La gran vergüenza de Panamá [Abuso, poder e injusticia]

Un recorrido por nuestra Abya Yala en la óptica y ruedas de Agustín Sotos Robina. En esta ocasión nos comparte el encuentro con los indígenas Ngäbe Buglé, específicamente con las víctimas de la represión por parte de agentes antidisturbios en resguardo a la hidroeléctrica Barro Blanco que priva al río Tabasará. Hecho ocurrido el 29 de octubre de 2021. Presentado y denunciado por defensores a organismos internacionales de Derechos Humanos.

Accede al video aquí: https://youtu.be/yt_-mt121AA

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Fuente: Radio Temblor

Culminamos el 1er. Taller de Bioconstrucción del COPINH

Este proyecto recupera el conocimiento de las comunidades Lencas e indígenas en la construcción de viviendas y apela al ejercicio de una metodología de construcción que nos acerque más a la tierra, a la sabiduría ancestral y que sea menos depredadora y más armoniosa con la naturaleza.

En nuestros pueblos reside el poder de la emancipación.

¡Agradecemos el acompañamiento del colectivo “Terra Collaborative” por la facilitación de este taller!

¡Seguimos construyendo la autonomía de los pueblos!

 

Fuente: COPINH

 

Recuperar la riqueza fugada para saldar la deuda con los pueblos y la naturaleza

En medio de la conmoción política generada en torno al “acuerdo” de refinanciación con el FMI que se expresó desde la masiva oposición en las calles hasta las divergencias puestas de manifiesto dentro del propio bloque oficialista, que no tradujo en acción de movilización de sus bases, un grupo de senadoras y senadores del Frente de Todos han presentado dos proyectos de ley buscando “dar vuelta la página”. El primero crearía un fondo para pagar al FMI con lo recaudado a través de un impuesto extraordinario sobre los capitales fugados del país, sin haber sido declarados ante el fisco. El segundo proyecto limitaría el “secreto bancario” impuesto con la Ley de Entidades Financieras, vigente desde la dictadura genocida de 1976, y otras normas del sistema financiero especulativo.

Desde la perspectiva construida en la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, nos pronunciamos a favor de aplicar mayores controles e impuestos a los sectores más enriquecidos de la sociedad, en especial a los “fugadores seriales”. Son los que se aprovechan hace décadas del endeudamiento estatal, de los subsidios y exenciones, sometiendo a nuestro país a un nivel aún mayor de dependencia económica y política y a nuestro pueblo trabajador a mayores niveles de pobreza y precarización. 

Afirmamos la necesidad de aplicar medidas que sirvan para debilitar al capital financiero que domina la economía de nuestro país desde los tiempos de la dictadura, incluyendo el cuestionamiento al “secreto bancario”. La investigación de las cuentas de argentinos en el exterior debe servir para sancionar a los responsables de la enorme fuga de capitales, en la que tuvo una participación relevante el crédito del FMI. Apoyamos, asimismo, que la Comisión bicameral de seguimiento y control de la gestión de contratación y pago de la deuda exterior de la Nación, del Congreso Nacional, asuma el rol protagónico que le corresponde, independiente del Poder Ejecutivo, con representación pluripartidaria y abierta a la participación ciudadana.

Desde nuestra perspectiva no podemos aceptar que se plantee como destino de los recursos eventualmente recuperados el pago al FMI. Las estafas no se pagan y la impunidad de los estafadores tiene que terminar. El préstamo acordado por el FMI al gobierno de Mauricio Macri en 2018 es nulo por ser ilegal, ilegítimo y odioso, y el Fondo Monetario Internacional al otorgarlo es corresponsable de la comisión de una ilegitimidad. Corresponde declarar su nulidad.

La reciente aprobación parlamentaria de una ley autorizando el refinanciamiento de aquella estafa no la transforma en legítima ni la dota de una legalidad que nunca tuvo. Solo suma una nueva capa de complicidad de parte de quienes se han negado a asumir sus responsabilidades constitucionales y en materia de derechos humanos para investigar la deuda y dejar de pagar lo que los pueblos de la Argentina no deben. Denunciar el nuevo acuerdo, suspender los pagos, investigar la deuda, sancionar a los responsables y exigir la restitución de la riqueza mal habida o fugada es el único camino posible para quebrar el predominio extractivista del sistema de la deuda perpetua, recuperar la soberanía y poder avanzar con las transformaciones económicas necesarias para poner primero lo primero: saldar la deuda con los pueblos y la naturaleza. 

Lejos de crear un “fondo para pagar al Fondo”, los recursos que puedan recuperarse, de la fuga, la evasión, el contrabando, el extractivismo, deben ser dedicados a un “Fondo para la cancelación de la Deuda con los Pueblos y la Naturaleza”, para resolver los problemas urgentes que afectan al pueblo trabajador en nuestro país: la desocupación, los bajos salarios, la inflación, la falta de alimentos, la falta de acceso a la salud y a la educación públicas, la defensa de nuestros bienes comunes y del ambiente contra el modelo extractivista. Un fondo diseñado sobre la base de la participación y propuestas de las personas, pueblos y guardianas/es de la naturaleza cuyos derechos el FMI, la deuda y los fugadores de capitales han violado en forma sistemática. 

A estos recursos recuperados de la estafa de la mal llamada “deuda”, deben sumarse los que provengan del firme impedimento a futuro de nuevas fugas al exterior, contrabando, elusión fiscal, saqueo de la naturaleza y de los bienes comunes naturales y construídos.

