La red Jubileo Sur/ Américas, Acción Ecológica y el IEETM comparten el presente compendio de investigaciones sobre Efectos de los Tratados de Libre Comercio en tres países de la región México, Colombia, Chile, y la región de Centroamérica.
Se trata de un proceso de que busca acercarnos a análisis, derivados de las experiencias construidas en las luchas permanentes, así como a las diversas y graves implicaciones de estos instrumentos del poder corporativo en la vida de las comunidades y los territorios.
Busca también acercarnos a los desafíos que enfrentan los pueblos al afirmarse en la defensa y el cuidado de la red de la vida.
Las comunidades garífunas de San Juan y Tornabé están en un proceso judicial contra el Estado de Honduras ante la Corte-IDH, por la falta de protección de sus tierras ancestrales y las amenazas contra sus lideres y lideresas.
Tegucigalpa.- La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, condenó la campaña de odio racial impulsada supuestamente por empresarios contra la comunidad garífuna de San Juan, en la Bahía de Tela, en el Caribe hondureño.
La lideresa garífuna apuntó desde su cuenta en Twitter que la acción de odio racial tendría el propósito de desestimar el caso de la comunidad de San Juan, Tela, que actualmente es conocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Asimismo, desde las redes de la Ofraneh se apuntó que empresarios del rubro turismo en la Bahía de Tela están instrumentalizando el racismo a través de un rumor en el que afirman que el fallo de la Corte-IDH, afectaría derechos de propiedad de comunidades mestizas. Un rumor que la organización calificó como falso y una incitación al odio racial.
“La campaña de desinformación promovida por los ‘empresarios’ señala que vecinos mestizos a la comunidad Garífuna perderán sus derechos sobre sus propiedades en la zona. La desinformación ha generado ademas de alarma entre las comunidades vecinas, un recrudecimiento del racismo hacia el pueblo Garífuna”, señaló la organización a través de un video.
En este, señalan también que la clase empresarial en la Bahía de Tela ha practicado el racismo como una estrategia para consolidar sus objetivos.
El artículo 4, inciso a) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, apunta que todos los Estados partes “declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación”.
En el video publicado por la Ofraneh se puede observar una nota convocatoria, publicada en octubre de 2022, supuestamente emitido por el patronato de mejoramiento de la colonia 4 de Enero en la que se lee textualmente: “Se le convoca a todos los vecinos de la colonia 4 de Enero a una reunión de suma importancia el día viernes 11 de noviembre a las 4:00 P.M. en la Escuela Zenobia Rodas, con el fin de informarles sobre la problemática que se está dando con la comunidad garífuna donde se están queriendo apropiar de nuestras propiedades”.
La Ofraneh afirmó que la desinformación ha generado alarma entre las comunidades vecinas y un recrudecimiento del racismo hacia el pueblo garífuna. Además, indicaron que la clase empresarial de la Bahía de Tela ha practicado el racismo como una estrategia para consolidar sus objetivos.
Finalmente, exigieron al Estado de Honduras intervenir y frenar la campaña de odio que estaría siendo promovida por empresarios, y apegarse a lo establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
En noviembre, la Ofraneh denunció las campañas de odio racial y desinformación dirigidas a las comunidades mestizas en Tela, Atlántida, las cuales buscan convencer a la población sobre el impacto de un posible fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de San Juan, Tela.
Actualmente, las comunidades garífunas de San Juan y Tornabé están en un proceso judicial contra el Estado de Honduras ante la Corte-IDH, por la falta de protección de sus tierras ancestrales y las amenazas contra sus lideres y lideresas. Este año se desarrollaron las audiencias públicas, así como los alegatos y observaciones finales, aún está pendiente la sentencia.
