Todos los años, empresas como la Vale S.A. precisan ser sometidas a una evaluación sobre sus impactos en la economía, medio ambiente, sociedad y gobernanza. En general, esos informes oficiales pasan lejos de la realidad de las comunidades cotidianamente afectadas por las acciones de la empresa. Como forma de rebatir las informaciones y mostrar cuáles son los reales daños causados por la corporación, la Articulación Internacional de los Damnificados por la Vale (AV) elabora el Informe de Insustentabilidad de la Vale.
Se trata de un trabajo colectivo donde se reúnen denuncias e incumplimientos legales de la empresa, en las áreas arriba citadas. Persecución a los trabajadores, espionaje, gente infiltrada en los movimientos sociales, interferencia directa en el modo de vida de quilombolas e indígenas, operaciones sin los debidos análisis de impacto ambiental, son sólo algunas de las señaladas en el Informe de Insustentabilidad de la Vale 2015.
En entrevista con la red Jubileo Sur Brasil, el padre Dario Bossi, de la Red Justicia en los Rieles, integrante de la Articulación Internacional de los Damnificados por la Vale, habla de la importancia del informe, que surgió a partir “de la indignación de esas comunidades frente a informaciones incompletas y a omisiones de la empresa en el informe”.
De acuerdo con Bossi, tampoco se percibe de los estados ninguna intención para reparar esas violaciones. Aún más: los estados parecen contribuir para que las violaciones aumenten. Por eso, la urgencia de la articulación y su resistencia.
Jubileo Sur Brasil – El objetivo del informe, además de denunciar, es cuestionar la sustentabilidad de la Vale en varios aspectos. Ejerce también, claramente, un papel de resistencia. ¿Puede decirnos sobre cómo comenzó la idea de realizar estos relevamientos?
Dario Bossi – La Articulación Internacional de los Damnificados por la Vale (AV, por su sigla en portugués) es una red de apoyo a comunidades, trabajadores y bienes naturales, Damnificados o potencialmente Damnificados en diversos países del mundo por operaciones y proyectos de la empresa minera brasilera. Está compuesta por líderes de esas comunidades, así como por entidades, movimientos sociales, sindicatos y grupos de estudio académicos aliados a las diversas víctimas de la minería. La idea del “Informe de Insustentabilidad”, llamado también “Informe Sombra”, surgió a partir de la indignación de esas comunidades frente a las informaciones incompletas y a las omisiones de la empresa en los Informes de Sustentabilidad publicados anualmente.
Si quisieran adherir al programa de las Naciones Unidas Global Compact y a la Global Reporting Iniciative, las empresas necesitan responder, anualmente, un cuestionario de autoevaluación de sus impactos en cuatro áreas estratégicas: economía, medio ambiente, sociedad y gobernanza. El objetivo de ese cuestionario es estimular a las multinacionales a disminuir cada vez más las violaciones provocadas por sus actividades en esos ámbitos y, por lo tanto, afirmarse como actores sustentables y garantizar un “sello de calidad” a sus actividades.
Los Damnificados por la Vale son, en principio, muy críticos en relación con esas iniciativas de automonitoreo de los impactos por parte de las empresas. En el caso de la Vale S.A., que conocemos por estar provocando graves conflictos en los territorios que habitamos, los informes presentan siempre una media verdad y relativizan, en varios casos, los problemas reales que las poblaciones afectadas por la Vale denuncian con mucha frecuencia.
Por eso, escuchar la voz de los Damnificados, sistematizar sus denuncias, mostrar la discrepancia entre lo que la Vale S.A. declara y la realidad de los hechos, así como dar a conocer los mecanismos de la empresa para la captura de valores, se vuelve, para la Articulación Internacional de los Damnificados por la Vale, un precioso y consistente instrumento de denuncia y resistencia.
JSB – Existe la Asamblea de los accionistas y representantes de la Articulación de los Damnificados estarán presentes como “accionistas críticos”. ¿Esas participaciones han dado resultados en el sentido de explicar cuáles son, en la actualidad, las reales condiciones de la Vale? ¿Hay reacciones?
Dario Bossi – Por sexta vez a lo largo de los últimos años, los Damnificados por la Vale estuvieron presentes en la Asamblea General de los Accionistas de la Vale, como accionistas críticos. En cada oportunidad, varios miembros de la Articulación de los Damnificados por la Vale o líderes impactados directamente por las operaciones de la empresa minera compran algunas pocas acciones de la empresa, para tener el derecho a participar y de tener voz y voto ante los mayores accionistas de la multinacional. Líderes comunitarios, periodistas, profesores académicos, ambientalistas o sindicalistas ya fueron accionistas críticos.
