enero, la Marcha de los Pobres fue duramente reprimida por Fuerzas Especiales de Carabineros. Por lo menos 30 personas fueron detenidas.
La Marcha de los Pobres fue convocada por un conjunto de organizaciones sociales y políticas con el fin de expresarle al Papa que “Han pasado 30 años desde que Juan Pablo II visito nuestro país, en plena dictadura cívico-militar, donde el pueblo chileno protestó para manifestarle al sumo pontífice que la democracia había sido pisoteada por la bota militar, asesinando, torturando y haciendo desparecer a cientos de chilenos y chilenas. Hoy con la venida de Francisco I, nuevamente protestaremos para evidenciar, que nada ha cambiado en estos 30 años, que continúa la pobreza en las calles, nuestros ancianos y ancianas viven con pensiones indignantes producto del sistema de AFP impuesto por la dictadura, con la complicidad del gobierno electo y que día a día los mata lentamente”.
Los manifestantes de la Marcha de los Pobres indicaron que “Los movimientos sociales de clase y en lucha, no somos parte del show de estos grupos de poder que se unen para demostrar su poder, no seremos partícipe de esta mentira que quieren hacerle ver al mundo entero, no queremos ser cómplices de estas falsas décadas que algunos le colocan como avances democráticos desde sus oficinas de gobiernos, centros de estudios y sus partidos políticos”.
La concentración de la Marcha de los Pobres, tal como lo informaron los convocantes, se agrupó en Avenida Vicuña Mackenna y Avenida Grecia, a unas 15 calles del Parque O´Higgins donde el Papa efectuó su liturgia en la capital del país andino. El objetivo de la Marcha de los Pobres era llegar hasta la misa. Sin embargo, una vez más, las Fuerzas Especiales de Carabineros reprimieron con brutalidad repetida a los manifestantes. Mientras eran golpeados, recibieron el baño químico de los gases lacrimógenos y los carros lanza-aguas, que lo menos que contienen es agua, toda vez que su composición porta elementos nocivos jamás informados a la opinión pública. Cuando los manifestantes recién lograron iniciar la marcha, alrededor de 30 personas fueron detenidas.
Perdón, pero no tanto
Durante la mañana en La Moneda el Papa se refirió a los innumerables casos de pedofilia clerical, indicando que “No puedo dejar de manifestar dolor y vergüenza por el daño a los niños por parte de los miembros de la Iglesia”. No obstante, un rato después, en la misa que ofreció en el Parque O’Higgins, Francisco I estuvo acompañado del mismísimo obispo de Osorno, Juan Barros, acusado probadamente de ser testigo directo de los abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima. De hecho, a la llegada del Papa a Santiago de Chile, el 15 de enero, el movimiento de laicos católicos de Osorno que luchan por la remoción del obispo Barros, junto al cura obrero Mariano Puga y comunidades de base de cristianos por la liberación, también fueron reprimidos en el centro de la metrópolis del país andino.
Lo de fondo
El Papa Francisco, con el objeto de mantener los equilibrios dentro del laberinto y pugnas intestinas de los grupos de interés en la Iglesia, y a contrapelo de la comunidad católica de la sureña región de Osorno, nombró como obispo de esa ciudad al sacerdote Juan Barros, quien ha recibido hasta golpizas de los feligreses por su complicidad en los abusos sexuales cometidos por el cura Fernando Karadima. Al saber de su designación, uno de los principales denunciantes de los crímenes pedófilos de Karadima, Juan Carlos Cruz, señaló a la BBC que “Juan Barros estaba parado ahí, mirando, cuando me abusaban a mí. No me lo contaron, me pasó”.
