La Corte Suprema de Honduras debe ratificar ya la sentencia contra los culpables del asesinato de Berta Cáceres

La líder ambientalista y coordinadora del COPINH, Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 por su resistencia a la presa de Agua Zarca. /COPINH

Como movimientos sociales, pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos de 76 países, formando colectivamente la Red-DESC – Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estamos unidos en nuestra exigencia de justicia en el trágico asesinato de nuestra querida amiga y compañera Berta Cáceres.

Más de ocho años después de su brutal asesinato, nos preocupan profundamente los prolongados retrasos en el proceso judicial, que plantean serias dudas sobre el acceso a la justicia en Honduras. Más retrasos refuerzan un sistema más amplio de impunidad común en muchos de nuestros países.

Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue una firme crítica del proyecto de la presa de Agua Zarca en el sagrado río Gualcarque, un proyecto vinculado a atroces violaciones de los derechos humanos y medioambientales. Su asesinato en marzo de 2016 es un sombrío recordatorio de los peligros a los que se enfrentan quienes osan enfrentarse a poderosos intereses en defensa de la Tierra y sus pueblos.

En respuesta a la presión internacional y a la incesante campaña de activistas y defensores de los derechos humanos, se iniciaron importantes procedimientos judiciales. David Castillo, ex directivo de Desarrollos Energéticos (DESA) y figura principal del proyecto Agua Zarca, fue condenado en junio de 2022 a más de 22 años de prisión por su papel como coautor del asesinato de Berta. Además, otras siete personas fueron condenadas en noviembre de 2018, recibiendo penas de entre 30 y 50 años por su implicación directa en el crimen.

Sin embargo, la confirmación final de estas sentencias sigue pendiente, exacerbando la angustia de la familia y simpatizantes de Berta, y subrayando los retrasos y obstáculos endémicos que caracterizan nuestra lucha contra la impunidad. Esta prolongada incertidumbre judicial es inaceptable y sólo sirve para perpetuar los ciclos de violencia, corrupción e impunidad.

Por lo tanto, instamos a la Corte Suprema de Justicia de Honduras a que finalice sin más demora los procesos judiciales relacionados con el asesinato de Berta Cáceres. Es imperativo que todos los involucrados, incluyendo los autores intelectuales de este atroz crimen, rindan cuentas.

La Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad y la obligación de proteger el derecho a la justicia de Berta, su familia y el pueblo Lenca, y abordar el abuso de poder de las empresas que utilizan la violencia contra las comunidades indígenas para su propio beneficio, causando daños medioambientales irreparables y amenazando la supervivencia de su pueblo.

Mientras seguimos alzando nuestra voz en solidaridad con la familia de Berta y con todos los defensores de los derechos humanos, recordamos al Estado hondureño sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de respetar y proteger a sus ciudadanos y garantizar que prevalezca la justicia. Los ojos del mundo siguen atentos, y nuestra determinación de apoyar la justicia y la rendición de cuentas en Honduras permanece inquebrantable.

Para Berta, toda la verdad, toda la justicia.

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Carta Urgente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras

Además de esta declaración, en mayo de 2024, la Red-DESC envió una carta a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, dirigida a la magistrada Rebeca Ráquel Obando. Firmada por el Director Ejecutivo Chris Grove, la carta instaba a la Corte a resolver urgentemente los recursos de casación pendientes en el caso del asesinato de Berta Cáceres, subrayando la importancia de una acción rápida para garantizar la justicia y cumplir con las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos.

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Recursos Adicionales:

*Para conocer más sobre el caso de Berta y la lucha del Pueblo Lenca, visite COPINH en : https://copinh.org/category/berta-caceres/

También puedes leer el informe así como esta declaración de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ( IM-Defensoras)

Resignificación de las transiciones energéticas. Algunas perspectivas latinoamericanas

Introducción

Este artículo resume el diálogo que se llevó a cabo en septiembre de 2022 por iniciativa del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y de otros grupos y redes sobre transiciones energéticas. Quienes participaron[1] coincidieron en el análisis de las iniciativas dominantes, que solo están profundizando los problemas ambientales y los conflictos sociales en los territorios de América Latina. El diálogo propuso entonces resignificar las propuestas dominantes para una transición energética.