Con sus abstenciones o votos divergentes a los puntos de pauta preestablecidos por el Consejo de Administración de la empresa, los accionistas críticos quieren denunciar las violaciones provocadas por las operaciones de la multinacional, pero también alertar a los mayores accionistas en relación con el así llamado “riesgo Vale”. Se trata del análisis costo-beneficio que la empresa y los mercados financieros aplican a todo tipo de actividad, inclusive a los impactos negativos de las operaciones de la empresa minera. En la visión de los accionistas críticos, la Dirección Ejecutiva de la empresa peca al omitir informaciones relevantes en sus informes a los accionistas. Ciertos casos de conflicto entre las operaciones de la empresa y las comunidades generan daños a su imagen y a las propias operaciones, pero eso no es expuesto, mucho menos debatido.
En la lógica de los emprendedores, si el costo económico de las violaciones provocadas por la empresa fuere comprobado y se demostrara, a medio o largo plazo, es una amenaza para las perspectivas de lucro, por lo que el cambio y un mayor respeto a las reivindicaciones populares se vuelven la alternativa más conveniente.
Algunos miembros de los Damnificados por la Vale participan en la Asamblea General de los Accionistas; otros colegas, en la misma oportunidad, ofrecen entrevistas a la prensa y otros también se manifiestan frente a la sede de la empresa. Este año, por ejemplo, una líder del municipio minero [Estado de Minas Gerais] de Catas Altas denunció los impactos de cinco minas de la Vale en su región y la desidia de la empresa. La cacique del pueblo Akratikatege, en el Municipio de Bom Jesus do Tocantins (Pará), relató llorando los daños provocados por la empresa en su territorio y una líder quilombola de Itapecuru Mirim (Maranhão) explicó por qué los quilombos de su región decidieron bloquear, por cinco días, la Ferrovía Carajás, la través de la cual la Vale le da salida al mineral para su exportación.
Hay resultados inmediatos, que impactan la imagen de la empresa y confirman frente a la opinión pública la falta de respeto de la misma para con comunidades enteras y territorios. A pesar de una aparente disposición al diálogo, lamentablemente, la empresa no está queriendo cambiar su relación con los Damnificados. Después de varios años de participación en la asamblea, por ejemplo, en esta última edición, los Damnificados por la Vale denunciaron la falta de transparencia con respeto a la pauta de la reunión y sus actas, la omisión de información en los informes de la empresa, así como los obstáculos para una efectiva participación de los accionistas en la asamblea.
JSB – En el Informe 2015, ¿se puede hacer una evaluación sobre si hubo avances o retrocesos en lo que tiene que ver con la reparación de las violaciones?
Dario Bossi – Muchas de las violaciones denunciadas tienen sus raíces en el pasado y aún hoy no han sido reparadas, ni enfrentadas por la empresa con la suficiente determinación y eficacia.
Un caso interesante y positivo, sin embargo, demuestra que la persistencia de las comunidades organizadas, con una asesoría competente y firmemente concentrada en la defensa de los derechos humanos, es capaz de incidir en la lógica de maximización del lucro de las empresas. Es el caso de la comunidad de Piquiá de Baixo, en el Municipio de Açailandia [Maranhão], a lo largo de la Ferrovía Carajás.
Se trata de un poblado de cerca de 350 familias (más de 1 mil personas), fuertemente afectado por la contaminación de cinco empresas siderúrgicas en estrecha asociación con la Vale.
Por dos años seguidos (2013 y 2014), un miembro de la Asociación Comunitaria de los Habitantes de Pequiá participó en la asamblea de accionistas de la Vale; el caso de Piquiá de Baixo fue publicado en dos informes de insustentabilidad redactados por los Damnificados por la Vale. Además, una esmerada investigación de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, en 2011, produjo el informe “Cuónto valen los derechos humanos”, denunciando las graves violaciones del derecho a la salud, a la vivienda y a la vida en aquel barrio.
La gravedad del caso, la movilización y la organización de la comunidad y de las entidades que la asesoran, conjuntamente con la mediación del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, hicieron que la Vale acepte sentarse en una mesa de negociación, conjuntamente con las empresas siderúrgicas y el poder público municipal y estadual. El problema de Piquiá de Baixo todavía no está resuelto, pero ya fueron dados varios pasos significativos en la dirección de que se garanticen los derechos y se defienda la vida de aquella población.
JSB – Leyendo el trabajo, se percibe que en los países donde la Vale actúa, las violaciones son constantes y con aspectos diferentes, ambientales, económicos, hídricos, de explotación laboral. En Brasil, específicamente, ¿hay alguna iniciativa de los gobiernos para reparar esas violaciones?
Dario Bossi – Es una pregunta que debería tener una respuesta detallada y profunda. En líneas generales, con la exclusión del caso indicado arriba, siento responder que no sólo no veo iniciativas consistentes para reparar esas violaciones, sino que también me parece que la política de los gobiernos está, hace varios años, contribuyendo para que éstas aumenten. Puedo citar, por ejemplo, la suspensión de la medida cautelar con la que el Tribunal Regional Federal de la Primera Región, en Brasilia, suspendió los efectos de la decisión de la Justicia Federal de Maranhão, que declaraba ilegal la licencia ambiental de la duplicación de la Ferrovía Carajás.