En esa misma línea, el ex arzobispo de Santiago, el archiconservador y derechista acérrimo, Francisco Javier Errázuriz Ossa, fue nominado por el Papa Francisco como uno de los poderosos miembros del Consejo de Cardenales, colaboradores directos en el gobierno del Vaticano. La situación privilegiada de Errázuriz Ossa respaldó la designación del antipopular obispo de Osorno en Chile y la garantía política requerida por el número uno de la Iglesia Católica en Chile, Ricardo Ezzati, para presentar sus querellas contra los sacerdotes jesuitas del país andino José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berríos, por su condición de ardientes militantes de la Iglesia de la opción por los pobres y del Cristo de los condenados/as de la Tierra.
Todavía el Papa debe visitar Temuco, en la región de La Araucanía. Allí, como en la región del Biobío, se encuentran las expresiones más intensas y orgánicas resistencias anticapitalistas del Pueblo Mapuche. La visita de Francisco a Chile aún no termina.
El 2018 da la oportunidad a los brasileños de optar entre la posibilidad de construcción de una sociedad mínimamente igualitaria o la consolidación definitiva de un proyecto expoliador, represivo, antipopular, siempre y cuando se realicen las elecciones presidenciales y no se produzca un golpe dentro del golpe para impedir, a toda costa, la participación del exmandatario Lula de Silva en ellas
Las señales son confusas y es difícil que quienes hoy detentan el poder se pongan la soga al cuello: las elecciones no están aseguradas, y harán lo imposible para impedir la elección del expresidente, inclusive un nuevo golpe que conlleva al vaciamiento del presidencialismo o de un enmienda constitucional (eludiendo la consulta popular) que dicte un parlamentarismo de hecho, o una presidencia colegiada, con jueces y quizá militares.
Durante el gobierno golpista Brasil ha retrocedido en todas las áreas, suprimiendo y destruyendo los derechos sociales y concentrando la riqueza en la mano de los más ricos, con aumento expresivo en el precio del gas, la gasolina y la electricidad, cortes en el salario mínimo, en la salud y reducción de inversiones en las universidades, cortes drásticos en la educación, en la investigación y en toda el área social.
No hay esperanza con este gobierno de facto: las medidas anunciadas para 2018 van a agravar aún más este cuadro: Son los más pobres quienes pagarán la cuenta de la reforma de la seguridad social que no afecta a los ricos, los parlamentarios, los jueces ni los militares. Es que para fines de 2017 los “nuevos pobres” sumaron 3,6 millones, mientras Naciones Unidas anunciaba que Brasil retorna al Mapa del hambre.
Solo un nuevo pacto popular alejará del horizonte las amenazas de hoy, que no se reducen a las consecuencias del neoliberalismo radical sino a la radicalización conservadora, como pensamiento, acción, política, gobierno, valores sociales e ideología. El conflicto que no favorece los proyectos de conciliación de clase, presidirá las maniobras de la derecha y condicionará los movimientos del campo popular, independientemente de los partidos y de las candidaturas conocidas y aquéllas por ser anunciadas, señala el exministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Amaral.
El académico Liszt Vieira señala que mientras se producen aumentos de impuestos, por un lado, por el otro se perdonan deudas multimillonarias de grandes empresas y se decreta la exención de impuestos a las empresas multinacionales de petróleo. Los medios de comunicación hegemónicos aplauden las reformas presentándolas como esenciales al interés nacional.
El Poder Judicial, cada vez más participante en temas que no le debieran concernir, parece sintonizado con los mismos intereses, al igual que los mandos policiales. A partir del golpe de 2016, la radicalización creció, se expandió y se profundiza a favor del poder económico, bajo el liderazgo del capital financiero y el monopolio de los medios de comunicación, uno y otro “estados” dentro del Estado, que actúan en consonancia y son portavoces del poder fáctico, más allá de los tres poderes constitucionales.
Más allá de los medios de comunicación de masas, en su permanente deconstrucción de la imagen del expresidente, actúan coordinadamente el poder judicial (de jueces como Sergio Moro hasta el Supremo Tribunal Federal, el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales superiores regionales), la Fiscalía General y la Policía Federal. La intención no es comprobar presuntas irregularidades cometidas por Lula, sino impedir hoy su candidatura; mañana, su elección y su gobierno, aunque sea a costa de su libertad, amenazada por condenas anunciadas.
