Mês: setembro 2014

Adital, 24/09/14 – La Plataforma Haitiana de Acción por un Desarrollo Alternativo (PAPDA), que reúne a movimientos sociales en Haití, divulga un manifiesto en el que se expresa indignada por el informe del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon sobre la situación política e institucional del país, presentado al Consejo de Seguridad de la ONU el último 11 de septiembre. Para la PAPDA, el comunicado oficial demuestra un total desprecio por los problemas de la nación y presenta una “imagen idílica” de los resultados de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah), al negar su fracaso y las violaciones de derechos humanos cometidas por las tropas en el territorio.

Camille Chalmers, director ejecutivo de la PAPDA, evalúa que el balance de 10 años de ocupación en Haití no sólo muestra que la presencia de las fuerzas de la ONU no ayudó a resolver los problemas de estabilidad y seguridad, sino que inclusive su presencia ilegal e ilegítima agravó la crisis política e institucional del país.

De acuerdo con la entidad, los acontecimientos de la coyuntura reciente del país son suficientes para demostrar los resultados negativos de la Misión, que son: el atraso de tres años en la realización de elecciones, el nombramiento de personal interino para la jefatura de los gobiernos locales y la fuga, en agosto de este año, de 300 internos de la prisión de alta seguridad de Croix des Bouquets, construida a 10 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe.

“Debemos recordar a Ban Ki-moon y a su representante especial en Haití [Sandra Honoré] que la Minustah es una fuerza de ocupación completamente inadecuada, establecida ilegalmente desde que los primeros acuerdos fueron firmados por las autoridades en 2004 y 2005″, se destaca en la nota de la PAPDA. Además, señala que la Misión no cumple el capítulo 7º, de la Carta de la ONU, que prevé la implementación de este tipo de misión solamente en caso de existir grupos en conflicto y en situación armada, como de guerra civil, delitos de lesa humanidad y/o genocidio, lo que no ocurre en Haití.

“Solamente una fuerte dosis de ceguera y mala fe puede darse al lujo de decir que se lograron avances significativos en el campo de la seguridad y la estabilidad”, se señala desde la Plataforma. “Nos encontramos actualmente en plena crisis política, lo que se traduce en una degradación institucional alarmante que pone en cuestión a los principales órganos de la República, obstaculizados en su funcionamiento y distanciados gravemente de sus funciones, de acuerdo con lo definido por nuestra arquitectura constitucional”, complementa.

La PAPDA hace un llamado a la población haitiana para que se movilice y exija la no renovación del mandato de la Minustah en octubre de 2014. Según los movimientos sociales, la salida de la crisis pasa necesariamente por la recuperación de la soberanía del pueblo haitiano y la construcción de un amplio movimiento patriótico, democrático y popular.

Qué dijo Ki-moon

Sandra Honoré, representando a Ki-moon, señaló que, a pesar del estancamiento de la política en el país, la seguridad de la nación caribeña continúa estable y que se confirma una caída en el índice de delitos. Ofreciendo al Consejo de Seguridad un panorama de la situación haitiana, afirmó: “Me gustaría agradecer especialmente a todos los países que contribuyen con tropas y elementos de policía a la Minustah y a todos los Estados Miembros del Consejo de Seguridad por su valioso apoyo a la consolidación de la paz y la democracia en Haití”.

Jefa de la Minustah en Haití, Honoré dijo que incluso con la adopción, en marzo de este año, del acuerdo “El Rancho” por parte de distintos actores políticos del país, continúan la desconfianza y las divergencias sobre el proceso electoral. Advirtió que, de mantenerse esa situación, se disipa la “oportunidad” de celebrar elecciones legislativas antes de que termine 2014. Agregó que la ausencia de esas elecciones es preocupante, porque el Parlamento permanecería desactivado, pudiendo provocar un vacío institucional.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

                                         

Jubileo Sur / Américas, Programa sobre Deuda Ilegítima y Justicia Ecológica de la Federación Luterana Mundial y CADTM-AYNA

Desde la imposición de la política económica de la última dictadura,[1] el pueblo argentino sufre los impactos y consecuencias de la deuda generada en ese período y sus sucesivas reestructuraciones. En medio de reiteradas crisis y a través de múltiples ajustes, se ha consolidado un modelo productivo diseñado para asegurar las divisas requeridas para “servir” a una deuda, ilegítima en su origen y desarrollo, cuyo crecimiento sostenido se intenta camuflar.