Como plantea Nora Cortiñas, referenta de esta Autoconvocatoria, los recursos económicos deberían servir para garantizar el derecho a la comida, la salud, el agua y la educación para todas y todos les niñes de nuestro país, en momentos en que más del 50% de las niñeces se encuentran en situación de pobreza, y casi el 40% de nuestro país es pobre. La verdadera deuda es interna: con los pueblos, les trabajadores, con nuestros bienes y territorios comunes.

Sea para rechazar al FMI y los crímenes de la deuda, o para lograr sacarle dólares a les fugadores seriales y asumir como prioridad la urgencia de saldar la deuda interna, es necesario fortalecer la organización y movilización popular, así como la unidad en acción. Por eso llamamos a mantener y profundizar la más amplia movilización frente a la continuidad de la estafa y en especial, ante la próxima llegada de la misión de “revisión” del Fondo Monetario Internacional, para rechazar su injerencia y políticas y cada medida de ajuste antipopular a favor de los supuestos “acreedores”. Nuestro pueblo trabajador tiene una larga experiencia de lucha y resistencia contra el capital expoliador. Llamamos a sumar fuerzas a nivel nacional e internacional en ese sentido, reclamando la inmediata libertad de los compañeros detenidos en la lucha contra el Fondo Monetario y la sanción ejemplar contra los fugadores y otros responsables de la estafa.

 

La Deuda es con los Pueblos y la Naturaleza, no con el FMI ni con los especuladores financieros

Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda

 –      6/4/2022

Fuente: Autoconvocatoria por la suspension del pago de la Deuda

Comunidad garífuna pide ante CorteIDH respetar sus territorios ancestrales

La demanda también expresa que en un escenario de falta de seguridad jurídica respecto de sus territorios ancestrales, se detalla que se han dado títulos a terceros ajenos a la comunidad.

La audiencia, que se lleva a cabo de manera virtual, finalizará este miércoles con los alegatos orales finales de las partes.

Tela, Honduras


La comunidad garífuna de San Juan y Tornabé, de la ciudad de Tela, pidió este lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Honduras respete sus derechos a los territorios ancestrales.

El caso ante la Corte se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado hondureño por la presunta falta de protección de las tierras ancestrales de la comunidad garífuna.

La testigo de las presuntas víctimas, Esmeralda Arzú, dijo en sus declaraciones que los territorios son importantes porque ahí se encuentran sus viviendas, sus sitios de trabajo, títulos culturales, la tierra, el mar y la laguna. “Todo lo que está dentro del territorio es importante para la comunidad, de ahí sacamos para nuestra alimentación”, dijo.

“Hemos tenido conflictos desde hace mucho, hemos tenido conflictos con terceros que están dentro de nuestro territorio, pero los conflictos son más grandes desde la ampliación del casco urbano. Eso pasa porque se le da derecho a los terceros encima de nosotros, los garífunas, porque no nos escuchan a nosotros”, afirmó Arzú.

La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumenta que si bien en el año 2000 el Instituto Nacional Agrario otorgó un título reconociendo una porción del territorio ancestralmente reclamado, el Estado de Honduras no ha cumplido con titular la totalidad del territorio de la comunidad, lo cual ha impedido que la comunidad use y goce de sus tierras en forma pacífica.

“El presente asunto comparte las características esenciales de una problemática ya conocida y supervisada por esta Corte. El Estado de Honduras no ha tomado medidas para garantizar los derechos territoriales de la comunidad.

Asimismo, durante este tiempo el Estado amplió el casco urbano de la municipalidad de Tela y otorgó títulos de propiedad a no indígenas en parte del territorio reivindicado”, expresó el coordinador de casos CIDH, Jorge Mesa.

El testigo propuesto por el Estado de Honduras, Carlos Alberto Galeas, ingeniero civil de profesión explicó que gracias a una comisión interinstitucional se apersonaron al área y procedieron a “colocar las colindancias ancestrales que el respetable pueblo garífuna brindó en la contestación que dio a la Corte Interamericana”.

Sin embargo, según las presuntas víctimas, la cantidad de hectáreas difiere enormemente del tamaño de su territorio ancestral. Ya que las colindancias sumaron un total 629 hectáreas, lo que difiere en 1.140 hectáreas de la petición total del pueblo garífuna que fue de 1.770 hectáreas.

La demanda también expresa que en un escenario de falta de seguridad jurídica respecto de sus territorios ancestrales, se detalla que se han dado títulos a terceros ajenos a la comunidad, el otorgamiento y funcionamiento de proyectos hoteleros, la ampliación del casco urbano de la Municipalidad de Tela, y la creación de un Parque Nacional en el territorio reivindicado por la comunidad.

Por estos motivos, la demanda indica que se violaron los derechos de la comunidad a la propiedad colectiva, al acceso a la información y a participar en los asuntos susceptibles de afectarles.

Según la Comisión Interamericana faltó una consulta previa respecto al otorgamiento de proyectos turísticos en parte de las tierras y territorios reivindicados por la comunidad, así como la inexistencia de un marco legal que permita la materialización de dicha consulta.

La audiencia, que se lleva a cabo de manera virtual, finalizará este miércoles con los alegatos orales finales de las partes. EFE

Fuente: La Prensa HN