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SUMMARY OF NEWS FROM THE WEEK OF OCTOBER 30 TO NOVEMBER 6, 2021.
Mês: novembro 2021
RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2021
Ecuador. María Ushigua de la Coordinadora de Mujeres Sapara – Yarishaya Itíumu nos comparte mensaje de lucha y resistencia
Este es el primero de 14 minivideos que se estará difundiendo y promocionando con los mensajes de mujeres defensoras de la naturaleza y de Saramanta Warmikuna. Abajo se copia el mandato de las Mujeres Unidas en la Defensa de la Vida, sobre el tema de petróleo y minería en el evento nacional del 18 19 y 20 de octubre que organizó Acción Ecológica.
Abajo el link:
Mandato de las Mujeres Unidas en la defensa de la vida, frente a la política minera y petrolera.
SARAMANTA WARMIKUNA
DIRIGENCIA DE LA MUJER Y FAMILIA CONAIE
CONFEDERACIÓN DE JUNTAS DE DEFENSA DEL CAMPESINADO (NAPO)
FRENTE CANTONAL DE DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y LA NATURALEZA (LAS NAVES-BOLÍVAR)
DEFENSORAS DE LA NATURALEZA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR
BONARENSES UNIDOS PROTECTORES DEL ECOSISTEMA (BUPROE-IMBABURA)
PUEBLO SHUAR ARUTAM (PSHA)
MUJERES REVOLUCIONARIAS DE MAIKIUANES
ORGANIZACIÓN DE MUJERES EN RESISTENCIA POR LA NATURALEZA, SINCHI WARMI (RÍO BLANCO-MOLLETURO-AZUAY)
COORDINADORA DE MUJERES INTAG-MANDURIACOS
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE TIERRAS RURALES DEL NORTE DE ECUADOR
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE SHUSHUFINDI
RED DE JÓVENES DEL CHOCÓ ANDINO
FRENTE ANTIMINERO PACTO POR LA VIDA, EL AGUA Y LA NATURALEZA
OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LA NATURALEZA EN REFERENCIA, A LOS PROCESOS MINEROS EN TODAS SUS FASES
ESCUELA DE FORMACIÓN DE MUJERES ORQUÍDEAS AMAZÓNICAS
PUEBLO KICHWA IMANTAG
CENTRO SHUAR SAN LUIS YANTSAS
RED DE MUJERES UDAD (UNION DE AFECTADOS POR ACTIVIDADES DE TEXACO)
COLECTIVA RUNAS FEMINISTAS
ORGANIZACIÓN DE MUJERES INDIGENAS RURALES (WAYUNGA-YACHAY)
NACIONALIDAD SHIWIAR DEL ECUADOR IRUNTDRAMAU
ORGANIZACIÓN DE MUJERES OMSHE
ORGANIZACIÓN DE GUARDIAS INDÍGENAS YUTURI WARMIS – NAPO
UNION DE COMLUNIDADES INDIGENAS CAMPESINAS DE QUICHINCHE (UCINQUE-OTAVALO)
GRUPO DE MUJERES YARISHAYA ITIOMO
ACCIÓN ECOLÓGICA
Ante la política de ampliación de la producción extractiva petrolera y minera del actual gobierno, mediante su Plan Nacional de Desarrollo (Plan de Creación de Oportunidades) y la expedición de los Decretos Ejecutivos 151, 95 y 165, LAS MUJERES DEFENSORAS DE LA NATURALEZA, RECHAZAMOS ESTA POLÍTICA POR INCONSTITUCIONAL E INCONSULTA, Y POR ATROPELLAR NUESTROS DERECHOS, NUESTROS TERRITORIOS Y NUESTRAS VIDAS.
Por esta razón demandamos a la Corte Constitucional que falle a favor de la demanda de inconstitucionalidad de los Decretos 151 y 95, presentados por la CONAIE, CONFENIAE y COICA.
Ante la situación de extrema vulneración de los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos colectivos y derechos de la naturaleza, ocasionados por los proyectos mineros y petroleros, a nivel de todo el país, y considerando que la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos son de inmediato cumplimiento y aplicación, las mujeres defensoras de la Naturaleza, PRESENTAMOS AL GOBIERNO Y A LAS ENTIDADES ESTATALES Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA, EL SIGUIENTE MANDATO.