El fracaso de las políticas gubernamentales frente a esta deuda estalló una vez más en junio de este año, ante la escasez de divisas y la negativa de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. de oír la apelación del gobierno argentino en uno de los casos concernientes al cobro de bonos públicos en manos de fondos llamados “buitre”.

Es en este contexto, después de una década de litigio en foros extranjeros, el gobierno de Argentina finalmente buscó, y logró, el apoyo del G77 + China, para presentar el proyecto de resolución que fue aprobado por la Asamblea de la ONU el pasado 9 de septiembre.

Con 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones, la Asamblea General decidió poner en marcha un proceso de negociaciones para elaborar y aprobar, en el tiempo perentorio del próximo año, un “marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”[2].

Dada la importancia que algunos atribuyen a esta decisión, queremos compartir algunas reflexiones iniciales que surgen de la lectura de la misma y de las situaciones concretas de endeudamiento, reestructuración, reclamo y continuo pago que han marcado, y siguen marcando, el presente y futuro de la mayoría de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

1) Como punto de partida, expresamos una vez más nuestro apoyo a toda iniciativa que, frente a la deuda, favorezca los derechos de los pueblos – incluyendo su soberanía, autodeterminación, y vida digna (“buen vivir”) – y los derechos de la naturaleza. En este sentido seguiremos exigiendo a la comunidad de naciones, que tomen las medidas necesarias para detener el accionar usurero, explotador y saqueador del sistema de endeudamiento y reparar las deudas sociales, ecológicas, históricas y financieras que éste ha generado y profundizado.

2) Al respecto, es necesario distinguir entre dos tipos de acciones. Hay acciones que buscan agilizar el funcionamiento del sistema de endeudamiento y la dominación que éste ejerce, y hay otras que buscan enfrentar la lógica y consecuencias perversas del sistema. No cabe duda que la decisión reciente de la Asamblea General es de las primeras. Luego que la cadena de endeudamiento estalla busca facilitar su recomposición y mejorar su operatividad pero no toca para nada, antes bien deja intacto, el sistema de endeudamiento perpetuo que es la herramienta fundamental del capitalismo financiarizado e imperial responsable de la transferencia continua de riqueza y bienes naturales desde el 99% hacia el 1% de la población del mundo.

3) El objetivo planteado es la “sostenibilidad de la deuda”, que en la resolución se considera clave a fin de no entorpecer el desarrollo (también “sostenible”) de los países del Sur, que desde hace décadas se siguen clasificando como “en vías de desarrollo”. Aunque no se diga, lo que se plantea en realidad es la sostenibilidad del pago y por ende del cobro, de deudas cuyo “servicio normal” se ha vuelto imposible y así asegurar la continuidad, previsibilidad y crecimiento continuo del sistema. En la resolución no se manifiesta la menor preocupación por el costo y las consecuencias de ese pago sostenido. No se busca el bien de los condenados a pagar. Lo que se intenta cuidar es que el saqueo no sobrepase los límites de “sostenibilidad” a fin de que los que se benefician del sistema puedan continuar saciando su codicia sin límites.

4) Si bien la resolución reconoce que el sistema financiero internacional, el endeudamiento y las crisis que genera tienen una fuerte impronta en la vida de los pueblos y países, elude preguntar por qué “las crisis de deuda soberana [sic] son un problema recurrente”, o por qué “se siguen teniendo dificultades para encontrar una solución duradera al problema de (la) deuda externa”[3].

