Mês: fevereiro 2023

Covid y la crisis del petróleo


ASSCOM

La Tierra tiene una corta tregua. Pero sigue pidiendo a gritos que se detenga la extracción y que se desintoxique la petrodependencia. Ya no tiene sentido extraer más crudo para hacer girar la vieja rueda, en su círculo adictivo y decadente.

OILWATCH LATINOAMERICA

Día de la Tierra, 22 de abril de 2020

En el Día de la Tierra, el Covid19 se propaga como una pandemia. En todo el planeta amenaza a su gente, enferma a las ciudades, infecta a millones de comunidades y familias, provoca la muerte de cientos de miles de personas.

Primero se concentró en China, Europa y los Estados Unidos, el virus se ha expandido en velocidad y rutas comerciales, alcanzando en dos meses gran parte del Sur Global: África, Asia y América Latina.

Como pandemia, el virus cruzó los océanos, aterrizó en los aeropuertos, desembarcó en las terminales portuarias y viajó por carretera y ferrocarril. Ahora se está expandiendo hacia las periferias urbanas más empobrecidas y está llegando a las comunidades de los pueblos tradicionales: campesinos, afroquilombolas, pescadores artesanales, pueblos indígenas en aislamiento. Una tragedia.

El origen y la expansión pandémica del nuevo coronavirus están directamente asociados a la destrucción de la Tierra: la devastación de sus bosques y su sustitución por monocultivos de árboles, la destrucción de sus ecosistemas, suelos y fuentes de agua, la expansión de la minería y el petróleo, la extinción de sus especies y la introducción de organismos genéticamente modificados, la contaminación de sus ríos y mares por agroquímicos y plásticos, y el colapso de su clima, la extracción y quema de combustibles fósiles. Una tragedia anunciada.

El capitalismo y su civilización petrolera, por caminos suicidas, explota los recursos, destruye los vínculos y agota los sentidos de la Tierra. No permite alternativas. Por un lado, desprecia las tecnologías y borra la memoria de los pueblos ancestrales, que siempre han sabido cuidar de la Tierra. Por otro, hacen imposible el debate  profundo sobre el futuro, las alternativas de transición, las formas de vivir en paz con la Tierra.

La pandemia de Covid19 refleja el Día de la Tierra en 2020, y clama por el fin de la civilización petrolera, socialmente injusta y genocida, ambientalmente irresponsable y económicamente inviable. El desarrollo capitalista y sus modos de vida y producción petrodependientes no garantizan ninguna protección contra las pandemias, que serán cada vez más frecuentes, con nuevos virus como el coronavirus, la gripe aviar y la gripe porcina; así como nuevas bacterias y virus que han estado congelados bajo tierra en la Tierra durante cientos de millones de años y que podrían liberarse con el deshielo debido al calentamiento global.

Para hacer frente a la pandemia de Covid19 es evidente que se necesitan Estados democráticos que garanticen y profundicen los derechos, inversiones masivas en políticas públicas de salud y soberanía alimentaria, ingresos mínimos para los más vulnerables, alternativas de transición energética desde los pueblos, protección de los territorios colectivos y valorización de los conocimientos tradicionales, respeto a los Derechos de la Naturaleza. Para enfrentar las nuevas pandemias es necesaria una tregua con la Tierra. Mientras la salud de la Tierra esté amenazada, la salud de las personas también estará en riesgo. Es insano profundizar en la civilización del petróleo y su guerra contra la Tierra. La cura viene de cuidar de la Tierra y de la gente.

Con el covid19 y las necesarias políticas de aislamiento físico, la civilización del petróleo agoniza. Con la fuerte caída del consumo de petróleo y sus derivados, por primera vez en la historia, el precio del barril cerró el 20 de abril en negativo a 37,63 dólares, en una caída libre del 289,4%, en el mercado futuro estadounidense. Los tanques, terminales y buques están al límite de su capacidad de almacenamiento.  La industria petrolera internacional planea reducir la producción en más de un 20%. La Tierra tiene una corta tregua. Pero sigue pidiendo a gritos que se detenga la extracción y que se desintoxique la petrodependencia. Ya no tiene sentido extraer más crudo para hacer girar la vieja rueda, en su círculo adictivo y decadente.

Ante la mortandad por Covid19, la Tierra también está en silencio. Desde su refugio, nos muestra los caminos hacia la salud. Lleno de paz, nos abre los sentidos de la transición a sociedades emancipadas de los combustibles fósiles.

El 22 de abril de 2020, en el Día de la Tierra, nos despedimos de los muertos y dejamos que su grito resuene entre los vivos: «¡El lugar del petróleo está bajo tierra!»