Nacionalidad sapara, provincia de Pastaza
– Que se aplique la sentencia de la Corte de Justicia de Puyo que establece la devolución de la escritura del territorio ancestral sapara, ante la pretensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería de despojar a este pueblo de más del 70% de su territorio. Así mismo que las instituciones del Estado respeten la autodeterminación del pueblo sapara para gobernarse por sí mismo. s
– La anulación de los contratos petroleros con la empresa Andes Petroleum, por constituir un atentado contra la territorialidad sapara y contra la vida e integridad física y emocional de sus integrantes.
– Reparación integral por los daños sociales y ambientales ocasionados.
Pueblo Shuar Arutam, provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe
– Exigimos que se suspendan, caduquen y extingan las concesiones y actividades mineras en territorio Shuar: la exploración avanzada de la empresa canadiense Solaris Resources, en la asociación Nunkui, centros Warints y Yawi; las actividades de exploración de la empresa Explorcobres, en el proyecto San Carlos Panantza; los estudios de exploración de las empresas Ecuasólidos y Soldgold, asentados en la Cordillera del Cóndor y en el bosque protector Kutukú y Shaime. Que se suspenda y audite, de manera independiente al proyecto Mirador, por los daños sociales y ecológicos producidos. Así mismo que se suspendan, caduquen y extingan las concesiones de la empresa Cero Yatsur, que afecta a la asociación Bomboisa, centro shuar San Luis de Yantsas. Que se archive el proyecto hidroeléctrico Río Santiago, en la provincia de Morona Santiago.
– Que las empresas se retiren de manera inmediata del territorio shuar y dejen de hostigar a las defensoras.
– Mantener al territorio del pueblo Shuar Arutam libre de explotación minera y respetar su estructura organizativa.
Comunidades indígenas kichwa y campesinas de la provincia de Napo
– Que la Asamblea fiscalice al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por la adjudicación de ríos y fuentes de agua para la actividad minera de la empresa Terraearth localizada en el Parque Nacional Los Llanganates y en territorios indígenas y campesinos, y que se determine responsabilidades civiles, administrativas y penales por los daños y pasivos ambientales provocados.
– La reparación integral de los ríos destruidos y contaminados (Piatúa, Chimbiyacu, Piuculín, Jatunyacu, Piatúa, Chimbiyacu, Piuculín, Sapallo, Ansu, Napo, Jatunyacu).
– Exigimos que el retiro de la empresa minera TerraEarth Resources, que fue suspendida por la falta de Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) licencias y otros incumplimientos de la normativa, y que se sancione a los funcionarios que permiten su funcionamiento ilegal.
– Que se extingan y caduquen las concesiones de las empresas que están en la provincia del Napo.
Comunidad Río Blanco, parroquia Molleturo, cantón Cuenca
– Exigimos que la Corte Constitucional se pronuncie de conformidad con las sentencias judiciales ganadas por la comunidad respecto a la suspensión del proyecto minero, en cuanto a la acción extraordinaria de protección presentada por el Ministerio del Ambiente. Que esta Corte no ceda a las presiones de la empresa. De igual manera, que las instancias judiciales que dictaron sentencias en favor de la comunidad, no cedan a las presiones mineras que intentan eliminar sus actuaciones.
– Que la Asamblea Nacional fiscalice el cumplimiento de los resultados de la consulta popular de Cuenca.
Comunidades de las parroquias de Buenos Aires, Cahuasquí y zona de Íntag, provincia de Imbabura
– Exigimos la suspensión, caducidad y extinción de los seis títulos mineros otorgados a la empresa australiana Hanrine, y su salida inmediata de la parroquia La Merced de Buenos Aires (zona de amortiguamiento de la Reserva Cotacachi-Cayapas y declarada Geoparque Mundial por la UNESCO). Así mismo, exigimos la salida inmediata de las empresas EMSA-E, CODELCO, SoldGold y BHP-Billiton, Cornestone, de la provincia de Imbabura.
– Existe un patrón de criminalización sistemática y de violencia institucional y hostigamiento mediático hacia las mujeres, en Buenos Aires, por lo que solicitamos a la Asamblea Nacional la resolución de amnistías en favor de más de treinta personas criminalizadas por la defensa del territorio. Denuncias presentadas por la empresa, trabajadores de la empresa y la Policía Nacional.
– Que la Policía Nacional respete el derecho a la resistencia de las y los defensores de Buenos Aires y las denuncias de la población sean aceptadas por el sistema de justicia y que se garanticen el acceso a la información pública.
– Que se agilite la nulidad de la acción de protección presentada por la empresa que autoriza el uso excesivo de la fuerza en contra de la población y crea nuevas funciones para la Policía Nacional.