5) La resolución parte de una premisa falsa: si existen deudas es porque, previamente, hubo un ingreso de recursos. Sin embargo, las deudas públicas – internas y externas – no responden exactamente a este criterio. Han sido generadas, en su mayoría, sin contrapartida alguna en bienes o servicios para los pueblos. Crecen por efecto de la usura, comisiones abusivas, cláusulas viciadas, transformación de deudas privadas en públicas, sucesivas re financiaciones, etc., que entre otras estrategias provocan la autogeneración continuada de nuevas deudas. El sistema aprovecha incluso las crisis, como las emergencias humanitarias o la crisis climática, para generar más deuda. Es un esquema que exige constante entrega de riqueza y bienes comunes, mientras los saldos de la deuda siguen aumentando. Además, los propósitos y usos originarios del endeudamiento responden, por lo general, a los intereses de los prestadores y no de los prestatarios. Los pueblos suelen no sólo no tener voz ni voto al respecto, sino que además sus expresiones de protesta o rechazo suelen ser ignoradas o peor aún, reprimidas y criminalizadas.

6) Llama poderosamente la atención que la resolución aprobada no evidencie preocupación alguna por el origen y la legitimidad de las deudas cuyo pago y cobro plantea facilitar ya que, justamente, debería ser prioritario para la ONU fortalecer la voluntad y capacidad de los pueblos y sus Estados para investigar y denunciar la ilegitimidad e ilicitud e incluso declarar el no pago de deudas que siguen comprometiendo su presente y futuro.

7) Otro hecho que llama la atención es que la resolución aprobada no menciona siquiera la relación indivisible entre la deuda y los derechos humanos. Se cita cuanta Cumbre, Conferencia y Meta ha establecido la ONU en los últimos años pero se elude referencia alguna a los Principios Rectores sobre Deuda Externa y Derechos Humanos[4], aprobados por las mismas naciones en el año 2012. Parecería que al plantear el resguardo del sistema del endeudamiento, no se quisiera recordar que según toda normativa y doctrina internacional, los derechos humanos tienen primacía por sobre cualquier contrato.

8) Llama la atención que varios de los países que ahora han votado por establecer un marco vinculante para los procesos de reestructuración de deudas – entre ellos Argentina, país impulsor de la resolución – hace apenas dos meses no acompañaron con su voto, la decisión histórica del Consejo de Derechos Humanos de negociar un convenio multilateral para vincular los grandes actores privados del sistema internacional económico, financiero y de deudas – las corporaciones transnacionales como los fondos buitre – al cumplimiento de los derechos humanos[5]. Nos preguntamos si la coherencia y las prioridades están en salvaguardar el “buen” funcionamiento de los mercados financieros o proteger y promover los derechos humanos, los derechos de los pueblos y de la madre tierra.

9) La resolución aprobada por la Asamblea General hace referencia a los Principios sobre la Promoción del Otorgamiento y la Toma Responsables de Préstamos Soberanos, presentados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2011, con el objeto de “reducir la prevalencia de las crisis de la deuda soberana, evitar situaciones de endeudamiento insostenible, mantener un crecimiento económico constante y ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio…”[6]. Pero, curiosamente, lo que se rescata de este documento es la importancia de “fomenta(r) para ello la toma responsable de préstamos soberanos [sic]” (énfasis nuestro), dejando aparentemente de lado la corresponsabilidad de quienes otorgan préstamos o compran bonos y cobran los intereses usurarios. Tal vez sea esa misma lógica, la que permite a la resolución afirmar la importancia de la continuidad de las instituciones de Bretton Woods en lugar de cuestionarlas, en razón de ser coautoras y responsables, tanto ideológica como directamente, de la consolidación de un sistema de endeudamiento perverso al servicio de los grandes capitales.

10) A modo de conclusión, recordamos que son los pueblos y las naciones los soberanos. No lo son ni las deudas, ni el pago de las mismas. Hace ya más de 100 años que se han establecido diversas interpretaciones jurídicas, como las Doctrinas Calvo, Drago, Espeche y otras, que ponen límites al poder asimétrico de los prestamistas en el sistema de deuda establecido. Asimismo, la Doctrina de Deuda Odiosa, que establece con claridad la no obligación de pagar deudas contraídas sin el consentimiento de los pueblos y en contra de sus propios intereses. Fortalecer la soberanía de los pueblos y las naciones, sobre todo del Sur, implica más bien recuperar el espíritu de esas fuentes para enfrentar los supuestos derechos del mercado y de los prestamistas, cuyo único propósito es seguir profundizando el sistema del endeudamiento y dominación perpetuos.

