Puerto Príncipe – PAPDA les invita a una charla-debate en la Universidad Quisqueya, el martes 13 de diciembre, con las intervenciones de Eduardo Rubio (Diputado Nacional, Uruguay), Camille Chalmers (PAPDA, Haití) y Ángel Veralemos (PVP, Uruguay).
El eje de la misma será “El fin de la ocupación y la soberanía en Haití, en el marco de las luchas popuares en América latina”.
Sambo Creek, 13 de diciembre de 2016.- Con una invitación a un diálogo de “buena fe” el estado de Honduras intentó subsanar los interrogantes planteados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Audiencia Temática sobre “los pueblos indígenas en s el derecho a la consulta previa”, efectuada a inicios del mes de diciembre en Panamá; eludiendo de esta forma responder a los señalamientos sobre el asesinato de Berta Cáceres y la criminalización sistemática de las defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, además de la distorsión estatal del derecho a la consulta, que viene promoviendo la actual administración gubernamental.
Hasta la fecha, la mala fe del estado ha sido evidente en todo el proceso de elaboración de la Ley de Consulta para la obtención del consentimiento, previo, libre e informada; sumándose a una actitud represiva, en la que los opositores a los proyectos de “desarrollo” son eliminados o proseguidos, por un sistema judicial que desconoce la independencia de poderes además de estar sumido en la impunidad.
Según la versión del la delegación del estado, no existe una ofensiva para desposeer a los pueblos indígenas de su territorio, desconociendo de esta forma la entrega de la costa norte al crimen organizado, y los cientos de proyectos extractivos y de generación de energía “limpia” que han sido concedidos sin consulta alguna con las comunidades indígenas.
La necropoltica que viene ejerciendo la élite de poder en Honduras, ha dejado como resultado la eliminación física de los opositores. El asesinato y persecución de indígenas ha sustituido los procesos de consulta; los que en caso de haberse efectuado, no han pasado de ser simples socializaciones.
El comisionado de la CIDH, José Eguiguren Praeli, relator de los pueblos indígenas, planteó una pregunta en la Audiencia Temática tanto al estado como a los pueblos indígenas sobre el concepto del consentimiento. En la versión del anteproyecto de ley exhibido en los talleres de socialización -que fueron en primera instancia denominados por el Estado y el PNUD como talleres de consulta- fue excluido totalmente el consentimiento.
Para el pueblo garífuna el consentimiento esta relacionado directamente con la libre determinación reconocida por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) la que en su artículo 3 señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
El Estado de Honduras manifestó en el 143 Período de Audiencias efectuadas en Washington en octubre del 2011, sobre las violaciones de derechos humanos en el marco de las concesiones de recursos naturales en Honduras, “el derecho a la consulta no otorga el derecho al veto”. Lo que el Estado denomina el derecho al veto, no es más que la libre determinación de los pueblos indígenas, consagrada en DNUDPI.
La libre determinación de los pueblos indígenas en Honduras ha sido desconocida y frecuentemente violada. Basta recordar la lluvia de decretos y leyes nocivos para los pueblos que fueron aprobados sin consulta alguna o desde el golpe de estado (2009) hasta la fecha: Ley de Aguas, decretos de energía limpia, Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la Ley de Zonas Especiales para el Desarrollo (ZEDE), entre otras.
El Estado continúa intentando imponer la versión de ley de consulta trasplantada desde el Perú, para lo cual contrataron a Ivan Lanegra y un equipo de juristas de ese país, para que elaboraran una caricatura nociva de la versión del Perú. Ahora parece que los peruanos son suplantados por la sra. Ana Pineda, ex Ministra de Derechos Humanos del régimen de Porfirio Lobo. Cabe señalar que la Sra Pineda formó parte del gabinete que aprobó las leyes más nocivas, para los pueblos indígenas.
En un documento que apareció la semana pasada, firmado por la Sra. Pineda, desconoce la condición de pueblo indígena de los Garífunas, reduciéndonos una vez más a afrodescendientes. es importante señalar que el pueblo Garífuna hablamos un idioma arawak-caribe proveniente de la cuenca del caribe, en donde surge nuestra cultura como un sincretismo entre africanos e indígenas Kalinagu,
Hasta la fecha conservamos el idioma y religión que heredamos de nuestros ancestros indígenas arawak-caribe. La ignorancia supina de los que insisten en convertirnos en una minoría étnica, tiene un trasfondo político. Para algunos juristas confundir adrede raza y cultura no es más una estrategia de racismo y dominación.