 

Fuente: CENSAT Agua Viva

La población de Cité Soleil en manos de las bandas


ASSCOM

Informe de la investigación sobre los abusos de los derechos humanos cometidos por bandas en el área de Brooklyn de julio a diciembre de 2022

Resumen ejecutivo

1- Desde hace más de seis meses, los habitantes de varios barrios de la comuna de Cité Soleil (área metropolitana de Puerto Príncipe) son víctimas de la violencia armada en diversas formas: asesinatos, lesiones, desapariciones, violencia sexual, restricciones de tráfico y destrucción de bienes. Lejos de ser aleatoria, esta violencia está causada por enfrentamientos entre dos coaliciones de bandas y responde a intereses políticos, económicos y personales encaminados a someter a la población y ejercer control territorial sobre la comuna.

2- Entre el 8 de julio y el 31 de diciembre de 2022, sólo en el barrio de Brooklyn, que fue especialmente el blanco de las bandas durante este periodo, al menos 552 personas murieron, resultaron heridas o desaparecieron (De ellas, 263 murieron, 285 resultaron heridas y cuatro desaparecieron.).[i] Además, decenas de mujeres y niñas fueron violadas en grupo y varios centenares de personas desplazadas, algunas de las cuales vieron destruidas o saqueadas sus viviendas.

3 – Durante las primeras semanas de julio, el barrio de Brooklyn fue escenario de intensos ataques de la banda «G-9 en Familia y Aliados» (de aquí en más, “G-9”).  Las semanas y meses siguientes se caracterizaron por un clima de terror casi permanente debido al uso de francotiradores que podían matar indiscriminadamente a cualquiera que pasara por su campo de tiro.

4- Al mismo tiempo, el G-9 utilizó otras tácticas para restringir la circulación de personas y bloquear el acceso a productos de primera necesidad, incluidos alimentos y agua, pero también a servicios sanitarios como la recogida de basuras. Estas tácticas han traido como consecuencia un mayor empobrecimiento de la población local y la degradación del entorno sanitario de por sí extremadamente deteriorado. En este sentido, casos de cólera se registraron en el distrito de Brooklyn a principios de octubre. Los servicios sanitarios no habían documentado ninguno en el país desde 2019.

5- Frente a esta violencia armada, la Policía Nacional Haitiana (PNH) intervino de forma limitada para restablecer el orden público y proteger a los habitantes de los barrios de Cité Soleil. Al no disponer de recursos humanos y materiales suficientes, la PNH es incapaz de erradicar la expansión de las bandas, de ahí la necesidad de reforzar inmediatamente las capacidades de la Policía Nacional de Haití con el apoyo internacional coordinado y considerar urgentemente el despliegue de una fuerza de apoyo de duración limitada en condiciones compatibles con los derechos humanos, así como un plan de acción comprehensivo y preciso.

6- Si bien la policía judicial ha abierto una investigación con la suficiente rapidez sobre los abusos cometidos contra la población, en particular las relativas a la violencia sexual, por otro lado, los magistrados de la jurisdicción de Puerto Príncipe, en el que se encuentra Cité Soleil, no había tomado, en el momento de la publicación del informe, ninguna medida procesal para detener y juzgar a los presuntos autores.

7- Los servicios sociales del Estado también se han enfrentado a muchas dificultades para responder rápidamente al deterioro de la situación humanitaria provocado por la violencia.

Asociaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales, ya presentes en los barrios afectados de Cité Soleil, han incrementado sus operaciones en cuanto las condiciones de seguridad lo han permitido a pesar de unos presupuestos a veces muy reducidos. Del mismo modo, las agencias humanitarias de la ONU han podido organizar distribuciones ad hoc a partir de finales de julio, tras haber obtenido acceso a los barrios afectados de Brooklyn.

8- Sin embargo, sobre la base de las entrevistas realizadas por el Departamento de Derechos Humanos (SDH) de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) con los actores pertinentes, se estableció que algunas de las poblaciones más vulnerables afectadas por la violencia no han podido beneficiarse de la ayuda humanitaria, sobre todo por el ambiguo papel que desempeñan las fundaciones sociales presentes en Ciudad Soleil.

9- Fuertemente implantadas en los barrios de Cité Soleil desde hace varios años debido a la ausencia de servicios estatales, estas fundaciones, bajo el control de ciertas bandas,  han podido utilizar parte de estas ayudas para obligar a jóvenes de ambos sexos a engrosar las filas de estas bandas. Estas fundaciones a menudo se presentan ante la población como «benefactores» gracias a sus obras sociales y caritativas. Ante esta situación, algunos agentes humanitarios han puesto en marcha diversos mecanismos para garantizar que la ayuda no sea capitalizada por las bandas y llegue a las poblaciones más vulnerables.