-25/9/14, América Latina y el Caribe

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[1] 24 de marzo 1976 – 10 de diciembre 1983

[2] Resolución A/68/304, “Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana” .

[3] Citas tomadas del texto de la Resolución, ibid.

[4] Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abril 2012, A/HRC/20/23 .

[5] Resolución A/HRC/26/RES/9, “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente

vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junio 2014.

[6] Resolución A/68/304, idem.

Como parte de la campaña emprendida por la actual administración gubernamental en contra del pueblo Garífuna, se renueva la amenaza de desalojo en la comunidad de Barra Vieja, Tela, a instancias de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Indura Beach Resort, los que pretenden desalojar a más de 450 personas, vistos como un estorbo para el proyecto turístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722).

La Corte de Apelaciones de La Ceiba repite la ofensiva en contra de la comunidad de Barra Vieja perpetrada el pasado 6 de agosto, cuanto un contingente de policías arremetió contra los habitantes de la comunidad, allanando sus moradas y sacando los enseres, con el propósito de posteriormente demoler las viviendas.

La resistencia pacífica de la comunidad evitó que las fuerzas del Ministerio de Seguridad llevaran a cabo su objetivo, amenazando estos que regresarían con un mayor número de efectivos para lograr su objetivo. Desde esa fecha, se ha decretado una guerra sicológica en contra los garifunas de Barra Vieja, lanzando globos sonda cargados de intimidaciones, y amenazas del posible desalojo.

El Estado de Honduras ha demostrado en las recientes audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un irrespeto total en relación a los derechos territorial que poseemos los garífunas, denegando nuestra condición como pueblo indígenas.

Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas, se agravan con la entrada en vigor de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, la que incluye a más de 20 comunidades en siete de las 10 zonas señaladas para la entrega al capital extranjero, con el propósito de crear repúblicas cuasi independientes y recurrir a la tercerización de la justicia.

El desalojo en Nueva Armenia y el planificado para Barra Vieja el próximo lunes 29 de septiembre, no es más que la antesala de la tercera reubicación de Castilla, comunidad que fue trasladada en 1941 y en 1978. La primera vez para la construcción de una base militar estadounidense y la segunda cuando Alvarez Martinez obligó a las comunidades de Cristales y Río Negro a ceder la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. En fecha reciente se efectuó un desalojo en un terreno en disputa en Puerto Castilla, lo que no fue más que un ensayo para la expulsión de la comunidad con el objetivo de asentar en el lugar, una de las ciudades modelo-ZEDE.

Existe una enorme jurisprudencia de la Corte IDH en relación a los derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral, aunque no exista un reconocimiento del estado sobre dichos territorios. Tanto en la Audiencia en Costa Rica en mayo sobre el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y este mes en Paraguay sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra, la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado de Honduras su incongruencia en relación al reconocimiento territorial, el cual debe incluir los territorios no titulados.

Desgraciadamente, ya sea por omisión o ignorancia la Corte de Apelaciones de La Ceiba desconoce las sentencias de la Corte IDH y en base a una cuestionable Ley de Municipalidades y la ilegal Ley de Propiedad, pretende satisfacer los mandatos de los empresarios hoteleros. De esta forma una vez más el Estado viola la Convención de Viena y el Convenio 169 dela OIT.

La OFRANEH exige el respeto al derecho a la propiedad ancestral que poseen los habitantes de Barra Vieja, y que cese de una vez por todas las amenazas de desalojo e intimidaciones que padecen sus habitantes.

Sambo Creek, 26 de Septiembre de 2014

Tomado de: http://ofraneh.wordpress.com/2014/09/25/inminente-desalojo-en-la-comunidad-garifuna-de-barra-vieja/

Los Ejes Temáticos son la columna vertebral de las discusiones que se llevarán a cabo durante la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático. A través de ellos se sintetizan los debates, puntos de encuentro y perspectivas de lucha que se han venido construyendo en el amplio proceso de unidad del movimiento social y ambiental gestado durante los últimos meses y años.

Ellas ayudarán a dar orden a la diversidad y complejidad de temas, aristas y problemáticas que acompañan al debate sobre el Cambio Climático en el mundo sin dejar de interrelacionarse y dialogar unas con otras.