Durante la conversación, se llegó a un consenso sobre al menos tres puntos clave.
En primer lugar, las principales iniciativas de transición energética tienden a perpetuar el colonialismo inherente a la era fugaz de los combustibles fósiles, en lugar de abordar las contradicciones fundamentales de la energía. Esto se observa, por ejemplo, en dos estrategias principales en las iniciativas de transición predominantes. La primera implica dedicar enormes recursos al mero intento de cambiar las fuentes de energía, sustituyéndolas por otras supuestamente «renovables», como el hidrógeno verde o la energía eólica. La segunda estrategia consiste en intentar mejorar la «eficiencia» de la producción y el consumo mediante tecnologías digitales. Adoptar estos enfoques sin cuestionarlos, como si pudieran resolver las crisis energéticas, es tan incapacitante y destructivo para la vida, la soberanía, la abundancia y la comunidad como las prácticas de la era de los combustibles fósiles.

En segundo lugar, una transición energética efectiva debe reconceptualizar la energía. Esta transformación tiene que implicar cambios culturales y políticos más profundos, que valoren de forma adecuada los ciclos permanentes de calor y la luz del sol, así como los movimientos resultantes del aire, el agua y la biomasa. En vez de concebir la energía como un conjunto efímero de pozos petrolíferos y oleoductos, líneas de transmisión y cables submarinos, minas de carbón y gigantescos parques solares y eólicos, debemos volver a verla como un patrón perdurable que incluye los arroyos que fluyen, los flujos de nutrientes del suelo a los alimentos de nuestras comunidades y las acciones de nuestros propios cuerpos. Al hacerlo, podemos entender la energía como algo intrínsecamente conectado a nuestras vidas y a su reproducción.

Por último, dado que los perjuicios del actual sistema energético se dejan sentir en toda la sociedad, el proceso de resignificación de la transición debe involucrar a una amplia variedad de comunidades. Actualmente, se están explorando diversas estrategias organizativas que involucran a colectivos de diferentes orígenes, desde mineros del carbón a comunidades antiextractivistas, desde las poblaciones rurales a los citadinos de toda la vida. Todos ellos se reúnen en debates compartidos sobre los cambios políticos y sociales más amplios y las nuevas políticas necesarias para liderar la transición energética.

Una concepción más razonable de la energía

El actual sistema fósil de extracción de petróleo, minas de carbón y su infraestructura asociada, junto con la estructura social colonial que lo respalda, es considerado por Tatiana Roa Avendaño, de Censat Agua Viva, en Colombia, como una excepción en la historia de la humanidad. Los combustibles fósiles poseen características inusuales: una alta densidad energética y facilidad de transporte y uso en comparación con otros recursos como la madera. Además, durante más de un siglo y medio, se ha mantenido su bajo costo al ignorar gran parte de los daños ambientales y sociales que causan. Sin embargo, no se puede esperar que estas características se encuentren en otras fuentes de energía en el futuro. Intentar obtener el mismo rendimiento de las llamadas energías «renovables» requeriría la apropiación de cantidades de tierra y vida inimaginables, lo cual generaría injusticias sin precedentes. Entonces, es crucial dejar de enfocarnos únicamente en nuevas fuentes de energía que ya sabemos que son incapaces de llenar el lugar que hoy ocupa el petróleo en nuestra sociedad.

Por el contrario, es importante reconocer que la energía está intrínsecamente ligada a las relaciones humanas y a los ciclos naturales, como la alimentación, los nutrientes, la luz solar, el viento, los ríos y las tormentas, que han sustentado a las comunidades a lo largo de la historia. Los seres humanos mismos son una forma de energía, ya que nuestros cuerpos generan movimiento y han sido agentes de cambio en el mundo durante milenios. A pesar de que la era de los combustibles fósiles ha ocultado esta realidad al enfocarnos en una energía basada en la explotación inmediata de petróleo y carbón, es necesario volver a una concepción más razonable de la energía que reconozca estos ciclos naturales y promueva una relación sostenible con ella, incluso cuando los combustibles fósiles desaparezcan. La transición energética requiere abandonar la idea de buscar formas «renovables» de alimentar la antigua infraestructura energética del capitalismo industrial, con sus gasoductos, torres de alta tensión y creciente demanda. También implica rechazar la fantasía de que simplemente cambiando de energía fósil por energía no fósil se resolverán de un modo automático la crisis climática y las crisis derivadas del colonialismo.