– Que se integre al Sistema de Áreas Protegidas, al ACUS MIT (Intag- Toisán).
Comunidades de Pacto, provincia de Pichincha
– Exigimos que se suspendan y extingan y caduquen las concesiones mineras de las empresas mineras MelinaChango y Natural Resources, y la no construcción del proyecto hidroeléctrico “La Maravilla”, en la parroquia Nanegal.
– Que se integren en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a las Áreas de Conservación y Uso Sustentable del Distrito Metropolitano de Quito (ACUS) y el patrimonio cultural del extinto pueblo Yumbo. Igualmente, respetar la declaración de la UNESCO que califica al Chocó Andino de Pichincha, como Séptima Reserva de la Biósfera.
– Que la Corte Constitucional dé paso a la consulta popular sobre minería en el Distrito Metropolitano de Quito.
– Que se protejan las recargas hídricas de la Mancomunidad del Chocó Andino, que proveen de agua a todo el Distrito Metropolitano de Quito, evitando la minería en las mismas.
Comunidades de Telimbela, Las Naves, Echandía, Guanujo, Salinas, Chillanes, provincia de Bolívar
– Exigimos que se transparente la información sobre el número de concesiones en la provincia de Bolívar, nombres de los proyectos, titulares, superficies y ubicaciones. Y que se audite el procedimiento de adjudicación con la participación de las comunidades afectadas.
– Que se suspenda, extinga y caduquen los títulos mineros de las empresas Salazar Resources (Curimining S.A y Andes Drill) en Las Naves y Echeandía; y, Yankuang (en Telimbela) y Soldgold (en Chillanes) por inconsultos, y se restauren los ecosistemas y se reparen a las comunidades.
– Que se detenga el hostigamiento, la persecución, judicialización y criminalización a las personas que defienden los territorios.
– Que las fuerzas armadas y Policía se retiren del cantón Las Naves.
Pueblo Waorani, provincias de Pastaza, Orellana y Napo
– Exigimos que el Estado mantenga el área de amortiguamiento de la zona intangible Tagaeri-Taromenani, libre de explotación petrolera para la protección y garantía de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. El Estado debe ampliar las zonas intangibles hacia los lugares en que se movilizan los pueblos en aislamiento voluntario, los mismos que cuentan con protección internacional.
– La no explotación petrolera en el área intangible de la Reserva Faunística Cuyabeno, territorio siona, cofán y kichwa. Zona protegida constitucionalmente (Art. 407).
– No a la licitación de los bloques 84, 85, 86 y 87, que constituyen territorios sapara, shiwiar, kichwa, cuyos pueblos han rechazado rotundamente las actividades petroleras.
– Que no ingresen las empresas petroleras en contra de la voluntad de las comunidades (condicionando a la población con puestos laborales y obras) en los campos Intracampos I e Intracapos II, en Sucumbíos y Orellana.
– Que no se explote el campo 20, de crudo extra-pesado Pungarayacu, se respete el territorio de las comunidades kichwa y su derecho a la resistencia.
– No a la implementación de la tecnología de “Fracking”, que utiliza ingentes cantidades de agua para perforaciones petroleras profundas y genera catástrofes ambientales.
– No ampliar la extracción en campos maduros o en campos que ya están operando por la multiplicación de efectos negativos que implica, especialmente en la salud de la población con énfasis en mujeres.
– Que empresas y Estado respeten el derecho a la vida e integridad física y emocional, y el derecho a la resistencia de las poblaciones opuestas a las actividades extractivas.
– Exigimos que se realice una auditoría ambiental a los derrames ocurridos en los últimos diez años, previo a cualquier intento de ampliación de la frontera petrolera.
– Exigimos la reparación de todas las áreas afectadas por actividades petroleras y mineras.
– Solicitamos a la Asamblea Nacional, la fiscalización de los proyectos mineros y petroleros, así como a los Ministerios del Ambiente y de de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por no respetar los derechos de la naturaleza ni los derechos de pueblos y comunidades.
– Igualmente, pedimos a la Asamblea, agilitar las resoluciones sobre pedidos de amnistías presentadas por organizaciones sociales, en favor de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, criminalizadas, a nivel nacional.
– Exigimos que se levante el estado de excepción porque vulnera las garantías ciudadanas y el ejercicio de derechos, entre estos los derechos a la libre expresión y resistencia, colocando en situación de mayor vulnerabilidad a las comunidades que defienden sus territorios frente a la intromisión extractivista empresarial.