Compartimos nuestro pronunciamiento: Las Feministas Comunitarias de la MMM Macronorte tras 3 días de debate muy intenso en nuestro V Campamento Feminista, y frente al contexto político del Perú, nos ratificamos en el fortalecimiento de poder popular desde abajo para gestar los cambios profundos antipatriarcales, anticapitalista, anticolonialistas e impedir que las cúpulas partidarias se abanderen de nuestras luchas y resistencias y lo negocien todo en función a sus intereses. Así mismo, acordamos, el RECHAZO DEL GOLPE DE ESTADO PERPETRADO POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DERECHISTA, CORRUPTO, RACISTA Y FASISTA, Dina Baluarte , sus ministerios, fuerzas armadas, TC, y alianzas derechista golpista no nos representa. RESPETO A LAS ELECCIONES SOBERANAS DE LAS MUJERES Y EL PUEBLO PERUANO. y Denunciamos la detención ilegal de Pedro Castillo. Exigimos cierre del congreso, liberación y restitución de Pedro Castillo como Presidente y Asamblea Constituyente Popular, Plurinacional, Paritaria, Soberana, Ecológica URGENTE. Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos protección de la vida de todas personas que estamos saliendo a las calles de nuestras vidas y nuestros justos derechos. Exigimos el cese de la militarización, criminalizacion y asesinato de la Protesta, a la fecha hay 2 muertos y más de 20 heridos en todo el país. Las mujeres diversas FEMINISTAS COMUNITARIAS seguimos en movilización permanente en defensa de la democracia del pueblo y para el pueblo(y no la democracia de la constitución del 93, que militariza y mata), por la vida, en defensa del agua, por la soberanía alimentaria, las comunidades, nuestros cuerpos, tierra y territorios. ¡¡RESISTIMOS PARA VIVIR, MARCHAMOS PARA TRANSFORMAR Y CREAR PODER POPULAR!! ¡¡JUNTXS POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PLURINACIONAL, PARITARIA, DIVERSA, ECOLOGICA, SOBERANA Y POPULAR!! ¡¡CREANDO PODER POPULAR DESDE ABAJO Y HACIA LA IZQUIERDA!! ¡¡UNIDXS VAMOS PROVOCANDO UNA REVOLUCION MUNDIAL!! ¡¡NI GUERRA QUE NOS DESTRUYA, NI PAZ QUE NOS OPRIMA, NO A LA FALSA DEMOCRACIA!! ¡¡ POR TERRITORIOS LIBRES, BASTA YA DE ESTRAXTIVISMO!! “LA SANGRE DERRAMADA, JAMAS SERA OLVIDADA”
El 10 de diciembre de cada año provoca una obligatoria reflexión sobre cómo se han (in) aplicado los derechos humanos. El balance del 2022 ha estado marcado por asesinatos, feminicidios, inseguridad, crisis carcelaria y mucha violencia.
A esta trágica situación, Acción Ecológica coloca además la vulneración -también creciente- de los derechos de las comunidades y de la naturaleza: territorios enteros expuestos a nuevas actividades extractivas, despojo y criminalización a comunidades que defienden sus territorios y muchos desastres mal llamados “naturales”.
La humanidad creó el concepto de “derechos humanos” después de la segunda guerra mundial,[1] para poder defenderse de si misma, de los sistemas de poder que históricamente habían desplegado mecanismos de violencia, represión, silenciamiento.
Sin embargo, 74 años después de la primera declaración de los DDHH, las actividades más destructivas en el país se mantienen y amplifican con un ejercicio de poder descontrolado,puertas giratorias, desvío de poder, corrupción y falta de control, impulsados casi siempre bajo el concepto de “interés nacional” .
El artículo 10 de la Constitución de 2018 reconoció como sujetos de derechos a las personas, las comunidades y la naturaleza. Podría haber quien piense que frente a la tragedia que sufren las personas las otras violencias son secundarias, pero la verdad es que todo está ligado. Con la destrucción de la comunidad y la naturaleza se entierran las posibilidades de habitar el mundo con dignidad, de pensar siquiera en cómo evitar que jóvenes y niños caigan atrapados en los modelos criminales, que hombres y mujeres deban exponer sus cuerpos a actividades destructivas, que el futuro no sea el colapso y la guerra, sino sociedades solidarias y cuidadoras.
