Cada año, los informes sobre deforestación en la Amazonía confirman que el bosque tropical más grande del planeta está perdiendo su cobertura vegetal a un ritmo acelerado. El reporte anual de Global Forest Watch y la Universidad de Maryland, por ejemplo, incluye a cuatro de los nueve países amazónicos —Brasil, Bolivia, Perú y Colombia— en el top 10 de los que más bosques tropicales primarios perdieron en el planeta durante 2022.
La pequeña agricultura y la ganadería, así como la minería de oro y tala ilegales destacan entre las actividades que están depredando este ecosistema. A ello hay que sumar la violencia y presión ejercida sobre los bosques y territorios indígenas por los cultivos ilícitos de coca y el narcotráfico. Los incendios forestales, en su gran mayoría provocados, también se suman a esta lista de males, así como los monocultivos y la agroindustria instalada en territorios que alguna vez fueron bosques. En la lista de amenazas también están los derrames de petróleo, muy poco remediados, que contaminan suelos y ríos.
En enero de 2023, la revista Science dedicó su portada a la Amazonía. En esa edición, más de 30 científicos publicaron el artículo “Los impulsores y los impactos de la degradación de los bosques amazónicos” que se enfoca en la degradación de este bioma. Los datos registrados entre 2001 y 2018 revelaron que 360 000 kilómetros cuadrados (36 millones de hectáreas), que corresponde al 5.5 % de la selva amazónica, se encuentran bajo algún tipo de degradación. Esta cifra aumenta a 2.5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 38 % de los bosques amazónicos si se incluyen datos sobre sequías extremas.
Pese al llamado constante de científicos, expertos y ambientalistas para frenar la deforestación y degradación de la Amazonía, los bosques se siguen perdiendo. Mongabay Latam ofrece aquí un panorama de lo ocurrido durante el 2023 en cinco países amazónicos: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.
Un año más de deforestación
Una vez más, Bolivia ocupó el tercer lugar entre los bosques más deforestados del mundo. El país perdió solo en el 2022, un total de 385 000 hectáreas de bosques primarios, según información de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW). La cifra supera en 32 % la deforestación del año anterior. La causa principal de la pérdida de cobertura forestal en Bolivia es la expansión de la frontera agropecuaria pero no es la única, también se puede contar el crecimiento de la infraestructura, la colonización y establecimientos de nuevos asentamientos humanos, así como los incendios forestales, según indican los análisis hechos por GFW y la Fundación Amigos de la Naturaleza.
En Colombia, un estudio publicado en la revista Nature reveló que entre 1985 y 2019 el país perdió más de 3 millones de hectáreas de bosque amazónico debido a las actividades ilícitas. Además, una investigación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI presentó un conjunto de escenarios posibles sobre el futuro de la Amazonía colombiana para el 2040. Según este análisis, de no implementarse una política de control sobre la deforestación y de otros factores de degradación de los bosques, se podrían perder un aproximado de 2.1 millones de hectáreas de bosque en las próximas dos décadas. Aunque en 2022 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó que la deforestación disminuyó en un 29.1 %, expertos que han analizado las cifras y realizado otras mediciones señalan que esos datos hay que tomarlos aún con reserva.
Perú, por otro lado, ocupa el quinto lugar en el mundo en términos de pérdida de bosques tropicales primarios y el tercero, por detrás de Brasil y Bolivia, si se revisan las cifras de deforestación solo en Latinoamérica. De acuerdo con el reporte de Global Forest Watch, la pérdida de bosque en Perú para el año 2022 alcanzó las 160 991 hectáreas. A su vez, un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) llama la atención sobre la presencia de colonias menonitas en el país y de cómo estás empiezan a sumarse a la lista de amenazas, considerando que cinco de ellas son asociadas a la pérdida de 7032 hectáreas en los últimos tres años, de las cuales solo 2426 hectáreas se registraron entre enero de 2022 y agosto de 2023.