 Estos son:

 1. Cambio Civilizatorio y Modelo de Desarrollo:

Los múltiples conceptos nuevos, las alternativas, nuevos paradigmas, posibles soluciones y alianzas mundiales por el clima que permitan desde el pensamiento crítico de los movimientos sociales reflexionar sobre nuestro mundo sin explotación, ni depredación y poner en la practica acciones desde los pueblos

2. Calentamiento Global y Cambio Climático:

El fenómeno que por primera vez ha puesto en entredicho la posibilidad de la especie humana y la vida en su conjunto siga teniendo las condiciones adecuadas para su existencia en el planeta es el centro del debate y plantea la necesidad de discutir e interpelar a la sociedad sobre las causas, impactos, tendencias y escenarios que genera en el mundo y las negociaciones alrededor de un acuerdo global amplio, justo y vinculante.

 3. Energía.

La energía como potenciador del lucro capitalista mundial ha sido el causante central de las emisiones masivas de gases de efecto invernadero, sea a través de la quema de combustibles fósiles o construcción de enormes represas hidroeléctricas con el fin de maximizar las ganancias de la explotación del trabajo. En este eje se discutirán las formas de producción de energía, la matriz energética, la reducción de emisiones, el desarrollo bajo en carbono y las estrategias del movimiento social para la transición energética.

4. Seguridad y soberanía alimentaria

La necesidad de nuevas fuentes de energía, la especulación e internacionalización de la tierra y el agronegocio son algunos de los elementos del sistema que han planteado la incorporación de los alimentos como combustibles alternativos y “limpios” como una de sus falsas soluciones lo que demanda a su vez ocupar grandes extensiones de tierras para satisfacer las necesidades de este nuevo negocio. Al mismo tiempo la alimentación, la agricultura y la ruralidad en el mundo luchan día a día por la defensa de sus espacios de vida y territorios.

En ese sentido, el fenómeno del Cambio Climático causado por los países del Norte Geopolítico Global ha agudizado este problema y pone en riesgo la alimentación de las futuras generaciones así como la capacidad de la misma tierra de seguir generando vida por su contaminación con agrotóxicos o transgénicos. Este cuarto eje discutirá los elementos relacionados a la Seguridad y Soberanía Alimentaria, las alternativas a los agrocombustibles y el agronegocio, y las luchas por el territorio.

5. Gestión sustentable del territorio

En este eje se centrarán las discusiones sobre la preservación de los ecosistemas y los bosques, el manejo sostenible de la naturaleza y su convivencia armónica con el ser humano así como al defensa y gestión del agua y las cuencas en el mundo.

6. Financiamiento, transferencia de tecnología e inter-aprendizajes.

El Fondo Verde del Clima, la pretensión de consolidar un Mercado de Carbono, mercantilizar la naturaleza y construir a través del concepto de Economía Verde una serie de mecanismos para incorporar al planeta como elemento del capital, así como por otro lado las posibles formas de financiar soberanamente y a través de las Naciones Unidas las medidas necesarias para mitigar y contener el cambio climático son algunos de los puntos que se tocarán a través de este sexto eje de la Cumbre

7. Mujeres y sostenibilidad de la vida

Es necesario y urgente dar visibilidad y posicionar la actuación de las mujeres en su diversidad ante los efectos del cambio climático, promoviendo una reflexión orientada a informar y sensibilizar a actores/as sociales de distintos ámbitos sobre la urgencia de apostar por la sostenibilidad de la vida en forma articulada.

TOMADO DE: http://cumbrepuebloscop20.org/es/ejes-tematicos/

Puerto Príncipe, 11 de septiembre de 2014, Documentos Alterpresse, Marc-Arthur Fils-Aimé * –

Desde que el presidente Michel Martelly asumió el poder, hace tres años, el país no ha tenido un momento de neta claridad política. El presidente no ha hecho más que gobernar en aguas turbulentas. Las crisis nacen, mueren y renacen de otras formas. La mayoría de estas crisis están provocadas, a veces ​​voluntariamente y otras no tanto, por el propio jefe de Estado cuando propone o ejecuta medidas al margen de las normas constitucionales. Algunos de sus colaboradores más cercanos o amigos personales, también cometen actos que perturban los principios republicanos.