Lula promete un nuevo manifiesto-compromiso, dirigido ahora al pueblo (y no como en 2002 a los banqueros), a trabajadores y campesinos, proletarios urbanos que sobreviven en los servicios y a aquellos sectores de la clase media perdidos en el último quinquenio. Aún cuando Lula quiera fortalecer su imagen de conciliador, estará presionado por las circunstancias.
La gran ofensiva de la derecha intenta privatizar todo lo posible, hasta el Jardín Botánico de Río. Luchar contra las zancadillas que intentan impedir que Lula sea candidato en 2018 y levantarse en la defensa de la democracia y los intereses de la nación, puestos en riesgo por el entreguismo más descarado, son las tares del espectro popular, en busca de unidad táctica, estratégica y de acción.
Revertir el grave retroceso será la gran tarea del gobierno que sea elegido en noviembre de 2018. Si un golpe dentro del golpe no lo frena, claro.
Juraima Almeida
Investigadora brasileña del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Casi 100.000 personas se movilizaron el pasado 6 de enero en San Pedro Sula. | Foto: EFE
Desde las 14H00 horas locales el pueblo de Honduras marchará hasta la Casa Presidencial “para evitar que el dictador siga en el poder”, dijo Nasralla.
Una vez más miles de hondureños saldrán a las calles para marchar este viernes en contra de lo que consideran un fraude electoral, luego de los comicios generales del pasado 26 de noviembre, en los cuales el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó como ganador al actual presidente Juan Orlando Hernández.
Salvador Nasralla, abanderado de la Alianza de Oposición, quedó segundo en el escrutinio definitivo y desde entonces encabeza la movilización en contra de la proclamación.
“Todos para evitar que el dictador siga en el poder, para apoyar a la gente pobre de Honduras que quiere una mejor calidad de vida”, exclamó Nasralla en un video publicado en la cuenta de Twitter de la Alianza.
El líder opositor llamó al pueblo hondureño a la marcha de este viernes, que partirá desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán a las 14H00 (hora local) hasta la Casa Presidencial en Tegucigalpa.
El pasado sábado 6 de enero, cuando los hondureños se movilizaron contra el fraude electoral en San Pedro Sula, fueron casi 100.000 personas los que protestaron, según Nasralla, quien espera este viernes “tengamos una cifra similar o mayor”.
El TSE declaró que Hernández obtuvo 42,95 por ciento de los votos, contra 41,24 por ciento de Nasralla, a pesar de las irregularidades registradas durante el proceso.
Miles de hondureños siguen en las calles protestando contra Juan Orlando y el fraude electoral y en defensa de la victoria de @SalvadorAlianza#JOHNoSosMiPresidente
El 27 de enero, cuando está pautado que Hernández jure en el cargo para su segundo mandato, se espera que hayan más protestas. Luego de que el TSE proclamó al jefe de Estado como ganador, las manifestaciones se desataron en el país y la represión de las autoridades dejaron al menos 30 muertos.
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se movilizó desde el Congreso. Denunciaron la impunidad del accionar represivo que tuvo lugar el 14 y 18 de diciembre. También rechazaron las prisiones domiciliarias para los genocidas.
Este jueves por la tarde organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se movilizaron por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hicieron para reclamar la libertad de César Arakakai, Dimas Ponce y el conjunto de los presos políticos que el gobierno de Cambiemos mantiene detenidos luego de las represiones del 14 y 18 de diciembre pasado.
Esos días decenas de miles se movilizaron al Congreso Nacional para oponerse a la sanción de la reforma previsional que significaba ataque a la seguridad social y un robo multimillonario al bolsillo de los sectores más vulnerables: jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales.