10- En un intento de aportar soluciones adecuadas a los abusos de los derechos humanos sufridos por los residentes de Cité Soleil, en particular los residentes del barrio de Brooklyn, la BINUH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) proponen las siguientes recomendaciones:

A las autoridades haitianas:

10.1- Llevar a cabo un diálogo inclusivo entre todos los actores haitianos interesados con vistas a encontrar una solución duradera a la crisis multidimensional en Haití, en particular mediante la organización de elecciones libres y transparentes para restablecer las instituciones democráticas.

10.2- Dotar a la Policía Nacional Haitiana (PNH) de los medios financieros, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo patrullas regulares y mantener una presencia sostenible en lugares estratégicos, en los cruces de Cité Soleil, para limitar las operaciones de las bandas y tranquilizar a la población.

10.3- Apoyar a la Comisión Especial de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) para que concluya, lo antes posible, su investigación sobre los abusos de los derechos humanos cometidos contra la población local, así como identificar y detener a los presuntos autores, incluidos los que han que han prestado apoyo a las bandas en forma de armas, munición, asesoramiento estratégico u otros.

10.4- Tomar las medidas necesarias para crear una unidad judicial especializada en el seno de los tribunales y juzgados haitianos, en colaboración con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Consejo Superior de la Judicatura, para juzgar a los autores de los crímenes cometidos en Cité Soleil, incluidos los de violencia sexual.

10.5- Con la asistencia de los países de la región, apoyar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para luchar contra el contrabando y la circulación incontrolada de armas y municiones ilícitas, porque es uno de los principales catalizadores de la violencia de las bandas.

10.6- Con el apoyo de las Naciones Unidas, reforzar y acelerar los esfuerzos para aplicar el Plan de Acción Nacional de Haití para aplicar la Hoja de ruta de la CARICOM para la implementación de las Acciones Prioritarias del Caribe sobre la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego y Municiones en el Caribe para 2030.

10.7- Restaurar el establecimiento de servicios y proyectos sociales que permitan a la población ser más autosuficiente y a las personas desplazadas de Cité Soleil a regresar gradualmente a sus comunidades a mediano plazo, lo que también reforzará gradualmente la confianza en los servicios públicos.

10.8- Con el apoyo de las Naciones Unidas y de donantes bilaterales y multilaterales reforzar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención médica y psicológica y de la asistencia social y centros de reinserción social para sobrevivientes de la violencia, incluida la violencia sexual, entre otras cosas aumentando y manteniendo la financiación y el apoyo para organizaciones que prestan atención médica y psicológica a las víctimas.

A los agentes humanitarios y de desarrollo:

10.9- Proseguir los esfuerzos ya emprendidos para reforzar los mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales y actores internacionales implicados en la respuesta humanitaria y el sector del desarrollo para mejorar el impacto de la asistencia prestada a las víctimas de la violencia de las bandas y permitir a la población ser más autosuficiente.

10.10- Continuar los esfuerzos para desarrollar la capacidad de los proveedores de servicios para aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención médica y psicosocial para los sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con las bandas.

10.11- Continuar los esfuerzos para reforzar la coordinación con las intervenciones humanitarias y los programas de desarrollo para las víctimas de la violencia sexual en las zonas afectadas por las bandas, con vistas a ofrecer respuestas holísticas centradas en las víctimas, incluyendo apoyo médico y psicológico, servicios jurídicos y socioeconómicos, y servicios económicos y apoyo a la reintegración.

A la comunidad internacional:

10.12- Mantener la situación de Haití en la agenda internacional, reforzar inmediatamente la capacidad de la Policía Nacional de Haití a través del apoyo internacional coordinado y considerar urgentemente el despliegue de una fuerza de apoyo de duración limitada en condiciones coherentes con los derechos humanos y con un plan de acción comprehensivo y preciso. Esto debe ir acompañado de un restablecimiento rápido y sostenible de las instituciones estatales en las zonas libres de bandas, así como de una reforma en profundidad del sistema judicial y penitenciario.

10.13- Seguir identificando a los actores políticos y económicos implicados en la dinámica de las bandas y aplicar eficazmente las sanciones ya impuestas.

10.14- Reforzar la cooperación internacional para garantizar un mayor control de las fronteras con vistas a detener el comercio ilícito y el desvío de armas.

– Resumen ejecutivo del Informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las NN.UU. para los Derechos Humanos, el 10 de febrero de 2023.