La ganadería y la expansión de la frontera agrícola siguen siendo los principales motores de pérdida de bosque. De acuerdo con el último informe de MapBiomas Amazonía —que analiza 844 millones de hectáreas en América del Sur, el territorio que corresponde a la Amazonía— la apertura de nuevas áreas de pastoreo ha sido el principal vector de deforestación. El estudio muestra que, de los 86 millones de hectáreas de vegetación natural deforestadas en el territorio analizado, 84 millones fueron convertidas en áreas agrícolas y forestales, con énfasis en pastos.
El informe, basado en imágenes satelitales, muestra que la conversión de bosques por pastos es más intensa en Brasil, así como en Colombia y Venezuela. En Bolivia, la deforestación en el departamento de Santa Cruz, en el sur de la Amazonía, ha dado paso a una gran extensión agrícola, mientras que en Perú las imágenes muestran parches de pequeña agricultura dispersos por la Amazonía del país.
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La minería ilegal y la destrucción de los bosques
La minería ilegal está arrasando con los bosques amazónicos. Un estudio publicado por MAAP en octubre de 2023 documentó la presencia de 58 lugares en bosques y ríos en donde se realiza minería y en 49 de ellos la actividad era ilegal. El reporte muestra zonas de actividad aurífera ilícita en los nueve países amazónicos.
En la provincia del Napo, en Ecuador, la minería ilegal está prácticamente matando a los ríos, como ha ocurrido con el Chumbiyaku, cuya contaminación con metales pesados supera en 500 veces los límites permitidos. Análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) y la Fundación Ecociencia muestran también el aumento de la actividad aurífera ilegal en provincias como Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en el sur de Ecuador. Según un reporte de marzo de 2023, en la provincia de Napo, entre 2015 y 2021, las áreas con actividad minera se incrementaron en 855 hectáreas.
En Perú, esta actividad ilícita se ha extendido en las regiones de Amazonas y Loreto, en la Amazonía norte, así como en Madre de Dios, en la selva sur del país. El río Nanay, en la región Loreto, es el más afectado por la extracción de oro. En esta cuenca, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha registrado más de 100 dragas desde el año 2020, mientras que en el río Cenepa, en la región Amazonas, por lo menos 70 puntos de explotación ilegal de oro fueron registrados por Mongabay Latam y la ONG Paz y Esperanza durante un recorrido realizado por ese río en el mes de septiembre. Madre de Dios, en el sur de Perú, sigue siendo un lugar tomado por esta actividad ilícita. Un estudio de MAAP señala que en los dos últimos años, la minería de oro ha arrasado con 18 421 hectáreas de bosque en esta región.
La devastación por minería ilegal en áreas protegidas no es exclusiva de Perú. En Colombia la situación es también crítica. Desde 2020, los guardaparques del Parque Nacional Natural (PNN) Amacayacu, en el estado de Amazonas, no pueden custodiar el área protegida en su totalidad. En febrero de ese año, los funcionarios del parque nacional fueron citados por las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para advertirles que debían salir del territorio en pocas horas. En ese encuentro a los funcionarios les quitaron las balsas, los motores, la gasolina, los GPS, los computadores y los radios que llevaban. Actualmente, la minería ilegal rodea el área protegida. En un sobrevuelo realizado en julio de 2023 por la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro se registró la presencia de 13 dragas en el río Purité, que nace en el Parque Nacional Amacayacu. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia hay cerca de 200 000 mineros, y de ellos, aproximadamente el 70 % se dedica a la minería ilegal.
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El avance del narcotráfico
En Bolivia, por lo menos 29 900 hectáreas se utilizaron para producir hoja de coca durante 2022, cifra que supera las 22 000 hectáreas que establece la ley para consumo tradicional y ancestral. Los datos presentados en el reporte anual del Monitoreo de cultivos de coca en Bolivia realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también dan cuenta que la amenaza de cultivos ilícitos se ha registrado en seis áreas naturales protegidas, lugares donde la producción de esta planta ancestral es ilegal. Según el informe, en estos territorios se han registrado una superficie de 435 hectáreas de cultivos de coca.