El caso del hidrógeno ofrece una importante ilustración. Como señala Gabriela Cabaña, del Centro de Análisis Socioambiental (CASA), en Chile, ha sido durante mucho tiempo un vector energético clave en sectores difíciles de electrificar, por ejemplo, el refinado de petróleo y la producción de acero y fertilizantes. El hidrógeno, aunque parece un combustible respetuoso con el clima, plantea desafíos significativos. En la actualidad, la mayor parte se produce a partir de combustibles fósiles, lo cual genera emisiones de gases de efecto invernadero. La alternativa propuesta es producir hidrógeno verde a través de la electrólisis con energía renovable, pero esto requiere grandes inversiones y terrenos asequibles. En Chile, se están instalando infraestructuras solares en áreas ya estresadas ecológicamente, tratándolas como tierras de sacrificios para la economía industrial. Sin beneficiar a las comunidades afectadas ni abordar la pobreza energética, el enfoque se centra en la exportación. En este país, los planes actuales implican la construcción de trescientos gigavatios de infraestructura de «energía renovable» para la producción de hidrógeno en 2050, frente a los dieciséis gigavatios actuales, destinados en su mayor parte a Europa, adonde se lleva en buques alimentados por combustibles fósiles, para mantener industrias y sistemas de transporte antiguos que ahora buscan una imagen «verde», mientras los costos ambientales y sociales recaerán principalmente en Chile.

Tampoco los programas de «eficiencia» promovidos por las tecnologías digitales pueden lograr una auténtica transición energética. Como señala Verónica Villa, etnóloga que trabaja en México con el Grupo ETC, las nuevas tecnologías informáticas, con su infraestructura física de servidores, centros de datos, equipos 5G y líneas de transmisión eléctrica, en realidad incrementan el consumo de energía. En 2017 se estimó que para 2025 los nuevos procesos de creación de datos, manipulación e intercambio de información entre personas y máquinas, y entre las propias máquinas, consumirían una quinta parte de la electricidad mundial (Anders, 2017). Por ejemplo, la agricultura digitalizada, basada en el uso masivo de datos y tecnologías como la inteligencia artificial, drones y blockchain, requiere una infraestructura energética y de datos estupenda, y busca aumentar la eficacia de un sistema agrícola dependiente de los combustibles fósiles en lugar de reemplazarlo.
Este tipo de «transición» socava de manera activa las fuentes de las transiciones alternativas que el planeta realmente necesita. Las más interesadas en la agricultura digital son las grandes corporaciones de la agroindustria como Bayer Monsanto, junto con corporaciones de maquinaria como John Deere, fabricantes de fertilizantes como Yara, compañías farmacéuticas veterinarias, empresas de carne y proteínas alternativas como JBS y Tyson, proveedores de materias primas agrícolas como Cargill, minoristas como Walmart, procesadores de alimentos como Nestlé o PepsiCo y las empresas emergentes de entrega de alimentos como Uber Eats o Deliveroo. Estas compañías se están apresurando hacia la digitalización de la cadena alimentaria en colaboración con los titanes de los datos, como Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Además, los fondos de inversión, como BlackRock, Vanguard y State Street, que buscan destinos rentables para las enormes reservas de efectivo que administran para sus inversores adinerados, también están mostrando un gran interés en invertir en la transformación digital de la producción y circulación de alimentos, desde las semillas, la tierra y los combustibles fósiles hasta el transporte de alimentos, su entrega en supermercados y la manipulación digital de los consumidores a través de la publicidad dirigida individualmente (Grupo ETC, 2022).