El artículo 26 de la Convención de Viena indica que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Después de 21 años de haber sido ratificado el Convenio 169, el estado de Honduras no ha demostrado buena fe en su aplicación eludiendo de esta forma el pacta sunt servanda (lo pactado debe honrarse).
Como lo señala la Relatora para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la sra. Vicky Tauli-Corpuz, en relación al proceso de elaboración de la Ley de Consulta: Por tanto, parecieran existir problemas de legitimidad en relación con este proceso que exigen un esfuerzo concertado por las parte del gobierno y del sistema de la ONU en Honduras para garantizar una mayor inclusión de todos los pueblos y organizaciones indígenas”.
La actitud asumida por los representantes del estado en la Audiencia Temática, de la CIDH, es un indicador de que no cejarán de tratar de imponer una ley de consulta distorsionada donde el estado tenga la última palabra, desconociendo el derecho a la libre determinación que poseemos los pueblos indígenas.
Mientras tanto las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres – la cual fue asesinada por su defensa acérrima del derecho a la consulta previa- se dilatan eternamente sin que se efectúe la detención de los autores intelectuales, los funcionarios estatales continúan demostrando la habitual en materia de derechos humanos.
En conversación con Alba Sud, la dirigente garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, dibuja un escenario preocupante ante el avance del modelo extractivista en Honduras.
Crédito Fotografía: Giorgio Trucchi | Alba Sud / Rel-UITA
Miriam Miranda, dirigente garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), asegura que las industrias extractivas no sólo ponen en riesgo el futuro de territorios y bienes comunes, sino que aceleran el proceso de desaparición de los pueblos indígenas. Los proyectos de viviendas con fines turísticos destacan entre las más recientes formas de despojo.
¿Qué está ocurriendo en el litoral atlántico hondureño, donde desde hace más de dos siglos se ha establecido el pueblo garífuna?
La historia del pueblo garífuna es dramática. Hemos sufrido dos destierros: el primero de África a San Vicente y luego hacia Honduras. Una historia, la nuestra, que está marcada por la persecución, la violencia, la violación de los derechos fundamentales como seres humanos. Sin embargo, somos un pueblo que resiste y hemos sabido mantener nuestra identidad, cultura e idioma. Y no es poco.
Ahora nos estamos enfrentando a un tercer destierro, que significa la desaparición forzada de nuestras comunidades. Un nuevo proceso de despojo impulsado por el gran capital nacional y transnacional en colusión con autoridades locales y nacionales, a través de la implementación y profundización del extractivismo.
Fotografía de Giorgio Trucchi.
¿A qué te refieres cuando hablas de extractivismo?
Me refiero a un modelo económico basado en la depredación, que acapara territorios, saquea los bienes comunes y criminaliza las luchas de resistencia. Proyectos mineros y petroleros, represas, expansión de monocultivos a gran escala, implementación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económicos (ZEDE), mejor conocidas como “ciudades modelo”. Me refiero también a los complejos turísticos y los proyectos de viviendas con fines vacacionales.
El golpe de Estado de 2009 ha creado condiciones propicias para concesionar territorios y bienes comunes a favor del gran capital transnacional, que para desarrollar su proyecto de despojo necesita de más y más tierra. Y más precisamente de nuestras tierras, que nos arrebata con el engaño, la corrupción, la violencia.
¿Qué papel está jugando el “turismo” en toda esta situación?
No se trata de satanizar al turismo. En nuestra concepción, el turismo es visita, es conocer, es compartir e intercambiar, es encuentro. El problema surge cuando el capital pretende adueñarse de este concepto y de esta práctica, alterando su significado más profundo y convirtiéndolo en mercancía absoluta. Hay muchos ejemplos donde el turismo todavía mantiene sus raíces, su concepto de acoger al otro, de compartir con él y aprender mutuamente.
Por el contrario, el “turismo del capital” es irrespetuoso y se ha convertido en una clara forma de despojo, de destrucción cultural, que desplaza comunidades y arrebata el futuro a miles de personas. Lo estamos viendo muy claramente tanto con los complejos hoteleros como con la construcción de villas, residenciales y de complejos habitacionales vacacionales.
Fotografía de Giorgio Trucchi.