En Colombia, una de las zonas más amenazadas por el narcotráfico es el Putumayo. Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en el Putumayo se ha registrado un total de 48 034 hectáreas de coca, un aumento del 70 % frente a 2021 y que de lejos lo ubica como el departamento amazónico con mayor cantidad de cultivos ilícitos. En esta zona de frontera colombiana se encuentra el Parque Nacional Natural La Paya, donde las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han prohibido la entrada de los guardaparques al territorio, mientras libran batallas con otro grupos armados ilegales para controlar el narcotráfico y los cultivos de coca que lo alimentan.
Imágenes satelitales de la Amazonía central de Perú confirmaron, este año, la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur. Los monitores ambientales de las comunidades nativas kakataibo, ubicadas cerca de la reserva indígena, señalaron que encontraron dentro de los límites de la reserva cultivos ilegales de coca y pozas de maceración. El Parque Nacional Otishi, en la selva central, es otra zona asediada por el narcotráfico.
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Contaminación por petróleo
Los derrames de petróleo son una constante en la Amazonía y sus impactos en ríos y suelos afectan a decenas de pueblos indígenas. Este 2023, Mongabay Latam —en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia— publicó una investigación transfronteriza que reveló la gran cantidad de pasivos ambientales y lugares contaminados en cuatro países amazónicos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El especial “Las deudas del petróleo”, desarrollado sobre la base de información solicitada a los gobiernos mediante las leyes de transparencia, logró identificar 8278 puntos contaminados en territorios de comunidades amazónicas y en terrenos al lado del mar en los cuatro países. De esta cantidad, 6371 lugares contaminados aún no han sido remediados.
La comunidad nativa José Olaya, ubicada en la región amazónica de Loreto, en Perú, es una muestra de lo que sucede en más de 3000 lugares contaminados por petróleo en el país. En esa comunidad se pueden observar filas de bolsas que contienen tierra con petróleo proveniente de los derrames que han afectado este territorio. La investigación logró identificar —sólo en Loreto— 14 pasivos ambientales y 171 “sitios impactados”, que aunque no son catalogados como pasivos han contaminado seriamente el territorio.
Los derrames de petróleo continúan ocasionando daños en la Amazonía peruana. En enero de 2023, el vertimento de 3600 barriles de petróleo como consecuencia de la rotura del Oleoducto Nor Peruano (ONP) afectó a más de 30 comunidades cercanas a la zona del derrame. El crudo se desplazó por 222 kilómetros desde donde se inició el vertimento hasta alcanzar el río Marañón.
En Ecuador la cifra de sitios contaminados por el petróleo suman más de 4000. En la parroquia de San Carlos, ubicada en la provincia amazónica de Orellana, aún se pueden ver las piscinas de petróleo abandonadas tras varias décadas de operaciones de la petrolera estadounidense Texaco, que estuvo en el país entre 1964 y 1990. Esta empresa reportó, durante el proceso judicial que se le sigue por los daños ambientales causados en las zonas de explotación, haber construido 333 piscinas en su período de operaciones, sin embargo, las imágenes satelitales han registrado hasta 990 piscinas.
Otro de los casos más dramáticos de contaminación está en Bolivia, en el Parque Nacional Carrasco, en Cochabamba, donde hay un pasivo ambiental que es descrito como un “antepozo [que] se encontraba totalmente cubierto de agua, el mismo que presentaba una coloración oscura, percibiéndose en el ambiente un claro olor a hidrocarburos”. Dentro de esta área protegida también se han identificado otros 4 pozos abandonados en el campo Bulo Bulo. A pesar de este escenario, Bolivia sigue enfocada en expandir la exploración petrolera en su territorio.
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Imagen principal: Un obrero de Petroecuador EP trabaja en la limpieza de una fuente de agua que el 30 de septiembre de 2022 fue contaminada por un derrame de petróleo. Foto: Armando Lara.
Publicado originalmente en Mongabay Latam
Fuente: Desinformemonos