Las infraestructuras digitales actuales favorecen los intereses empresariales en lugar de promover la soberanía tecnológica o comunitaria. Requieren recursos y energía inaccesibles para la mayoría de las comunidades. Además, aunque siempre se insta a la gente a tomar el control de sus datos, los datos procesados y las infraestructuras digitales corporativas son demasiado grandes para que una sola comunidad pueda controlarlos. La desconexión entre las necesidades de la comunidad y las nuevas tecnologías digitales se manifiesta también en la velocidad alta, que beneficia principalmente a las empresas y los Estados y favorece la individualización y la vigilancia a gran escala. Como señala Villa, la solución al hambre y a los desafíos agrícolas no radica en una mayor recopilación y procesamiento de datos, ni en alta velocidad ni en una mayor eficiencia mecanizada. Se requieren enfoques basados en la soberanía alimentaria, derechos comunales, apoyo a los pequeños agricultores y lucha contra la especulación y el control de la agroindustria. La nueva mecanización digital no es parte de la transición energética necesaria. Por el contrario, la prioridad debería ser construir el poder político necesario para evitar el acaparamiento de tierras y el uso acelerado de bienes naturales. Las herramientas digitales actuales están diseñadas para centralizar datos y servir a las máquinas de inteligencia artificial corporativas, no para promover una vida comunitaria saludable y los ritmos lentos de pensamiento colectivo.

Un cambio social y cultural más amplio

El trabajo de activistas latinoamericanos como Roa Avendaño, Cabaña y Villa muestra por qué las «soluciones», como los proyectos corporativos de energías renovables a gran escala o las nuevas tecnologías de la información, en muchos sentidos no hacen más que reforzar las crisis energética y climática que pretenden abordar. En la actualidad, no existe una transición energética, sino solo una expansión energética. Su trabajo nos invita a redefinir lo que entendemos por «transición energética» para tener más en cuenta el colonialismo, el extractivismo, la explotación, el significado de la tierra y el territorio y la historia de la infraestructura de los combustibles fósiles. Sugiere que, en lugar de limitarse a sustituir una fuente de energía inviable por otra o a desplegar nuevas máquinas para que las antiguas sean más «eficientes», la transición implica lo que Roa denomina un «cambio social y cultural» más amplio. Como subraya Cabaña, la transición tiene que ver con el poder, la soberanía y una «transformación total de nuestras sociedades, una transformación de nuestras relaciones que es infraestructural y, por tanto, también política».

Para ello es necesario ir más allá de las preguntas habituales sobre la transición energética. Por ejemplo, la cuestión acerca de cómo luchar contra el extractivismo y, al mismo tiempo, hacer frente a una demanda mundial de energía de ochenta gigajulios por persona para una población mundial de 7800 millones. En lugar de dar por sentados el nivel y la estructura de la demanda energética mundial a la que se refiere la pregunta, quienes participaron en el encuentro coincidieron en que es más útil tratarla como el «resultado de una arquitectura específica, de una organización política y económica concreta» que puede cambiarse. Como señalan Cabaña y Roa, es muy posible satisfacer las necesidades de todas las personas con una huella energética significativamente menor, sobre todo si se reduce el consumo de energía y se da mayor prioridad a las necesidades públicas básicas que al uso de energía de lujo. La alternativa —mantener constante la demanda energética global agregada creada durante la era de los combustibles fósiles e intentar satisfacerla con electricidad derivada de parques eólicos y solares— no hace más que abrir nuevas fronteras al extractivismo. El concepto abstracto de «demanda energética», añade Villa, necesita siempre desglosarse para que los ciudadanos tengan derecho a plantearse cuestiones concretas sobre para qué se va a utilizar la energía en cuestión, y por quién. Las cifras abstractas de demanda energética, observa Roa, ocultan los mil millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. También ocultan las razones por las que esas personas han sido expulsadas o empobrecidas por el actual sistema energético, tanto en el campo como en las ciudades. En Colombia, por ejemplo, muchas familias están conectadas a la red eléctrica pero no tienen acceso a la electricidad porque no pueden pagarla. En este sentido, sugiere Cabaña, puede ser útil pensar la política energética menos en términos de eficiencia, y más con un foco en la suficiencia. Es decir: en lugar de preguntarnos cómo satisfacer eficientemente una demanda cada vez mayor, ¿qué pasaría si nos preguntáramos cuánto necesitamos? La eficiencia sin suficiencia no reduce el impacto a largo plazo, porque se crean efectos rebote que aumentan el estrés sobre los ecosistemas, por muy eficientes que lleguemos a ser. «Si no regulamos hacia una menor demanda futura, no podremos salir del círculo vicioso en el que estamos».