La ley se impuso a fuerza de palos, gases y balas de goma, una dura represión que terminó con decenas de heridos y detenidos. Pero con la ayuda de sus medios adictos, el gobierno trata de estigmatizar a los “grupos violentos” y mantiene presos a los manifestantes César Arakakai, Dimas Ponce. Al mismo tiempo liberó al único policía detenido (por pisar con su moto a un manifestante caído por las balas de goma) y viene de otorgar la prisión domiciliaria a militares genocidas.
En una de las tardes más calurosas en lo que va de enero, miles de personas marcharon en la convocatoria realizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La movilización arrancó en el Congreso de la Nación y se dirigió hacia Plaza de Mayo.
Allí se movilizaron algunos de los principales referentes de organismos de derechos humanos, como Madres Línea Fundadora. Pudo verse, llegando a Plaza de Mayo a Nora Cortiñas en la cabecera de la movilización.
Los principales dirigentes y referentes del Frente de Izquierda también marcharon a Plaza de Mayo. Los diputados nacionales Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra estuvieron presentes junto a otros referentes como Néstor Pitrola y Marcelo Ramal.
La diputada @NathiGonzalezS en Plaza de Mayo por la libertad de los presos políticos: “El delito para el Gobierno fue haber defendido a los jubilados”.
La movilización culminó con un acto en Plaza de Mayo. Allí, entre otras definiciones, en el documento leído se señaló:
“Exigimos cárcel y común para los genocidas y la libertad inmediata y al cierre de las causas de todos los luchadores obreros y populares presos y perseguidos”.
También se denunció que “las últimas muestras de impunidad que tentemos que enfrentar son la prisión domiciliar a Etchecolatz y a otros genocidas condenados. Y el ascenso al gendarme Echazú, uno de los responsables del accionar que terminó con la vida de Santiago Maldonado”.
El documento acordado por las organizaciones que se movilizaron denunció además que la represión no es solo la del gobierno de Cambiemos.
“En varias provincias, igual que la tónica del gobierno nacional, los gobernadores también persiguen y reprimen a los que luchan. Entre otros casos se reprimió con balas de plomo a la comunidad wichí en Formosa, se reprimió a los estatales en santa Cruz y a los obreros del Ingenio La Esperanza en Jujuy”.
ÀS 5 DA MANHÃ de 13 de novembro, mais de duzentos policiais haitianos invadiram a área de Grand Ravine em Port-au-Prince. Houve uma série de explosões, seguidas de disparos. Foram seis horas de comoção, durante as quais a região permaneceu sitiada.
O que havia começado como uma operação contra gangues num bairro pobre e esquecido de um país igualmente pobre e esquecido terminou na execução sumária de civis inocentes num campus escolar.
Os policiais trabalhavam em parceria com a Missão das Nações Unidas de Apoio à Justiça no Haiti (MINUSJUSTH), iniciada em outubro — uma nova versão, sem o componente militar, da Missão para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), que começou em 2004, logo após o golpe de estado, quando a ONU enviou milhares de soldados com a tarefa de restaurar a estabilidade e reforçar o contingente da polícia nacional. O Brasil teve um papel marcante no Haiti, tendo mandado, de 2004 a 2017, 26 contingentes e 37 mil homens. Mas, depois da resolução do Conselho de Segurança que determinou a retirada gradual das forças da MINUSTAH, os últimos 816 militares brasileiros que participavam da missão regressaram ao país em setembro do ano passado. Atualmente, há apenas dois policiais militares brasileiros participando da nova missão, a MINUSJUSTH.
Embora a ONU tenha dado uma declaração alguns dias depois da invasão, pedindo às autoridades haitianas que investiguem o caso com celeridade, não admitiu publicamente seu papel na operação. Em uma declaração enviada por e-mail no final de dezembro, apesar de tentar se distanciar da responsabilidade pela morte de civis, uma representante da ONU confirmou pela primeira vez a The Intercept que a missão havia ajudado a planejar a invasão.
