Es hora de organizar las luchas contra el hambre, la deuda y las viejas prácticas neoliberales

Con la pandemia afectando a los sectores más vulnerables, la respuesta de muchas naciones de América Latina, Mesoamérica y el Caribe ha sido préstamos y más préstamos, además de la expansión de las actividades extractivas y la manifestación intensificada de este poder patriarcal, profundamente arraigado en una visión masculina que se expresa tanto en el manejo de la crisis provocada por el Covid-19 como en el incremento del feminicidio y la violencia contra las mujeres en este período.

En la región andina, Pedro Castillo acaba de asumir la presidencia del Perú y, aunque demuestra ser el mejor para hablar desde los pueblos, su discurso ya ha señalado que no hará cambios en los sectores extractivos. Nombró para Minas y Energía a un ministro alineado con la minería, Iván Merino, quien habla de un “nuevo pacto” con el sector, en diálogo con las empresas. Por otro lado, avanzan los pasos de una asamblea constituyente que sepulta el legado del dictador genocida Alberto Fujimori. En su discurso inaugural, Castillo garantizó que pronto presentará un proyecto de ley para cambiar la constitución peruana.

En Colombia, las protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque parecen dejar de ser visibles, pero, sobre todo, los jóvenes siguen movilizados. Si bien pueden enfriarse, estos procesos de movilización social son semillas y dejan un espíritu combativo en la región, teniendo además el rol de provocar debates internos en las organizaciones sobre qué hacer y los caminos a seguir en la lucha popular por los derechos.

Fascismo estratégico

En Ecuador, hace apenas dos meses que asumió el cargo el empresario Guillermo Lasso y el panorama político debería aclararse en las próximas semanas, pero ya ha demostrado que está trabajando para expandir el sector minero y petrolero, sin grandes cambios en cuanto a la economía. folleto neoliberal.

Hay un agravante que nos trae desafíos de alerta y acción. Al mismo tiempo que lleva a cabo su proyecto neoliberal, Lasso gana legitimidad con el avance de la vacunación en un país donde ya se han inmunizado 12 millones de los 17 millones de habitantes mayores de 16 años, lo que tiende a entorpecer o retrasar la reacción popular contra las políticas neoliberales del presidente ecuatoriano. Lo que ves es una derecha fascista, pero no sin inteligencia, al contrario, con estrategias que son más difíciles de combatir.

Las privatizaciones continúan en varias partes de nuestra región de América Latina y el Caribe, como fue el intento frustrado de la lucha popular por privatizar el agua en El Salvador, o en el sector salud en varios países, o incluso en el sector eléctrico en Brasil, que impacta directamente el país vecino, Paraguay, con la Central Hidroeléctrica Itaipu / Yacyterá. Y por si fuera poco los bancos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) continúan poniendo en práctica la cartilla privatizadora de pueblos y territorios.

En el Cono Sur, las investigaciones del gobierno sobre la compra de vacunas y otras medidas contra el Covid-19 profundizan el desgaste de Jair Bolsonaro en Brasil. Las encuestas muestran un declive en la popularidad de Bolsonaro y el juicio político es urgente, pero los actuales congresistas (el llamado “centro”) continúan maniobrando para que esta no sea la agenda principal.  En las calles hubo más protestas el pasado 24 de julio en todo el país, pero la participación popular se ha visto erosionada por cuestiones internas que afectan a parte de los actores involucrados. Como en las elecciones municipales de hace dos años, una parte de los partidos y movimientos de izquierda están más preocupados por la elección de 2022. proyecto que representa.

Es hora de organizar las luchas porque hay muchas señales de crímenes, las clases medias quieren una tercera vía y mientras tanto la gente se muere de hambre, frío, sin techo y con el virus de Covid. Solo el 40% de la población tomó la primera dosis de la vacuna y el 19% la segunda dosis. Lo que significa afirmar, según estudios de centros de investigación, que la mayoría de la población de la periferia, las mujeres negras e indígenas, más empobrecidas, no tenían acceso a la vacuna, privilegio de clase media y urbana.