Conclusiones

¿De qué otras formas podríamos repolitizar el lenguaje para hablar de energía? ¿Cómo podemos entender mejor la transición como un cambio cultural? Y lo que es más importante, ¿de qué manera se está llevando ya a cabo sobre el terreno el proceso de resignificación de la transición energética?
Quienes participaron en el debate de septiembre coincidieron en que las perspectivas de un cambio radical van de la mano de los esfuerzos por implicar y conectar comunidades con orígenes y situaciones muy diversas en debates compartidos sobre el futuro. En Colombia, por ejemplo, explica Roa Avendaño, los movimientos sociales tienen un historial de articulaciones multisectoriales en la lucha contra el extractivismo que ha implicado esfuerzos por conectar a grupos indígenas, afro y campesinos tanto con organizaciones ecologistas como con trabajadores de los sectores del petróleo, el carbón y la electricidad.

En estas articulaciones, siempre ha estado presente la tensión sobre qué hacer con proyectos extractivos. Debe entenderse que el objetivo de la discusión no es presionar por el cierre inmediato de los proyectos mineros o energéticos, sino atreverse a pensar más ampliamente en la transformación de un sistema energético que ha generado tantos conflictos entre las comunidades. ¿Qué preocupaciones comparten los distintos grupos? ¿Y cómo facilitar un debate que entienda la transición energética como un cambio social y cultural radical que afecta la alimentación, la movilidad, la construcción de ciudades, el diseño de edificios, el despilfarro energético y mucho más?

En la misma línea, Cabaña recuerda que las justificaciones que se utilizan actualmente para sacrificar territorios en nombre de una «transición energética» son las mismas que se han utilizado durante siglos. «Muchas personas que solo hoy empiezan a preocuparse por los impactos presentes o futuros de la crisis climática son precisamente aquellas que no se han visto afectadas por anteriores oleadas de devastación ecológica causadas por la expansión del capitalismo». Como resultado, a menudo ignoran esta continuidad histórica. Por eso, es importante, al debatir la transición energética, «volver siempre a las comunidades que llevan siglos resistiendo el avance del colonialismo y las fronteras de la expansión» y fomentar el diálogo entre ellas y otras comunidades. Lo que se necesita es un enfoque político que promueva la solidaridad entre el Sur global y el Norte, permitiendo mantener una conversación honesta.

Referencias

Andrae, A., 2017. «Total Consumer Power Consumption Forecast». Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast, consultado el 3 de julio de 2023.

Grupo ETC, 2022. «Los barones de la alimentación 2022. Lucro con las crisis, digitalización y nuevo poder corporativo». Disponible en: https://www.etcgroup.org/files/files/barones_de_la_alimentacion-resumen-web.pdf, consultado el 3 de julio de 2023.

Por: Verónica Villa,* Tatiana Roa Avendaño,** Gabriela Cabaña,*** Larry Lohmann****

* Etnóloga, Grupo ETC,  México. E-mail: veronica@etcgroup.org

** Ambientalista, Censat Agua Viva, Colombia. E-mail: troaa@censat.org

*** Antropóloga social, investigadora de las políticas energéticas y fundadora del Centro de Análisis Socioambiental (CASA), Chile. E-mail: gabriela@centrosocioambiental.cl

**** Investigador, The Corner House, Reino Unido. E-mail:larrylohmann@gn.apc.org

[1] Participaron Verónica Villa de México, Tatiana Roa Avendaño de Colombia, Gabriela Cabaña de Chile, Cecilia Chérrez de Ecuador y Larry Lohmann del Reino Unido.

