El gobierno ecuatoriano anunció que firmará un Tratado del Libre Comercio con China en el marco de la XV cumbre empresarial China-Latinoamérica y el Caribe, que se realizará en Guayaquil entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre próximos, con la presencia del presidente Xi Jinpin.
Para un país como el Ecuador, los tratados de libre comercio implican, entre otros aspectos, comprometer enormes garantías a los inversionistas del país con el que se firma el Tratado. Eso es justamente lo que está ocurriendo. En la actualidad, las inversiones de las empresas chinas ya gozan de una protección que se traduce en renuncia de soberanía, en subordinación de los derechos fundamentales, en demandas arbitrales internacionales como mecanismo de presión o chantaje para obtener impunidad frente a desastres provocados por esas mismas inversiones. Esta situación se agravará con la firma del Tratado.
Un ejemplo de impunidad con la que corren las empresas chinas, es la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no fue posible aprobar el informe que pide al presidente Lasso no recibir de manera definitiva la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Una obra plagada de fallas y 14.499 fisuras en su infraestructura, con un costo de 3.311 millones de dólares, construida por la empresa china Sinohydro que sería responsable de la erosión regresiva en la cuenca del río Coca, un fenómeno que causó la rotura de los dos oleoductos y con ello una contaminación petrolera de enorme magnitud que dejó a cientos de comunidades indígenas y campesinas sin agua por varios días y destruidas sus chakras.
Otro ejemplo tiene que ver con la inacción del Estado frente a la violencia desatada contra la comunidad Río Blanco (Molleturo, cantón Cuenca). Resulta difícil descartar que los hechos criminales desatados por sicarios contra personas defensoras del agua, no tengan que ver de alguna manera con los intereses de la empresa Ecuagoldmining, subsidiaria de la empresa china Junefield. Esta empresa suspendió sus operaciones en Río Blanco tras un dictamen de la corte provincial de Azuay basado en la falta de consulta a las comunidades y afectaciones por contaminación. Por su parte, Junefield cumplió con su amenaza de demandar al Estado ante un tribunal internacional de arbitraje por 480 millones de dólares, argumentando que se le ha impedido obtener las ganancias que esperaba con este proyecto minero. La demanda fue presentada el 4 de octubre de 2022 con base en el Tratado de protección de Inversiones Ecuador-China, según el Global Arbitration Review.
Lo mismo ocurre frente a la presencia de la flota pesquera china, la más grande a nivel mundial, que llega a nuestro mar territorial para depredar año tras año la reserva marina de Galápagos. Lo hace, cada vez, con cientos de barcos de gran calado, equipados con información satelital para ubicar zonas de gran concentración de pesca, sistemas de refrigeración, y redes gigantescas con capacidad de extraer tanta fauna marina, que disminuye la capacidad de reproducción de las especies hasta su posible extinción. Entre 2014 y 2018 el número de barcos chinos en Galápagos pasó de 264 a 435, y sus capturas aumentaron de 325 mil toneladas de calamar gigante a 346 mil toneladas.
Otros casos pueden mencionarse:
– las múltiples irregularidades con que sigue operando en el proyecto minero Mirador en la Cordillera de El Cóndor, la minera china Ecuacorriente (Ecsa), filial del consorcio chino CRC-Tongling Nonferrous Metals.
– la absoluta impunidad con que China destrozó numerosas áreas naturales, territorios indígenas y campesinos de nuestro país para extraer balsa que utilizó para aerogeneradores que le permitan mostrar una supuesta transición energética.
– los impactos provocados por empresas petroleras chinas financiadas con fondos del Estado chino, que bajo el nombre de Petroriental desarrollan actividades en el área de amortiguamiento del Yasuní y zonas de tránsito de los pueblos en aislamiento voluntario, y bajo el nombre de Andes Petroleum, al no poder consolidar su proyecto dentro del territorio de las nacionalidades Sapara y Kichwa, esta empresa demandó al Ecuador por 140 millones de dólares ante un tribunal internacional de arbitraje.
– los efectos de agrotóxicos vendidos al Ecuador por China, convertida en la mayor proveedora de estas sustancias a nuestro país. Esto incluye el fungicida Mancoceb, utilizado para fumigar las plantaciones de banano, con efectos graves en la salud de trabajadorxs y familias campesinas.
Definitivamente el gobierno viene haciendo buena letra para beneficiar con múltiples seguridades al capital transnacional. La firma de TLCs y tratados de inversión, el retorno al CIADI, emitir decretos como el 95 (para duplicar la explotación petrolera en la Amazonía) o el 151 (para desregular el sector minero y ampliar su frontera de explotación), son las cerezas de un pastel que viene elaborándose desde mucho tiempo para someternos a las reglas de la liberalización comercial y la renuncia de la soberanía nacional.
Frente a este escenario, es inadmisible que lo que se pacta con China se discuta en un “cuarto adjunto” con el Comité Empresarial Ecuatoriano, y que las negociaciones tengan carácter “confidencial” sin posibilidad de que como población podamos analizar, debatir, decidir frente a este Tratado y los otros que se anuncian con Estados Unidos, Israel, Canadá, Japón, Corea del Sur.
13 de octubre de 2022
Fuente: Accion Ecologica