“As referidas mortes de civis não faziam parte do plano da operação. Antes, foram fruto de ação unilateral por parte de agentes [da polícia haitiana] após a conclusão da operação”, afirmou por e-mail Sophie Boutaud de la Combe. Ainda de acordo com a ONU, a invasão da escola foi realizada sem autorização, sem consulta prévia à hierarquia policial e fora do plano operacional.
Boutaud de la Combe afirmou ainda que, no dia seguinte à invasão, a ONU “realizou uma apuração interna com todos os comandantes que participaram da operação”. A investigação interna corroborou a conclusão de que os agentes da ONU não efetuaram disparos, tendo apenas “guardado o perímetro” ao redor da escola, afirma ela.
“Nenhuma das unidades [da polícia da ONU] seguiu até o local no Colégio Maranatha onde se deram os referidos assassinatos”, declarou a representante. “A parte planejada da operação correu relativamente bem. Não fazia parte do plano a iniciativa unilateral de alguns membros da polícia nacional haitiana, que agiram fora do quadro operacional, sem prévia notificação aos superiores, sem autorização e contradizendo o próprio planejamento da operação”.
Brasão da escola no portão principal e perto da entrada do pátio no campus Maranatha em Port-au-Prince, em 17 de novembro de 2017.Foto: Jake Johnston
QUANDO CHEGUEI ao campus do Colégio Evangélico Maranatha com uma equipe de transmissão da Al Jazeera, quatro dias depois da invasão, ficou imediatamente claro que algo de hediondo havia acontecido.
O concreto apresentaca manchas de sangue ainda úmidas, que a camada de neblina, que tornava a cidade inusitadamente fria naquela semana, não deixava secar. A água acumulada sobre o ralo entupido do pátio estava tingida de vermelho escuro e ocultava parcialmente um cartucho vazio de gás lacrimogêneo. O cheiro da violência ainda pesava no ar.
Salas e escritórios haviam sido revirados, e o conteúdo de armários, gavetas e estantes estava espalhado pelos andares. A luz se infiltrava pelos buracos deixados pelas balas que haviam penetrado as grossas paredes de concreto. Em algum momento depois da invasão, alguém havia varrido para uma pilha de lixo cinco cartuchos de gás lacrimogêneo e cerca de cem cápsulas de armamento pesado.
Na manhã em que chegamos, alunos e funcionários estavam reunidos para homenagear os que haviam sido mortos. A escola ainda estava fechada. Eles se juntaram em uma pequena sala de aula, fecharam a porta para intrusos como nós, e começaram a cantar. Os hinos religiosos com suas melodias ricas e profundas ecoaram pelo pátio, se misturando aos gritos das vítimas enlutadas e dos familiares ávidos por contar suas histórias.
“Eu quero me matar”, disse-nos Monique Larosse, cujo sobrinho foi morto naquele mesmo pátio alguns dias antes. “Por que eles o mataram se sabiam que ele não era bandido? Ele ia à igreja, estudava, tinha princípios.”
As histórias que Larosse e outros sobreviventes e familiares me contaram deixam claro que algo deu terrivelmente errado naquele dia. Embora ainda haja muito por esclarecer, uma coisa é certa: a narrativa oficial conflita com o que as pessoas de Grand Ravine afirmam ter vivido e presenciado, e a justiça ainda parece distante demais.
Cartuchos de gás lacrimogêneo e cápsulas de munição varridas em uma pilha no campus Maranatha em Port-au-Prince, em 17 de novembro de 2017. Foto: Jake Johnston
SITUADA PERTO da entrada sul da extensa capital do Haiti, a região de Grand Ravine fica na encosta de um morro, com vista panorâmica para o Mar do Caribe. Apesar disso, é um lugar negligenciado pelas autoridades.