¿Estos sobresaltos políticos pueden o deben servir de fuerza motriz para hacer funcionar un país? Mientras tanto, las puertas de la llamada comunidad internacional, de la cual el jefe de Estado obtiene amplios beneficios, le están completamente abiertas.

La comunidad internacional asimilada a sus intereses

El presidente Martelly está muy cómodo en medio de esta situación, sobre todo porque cuenta con el apoyo de dicha comunidad internacional que nunca perdió una oportunidad para demostrarle su satisfacción. Esta comunidad ignora y ridiculiza todos los aspectos negativos y las diversas insatisfacciones planteadas por varios sectores de la sociedad. A pesar de la pobreza y la inflación que afectan a más y más fracciones sociales, incluso las que alguna vez sufrieron menos las consecuencias, y a pesar de todos los signos evidentes de corrupción en el seno de la familia política del primer ministro Laurent Lamothe y del presidente Martelly, la comunidad internacional permanece pegada a sus intereses.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional presiona al gobierno para que aumente los precios de los productos derivados del petróleo, una exigencia que va a agravar la situación económica de las masas populares y complicar aún más la coyuntura preelectoral. Si las dos ramas que forman el Poder Ejecutivo dudan de ejecutar esa orden, no es por insubordinación a los que la exigen sino por miedo a la reacción popular en vista de las próximas elecciones.

El Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon, acompañado de su esposa, se incorporó a la lista de “visitantes ilustres” al emprender su quinta gira por Haití los días 14 y 15 de julio pasados. Sólo atinó a mitigar el accionar de los Cascos Azules en la introducción y la propagación del cólera en el país, reconociendo la responsabilidad moral de las Naciones Unidas. Tomó la vía tradicional de promesas vagas para calmar los ánimos inquietos y sobre todo para proteger el poder Martelly / Lamothe. Con un tono serio, que esconde en realidad el desprecio hacia las clases populares que son las principales víctimas de esta epidemia que no ahorró ningún rincón de nuestro país, anunció ciertas gestiones para encontrar algo así como dos mil millones de dólares para su erradicación.

Nadie ignora que este tipo de promesas nunca se cumplen, y cuando las pocas ayudas obtenidas lleguen, sólo servirán para enriquecer a los Clinton y compañía y algunos lacayos locales. Se diría, como quiere la lógica neoliberal, que la vida humana no sólo es explotable y maleable a gusto, sino también una simple entidad monetaria. Es en esta misma lógica que el Sr. Ban Ki-moon reconoció y elogió los avances obtenidos por el tándem Martelly / Lamothe.

Fortalecido por este apoyo, el 19 de julio de 2014 en un encuentro político con sus seguidores residentes en Estados Unidos, el presidente Martelly les aconsejó evitar el retorno de los comunistas al poder. En ese, su país de adopción, parece que Martelly puede darse el lujo de olvidar todas las contribuciones hechas por los comunistas de Cuba y Venezuela: esas masas de dinero provenientes de los fondos de Petro-Caribe y la asistencia técnica inigualable de los profesionales cubanos en el campo de la salud, sin los cuales el gobierno nunca podría haberse dado la posibilidad de vanagloriarse con sus programas aspirina « ti manman cheri » (“Mamita querida”), « ede pèp » (“Ayuda al Pueblo”), etc. Gracias a la flexibilidad de los comunistas cubanos y venezolanos, el Presidente se siente cómodo para presentar a la nación su reemplazante, o sea su primer ministro Laurent Lamothe, y de forma ilegal y prematura, ¡abrir la campaña electoral a su favor! De todas maneras, como se encuentra ya al final de su mandato, él no sufriría demasiado alguna reacción comunista en el caso improbable que la hubiera. La clave para el presidente de la República es agradar y sobre todo asegurar, sus tutores naturales.

Si se evoca la presencia constante de crisis, esto no significa que todas sean de la misma importancia. Algunas de ellas tienen un carácter relativamente superficial, como la revocación de un Comisario del gobierno en la ciudad de Les Cayes, Jean-Marie Salomon, por haber detenido a un amigo personal del Presidente implicado en un asunto de drogas. Otras son más importantes porque influyen profundamente sobre el funcionamiento del actual gobierno. Es el caso del proceso electoral, con algo más de dos años de retraso y cuya posibilidad todavía sigue siendo incierta.