Brasil vuelve al Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); El invierno provoca la muerte de personas por el frío, y familias enteras que viven en las calles por falta de ingresos para las facturas básicas, como agua, energía, alquiler, es una triste realidad. Los pueblos indígenas continúan luchando contra el cambio en la legislación de demarcación y el regreso a clases presenciales complica el escenario porque el gobierno, que privilegia el intercambio de dinero sobre todas las formas humanas de sostener la vida, actúa como si toda la población de más de 200 millones de habitantes ya estuviera inmunizada.

En Argentina, el tema de la deuda volvió a tomar un gran protagonismo en la agenda, con una población en protesta en contra de la “reestructuración” de la deuda acordada el pasado 20 de julio con el FMI y que transferirá más de 3.300 millones de dólares al gobierno argentino de Alberto Fernández, nuevamente a costa de las medidas de austeridad impuestas por el FMI que mantienen al país de rodillas para saldar deudas. Cuando se firmó el acuerdo anterior con el FMI, en 2018, la pobreza en el país creció del 26% al 36% y actualmente alcanza al 58% de los mayores de 14 años.

Pandemia agrava las migraciones y el feminicidio

 En Mesoamérica, el pueblo de Nicaragua por un lado tiene las tasas más bajas de contagio por Covid-19 y un manejo de la pandemia considerado responsable, por otro lado, es la tasa más baja de vacunación de la población en comparación con El Salvador. Políticamente, una situación delicada, no a nivel interno, sino a nivel internacional, porque se aprobó una ley mediante la que se están investigando a personas por casos de lavado de dinero. Lo que se maneja hacia afuera es que se llevaron preso a candidatos opositores de Daniel Ortega, sin embargo, las personas investigadas no tienen una candidatura registrada en ningún partido que correrá en las elecciones de nov del 2021.

Además, lo que ya se siente internamente son las medidas de bloqueo que EEUU ya viene imponiendo a través de la Ley Nica-Act (Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, de gobierno Donald Trump que veta préstamos para Nicaragua), intentando llevar al país a una crisis económica, con el aumento del desempleo y esto ocasiona que migración y extranjería esté siempre llena, ya que las personas están migrando.

El gobierno implementa diferentes programas sociales como estrategia de seguridad alimentaria, que es lo que ha frenado la crisis y no se ha llegado al extremo de que la población se enfrente a una hambruna, aunque no se sabe durante cuánto tiempo el gobierno podrá mantener estos programas. Desafortunadamente, se observa un incremento de la violencia hacia las mujeres en términos feminicidios que, aunque no se compara con los altísimos índices de México, Guatemala, Honduras y El Salvador; sigue siendo una alarma y un tema delicado a nivel de la región.

El pueblo no acepta más a un gobierno con casos de corrupción confirmados -incluso la malversación de fondos para supuestas compras de vacunas que no llegaron- se ha realizado paro nacional en Guatemala. En El Salvador el gobierno sigue en una relación contestataria con el gobierno de EEUU y se ha aprobado el nuevo marco jurídico para el tema ambiental.  Es el gobierno que tiene más cantidad de población vacunada contra el Covid-19 en toda la región, ya que gracias a sus nuevas relaciones con China recibió una donación suficiente de vacunas, a diferencia de Honduras y Guatemala donde la inmunización es mínima.

En México, la situación de correlación de fuerzas con EEUU impacta en la profundización del desempleo, ya que el gobierno mexicano sigue aliado con EEUU en casi todo – aunque su discurso sea de otra narrativa. Nada ha cambiado en cuanto a las políticas extractivistas y México es el cuarto país con más muertes por Covid-19 en América Latina, aunque ya ha logrado vacunar a un buen porcentaje de su población.

El tema del magnicidio de Jovenel Moïse es el mayor y principal tema de debate a nivel nacional en Haití, donde la movilización es fuerte y es importante poder hacer acompañamiento.  En cuanto a las protestas populares en Cuba, las movilizaciones son parte del proceso interno y no se pueden ignorar los efectos del fuerte bloqueo que ha afectado al país durante tanto tiempo. Es necesario seguir respetuosamente lo que viene sucediendo y mantener la lucha contra el bloqueo y las políticas de represalia de Estados Unidos, que son los verdaderos responsables de las dificultades que enfrentan el pueblo cubano.