– Las mujeres vamos a declarar estado de excepción en los territorios a las empresas mineras y petroleras.
Fuente: Radio Temblor
Jornadas: Deuda pública y Derechos – Hacia nuevas estrategias y horizontes – 3er Encuentro
Jornada Deuda Pública y Derechos cierra el ciclo de debates este jueves 4 de noviembre. ¡Únete!
La tercera y última reunión de las jornadas de debate Deuda pública y derechos: hacia nuevas estrategias y horizontes es este jueves 4 de noviembre, a las 16h – Brasil y Argentina (13 hrs – Centroamérica y México, 14 hrs – Región Andina y Panamá, 15 hrs – Caribe). Participan Sandra Quintela (Brasil), articuladora nacional de Jubileo Sur Brasil, Adriana Guzmán (Bolivia), integrante del movimiento Feminismo Comunitario Antipatriarcal y Ricardo Canese (Paraguay), parlamentario del Mercosur. La moderación estará a cargo de Raúl Lamberto, del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del Pueblo (ILO).
El debate sigue en vivo en el Facebook de las organizaciones, y todo aquel que lo vea a través de Zoom, con inscripción accediendo a https://bit.ly/3Jornada2021, tiene derecho a un certificado con participación en al menos dos de los tres encuentros.
Las jornadas tienen como objetivo ampliar el debate e identificar acciones concretas para el pleno ejercicio de los derechos humanos, con plena protección de la vida en su diversidad, en el seno de los procesos económicos de América Latina y el Caribe, especialmente los relacionados con la deuda pública y las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las reuniones anteriores fueron los días 21 y 28 de octubre.
Las jornadas responden a una iniciativa conjunta de Jubileo Sur/Américas, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del Pueblo (ILO), y la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades Sobre el Estudio de la Deuda Pública (RICDP).
El programa forma parte de las Jornadas Globales por la Justicia y la Cancelación de la Deuda, una movilización internacional que comenzó a principios de octubre con cientos de organizaciones unidas en la lucha contra el sistema de deuda que explota a los pueblos y la naturaleza, generando desigualdades y vulneración de derechos.
Jornadas de debate “Deuda pública y derechos: hacia nuevas estrategias y horizontes”
Fecha: 4 de noviembre de 2021 (jueves) – 3er encuentro
Hora: 16h – Brasil y Argentina, 13 hrs – Centroamérica y México, 14 hrs – Región Andina y Panamá, 15 hrs – Caribe.
Inscripciones para la 3ª jornada: https://bit.ly/3Jornada2021 (con certificado para quienes participen en al menos dos de las tres reuniones virtuales)
*¡No debemos- No pagamos! ¡Somos los pueblos los acreedores!*
¡Fuera el FMI! Llamamos a movilizar el 4/11 contra la estafa, la pobreza y el saqueo
Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, llamamos al campo popular a movilizarse ampliamente el jueves 4 de noviembre. Esta semana el Gobierno Nacional ha realizado un nuevo pago de intereses y prepara el pago de la segunda cuota del ruinoso préstamo ilegal con el Fondo Monetario Internacional tomado por el gobierno de Mauricio Macri. Por eso, movilizamos en CABA a las 11 hs desde Avda. de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo, y también habrá movilizaciones y concentraciones en Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán, Chaco, La Pampa, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Tartagal, Mar del Plata y otras localidades del país. La deuda es con los pueblos y la naturaleza y no tenemos por qué pagar lo que no debemos.
Este gobierno ha denunciado el fraude de la deuda en múltiples foros internacionales, en el Congreso, en la Oficina Anticorrupción e incluso en el Poder Judicial, pero continúan los pagos y las negociaciones con el FMI. Esas negociaciones requieren que el gobierno profundice el ajuste fiscal y se impongan reformas antipopulares que empeorarán el hambre, la pobreza y el saqueo extractivista que vive el pueblo trabajador en nuestro país.
Exigimos que se priorice la vida por encima de la deuda y que no se siga pagando esta estafa al pueblo y la nación. Le exigimos a este gobierno que actúe en forma soberana ante las pretensiones de los prestamistas, suspendiendo los pagos e investigando la estafa denunciada, sancionando a los que han cometido este crimen de lesa humanidad económico y de lesa naturaleza y reclamando reparaciones.