[i] 466 hombres, 50 mujeres y 36 niño/as

 

Texto original del Resumen ejecutivo en inglés:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ht/executive-summary-investigative-report-human-rights-abuses-committed-gangs-zone-brooklyn-july.pdf

Texto original del Resumen ejecutivo en francés:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ht/sommaire-executif-rapport-denquete-sur-les-abus-des-droits-de-lhomme-commis-par-les-gangs-dans-la.pdf

Informe completo en inglés:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ht/investigative-report-human-rights-abuses-committed-gangs-zone-brooklyn-july-december-2022.pdf

Informe completo en francés:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ht/rapport-denquete-sur-les-abus-des-droits-de-lhomme-commis-par-les-gangs-dans-la-zone-de-brooklyn-de.pdf  //

230210-acnudh-la-poblacion-de-cite-soleil-en-manos-de-las-bandasDescarga

Traducción al castellano gentileza M. Acosta.

 

Fuente: Haiti no MINUSTAH

OEA renueva apoyo a la asistencia humanitaria y en materia de seguridad, elecciones y la transición democrática en Haití


ASSCOM

Consejo Permanente OEA/Ser.G CP/RES. 1214 (2414/23) 10 febrero 2023

Original: inglés

RENOVADO APOYO A LA ASISTENCIA HUMANITARIA Y EN MATERIA DE SEGURIDAD, A LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES INCLUSIVAS, LIBRES, JUSTAS Y CREÍBLES Y A LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN LA REPÚBLICA DE HAITÍ

(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 10 de febrero de 2023)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

REAFIRMANDO los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en particular los relativos a la democracia representativa y la seguridad social;

TENIENDO PRESENTE la resolución AG/RES. 2982 (LII-O/22), aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre de 2022, en su quincuagésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la situación de la seguridad en Haití y la cooperación hemisférica para la preservación de la democracia y la lucha contra la inseguridad alimentaria;

REITERANDO que cualquier solución a la actual crisis multidimensional en Haití requiere los esfuerzos de todas las partes interesadas de la nación haitiana, incluido el Gobierno, la oposición, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y los sectores privado y religioso;

REITERANDO TAMBIÉN que un entorno seguro es esencial para la celebración de elecciones generales inclusivas, libres, justas y creíbles, las cuales deben celebrarse cuando lo permitan las condiciones para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas del país;

PROFUNDAMENTE CONSTERNADO por la reciente pérdida de vidas de ciudadanos inocentes, así como de agentes de la Policía Nacional de Haití;

MUY PREOCUPADO por el continuo y recientemente agravado nivel de inseguridad, especialmente la proliferación de bandas armadas, que amenaza el Estado de derecho y el futuro de la democracia en Haití;

TENIENDO EN CUENTA las solicitudes del Gobierno de Haití, contenidas en una carta de fecha 9 de octubre de 2022 al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de apoyo efectivo por parte de los socios internacionales de Haití para hacer valer el Estado de derecho y hacer frente a las crisis de seguridad y humanitaria que se han visto exacerbadas, entre otras cosas, por la inseguridad resultante de las acciones delictivas de las bandas armadas y sus patrocinadores;

TOMANDO NOTA de que la carta del Gobierno de Haití del 9 de octubre de 2022 reconoce también que “el apoyo para crear un consenso nacional entre todas las partes interesadas del país es necesario también para permitirnos garantizar la celebración de elecciones inclusivas, limpias y democráticas”;

RECONOCIENDO que se alcanzó un acuerdo el 21 de diciembre de 2022 y que un documento titulado “Consenso nacional para una transición inclusiva y elecciones transparentes” fue emitido por el Poder Ejecutivo y por representantes de los sectores empresarial y social, así como de los partidos políticos de Haití;

RECORDANDO el llamamiento contenido en la resolución AG/RES. 2982 (LII-O/22) de alentar todas las iniciativas regionales y subregionales en apoyo del diálogo en curso entre el Gobierno de Haití, los partidos políticos, el sector privado, los actores religiosos y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, para la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y locales, libres y justas, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, tan pronto como las condiciones lo permitan;

RECORDANDO TAMBIÉN la solicitud hecha en la resolución AG/RES. 2982 (LII-O/22) a la Secretaría General de la OEA, a los Estados Miembros y a los observadores permanentes que estén en condiciones de hacerlo, de que ofrezcan urgentemente un apoyo directo al Gobierno de la República de Haití para mejorar la formación de los funcionarios de seguridad portuaria en la lucha contra el tráfico de armas de fuego y para fortalecer la capacidad y los medios de la Policía Nacional, a fin de restablecer la seguridad en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y detener la expansión de las bandas armadas que aterrorizan a la población;