Em decorrência da urbanização improvisada, sem regulamentação, Grande Ravine e vários outros bairros praticamente não possuem infraestrutura ou acesso aos serviços públicos. Muitas áreas são acessíveis apenas a pé.
Vielas estreitas e tortuosas se espalham entre as casas de concreto reforçadas com chapas de metal enferrujadas.
Em meio a tudo isso, fica o Colégio Evangélico Maranatha, que funciona nesse local desde os anos 1940 e oferece educação a partir da pré-escola às crianças do bairro. O campus inclui vários prédios escolares, alojamentos e algumas árvores bem grandes, que contrastam com a paisagem dominada pelo concreto. Um muro baixo circunda a escola.
A única entrada para a instituição, que fica ligeiramente acima do nível da região que a circunda, é um caminho íngreme que começa após um grande portão de metal. O campus é um refúgio, um oásis de tranquilidade numa parte do Haiti tomada pela ação das gangues.
Grand Ravine é uma “zona vermelha” — o código que as forças internacionais usam para identificar as áreas mais violentas do país. Em dezembro de 2016, o mais importante chefe de gangue do bairro, Junior Decimus, foi preso no aeroporto quando tentava viajar para o exterior. Um mês depois, segundo a organização local de direitos humanos Justiça e Paz, instalou-se um conflito armado pela disputa do controle do bairro. “Ondas de disparos de armas automáticas cantavam durante o dia, enquanto policiais da estação mais próxima apenas observavam, impotentes”, relatou a organização.
Em outubro, um mês antes da invasão policial, grupos de jovens armados colocaram barreiras na estrada para assaltar carros em plena luz do dia.
No mesmo mês, milhares de soldados da ONU que estavam no país desde o golpe de estado de 2004 foram removidos. Enviadas ao Haiti para restaurar a “estabilidade”, as tropas estrangeiras se envolveram em diversas invasões violentas em bairros semelhantes a Grand Ravine. A comunidade internacional gastou centenas de milhões de dólares no treinamento da polícia do Haiti para a eventual saída da ONU.
A Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) encerrou seu prazo em outubro, mas ainda não houve uma retirada completa das tropas. No lugar dos soldados, a ONU criou uma missão menor, composta de alguns milhares de policiais. No começo de novembro, juntamente com as forças policiais da capital, a nova missão da ONU ajudou a planejar uma operação contra as gangues em Grand Ravine.
A invasão de 13 de novembro foi uma das primeiras e maiores ações envolvendo a nova missão, e a resposta aos eventos vai ser determinante para o futuro da relação da ONU com a população de Grand Ravine — e para o sucesso da renovada força policial local.
Vista das casas em uma montanha de Juvenat, na comuna de Petion-Ville, em Port-au-Prince, em 12 de dezembro de 2017. Foto: Hector Retamal/AFP/Getty Images
ÀS 6H30 daquela manhã de meados de novembro, Armand Louis recebeu um telefonema do Colégio Maranatha, instituição que dirige há trinta anos. Havia algo de errado. A operação policial havia chegado à escola.
Quando chegou ao colégio, quase duas horas depois, gás lacrimogêneo já estava sendo usado pela polícia, segundo uma investigação da Rede Nacional de Defensores dos Direitos Humanos (RNDDH, na sigla em francês), organização local de direitos humanos. A descrição a seguir é baseada em entrevistas realizadas por The Intercept com diversas testemunhas, cujos relatos batem com o relatório da RNDDH sobre o massacre.
A polícia abriu e revistou as salas de aula, revirando-as na aparente tentativa de localizar membros de gangues que estariam escondidos no campus. Não encontraram ninguém.
Houve um breve período de tranquilidade. As pessoas que permaneceram no campus deram água à polícia. A ardência nos olhos pelo gás lacrimogêneo se reduziu.
Uma hora depois, conta Louis, o segurança da escola Julio Fongene foi até ele e disse que havia sido ameaçado por alguns membros de gangue que estavam escondidos num depósito do campus. Louis contou isso à polícia.