Es ahora, en medio de la grave crisis socio-sanitaria y ecológica, enfrentando con la resistencia y luchas de los pueblos de nuestro país los costos de este sometimiento. Al cumplirse además un nuevo aniversario del derrocamiento del proyecto del ALCA – Área de Libre Comercio de las Américas – y de coincidir con las movilizaciones del pueblo de Chubut todos los 4 contra la megaminería, recordamos que la movilización popular es nuestra fuerza. Por eso llamamos a todas las organizaciones populares a construir una férrea unidad en acción para impedir que este sistema de deuda eterna continúe avasallando al país y dejándonos sin presente ni futuro.
4/11 Movilización Nacional ¡Fuera el FMI!
- Suspensión del pago e investigación de la deuda
- ¡No es No! Las estafas no se pagan
- La deuda es con los pueblos y la naturaleza
-Argentina, 2/11/21
Fuente: Dialogo2000
COP 26. Cumbre climática a prueba de fuego
Gran parte del mundo científico y el movimiento ambientalista consideran este esfuerzo como la última oportunidad para frenar el ya irreversible aumento de la temperatura terrestre. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), organizada en esta ocasión por el Reino Unido en colaboración con Italia, comenzó este domingo 31 de octubre y se extiende hasta el 12 de noviembre.
El ABC de Glasgow
La Conferencia de las Partes –de ahí la sigla COP– de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una cita anual en la cual representantes gubernamentales de alto nivel discuten y negocian eventuales propuestas para reducir el calentamiento global.
Esta 26ª sesión reunirá, según los organizadores, a delegados de casi todos los países que integran el sistema de Naciones Unidas; entre ellos, un centenar de jefes de Estado y de Gobierno. También expertas-os en el tema ambiental, dirigentes empresariales, representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil en general (https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre…).
Todo anticipa que será un vértice particularmente trascendente ya que, a pesar de los seis años transcurridos desde la adopción del Acuerdo de París en la COP21, los esfuerzos implementados hasta ahora para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius han resultado insuficientes. (https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf…).
Para el mundo científico, esta cifra –1,5 grados Celsius– constituye el umbral límite o punto de ruptura, superado el cual el cambio climático podría tener impactos dramáticamente irreversibles tanto para el ser humano como para la naturaleza. Los recientes incendios, olas de calor, inundaciones y otras catástrofes naturales cada vez más intensas exigen una acción climática urgente y mancomunada.
El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, del 9 de agosto del año en curso, es contundente. Afirma que “Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios” (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ ).
En dicho informe se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 ºC en las próximas décadas, y se concluye que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, “limitar el calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un objetivo inalcanzable”.
Otro tema clave de la agenda de la COP26 de Glasgow será la financiación climática, es decir, la ayuda que los países industrializados han prometido proporcionar a aquellos más afectados por el calentamiento global, casi siempre las naciones en vías de desarrollo. Todavía se está muy lejos de los 100.000 millones de dólares anuales anunciados en 2009 en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague, Dinamarca, para el financiamiento de proyectos de reducción de emisiones y de adaptación climática en las regiones de menos recursos.
En Acuerdo de París como espejo
¿Es posible que una eventual “terapia” surgida de la Conferencia de Glasgow ayude a recuperar el tiempo que se ha desaprovechado en la lucha contra el calentamiento planetario? ¿O será un mero espejo que se mire en París 21 pero sin superarlo, con propuestas consensuadas y promesas que no responden a la agonía?
El objetivo principal del Acuerdo de París del 12 diciembre de 2015 establece que el aumento de la temperatura terrestre, en este siglo, no supere los 2 grados centígrados – siempre en relación con los niveles preindustriales. E incluso propuso que se redoblaran los esfuerzos mundiales para intentar que dicho incremento sea como máximo de 1,5 grados centígrados.
Esta meta incluye la necesidad de un salto significativo de cada país para hacer frente a los efectos del cambio climático, limitar sensiblemente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y lograr el financiamiento necesario para hacerlo posible. Por otra parte, establece informar periódicamente sobre sus respectivos niveles de emisión y sus esfuerzos por poner lo acordado en práctica, además de realizar cada cinco años y en forma conjunta un inventario mundial para evaluar el progreso colectivo en el cumplimiento de dichos compromisos.
Con todo esto en mente, lo acordado en París fue como un mandato para que los países desarrollados siguieran asumiendo una responsabilidad principal mediante objetivos de reducción absolutos para toda la economía, mientras que los países en desarrollo continuaran intensificando sus esfuerzos de mitigación.