Como el modelo del megaproyecto turístico se ha agotado, a las compañías se les está volviendo difícil recuperar sus inversiones, y deciden combinar el turismo hotelero con el turismo residencial, despreocupándose del tejido social existente en la zona.
Es lo que está pasando en la Bahía de Trujillo, donde inversores canadienses han venido apropiándose ilegalmente de territorios ancestrales garífunas, para desarrollar grandes complejos de viviendas con fines turísticos. O también en la comunidad garífuna de Sambo Creek, donde un proyecto turístico desarrollado por extranjeros ya está entrando en competencia con el derecho al agua de la comunidad.
¿Las comunidades garífunas se sienten amenazadas?
Muy amenazadas. Nos sentimos constantemente en peligro. Acaparamiento de tierras, saqueo de los bienes comunes y destrucción ambiental van de la mano de la corrupción que ha penetrado la política y las instituciones locales y nacionales. La municipalización de territorios y comunidades, por ejemplo, se ha convertido en una de las principales estrategias de despojo.
¿Cómo se están organizando?
Estamos luchando contra un monstruo. Tenemos que trabajar fuertemente el tema de la gobernabilidad, de la soberanía, ejerciendo el control territorial, impulsando formas de autogestión y autogobierno. También debemos crecer en conocimientos, fortalecer la organización, radicarnos más en los territorios, restándoles poder a las autoridades municipales y las estructuras comunitarias corruptas, y fortaleciendo las asambleas como máxima autoridad. Debemos reapropiarnos del significado de vivir en un territorio que es el que nos da la vida. Sólo así vamos a lograr que se respeten nuestros derechos.
Fotografía de Giorgio Trucchi.
¿Qué significado tiene, en este contexto, la reocupación de tierras?
Significa reocupar lo que hemos tenido históricamente. El pueblo garífuna tiene sus territorios ancestrales donde siempre ha trabajado la tierra para vivir de ella y de sus productos. Hoy en día es frecuente escuchar a personas ancianas que te dicen que su “trabajadero” [1] era justo adonde ahora está esa gran mansión o ese complejo residencial.
La situación de pobreza es terrible y hay miles de jóvenes que no tienen futuro, no tienen donde vivir y están obligados a emigrar. Familias que se mueren de hambre. Y entonces la gente vuelve a mirar a lo que siempre fue suyo y quiere recuperarlo para poder tener una vida digna. Tenemos posesión ancestral territorial y lo que estamos haciendo es reocupar lo que nos corresponde. No importa si estas tierras fueron vendidas, porque nunca hubo autorización de la comunidad y, por ende, son ventas ilegales.
La Ofraneh va a seguir acompañando estos procesos, aunque pueda costarnos caro, hasta la vida. Unidad y solidaridad son fundamentales para contrarrestar esta visión de “falso desarrollo” que es racista, machista, discriminatorio y colonialista. Tenemos que luchar para recomponer, desde nuestras entrañas, lo que somos. Para volver a una cultura donde prima la solidaridad, la complementariedad y la ayuda mutua, y no el individualismo más brutal que nos inculca este sistema depredador. Esta es la apuesta de la Ofraneh.
Notas:
[1] “Trabajadero” era el terreno donde se producían alimentos para la familia.
Este artículo se realiza en el marco del proyecto “Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente” ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona – Programa Barcelona Solidaria convocatoria 2015.
Giorgio Truchi Reside en Nicaragua desde 1998 donde inició su colaboración periodística con la Asociación Italia-Nicaragua. Ha colaborado como freelance para Radio Popolare Network, Radio Onda d’Urto y ha publicado varios reportajes para el periódico Liberazione. Actualmente se desempeña como corresponsal en Centroamérica para el Sistema Informativo de la Regional Latinoamericana de la UITA (SIREL) y colabora con el periódico digital Opera Mundi de Sao Paulo de Brasil, ALBA SUD y Kaos en la Red. En este blog, hecho desde Centroamérica, hablamos de derechos humanos violados, luchas campesinas por el acceso a la tierra y a una vida digna, procesos emancipativos del los pueblos ante un modelo económico depredador, impulsado por el gran capital nacional y transnacional.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se declaró en “alerta permanente en todo el país, elevando la lucha organizada de las comunidades en resistencia”. Esto debido al incumplimiento de la resolución del CIADI por parte de Pacific Rim/Oceana Gold, la negativa de la empresa minera de abandonar el país y sus supuestas negociaciones con funcionarios del gobierno.