“Cem ou duzentos poderiam morrer lá dentro que ninguém saberia.” — Rovelsond Apollon, Justiça e Paz
Dois policiais foram baleados ao tentar prender esses bandidos, que conseguiram fugir. Aparentemente, nenhum deles foi preso, já que a polícia não informou ter detido os responsáveis por atirar nos policiais.
Unidades da ONU constituídas por policiais da Jordânia e do Senegal responderam aos relatos de disparo de tiros e foram à escola. Segundo a ONU, eles prestaram primeiros socorros aos policiais feridos e guardaram o perímetro. Não há relatos de envolvimento dos dois brasileiros da MINUSJUSTH no episódio.
Mas, dentro do campus, a polícia haitiana passou a partir para cima de civis inocentes que haviam testemunhado o episódio.
Primeiro, atiraram e mataram o segurança Fongene, dizem as testemunhas.
Depois os policiais acusaram Louis de armar para cima deles e o arrastaram para o pátio central, onde estavam alguns docentes e funcionários que moram no campus. Os agentes o espancaram com uma cadeira, causando lesões substanciais na cabeça e no tórax. A Missão Protestante Evangélica Batista do Haiti, afiliada à escola, incluiu um relato do espancamento no seu parecer sobre o ocorrido. O episódio foi confirmado por uma entrevista com Louis e pelo relatório da RNDDH.
Os funcionários da instituição tentaram intervir. O professor David Jean Baptiste foi espancado e recebeu cinco tiros, um deles na cabeça. O pátio onde ele foi morto permaneceu manchado de sangue por muitos dias.
Vanel Danger mora no campus e é responsável pela cantina. Ele contou a The Intercept que um policial colocou uma arma em sua cabeça e ameaçou arrancar seus dentes se ele não cooperasse. Danger se jogou de joelhos no chão e implorou por sua vida. Lembrou ao policial que lhe dera água havia menos de uma hora, de acordo com o relatório da RNDDH. Danger foi poupado, mas muitos não tiveram a mesma sorte.
Surrado e ensanguentado, Louis foi algemado por um policial de uniforme da ONU e arrastado para a prisão, conforme relatou a The Intercept.
Quando a polícia finalmente foi embora do campus, por volta das 11 da manhã, deixou os corpos de nove civis mortos no pátio — cinco deles com tiros na cabeça. Nenhuma arma de fogo foi recuperada, o que sugere que as mortes foram “execuções sumárias”, nos termos do relatório da RNDDH.
Os corpos só foram retirados na tarde seguinte.
Sala de aula revirada no campus Maranatha em Port-au-Prince, em 17 de novembro de 2017. Foto: Jake Johnston
QUATRO DIAS DEPOIS da invasão, as vielas que contornam o campus e cortam os morros da região permaneciam praticamente desertas. Grupos de crianças nos observavam dos telhados. Olhares fugazes pelas frestas das casas de concreto nos seguiam pelo bairro.
Muito poucos se dispunham a falar.
“Há muito mais [vítimas]” dessa e de outras invasões, explicou um morador, aluno da escola, cujo nome The Intercept não divulgará por razões de segurança. “Eles estão com medo”, acrescentou.
Embora a operação contra as gangues tenha terminado num massacre escolar, restam também várias perguntas sobre o que aconteceu fora do campus, onde a operação começou. Num primeiro momento, foram contabilizadas sete mortes de civis — todas ocorridas dentro da escola. No total, a polícia prendeu 32 pessoas, mas não admitiu nenhuma morte fora da escola.
A RNDDH descobriu em sua investigação, no entanto, que uma das pessoas que foram encontradas mortas no campus morava nos arredores e havia sido arrastada de sua casa naquela manhã e levada à escola depois de morta.
O número total de mortos ainda não é conhecido.