Los derechos individuales (humanos), los económicos y sociales, los colectivos y los de la naturaleza, están interligados. Las agresiones a la naturaleza corren paralelas con las agresiones a los territorios de las comunidades y estas afectan a las personas e impiden el ejercicio de sus derechos. “Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos”.[2]
Iniciamos con este boletín un balance de las políticas del país en materia ambiental, donde se verán casos de criminalización de personas defensoras; casos de naturaleza contaminada, militarizada, comercializada; políticas que destruyen las bases de subsistencia de sociedades que viven en armonía con la naturaleza; zonas de sacrificio en donde se acumulan vulneraciones a los territorios y a las comunidades que allí habitan y en general vulneraciones a los derechos de las personas, comunidades y naturaleza.
Acción Ecológica
[1] La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948.
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Objetivos de la protección ambiental. Opinión Consultiva 23-17
Desde la noche del 5 de diciembre algunas personas notaron la presencia policial y militar, pero decidieron esperar la luz de la madrugada para averiguar las razones de su movilización, pero con las primeras horas del día llegaron las detonaciones y las capturas, mientras el contingente policial ingresaba a la fuerza a la comunidad.
Por: Juan Calles*
En tres ocasiones previas la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) intentaron allanar viviendas en la comunidad Chapín Abajo, en la región sur de El Estor, en Izabal; la intención era capturar a las autoridades indígenas del lugar. Fue hasta este 6 de diciembre que lograron ingresar mediante la violencia.
Las autoridades Q’eqchi’ son señaladas de instigación a delinquir y de robo agravado, pero la persecución contra ellos inició cuando decidieron apoyar la resistencia antiminera en el centro del municipio de El Estor, en octubre de 2021. Luego de su activa participación en la resistencia, que paralizó a la empresa minera CGN-Pronico, las órdenes de captura en su contra se dieron a conocer.
Sin embargo, el conflicto con las comunidades del área sur de El Estor se mantiene con la empresa NaturAceites, S.A. que busca desalojar a las comunidades para continuar la siembra de palma africana. Comunidades como Palestina Chinebal y Chapín Abajo se encuentran asentadas en la zona que dicha empresa necesita para continuar con su proyecto industrial.
En noviembre de 2021 la comunidad Palestina Chinebal fue desalojada con violencia y sus viviendas fueron incendiadas por trabajadores de NaturAceites, bajo la paciente mirada de la policía.
Lea aquí ABAJO toda la información del desalojo en Chinebal:
Este seis de diciembre, durante la incursión policial en Chapín Abajo, salió herido una persona, de 17 años; la herida de bala le perforó el abdomen, a pesar de la gravedad de su herida no pudo ser atendido en el centro de salud de El Estor, por lo que tuvo que ser trasladado a otro municipio, según lo relatado por los padres del joven. Otra persona fue herida en la cabeza, pero afortunadamente la herida fue leve.
Cinco personas más fueron detenidas, dos menores y dos mujeres, entre quienes se encuentra la esposa de Pedro Cuc Pan, Alba María Toc y su hijo de 14 años. Cuc Pan es uno de los comunitarios con orden de detención.
Las personas detenidas se encuentran en el juzgado de Morales, Izabal. Horas después, Pedro Cuc recibió una llamada en donde se le indicó que podía pasar por su hijo y su esposa sin ningún problema, hecho que la autoridad indígena calificó como indignante. “Ahora se llevan a mi esposa y a mi hijo menor de edad como rehenes para que yo me entregue. ¿Qué clase de autoridades tenemos?”, dijo Cuc Pan en una entrevista.
Las personas detenidas son: Darwin Cuc Pan, Alba María Toc, María Caal Pop, Jaime Maquin, Warren Rafael Beb.