Pacific Rim/Oceana Gold perdió su demanda contra El Estado salvadoreño en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones), que avaló la decisión del gobierno de no otorgar permisos de explotación y ordenó a la empresa minera pagarle 8 millones de dólares por costos procesales.
Sin embargo, la empresa se niega a pagar la referida indemnización al gobierno, continúa operando en Cabañas con los nombres “Minerales Torogoz” y “Fundación El Dorado”, y mantiene conversaciones de negociación con funcionarios del Ejecutivo. Esto último, a pesar del compromiso del propio Presidente Salvador Sánchez Cerén, quien se ha comprometido a no permitir la minería metálica.
Esta contradicción genera dudas e incertidumbre sobre la verdadera posición gubernamental en relación a la tenebrosa explotación minera y los mezquinos intereses de Pacific Rim/Oceana Gold, cuyos proyectos extractivos pondrían en grave peligro la continuidad de la vida en el país debido a los irreversibles daños ambientales, especialmente en el agua.
La minería de metales -valga repetirlo para los funcionarios gubernamentales que todavía hacen guiños disimilados a la empresa minera- no es viable en El Salvador debido a la extrechez territorial, la alta densidad poblacional y el grave deterioro de los recuros hídricos. La minería sería el acabóse ambiental, social y económico para el país.
Por eso la Mesa frente a la Minería exige que Pacific Rim/Oceana Gold pague los 8 millones de dólares y abandone inmediatamente el país, y que la Asamblea Legistiva apruebe una ley que prohíba en forma definitiva la minería metálica. Para acelerar este proceso, el Ejecutivo debería emitir un decreto transitorio de suspensión de todos los permisos y proscribir a la tal Fundación El Dorado.
Y en relación a los funcionarios que todavía quieren negociar con Pacific Rim/Oceana Gold, éstos deben ser destituidos de sus cargos inmediatamente por el Presidente y procesados por “alta traición al país”. Y para que esto suceda, el país entero debe sumarse a la declaración de alerta emitida por la Mesa Nacional frente a la Minería.
Emergencia antiminera
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica se declaró en “alerta permanente en todo el país, elevando la lucha organizada de las comunidades en resistencia”. Esto debido al incumplimiento de la resolución del CIADI por parte de Pacific Rim/Oceana Gold, la negativa de la empresa minera de abandonar el país y sus supuestas negociaciones con funcionarios del gobierno.
Pacific Rim/Oceana Gold perdió su demanda contra El Estado salvadoreño en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones), que avaló la decisión del gobierno de no otorgar permisos de explotación y ordenó a la empresa minera pagarle 8 millones de dólares por costos procesales.
Sin embargo, la empresa se niega a pagar la referida indemnización al gobierno, continúa operando en Cabañas con los nombres “Minerales Torogoz” y “Fundación El Dorado”, y mantiene conversaciones de negociación con funcionarios del Ejecutivo. Esto último, a pesar del compromiso del propio Presidente Salvador Sánchez Cerén, quien se ha comprometido a no permitir la minería metálica.
Esta contradicción genera dudas e incertidumbre sobre la verdadera posición gubernamental en relación a la tenebrosa explotación minera y los mezquinos intereses de Pacific Rim/Oceana Gold, cuyos proyectos extractivos pondrían en grave peligro la continuidad de la vida en el país debido a los irreversibles daños ambientales, especialmente en el agua.
La minería de metales -valga repetirlo para los funcionarios gubernamentales que todavía hacen guiños disimilados a la empresa minera- no es viable en El Salvador debido a la extrechez territorial, la alta densidad poblacional y el grave deterioro de los recuros hídricos. La minería sería el acabóse ambiental, social y económico para el país.
Por eso la Mesa frente a la Minería exige que Pacific Rim/Oceana Gold pague los 8 millones de dólares y abandone inmediatamente el país, y que la Asamblea Legistiva apruebe una ley que prohíba en forma definitiva la minería metálica. Para acelerar este proceso, el Ejecutivo debería emitir un decreto transitorio de suspensión de todos los permisos y proscribir a la tal Fundación El Dorado.
Y en relación a los funcionarios que todavía quieren negociar con Pacific Rim/Oceana Gold, éstos deben ser destituidos de sus cargos inmediatamente por el Presidente y procesados por “alta traición al país”. Y para que esto suceda, el país entero debe sumarse a la declaración de alerta emitida por la Mesa Nacional frente a la Minería.