RECONOCIENDO las decisiones expresadas en la resolución AG/RES. 2982 (LII-O/22), en particular la referente a restablecer un mecanismo de reuniones periódicas de la OEA para dar seguimiento a la Misión de Buenos Oficios en Haití y de seguir participando activamente en Haití; y

TOMANDO NOTA del informe “Situación de los derechos humanos en Haití” publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2023,

RESUELVE:

1.        Reconocer la firma, el 21 de diciembre de 2022, de un acuerdo titulado “Consenso nacional para una transición inclusiva y elecciones transparentes”, por el Gobierno y representantes de los sectores empresarial y social y de partidos políticos en la República de Haití; y alentar una mayor inclusión y participación de aquellas partes interesadas en Haití que aún no han firmado el acuerdo, al tiempo que se emprende con la implementación de las estructuras previstas en ese acuerdo.    

2.        Hacer un llamamiento al Alto Consejo de Transición, establecido de conformidad con el antes mencionado acuerdo, para que coordine, a la brevedad, un diálogo político destinado a ampliar el consenso en torno a este acuerdo y a garantizar que sea lo más inclusivo posible tal como se establece en su artículo 6. 

3.        Instar a los Estados miembros a que, en la medida de sus recursos y capacidades, actúen con urgencia para brindar apoyo a los esfuerzos de las autoridades haitianas para restaurar el orden y la seguridad, y a que consideren las solicitudes del Gobierno de Haití, según corresponda, incluidas en su carta al Secretario General de la OEA de fecha 9 de octubre de 2022, y de conformidad con la resolución AG/RES. 2982 (LII-O/22).

4.        Establecer, a más tardar el 22 de febrero de 2023, un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente que actúe como mecanismo para las reuniones periódicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Haití, y que el establecimiento del Grupo de Trabajo se rija por el artículo 15 del Estatuto del Consejo Permanente y los artículos 12 y 25 del Reglamento del Consejo Permanente.

5.        Invitar al Gobierno de la República de Haití a que entable y mantenga un diálogo permanente con el “Grupo de Trabajo para Haití”, a fin de facilitar la asistencia de los Estados Miembros, observadores permanentes y la Secretaría General de la OEA para celebrar elecciones, inclusivas, libres, justas y creíbles, y realizar una transición democrática en la República de Haití, tomando nota de la fecha prevista del 7 de febrero de 2024, como se acordó en el documento del 21 de diciembre de 2022.

6.        Solicitar al Grupo de Trabajo para Haití que, con la asistencia de la Secretaría General, convoque un diálogo para la seguridad, la democracia y la asistencia electoral y humanitaria en Haití, a más tardar el 17 de marzo de 2023, con la participación del Gobierno de Haití y el Alto Consejo de Transición, a fin de permitir que este último presente a los Estados Miembros, observadores permanentes y a la Secretaría General de la OEA información relativa a las áreas en las que se requiere asistencia prioritaria para propiciar y garantizar la participación inclusiva de las partes interesadas de Haití en los preparativos para unas elecciones inclusivas, libres, justas y creíbles, así como una transición democrática en la República de Haití, en cuanto las condiciones lo permitan.

7.        Solicitar que el Grupo de Trabajo para Haití tome nota de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), y de las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en especial las disposiciones de la resolución 2645 sobre el tráfico de armas y municiones, la resolución 2653 sobre las medidas impuestas como sanciones, y el Programa Conjunto para la Policía Nacional de Haití (Fondo Colectivo de las Naciones Unidas), así como el contenido de la carta del Secretario General de las Naciones Unidas al Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU de fecha 8 de octubre de 2022.

8.        Solicitar a la Secretaría General que preste el apoyo necesario al Grupo de Trabajo para Haití para que cumpla las responsabilidades que le fueron asignadas, y que el Grupo de Trabajo presente un informe al Consejo Permanente antes del 31 de marzo de 2023, y posteriormente con periodicidad trimestral, sobre la labor realizada en cumplimiento de su mandato.

CP47148S01  

Descargar aquí la Resolución: https://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/cp47148s03.docx

 

Fuente: Haiti no MINUSTAH

Análise de Conjuntura: Unir para somar sem esquecer o que a história ensina


ASSCOM

Após a emocionante posse do novo governo no dia 1º de janeiro, uma semana depois, os atos terroristas revelaram imagens testemunhadas pelo mundo inteiro que atestam que a extrema direita e os golpistas seguem enfurecidos e odiosos, mas é fato: a democracia segue, resiste e vigora no país!