La finca 443 un territorio Q’eqchi’ que NaturAceites reclama en propiedad
Chapín Abajo es una comunidad maya Q’eqchi’, ubicada en el área sur de El Estor, Izabal se puede ingresar únicamente en lancha por el lago de Izabal. Hoy se encuentra rodeada por gigantescos terrenos sembrados de palma africana, además de un destacamento militar y una planta industrial y bodegas de la empresa aceitera.
Según la Defensoría Q’eqchi’ de Izabal, Naturaceites dejó sin posesión de la tierra a varias comunidades indígenas de la zona, hoy la empresa reclama estas tierras como propias. En el lugar existen actualmente 16 comunidades con riesgo de ser desalojadas de la finca nacional 443, propiedad del Estado de Guatemala.
A pedido de la empresa, dijo Robin Macloni, presidente de la Defensoría Q’eqchi’, las autoridades estatales han criminalizado a las autoridades y desalojado a comunidades. “Estas conflictividades agrarias ya las conocen las instituciones competentes, pero el gobierno represivo de Giammattei no permite mesas de diálogo y criminaliza a las y los líderes de las comunidades, que defienden las tierras comunales”, afirmó Macloni.
Foto: Cortesía
La PDH verifica estado de agentes de PNC y menores capturados
Mientras tanto, Aleida Serrato, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en Izabal, informó que verificaron que tres policías resultaron heridos: José Xitumul, de la comisaría de Chiquimula, con herida en un pie; Ángel Estuardo Godoy, de la comisaria 21, con una herida en el hombro; y Dany Corado, con una herida en la espalda.
Serrato dijo que tiene conocimiento de una persona herida de la comunidad pero aún estaban verificando el hecho en horas de la tarde, así como la captura de los menores y su situación legal, ya que en Izabal no hay reclusorios para menores.
Aseguró que la PDH no estuvo en la comunidad al momento de los allanamientos porque su mandato no les permite estar presentes en estos. Al final de la tarde, la PDH aún no contaban con información de los menores retenidos por la PNC.
Antes de concluir el día, la comunidad de Chapín Abajo informó que tomaron la decisión de mantener la resistencia junto a sus autoridades ancestrales, mientras emprenderán acciones legales, como recursos de exhibición personal a favor de las mujeres capturadas, ya que hasta el momento se desconoce el motivo de su captura.
Reflexões do conjunto de artigos são resultado da jornada internacional de debates que reuniu painelistas da Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Itália, Nicarágua, Uruguai e Paraguai
Por Redação I Jubileu Sul Brasil
Debater a dívida pública e seu impacto no cumprimento de direitos nos países da América Latina, além das estratégias de responsabilização jurídica e embate a partir dos povos e territórios, é o objetivo da publicação digital “Deuda pública y derechos: hacia nuevas estrategias y horizontes” (em espanhol), recém publicada pelas Redes Jubileu Sul/Brasil e Jubileu Sul/Américas.
“Sabemos que as dívidas têm papel essencial nesse sistema, com impactos para além da perspectiva financeira de acumulação de capital, que continua vigente. Há também dívidas com nossos corpos, nossas histórias e nossa ancestralidade, dívidas sociais que nos tiram cada dia mais direitos”, como ressalta o texto de apresentação.
As reflexões do conjunto de artigos são resultado da jornada internacional de debates “Dívida pública e direitos: rumo a novas estratégias e horizontes”, realizada ao longo de três encontros virtuais, entre outubro e novembro de 2021, com painelistas da Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Itália, Nicarágua, Uruguai e Paraguai.
O ciclo foi uma iniciativa organizada conjuntamente pelo Jubileu Sul/Américas, o Instituto Latinoamericano de Ombudsman y Defensorías del Pueblo (ILO) e a Rede Internacional de Cátedras, Instituições e Personalidades sobre o Estudo da Dívida Pública (RICDP).
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