Ilustración: Arcadio Esquivel

Tomado: ecologiapolitica.info

 

Fuente: Radio Temblor

Cumbre del G20: la perspectiva de los pueblos es un desafío

Central hidroeléctrica binacional de Itaipú, en la frontera Brasil-Paraguay.

La agenda de los pueblos y las alternativas de las múltiples crisis actuales guiaron el 1er debate del ciclo “La Cumbre de los Pueblos: de pie ante al G20”

La agenda del G20 y la agenda de los pueblos” fue el tema del 1er encuentro virtual del ciclo, el 30 de julio, con los panelistas Ana García Saggioro, investigadora del Centro de Políticas BRICS (PUC-RIO) y profesora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro; y la activista Ana Priscila Alves, de la Marcha Mundial de las Mujeres, maestra en Sociología de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. El 1er debate estuvo moderado por el periodista Rubén Penayo, de la Campaña Itaipú Causa Nacional (Paraguay).

Ana Priscila inició el debate explicando el proceso de construcción de la “Cumbre de los Pueblos frente al G20”, que es una actividad impulsada de manera autónoma e independiente por organizaciones y movimientos sociales, en paralelo al programa oficial de la Cumbre del G20, que se desarrolla en los días 18 y 19 de noviembre de este año, en Río de Janeiro (Brasil), y que reunirá, entre otros, a jefes de Estado y de Gobierno de los países del Grupo de las 20 mayores economías del mundo (G20).

La activista de la Marcha Mundial de las Mujeres, habló sobre el proceso de construcción colectiva y la metodología que se viene desarrollando desde inicios de año, con articulaciones regionales, nacionales e internacionales. Según el activista, el colectivo de entidades convocantes a la movilización quiere disputar la agenda, promover un debate crítico sobre la Cumbre del G20, proponer la construcción de alternativas y denunciar las falsas soluciones que los países miembros proponen a las múltiples crisis actuales.

Parque eólico en una zona de la comunidad quilombola de Cumbe, en Ceará, noreste de Brasil

“Nuestra agenda de movimiento no encaja en la agenda del G20. Ella replantea las economías, no solo intenta arreglar este sistema. Queremos cambiar la lógica del sistema, la relación con la naturaleza y las personas, cambiar realmente la lógica de la organización en su conjunto. Hoy la economía camina hacia la recuperación de las ganancias y para nosotros el modelo económico debe ser diferente, debe tener la vida en el centro”, dice. 

Por ello, Ana Priscila destacó el rol del pueblo frente al actual modelo neoliberal “que está en decadencia en Estados Unidos, lo que incrementa la ofensiva del país. Es decadente, hay otras potencias organizándose para construir un mundo multipolar. Necesitamos ser nosotres, el pueblo, quienes construyamos esta alternativa. Hasta entonces, en todas las crisis del sistema capitalista, la alternativa la desarrollaba el propio capitalismo. Hoy es este modelo neoliberal, y entendemos que es parte de los debates que vendrán en el G20”.

Parque eólico en una zona de la comunidad quilombola de Cumbe, en Ceará, noreste de Brasil

Orígenes del G20, crisis y desafíos

La profesora Ana García habló sobre los orígenes del G20, haciendo un repaso histórico por diferentes crisis del capitalismo ocurridas a partir de los años 90, y que requirieron solicitudes de ayuda de los países con economías emergentes para salvar el neoliberalismo globalizado. Otro cambio de escenario se produjo en 2014, “cuando Rusia ocupó Crimea y se generó la primera crisis de la Unión Europea”, y con el surgimiento de los BRICS como grupo, “con limitaciones, pero que se situaron en una vía alternativa, creando el Banco de Desarrollo del BRICS. A partir de ahí se dio este giro geopolítico”, señala.