Nos últimos dias acompanhamos também com indignação, solidariedade e senso de responsabilidade, os horrores vividos pelo povo Yanomami. Crime que denuncia e anuncia: é urgente e inadiável a priorização de políticas públicas e ações que garantam reparação para os povos originários e tradicionais, julgamento e punição dos criminosos, além de justiça socioecológica já!

A vontade soberana do povo derrotou Bolsonaro e seu projeto de morte nas urnas, mas como garantir que essa não foi uma derrota circunstancial? Grupos fascistas continuam mobilizados. Ficou evidente, o golpe é permanente e uma questão ganha importância nesse cenário: Bolsonaro sairá ileso, será preso ou deve enfrentar o status de inelegível? Outra preocupação diz respeito a como vão se movimentar as forças econômicas do país. É importante darmos atenção para a questão do endividamento que segue ganhando fôlego. Bancos da Alemanha já prometeram empréstimos para o novo governo brasileiro. Por outro lado, temos o enraizamento da China no país. Empreendimentos como os da montadora Higer Bus, chama a atenção e acende o alerta. A Higer anunciou investimento de US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões) para a construção da fábrica de ônibus elétrico que ficará no distrito de Pecém, região metropolitana de Fortaleza (CE). O que representará a presença da montadora neste território?

Daqui para frente como a organização popular vai construir unidade e somar forças para garantir a normalidade democrática? Como aliados do novo governo vão enfrentar as tentativas de desgaste que recairão sobre o Palácio do Planalto? A guerra híbrida está em curso. Como as organizações populares e sociais vão se colocar nesse cenário? Como lidar com tudo isso? A questão econômica é central. Não podemos entrar no coro dos descontentes, temos que somar ao máximo na reconstrução do país.

Neste momento as organizações populares acumulam tarefas imprescindíveis: seguir as lutas necessárias, fortalecer processos políticos formativos e somar em iniciativas que viabilizem a organização popular, especialmente a partir das mulheres, pessoas empobrecidas, comunidades tradicionais e originárias, trabalhadores e trabalhadoras.

É fato que estamos vivendo uma transição política organizativa. Enquanto a extrema direita e neofascistas atacam, o mercado vem em seguida e oferece estabilidade. A história já revelou que o mercado ganha força quando conseguem encurralar os setores de esquerda. Como escapar dessa cilada anunciada? Como manter a luta contra o fascismo e garantir uma saudável pressão dos setores progressistas pelo acesso aos diretos negados e retirados por reformas, agora que parte importante desse conjunto começa a ocupar cargos no governo? 

As alianças feitas pelo governo garantem a defesa da democracia, sendo estas restritas no combate ao neoliberalismo. A mídia burguesa manipula a sociedade, usando os temas da defesa da democracia para não se permitir um profundo debate nacional sobre o endividamento, as privatizações, a independência do Banco Central, a perda dos direitos via reformas. Esta é a grande questão a ser levada em conta: como combinar a defesa da democracia e ao mesmo tempo fazer o combate ao neoliberalismo, considerando a frente amplíssima de apoio a este governo? Assim, precisamos ter um grande investimento na mobilização, na formação, na organização para conseguirmos priorizar os temas de interesse do povo brasileiro. 

Não há dúvidas é preciso somar forças na reconstrução do país, igualmente não há dúvidas de que é preciso manter a mobilização pela recuperação dos direitos negligenciados, dos avanças sociais, econômicos, políticos e fiscais necessários e urgentes. Não podemos perder de vista o futuro, não haverá horizonte iluminado se não fortalecermos o poder popular, fazendo valer a emblemática imagem que marcou a volta do presidente Lula ao Palácio do Planalto.

Não devemos, não pagamos!
Somos os povos, os credores!

Rede Jubileu Sul Brasil, 08 de janeiro de 2023.

“Quito sin Minería” alcanza las firmas para que la población del DMQ decida sobre la prohibición de la minería


ASSCOM

AE OPINA

Después de 9 meses de un arduo trabajo de quienes hacemos Quito sin Minería, de recorrer las calles recolectando firmas, de verificarlas, de hacer sensibilización social y control electoral en el CNE, hemos alcanzado 206.475 firmas aprobadas, lo que significa que finalmente podemos pasar a la siguiente fase: LA CONSULTA POPULAR.

En el Noroccidente del Distrito Metropolitano; región que forma parte del llamado Chocó Andino, una zona de gran importancia ecológica a nivel mundial, hay 12 concesiones mineras “aprobadas” y 7 en trámite. La minera Melina Changó lleva 20 años operando sin licencia ambiental ni social, y a Natural Resources, el Ministerio de Cultura le suspendió sus actividades por estar operando sobre vestigios arqueológicos patrimoniales. Se trata pues de “operaciones irregulares”.