Doresne Jean, diretor do necrotério de Saint Claire no centro de Port-au-Prince, conta que oito corpos chegaram de Grand Ravine na terça-feira, dia seguinte à invasão – um número maior do que a polícia havia admitido. Mas Jean acha que certamente haveria mais.
“Talvez a polícia tenha removido alguns corpos, porque cinco ou seis pessoas vieram aqui perguntar por seus familiares”, especula ele. As pessoas por quem procuravam não estavam na lista dos corpos encaminhados ao necrotério.
A comissão arquidiocesana Justiça e Paz, que monitora a violência em bairros como Grande Ravine, foi uma das primeiras a investigar o massacre. Rovelsond Apollon, um dos observadores da organização, disse que foram confirmadas doze mortes, mas que talvez nunca seja possível ter certeza do total real.
Não que muita gente esteja prestando atenção ao que acontece na ilha. “Cem ou duzentos poderiam morrer lá dentro que ninguém saberia”, disse Apollon.
Quatro dias depois da invasão, um pé de sapato permanece abandonado no meio do campo de futebol atrás do Colégio Maranatha em Port-au-Prince, em 17 de novembro de 2017.
“NÃO SEI como vou viver sem meu filho”, foi o que nos disse, no pátio da escola, Gina Napolean, o luto visível em seu resto quatro dias após o massacre. Seu único filho, Kens Napoleon, de 22 anos, era o arrimo da família. Ele foi morto com um tiro na cabeça. Gina atribui a culpa exclusivamente ao governo, que ela acusa de “mandar a polícia matar nossos filhos”.
Apollon explica que a questão não é apenas que os políticos controlam a polícia — eles estão pessoalmente envolvidos com as gangues. A Justiça e Paz Sua entrevistou jovens com armamento pesado, equipamentos difíceis de adquirir, e eles disseram que as armas haviam sido fornecidas por políticos. “Políticos e autoridades não são inocentes em relação ao que aconteceu, porque eles também desempenham um papel na violência”, entende ele. Os políticos, por sua vez, não se manifestaram publicamente sobre essas acusaões.
Praticamente todos os funcionários e instituições governamentais evitaram assumir qualquer responsabilidade pela invasão.
Perguntado sobre a operação, o chefe de polícia se limitou a dizer que ela foi planejada pelo departamento local de polícia e pela nova missão da ONU. O primeiro-ministro Jack Guy Lafontant declarou à imprensa que os detalhes da operação de campo estavam fora de sua competência. Ambos responsabilizaram o mau planejamento pelo derramamento de sangue.
A operação estava comprometida desde o começo. Policiais contaram aos investigadores locais de direitos humanos que informações confidenciais já estavam circulando antes da ação.
Um ex-militar haitiano me contou que ficou sabendo da operação quando ao ouvir informações num canal aberto de rádio em 12 de novembro, véspera da operação. Horas depois, o líder de uma gangue ligou para outro programa de rádio local, alegando que uma gangue rival de outro bairro teria cooperado com a polícia durante a ação. Outros levantaram a hipótese de a operação ter sido uma tentativa de recuperar um carregamento de armas que as autoridades teriam distribuído pelo bairro algumas semanas antes. E assim gira a máquina dos rumores no Haiti.
O posicionamento da ONU — de dizer que seus agentes estavam apenas no perímetro da escola — contradiz as declarações dadas por Louis, que afirma ter sido algemado por um agente das Nações Unidas dentro do campus. A ONU insiste que não se envolveu porque os oficiais não estavam no pátio da escola, mas a entrada onde eles estariam posicionados fica logo abaixo da cena do massacre.
O principal foco da nova missão da ONU é a justiça, mas Apollon comentou que o Haiti já recebeu muitas missões internacionais ao longo da história. “Todas fracassaram” porque não compreenderam a realidade do país, argumenta ele.
Miles de hondureños siguen en las calles protestando contra Juan Orlando y el fraude electoral y en defensa de la victoria de 