Para ella, entre los puntos destacados de la agenda de la Cumbre del G20 se encuentran la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo “para que puedan financiar efectivamente el desarrollo que los países necesitan en el área climática y social”; los impuestos globales a los superricos; la cuestión de la deuda pública que, según la profesora, tiende a pesar aún más en la presidencia sudafricana del G20 en 2025, porque incluye “a los países deudores del Club de París, a las instituciones financieras multilaterales como el FMI y a China, hoy el gran acreedor internacional”. 

El desafío, dice Ana García, tanto para la presidencia brasileña del G20 como para los movimientos y organizaciones, “es traer efectivamente una visión del pueblo. Esto es lo que queremos en la dimensión financiera y económica, que es el origen del G20, pero también es la dimensión social y ambiental que está en la agenda brasileña”.

Puso como ejemplo las cuestiones medioambientales y la transición energética. “Una transición de las grandes empresas es también una transacción de los grandes monopolios de la energía eólica y solar, lo que genera impactos en territorios, poblaciones ribereñas y poblaciones locales en varios lugares, no solo en Brasil, sino también en otros países de América Latina”, critica. 

En cuanto a la gobernanza internacional, Ana García valora que no se trata solo de una crisis financiera y de representación política.

“Es esencialmente una crisis de grandes valores y una crisis de liderazgo internacional. Estamos viviendo una masacre, un genocidio en Gaza y una guerra en Europa del este. Hay un escenario de tensión internacional, no solo en el comercio entre China y Estados Unidos, sino en el área tecnológica, en la escalada militar y obviamente en el liderazgo político. No hay un liderazgo que pueda guiar la solución de los grandes conflictos globales que vivimos hoy, mientras miles de personas mueren y sufren genocidio”, añade.

Accede y mira el 1er debate completo:
https://www.youtube.com/live/EQ8IfYjPCRs?feature=shared 

Por Flaviana Serafim – Comunicación Jubileu Sul Brasil
55 11 94531-7411 / 98835-4285

redacao@jubileusul.org.br

Población maya Ch’orti’ denuncia división comunitaria por proyectos mineros en Guatemala

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, representantes de autoridades indígenas Ch’orti’ de los municipios de Quezaltepeque, Olopa, San Juan la Ermita y Camotán expresaron las problemáticas de sus comunidades y demandas en el oriente de Guatemala.

Por Norma Sancir

“Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos uno, ni dos de nosotros, sino todos”, citó del Popol Vuh, el guía espiritual Gregorio Pérez durante una ceremonia maya en el lugar sagrado 11 Aj ubicado en el cerro Chiramay, municipio de Quezaltepeque. Pérez también invitó a los pueblos indígenas a seguir juntos por la lucha de sus derechos.

Desde las 5 de la mañana, Pérez salió de su casa para estar en el lugar sagrado para el pueblo maya Ch’orti’.

Ubaldino García, de la resistencia contra la minería en Olopa, Chiquimula, manifestó que en sus comunidades hay más de 30 licencias mineras de empresas que buscan explotar los bienes naturales del pueblo Ch’orti’.

Por otro lado, autoridades indígenas de San Juan Ermita manifestaron que también se ven amenazados por las empresas mineras y exhortaron a la unión de los pueblos indígenas del país.

Además de la minería, en la asamblea se abordaron las consecuencias de los proyectos entre comunidades indígenas, municipalidades y el Plan Trifinio. Este último es un proyecto conjunto entre Guatemala, Honduras y El Salvador que contempla programas dirigidos a la región fronteriza compartida.

Sin embargo, ha generado descontento y división entre la población por la falta de claridad, información y consulta a las autoridades indígenas. Estela Miguel, una de las asistentes a la asamblea, compartió que las comunidades están en descontento con los proyectos del Plan Trifinio porque no hay claridad en estos convenios.

A la actividad asistió el gobernador de Chiquimula, Luis Compa, a quien expusieron la preocupación y pidieron que atienda las demandas del pueblo Ch’orti’ con respecto a los proyectos que lleguen para las comunidades.