El Noroccidente de Quito ha sido declarado patrimonio cultural y ecológico pues, contiene vestigios arqueológicos de la cultura Yumbo, y es un sitio rojo para la conservación a nivel mundial, por su importancia en términos de biodiversidad y por su alta vulnerabilidad que pesa sobre esta zona. A esto, se suma la oposición de la población dedicada a la producción agrícola, elaboración de panela, productos lácteos y turismo.

Con estos antecedentes, pobladores de la zona, con el apoyo de organizaciones sociales de todo el DMQ nos planteamos llevar a cabo una consulta popular por iniciativa ciudadana, que es el ejercicio de democracia participativa más importante que tiene la Constitución del Ecuador.

Desde el 3 de mayo, cientos de voluntarios participamos en un proceso lleno de alegría, de optimismo, de capacitación en colegios, universidades y a la ciudadanía en general, para que se adhieran a esta iniciativa. Acudimos a los terminales de buses, a los mercados, a los parques y plazas, a las calles y avenidas. Hicimos varios eventos públicos como los Firmatón, Llamatones, varias marchas y movilizaciones al CNE, reuniones Post-Verificación, el desfile de la Mascarada Nocturna en las fiestas de Quito. Participamos en todos los eventos artísticos, festivales, ferias que tuvieron lugar en la ciudad durante este período.

Para noviembre habíamos ya conseguido 470 mil firmas, que fueron entregadas en una marcha multitudinaria hacia el CNE. El desfile incluyó una feria de productos y vegetales de la zona, con plantas endémicas del lugar para simbolizar lo que puede perderse con la minería.

El CNE procesó 452 mil y se realizó tres procesos de verificación, rechazando un alto porcentaje de firmas, pues encontró inconsistencias. En dos de ellas, el CNE dijo que no alcanzábamos el número de firmas necesarias (10% de padrón electoral, es decir, 190 mil firmas). Muchas firmas se excluyeron porque estaban mal escaneadas, no se aceptó la firma de responsabilidad del recolector, otras se rechazaron porque eran firmas repetidas y otras porque no estaban dentro de la jurisdicción del DMQ.

Finalmente, luego de un largo proceso, el CNE admitió que usó el padrón electoral equivocado, y reconoció que superamos con 10 mil firmas, el número requerido para que se realice la consulta.

Recordemos que en 2016 se llevó a cabo una consulta comunitaria en Pacto, donde el 90% de la población local votó por la prohibición de las actividades mineras en la zona.

Lamentablemente no pudimos participar en el actual proceso electoral, porque el CNE no emitió el informe oficial para que se lleve a cabo la consulta.

Demandamos al CNE convoque a consulta popular para que la ciudadanía quiteña pueda ejercer su voluntad y decidir si se debe prohibir la minería metálica en las parroquias rurales del noroccidente de Quito (Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Calacalí y Nono).

Conferência Internacional sobre o Acordo UE-Mercosul promove visita a comunidades afetadas pela expansão agropecuária em Santarém (PA)


ASSCOM

Enfrentar os impactos da expansão da fronteira agropecuária na Amazônia, assim como visibilizar os conflitos socioambientais já existentes no território foram objetivos presentes nas visitas a comunidades no Oeste do Pará.

Visita ao Porto da Cargill em Santarém (PA). As instalações resultaram no fim da praia Vera Paz e de um sítio arqueológico. A chegada dos agrotóxicos também impactaram gravemente a criação de abelhas no território. Foto: Thays Puzzi | INESC

Por redação | Jubileu Sul Brasil

Como parte da programação da Conferência Internacional Contra os Acordos Mercosul-UE e Mercosul-EFTA, as organizações que formam a Frente Brasileira Contra os Acordos Mercosul-UE e Mercosul-EFTA realizaram uma visita de três dias em áreas desmatadas pelo avanço do agronegócio, portos e infraestruturas logísticas para a exportação de commodities, em Santarém (PA). A programação no Oeste do Pará também contou com Roda de Conversa com comunidades tradicionais e rurais da região. A visita foi acompanhada por parlamentares e jornalistas convidados, além de representantes de organizações sociais da Europa, entre elas a Misereor, da Alemanha, e Ecologistas, da Espanha.