Hoy por hoy, toda la atención está focalizada en las elecciones. El presidente Martelly debería haber organizado dos. La que está al orden del día sería, si se quiere, la tercera y la fecha constitucional para su realización ha perimido desde diciembre del 2013. ¿dónde estamos ahora?

La organización de las elecciones en Haití, toda una novela.

La organización de elecciones en Haití ha sido desde hace tiempo, una verdadera novela. Actualmente, el gobierno va por su tercer Consejo Electoral Provisorio o Permanente. Este Consejo, responsable de organizar las elecciones primero para un tercio del Senado, y ahora para sus dos tercios, cabalga entre una P permanente y una P provisoria. Este valsecito depende de la coyuntura o el equilibrio de la correlación de fuerzas sobre el tablero político, y es suficiente para demostrar la magnitud de la confusión que nubla la atmósfera social desde hace varios años. Con esta situación que cada día es más compleja y difícil, la organización de las elecciones y sobre todo la aceptación de los resultados, se anuncian azarosas.

Efectivamente, el gobierno ha anunciado para el 26 de octubre próximo la organización de las próximas elecciones para renovar los dos tercios del Senado, la Cámara de Diputados y todo el aparato de los gobiernos locales. Mientras tanto, existe un Consejo Electoral que es la expresión cabal del modo de gobierno del presidente Martelly.

Primero puso a la cabeza de un manoseado Consejo al Sr. Fritzo Canton, un duvalierista notorio y actualmente uno de los abogados de Jean-Claude Duvalier, quien ha tomado decisiones estructurales en vista de instalar la maquinaria electoral dotada del enorme poder de organizar el próximo escrutinio. Hoy, después de negociaciones de todo tipo, el Consejo está constituido por 9 miembros según la cifra constitucional, pero esta vez presidido por el Sr. Max Mathurin. Fue este señor quien había dirigido las elecciones de 2006, y que había aceptado, de acuerdo al orden de los poderes extranjeros, proclamar la victoria de René Préval como presidente de la República, aun cuando éste no había reunido el 50% + 1 de los votos necesarios según la ley electoral en vigor. Hay un dicho haitiano humorístico, popularizado por el publicista François Latour, que dice: “Quien está loco, enloquecerá”.

Convertido nuevamente en presidente de un Consejo Electoral que no ha reunido gran confianza nacional, ¿habrá evolucionado lo suficiente el Sr. Mathurin, como para no doblar la rodilla ante los ocupantes? Grandes figuras de la política electoralista han planteado numerosas distorsiones a la Carta fundamental que tenderían a poner toda la maquinaria electoral bajo el dedo de Martelly. Una vez más, uno se pregunta ¿de qué Constitución hablamos? Las dudas persisten al respecto. ¿Estamos bajo la égida de la Constitución de 1987, o la que fue modificada en mayo de 2011, que hasta el momento no ha sido promulgada por el Presidente de la República?

El Consejo Electoral a cargo de las elecciones ahora en preparación está impugnado por la gran mayoría de los partidos políticos tradicionales. Han declarado que este Consejo, aún con sus 9 miembros, no es creíble. Tiene una mayoría leal al poder que está dispuesta al fraude a su favor. Estos partidos, que siempre han presentado una gran parte de los candidatos que compiten por los diversos puestos electivos establecidos, no han cesado de denunciar al gobierno que, no obstante, sigue multiplicando los gestos para perpetuarse, hasta recurriendo a terceros. Algunos de estos partidos se niegan a reconocer ese Consejo y a respetar el calendario publicado. Para ellos, el Presidente y sus principales secuaces no quieren elección alguna este año. ¿Estos protagonistas están suficientemente armados política e ideológicamente para no participar en las próximas elecciones? Estamos seguros que van a descubrir artilugios para colarse en ellas, hasta para denunciarlas eventualmente en caso de su fracaso.

Y entonces, ¿cuáles serán las consecuencias para el año 2015?