La población Ch’orti’ reunida en la cumbre Chiramay también recordó los días que estuvieron en las calles para defender la democracia y reafirmó su compromiso de luchar contra la corrupción en sus localidades. Francisco Santos con su guitarra y notas musicales, revivió los históricos días que se observaron el año pasado en las carreteras. Al finalizar la asamblea, las autoridades indígenas y asistentes acordaron seguir buscando información sobre los proyectos que llegan a sus comunidades.

Foto de Norma Sancir

Fuente: Desinformemonos

Assassinato de mulheres ainda é realidade em conflitos no campo 41 anos após morte de Margarida Alves; alta foi de 16% em 2023

Dia de Luta Contra a Violência no Campo, em 12 de agosto, lembra o assassinato da líder sindical Margarida Alves

Na década de 80, Margarida Alves se tornou a primeira mulher a presidir um sindicato de trabalhadores rurais – Reprodução/Brasil de Fato

Por Redação – Brasil de Fato São Paulo

O dia 12 de agosto, esta segunda-feira, marca o Dia de Luta Contra a Violência no Campo. A data lembra o assassinato da liderança sindical Margarida Alves, cuja vida foi cruelmente encerrada por matadores de aluguel a mando de fazendeiros da região de Alagoa Grande, em Alagoas, em 12 de agosto de 1983, aos 50 anos, em sua casa, na frente do único filho e do marido. Em função de sua luta por direitos, Margarida conviveu com as intimidações à sua atuação combativa.

Mais de 40 anos depois, a situação das lideranças sindicais no campo não arrefeceu. No ano passado, foram registrados 2.203 conflitos no campo, o maior número de conflitos rurais desde 1985, quando a Comissão Pastoral da Terra (CPT) começou a série história. Também foram contabilizadas sete mortes de mulheres, segundo o Relatório Violência no Campo, 16,7% a mais do que no ano anterior. 

A maioria dos conflitos está relacionada à terra, 1.724, também sendo o maior já registrado pela CPT. Desses, 1.034 são referentes às violências contra a ocupação e a posse, e 554 diretamente contra pessoas. No total, essas ocorrências atingiram 1.467 pessoas, incluindo 31 assassinatos. 

Nos últimos 10 anos, as maiores vítimas continuam sendo os trabalhadores sem-terra (151), seguidos de indígenas (90). Das vítimas fatais da violência, sete eram mulheres.

Lucineia Freitas, da direção nacional do Setor de Gênero do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), afirma que “por mais que as mulheres não sejam o maior número de pessoas assassinadas no campo, pensamos a violência de modo amplo, incluindo expulsão da terra, tortura, ameaças”, contextualiza. “E, quando vêm os assassinatos, são elas as que sobram com os filhos, a baixa assistência estatal e em meio ao conflito, que permanece.” 

Também, no ano passado, os fazendeiros, empresários e grileiros foram os principais responsáveis pelas agressões, somando 59% dos criminosos. Ainda em 2023, nesse cenário, os despejos judiciais no campo quase triplicaram e as violências causadas por agentes dos governos estaduais, dobraram.   

A maior proporção de vítimas foi registrada no estado de Rondônia, com cinco assassinados, seguido por Amazonas, Bahia, Maranhão e Roraima, com quatro mortes em cada estado. Quanto à quantidade de conflitos agrários, o estado que concretizou esse cenário foi a Bahia, com 202 casos. 

Entra nessa estatística a morte da Mãe Bernadete, assassinada em agosto de 2023, no quilombo Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho, na Bahia. Ela coordenava a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) e vinha lutando incansavelmente pela responsabilização dos assassinos de seu filho Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo, liderança da comunidade. 

Em janeiro deste ano, um ataque de ruralistas provocou a morte da indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Pataxó, majé (feminino de pajé), da etnia Pataxó Hã-hã-hãe, na região Sul da Bahia. Dois fazendeiros foram presos em flagrante por porte ilegal de arma, suspeitos de matar a tiros a liderança. Apesar de ainda não estar nas estatísticas da CPT, cujo levantamento mais recente vai até 2023, o caso se tornou emblemático. 

 

Fuente: Jubileu Sul Brasil