A expansão da produção de soja, milho, carnes e minérios na região nos últimos anos é responsável por graves conflitos socioambientais, os quais podem se intensificar com a redução ou eliminação de tarifas comerciais. O Acordo deve facilitar o aumento da importação de agrotóxicos da Europa que são proibidos nos seus países de origem e de carros a combustão, já produzidos no Brasil. Do ponto de vista ambiental e climático, o Acordo contribui para o aumento das emissões de gases do efeito estufa e para a devastação da Amazônia, beneficia de forma desproporcional as empresas transnacionais europeias e aprofunda a desindustrialização no Mercosul. “As negociações de políticas internacionais devem, também, seguir o compromisso do atual governo sobre a retomada da participação social. A Frente defende que novos modelos de comércio, que respondam às necessidades dos povos e ao contexto histórico de hoje, devem ser pautados nos princípios de solidariedade, igualdade, cooperação, sustentabilidade e democracia”, pontua Lúcia Ortiz, da Amigos da Terra Brasil. 

No Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém (STTR), as mulheres relataram os desafios da luta contra os impactos da expansão agropecuária na Amazônia. Foto: Thays Puzzi | INESC

Danos irreparáveis

Durante a visita ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém (STTR), a presidente Maria Ivete dos Santos expressou a surpresa da comunidade diante do avanço da soja na região. “Até os anos de 1995 nós nunca tínhamos discutido sobre isso, porque a gente só conhecia esse nome, soja, pela lata de óleo, quando vieram nos alertar, em 1998, que a Cargill já estava se instalando, que ela acabou com uma praia chamada Vera Paz, logo depois, com sua ampliação, foi retirado também da comunidade um campo de futebol e um sítio arqueológico que ninguém conseguiu barrar”. O Sindicato atua na linha de frente contra as atividades predatórias da Cargill e sojicultores na região.

A praia de Vera Paz ficava em uma área de fácil acesso para a população da cidade de Santarém. A comunidade local foi terrivelmente impactada pela instalação do Terminal da multinacional Cargill. Hoje o local é marcado pela presença de um complexo de estruturas portuárias e de armazenamento situados à margem direita do rio Tapajós. Nesse processo, famílias ribeirinhas foram retiradas de suas moradas à beira do rio, onde plantavam e pescavam seus alimentos e empurradas para a periferia, enquanto a paisagem se transformava.

“Só tem lei para o rico, para quem ganha muito. Aqui para o pobre não tem [lei]. Se for um pobre pego retirando madeira ou fazendo carvão para sobreviver, pegam, multam, prendem. Eu tinha mil e poucas caixas de abelhas e não tenho nenhuma mais. É o agrotóxico! Vem no vento, na chuva, de todo jeito vem”, relata indignado o agricultor rural João do Mel, que sofre as consequências das mudanças ambientais na região causadas pelo agrotóxico.

Durante a visita, o agricultor rural João do Mel relatou que tinha mais de 40 espécies de abelhas e viu o fim da apicultura em sua propriedade pela contaminação por agrotóxicos.

De acordo estudos realizados pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), de Minas Gerais, o agrotóxico é um dos principais fatores para redução das abelhas na região. As pesquisas reforçam as consequências negativas do uso de agrotóxicos para as espécies de abelhas nativas sem ferrão, utilizadas na meliponicultura para a coleta de mel e outros recursos, na região Oeste do Pará. Esses agrotóxicos são utilizados nas plantações para onde as abelhas voam e ao ter contato com essas substâncias acabam sofrendo intoxicação.

“O Acordo como está sendo discutido, de fato, não corresponde aos parâmetros de direitos humanos e defesa do meio ambiente que nós consideramos importantes. Então, o Acordo precisa ser renegociado. Temos que ter presente que este Acordo está sendo negociado há 20 anos, ou seja, muita coisa aconteceu, então temos que reformular completamente as negociações e a sociedade civil precisa ser considerada, precisa ser ouvida. É preciso ir aos territórios afetados pela mineração, pelo agronegócio, pelos agrotóxicos. Fazer estudos de impactos e verificar quais são as consequências para as pessoas”, destaca Madalena Ramos Görne encarregada para projetos no Brasil do Departamento da América Latina da Misereor.

A programação da Conferência Internacional contou com a visita a comunidade de Santarém — 02 a 04 de fevereiro — e com o Seminário “A retomada da democracia no Brasil: o papel da política externa e do comércio internacional” — 06 e 07 de fevereiro —, a iniciativa foi realizada pela Frente Brasileira Contra os Acordos UE-Mercosul e EFTA-Mercosul, cuja coordenação executiva é composta por Fase – Solidariedade e Educação, Inesc, Amigos da Terra Brasil, REBRIP, Internacional dos Serviços Públicos, Rede Jubileu Sul e Contraf Brasil. Contou com o apoio da Misereor e da HEKS. 

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Produtores locais visitam o que resta do igarapé contaminado pela produção de soja