Dicho Acuerdo quedó abierto a la firma el 22 de abril de 2016 –Día de la Tierra– en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Meses más tarde, el 4 de noviembre de 2016, entró en vigencia, treinta días después de que se cumpliera con el “doble criterio”, es decir, su ratificación por 55 países que representan al menos el 55% de las emisiones mundiales. Desde entonces ha sido suscripto por 192 países.
A juzgar por los resultados alcanzados, ni el Acuerdo de París ni los esfuerzos posteriores han dado los resultados proyectados. Los análisis retrospectivos sugieren que, aun si se hubieran cumplido las promesas asumidas en París en 2015-2016, solo se habría limitado el aumento de la temperatura a menos de 4° C, muy lejos del tan proclamado aumento máximo de 1.5 grados. Es decir, los compromisos asumidos por los Estados en ese momento eran ya insuficientes para lograr las metas planteadas.
Según Alok Sharma, presidente entrante de la COP26, “Ha habido progreso, pero no lo suficiente. Es por eso que necesitamos, especialmente, que los mayores emisores, las naciones del G20, presenten compromisos más fuertes para 2030 si queremos mantener el objetivo del 1,5° C durante esta crítica década”.
Promesas (casi) imposibles
Los compromisos climáticos más recientes de varios países de aquí al año 2030 “no son suficientemente ambiciosos y ponen al mundo en camino a un aumento de temperatura este siglo de por lo menos 2,7° C”, señala el último Informe sobre la Brecha de Emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado el 26 de octubre.
Los anuncios a nivel nacional hechos hasta ahora permitiría una escasísima reducción: tan solo un 7,5% de las emisiones previstas para 2030 (https://www.unep.org/es/resources/emissions-gap-report-2021). “Para mantenernos en la ruta hacia el objetivo del 2° C deben asegurarse reducciones de emisiones del 30%”. Si se pretende alcanzar el objetivo de 1,5%, se necesitarían reducciones en el orden de un 55%. Nuevamente, de cara a la COP26, las promesas de las Partes no corresponden con los objetivos acordados. Se repite así la larga historia de respuestas tibias para salvar un planeta en llamas.
Al presentar el informe de PNUMA, algo así como un marco de referencia conceptual para la Cumbre de Glasgow, Inger Aderson, la directora de dicha organización recordó que “el cambio climático ya no es un problema del futuro. Es un problema ahora”. PNUMA insiste en que sólo disponemos de ocho años de oportunidad para limitar el calentamiento global a 1,5° C mediante la reducción a casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Menos de una década para hacer planes, implementar políticas y, finalmente, presentar resultados tangibles. “El reloj avanza rápidamente”, subraya este organismo internacional.
Al pasado 30 de septiembre, 120 países, responsables de poco más de la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, habían comunicado nuevas metas, actualizadas. Adicionalmente, tres miembros del G20 (las 20 naciones más desarrolladas) anunciaron nuevas promesas de mitigación para 2030. En su evaluación del informe del 26 de octubre, Alok Sharma, consideró que, si los países cumplen con sus metas pautadas para 2030 y los compromisos de cero emisiones anunciados, “estaremos dirigiéndonos hacia aumentos promedio de la temperatura global de poco más de 2° C”.
Dos visiones en conflicto
La Cumbre de Glasgow tiene tanto de laberinto como de encrucijada para el clima planetario. Y mucho más de sofisma, una falacia construida sobre la base de promesas que la gran mayoría de las naciones sabe que realmente no podrán cumplir.
La COP26 desnuda, además, el choque de dos concepciones confrontadas. La visión de una “institucionalidad” onusiana, con propuestas a mediano y largo plazo, a pesar de que el mundo científico viene diagnosticando, desde años, la gravedad extrema de la enfermedad. Y, enfrente, la visión de una buena parte de la sociedad civil planetaria –movimientos ambientalistas, ONG de desarrollo, sindicatos, redes y plataformas–, que se movilizará críticamente en las calles de Glasgow durante la COP26, que insiste en la “urgencia climática” como clave de interpretación de una sociedad humana en carrera acelerada hacia su propia desaparición.
No sorprende, entonces, que una de las principales consignas comunes de los millones de jóvenes movilizados en los últimos años en torno a la “huelga del clima” lo describa con elocuencia: “No hay que cambiar el clima, sino el sistema”.
Por: Sergio Ferrari
Ilustración: Hassan Bleibel
Fuente: Radio Temblor