El 9 de Enero marcó un punto de quiebre de la política norteamericana en Panamá. En esa fecha estallaron 60 años de contradicciones acumuladas, fue una verdadera revolución popular en el pleno sentido de la palabra. Allí se hizo añicos el sueño de riquezas que la oligarquía panameña había pintado en 1903 para imponer un estado “independiente” que en realidad era un “protectorado”, es decir, una colonia norteamericana, así como el oprobioso Tratado Hay Bunau Varilla que entregó el canal a EE UU “como si fueran soberanos”.
Hay que recordar que los abuelos de nuestra oligarquía, desde 1903, se sintieron cómodos con la situación colonial, creyéndose yanquis de corazón. A los sectores populares, en cambio, les costó encontrar claridad en la construcción un proyecto político propio, pero desde el principio pusieron el pecho en la defensa de la soberanía, porque comprendieron que la prosperidad del país y la propia dependía de ella.
En 1964 eclosionó la experiencia acumulada del pueblo panameño, dirigida por sus sectores más combativos, que habían enfrentado la presencia colonial imperialista: en la Huelga Inquilinaria de 1925, en el Movimiento Antibases de 1947, así como las grandes gestas del movimiento estudiantil de los años 50, la Operación Soberanía y la Siembra de Banderas, en un ambiente fermentado por el influjo de la Revolución Cubana.
El 9 de Enero, al conocerse de la agresión sufrida por los estudiantes del Instituto Nacional, de la bandera mancillada por los “zonians”, de la brutal represión de la soldadesca yanqui, el pueblo panameño reventó de indignación y se hizo presente en masa, espontáneamente, para cruzar la cerca (nuestro “muro de Berlín”) y plantar una bandera.
Allí, en la barricada o simplemente tumbados en el piso en torno a lo que hoy es el “Palacio Legislativo”, miles se enfrentaron con valor a la metralla de los tanques, dirigidos por caudillos populares de las organizaciones de izquierda, desde algunas alas juveniles del Partido del Pueblo (Comunista) con Adolfo Ahumada o Víctor Ávila y otros, los de Vanguardia de Acción Nacional (VAN) de Jorge Turner y las huestes de lo que sería después el Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR)de Floyd Britton.
Un “pueblo” que socialmente era un “proletariado joven, vigoroso y en rápida expansión” (expresión del industrialismo de los 50-60), se organizó en los Comités de Defensa de la Soberanía. Esos comités fueron embriones de doble poder que llenaron el vacío de poder ante la ausencia del gobierno-estado oligárquico el cual se borró de las calles. Estos comités organizaron desde la consecución de armas, hasta la defensa y el ataque, y la organización civil que se expresó en donaciones de sangre y transporte de heridos a los hospitales. Al respecto, es recomendable leer: “Significado y consecuencias del 9 de Enero”, José Eugenio Stoute, Revista Mujeres Adelante No. 13, enero, febrero y marzo de 1989.
Una columna enorme de gente, entre 40 y 60 mil personas, según Stoute, rodeó la Presidencia de la República exigiendo armas para enfrentar la agresión imperialista. El gobierno oligárquico de Roberto Chiari, hijo del ex presidente Rodolfo Chiari, que en 1925 pidió la intervención militar de EE UU para aplastar la Huelga Inquilinaria, decidió dos medidas contrapuestas: una, encuartelar a la Guardia Nacional, para que sus armas no fueran usadas por el pueblo en defensa de la soberanía; dos, tratando de apaciguar la furia popular, rompe relaciones diplomáticas con Washington, una medida desesperada que no da cuenta de ninguna vocación nacionalista de la oligarquía, sino del pavor que sentía el gobierno ante la insurrección que amenazaba con entrar a la fuerza en el Palacio de las Garzas.
Tres días duró el pueblo insurrecto en las calles de las ciudades de Panamá y Colón. Tres días en que las acciones no se limitaron a plantar banderas, sino a enfrentar, con las pocas armas de que se disponía, a las tropas imperialistas. Hubo varios muertos reconocidos por el “gobernador” de la Zona del Canal. Tres días en que todo símbolo o propiedad de empresas norteamericanas fue saqueado y quemado, desde el famoso edificio de la aerolínea Panamerican hasta las sucursales bancarias del Chase Manhattan Bank. Decenas de automóviles con placas de la Zona fueron volteados y quemados a lo largo de las calles de la ciudad.
El gobierno que cobardemente se había escondido empezó a sacar a la Guardia Nacional de los cuarteles hacia el 11 y 12 de Enero. Pero no lo hizo para defender a la nación agredida, sino para detener a los dirigentes populares de la insurrección, una gran cantidad de los cuales fue a parar a la cárcel Modelo. La labor represiva de los gobiernos liberales de Chiari y Robles seguiría en los años subsiguientes, cebándose contra el líder estudiantil colonense Juan Navas, que había sido herido durante la Gesta de Enero y había viajado a la Unión Soviética para recibir tratamiento médico. A su regreso de la URSS, en 1966, fue arrestado por la policía política del régimen, torturado, asesinado y tirado su cadáver en el Corredor de Colón. A todo lo cual siguió un juicio para inculpar a sus compañeros del Partido del Pueblo de aquella ciudad.
El sacrificio de los mártires y la insurrección popular de 1964 no fueron en vano, sino todo lo contrario, una victoria que se fue configurando en el tiempo y que hoy se siente sobre el país: se impuso el criterio, hasta ese momento sólo sostenido por sectores populares de izquierda, de que había que acabar con el estatuto colonial de 1903, derogar el Hay-Bunau Varilla y negociar un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá, que eliminara la “Zona”, las bases militares y traspasara la administración de la vía acuática en un plazo perentorio. El Tratado Torrijos-Carter de 1977 reflejó esas demandas, pese a sus enmiendas y al Pacto de Neutralidad.
La prosperidad económica que hoy campea sobre el país se debe, sin duda alguna, a la Gesta del 9 de Enero, porque está fundamentada en los ingresos que el canal está produciendo y que antes Panamá no recibía. Porque, contrario a lo que sostenía la oligarquía panameña que, hasta 1999, temía el retiro de las bases militares, se ha demostrado que: “la soberanía sí se come”.
Lamentablemente la prosperidad que el canal produce está siendo apropiada en su mayor parte por una clase social, que se ha llamado los nuevos “zonians”, que no es otra que los descendientes de la misma oligarquía que vendió al país en 1903, que durante cien años actuó como aliada interna del colonialismo norteamericano y que acusó de “comunistas” a los líderes populares del 64 y de “saqueadores y ladrones” a los Mártires.
Esa apropiación de los beneficios del canal, que es lo contrario de lo sostenido por Omar Torrijos cuando afirmó que se le debía dar el “uso más colectivo posible”, se debe al otro acontecimiento: la invasión norteamericana del 20 de Diciembre de 1989.
Por: Olmedo Beluche. Sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá.
Fuente: Radio Temblor
En junio de 2022, el presidente dominicano, Luis Abinader, se reunió con el primer ministro haitiano de facto, Ariel Henry, en la Cumbre de las Américas celebrada en Estados Unidos para tratar cuestiones de seguridad fronteriza, incluida la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Cuatro meses más tarde, Abinader promulgó un decreto por el que ordenaba la expulsión de los inmigrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana que ocupaban tierras de propiedad estatal (destinadas principalmente a plantaciones de azúcar). El gobierno de Henry guardó silencio.