El panorama coyuntural nos invita a dudar de la celebración de las elecciones este año. Sin embargo, el 6 de enero 2015 será una fecha límite en la que el Parlamento quedará caduco, debido a la finalización del mandato de ese segundo tercio del Senado y de toda la Cámara de Representantes. ¿Cómo este gobierno sospechado de grandes actos de corrupción va a poder funcionar fuera de todas las normas constitucionales?

Rodeado de grandes cuadros duvalieristas, y siendo él mismo también duvalierista, más de uno teme que el presidente y su equipo restauren el duvalierismo bajo una forma renovada. Algunos signos marcados por una fuerte represión lo demuestran claramente, durante las manifestaciones contra el gobierno o de protestas selectivas, sea en Puerto Príncipe, la capital, o en algunas localidades de provincia, exigiendo servicios sociales tales como el agua, la electricidad, etc.

Un miembro de la llamada comunidad internacional ya se ha pronunciado dispuesto a acompañar al gobierno si habría que gobernar el país por decreto. El gobierno también ha recibido el apoyo explícito de las multinacionales que quieren, por fuera de todas las normas ambientales nacionales e internacionales, saquear toda la riqueza mineral de nuestro subsuelo. El Banco Mundial tiene una ley que redactó para el país. Según algunos parlamentarios, esta ley excluye el Parlamento haitiano de la firma de cualquier contrato con las multinacionales mineras. Un simple acuerdo con el Ministerio de Planificación, actualmente en poder del Primer Ministro, sería suficiente para entregar nuestros bienes subterráneos a los depredadores nacionales y/o internacionales.

No hace mucho que estas multinacionales descubrieron o, mejor dicho, decidieron dar a conocer, la existencia de estas riquezas en nuestro subsuelo. Estos se estiman en más de 40 mil millones de dólares, sólo en la parte norte del país. La presencia de la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití) está allí para controlar o ayudar a la policía de Haití a sofocar, a través del uso desproporcionado de la fuerza, todas las movilizaciones anti-gubernamentales. Lanzan gases lacrimógenos en abundancia sin importar el carácter pacífico de estas movilizaciones o el lugar donde estas protestas se llevan a cabo, ya sea cerca de una escuela o un hospital, por ejemplo.

Las elecciones, que constituyen un acto de soberanía nacional, están bajo el control establecido por dicha comunidad internacional desde el regreso del ex presidente Aristide en 1994. En un libro escrito por una ex Consejera electoral, la Sra. Ginette Chérubin, titulado El VIENTRE podrido de la bestia, se explicó claramente cómo la comunidad internacional elevó el Sr. Martelly a la presidencia cuando sólo había alcanzado el tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones de 2010. Esta comunidad no ha cambiado su comportamiento pese a todas las denuncias en su contra.

La embajadora de los Estados Unidos de América, la Sra. Pamela White, dijo en 2013 por la Voz de América, la radio oficial del gobierno estadounidense, que la comunidad internacional no estaba dispuesta a financiar tantas elecciones en el país. Sin embargo, se había planeado las elecciones para ese año. Es verdad que el tesoro de Haití participa sólo con una muy pequeña proporción de los desembolsos para la realización de estas elecciones que se están volviendo cada vez más caras. Los gastos de los candidatos son tan altos que el país está en proceso de montar una verdadera plutocracia. Los candidatos de pequeño bolsillo no pueden competir ni siquiera por los cargos electivos más pequeños. Esta tendencia antidemocrática está muy alineada con un presidente de la República quien ha pedido al pueblo, durante una de sus innumerables giras en el país y afuera, esta vez en Ouanaminthe, a no votar por los pobres en las próximas elecciones.

Todo indica que el presidente Martelly, al colocar obstáculo tras obstáculo, no hace más que ejecutar el calendario que las potencias internacionales le han presentado. El primero para perpetuar su gobierno y mantener todas las ventajas unidas a su poder y las otras, para someter al país y saquear todas sus riquezas dejándonos, como en el pasado, unas pocas migajas después de haber asesinado a nuestro medio ambiente. ¿Se puede preguntar adónde se encuentra la barca nacional?

• Director General del Instituto Cultural Karl Lévêque (ICKL), Puerto Príncipe, Haití

(Traducido del original en francés: Haití, une barque qui tangue)