Por un lado, decenas de comunidades impactadas por las operaciones de expansión del enorme sistema de salida del mineral para su exportación denunciaban, comprobadamente, la falta de consulta y la ausencia del Estudio de Impacto Ambiental; por otro lado, el Poder Judicial alegó amenaza al orden y economía públicos, en la medida en que determinaba la suspensión de las actividades de la empresa privada Vale S.A. Así, mientras el proceso todavía espera el juicio, las obras de duplicación están desarrollándose viento en popa y las violaciones están multiplicándose a lo largo de los casi 900 Km de la Ferrovía Carajás.
Esa actitud del presidente del TRF de la 1ª Región responde a relevantes intereses económicos, los mismos que orientaron la redacción del Plan Nacional de Minería 2030. Ese plan prevé, para los próximos 20 años, el aumento de la extracción mineral en tres, cuatro o cinco veces (conforme los diversos tipos de mineral). Para ello, necesita un Marco Legal de la Minería, que flexibilice todavía más las vinculaciones de la legislación ambiental y no avance en la afirmación de los derechos laborales en la minería.
Otro ejemplo de la ambigüedad de las decisiones del Estado brasilero es el caso de la disputa de territorios entre la mina Apolo, de la Vale, y el proyecto de Parque Nacional de la Sierra de Gandarela, en Minas Gerais. Al final, el gobierno creó el Parque Nacional, pero resguardando para la empresa, exactamente, las áreas más ricas en mineral, que son también, las cuencas del agua que alimenta a toda la región… ¡Y al propio Parque!
Por último, necesitamos hacer referencia a la absoluta omisión del gobierno, hasta ahora, en la investigación de las graves denuncias sobre espionaje, infiltraciones y acceso a datos personales reservados, para monitoreo de las líderes, grupos y entidades que denuncian las violaciones de la empresa Vale S.A. y del consorcio de construcción de la represa de Belo Monte [Pará].
Una acción significativa del gobierno es el combate al Trabajo Esclavo, realizado por el Ministerio de Trabajo, con seriedad e incidencia, especialmente en las denuncias y fiscalizaciones. El trabajo esclavo es otro fenómeno ligado a la cadena de minería y siderurgia, sea en la producción de carbón para uso siderúrgico, sea en las propias minas. En febrero de 2015, la Vale fue denunciada por someter a 309 trabajadores de la Mina do Pico (Itabirito – Minas Gerais) a una situación análoga a la esclavitud. Las denuncias reportan baños con aire infectado y heces esparcidas por el suelo, jornadas de trabajo exhaustivas, condiciones degradantes y trabajadores víctimas de fraude, promesa engañosa y amenaza. Los auditores fiscales clasificaron el ambiente como “repugnante”. El obrador fue interdictado y la Vale procesada por 32 infracciones laborales.
JSB – Finalmente, el informe deja bien claro, inclusive, sobre la sustentabilidad financiera -blanco de cuestionamientos cuando se hizo la privatización y el plebiscito popular. ¿Es posible afirmar que la privatización fue, de hecho, un retroceso en un escenario económico de debilidades?
Dario Bossi – Sin duda, así como otros casos de privatizaciones más o menos recientes. Lo que ocurrió con la Vale es particularmente escandaloso, por la desvalorización total con que la empresa fue entregada al capital y a los intereses privados, pero también por las complicidades mal disfrazadas que permitieron ese negocio ilegal y aún hoy impune.
Más de 100 acciones populares fueron presentadas contra la privatización de la Vale. El movimiento de denuncia no pierde el entusiasmo, a pesar del injustificable retardo del ministro Gilmar Mendes [del Supremo Tribunal Federal], y continúa reivindicando del STF la devolución de las acciones a la Justicia Federal de Belém [Pará], donde deberá ser instaurada una pericia de reevaluación del acervo de la Compañía Vale del Río Doce y realizados los juzgamientos en primera instancia.
Entrevista por Rogéria Araujo. Jubileu Sul Brasil, Tradução: Agência Adital
En una protesta ante la llegada del Presidente francés, haitianos pidieron que pague los 19 mil millones de dólares, producto del rembolso de la deuda contraída hace dos siglos para obtener su independencia. El presidente de Francia, François Hollande, llegó el pasado martes a Haití y a su llegada fue recibido por decenas de manifestantes quienes exigieron al mandatario que pague a país una compensación como rembolso de la deuda contraída hace dos siglos para obtener su independencia. Uno de los manifestantes, Philistin Servilus, vociferaba que: “No deben dar ese dinero al gobierno, se llevarían todo, y nosotros, desgraciados, no recibiremos nada como siempre. Queremos que Francia venga a construir casas, invierta ese dinero para crear trabajo”.