Por la justicia, en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, continuamos con el desafío fundamental de juzgar y condenar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres -banqueros, agroindustriales, empresarios- tal como lo condenó la Corte Suprema de Honduras a David Castillo. Asimismo, en este período tenemos movilizaciones que marcan un año de la desaparición forzada de jóvenes garífunas de del Triunfo de la Cruz. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos y lo antes posible!

¡No debemos, no pagamos!

Somos los pueblos, los acreedores.

Comité de Coordinación Operativa de la Red Jubileo Sur / Américas (CCO -JS/A)

30 de julio de 2021

Santiago Maldonado: cuatro años sin justicia

La familia de Santiago Maldonado cuestiona la investigación judicial y el accionar de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. A cuatro años de su desaparición seguida de muerte, reclaman que se investigue la desaparición forzada. «Él es mi hermano y no un simple expediente. Voy a cuestionar a este gobierno tanto como lo hice con el gobierno anterior», aseguró Sergio Maldonado.

Santiago en pancartas. Santiago en fotos. Santiago en la memoria. Santiago Maldonado, desaparecido en 2017 durante una de las tantas represiones que vive el Pueblo Mapuche en el sur del país. Fue un miércoles frío, un 1 de agosto, cuando la Gendarmería Nacional irrumpió en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en el noroeste de Chubut. Había un corte en el kilómetro 1848 de la Ruta 40 y un reclamo: la liberación del lonko mapuche Facundo Jones Huala, detenido en el marco de la criminalización de las comunidades originarias en la Patagonia. Ahí estaba Santiago, acompañando la lucha. El joven era artesano, anarquista, mochilero. Había llegado a la zona el día anterior. Aquel 1 de agosto fue el último en que se lo vio con vida. El día en que 130 efectivos de Gendarmería tiraron con balas de plomo y goma a quienes defendían el territorio recuperado. «Hace cuatro años que seguimos sin saber qué pasó con Santiago», denunció su hermano Sergio en un mensaje grabado en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

En los primeros días de su desaparición, medios como Clarín no tardaron en especular con un escape a Chile ni perdieron la oportunidad para criminalizar —una vez más— a los pueblos indígenas. El clamor de los organismos de derechos humanos, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de los movimientos sociales y de algunos partidos políticos cuajaba en una sola pregunta: ¿Dónde está Santiago Maldonado? «En el país de los 30 mil, donde las y los desaparecidos ocupan un lugar muy importante en nuestra sociedad que no olvida esa época oscura y nefasta, teníamos un nuevo desaparecido», recordó Sergio Maldonado en un video grabado a orillas del río Chubut, en la Pu Lof, donde apareció el cuerpo de Santiago.

Fue en democracia, también fue durante el gobierno de Mauricio Macri. «Con su política basada en represión, ajuste y violaciones de derechos humanos llevada a cabo por Patricia Bullrich y su Ministerio de Seguridad», describe Sergio. Tuvieron que pasar 78 días, varios operativos de búsqueda, tres rastrillajes en el río Chubut. El primero, el 5 de agosto; el segundo, el 12 de ese mes y el tercero, el 18 de septiembre. Este último fue un mega rastrillaje con 400 efectivos, tres helicópteros, varios drones y grupos de elite.

El juez de Rawson, Guido Otranto no permitió que ingresara a la zona la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, ni los organismos de derechos humanos movilizados por la búsqueda. «El rastrillaje duró más de seis horas, maniatando a los miembros de la comunidad y disponiendo del lugar a su antojo, sin que nadie pudiera verificar absolutamente nada de su accionar», rememora Sergio. El 17 de octubre el cuerpo de Santiago fue encontrado sumergido en las aguas del río Chubut.

«Al juez nunca le interesó investigar la desaparición forzada de Santiago»

Sergio le pone nombres propios a la impunidad: «Desde Pablo Noceti, a cargo del operativo —negado durante muchos días por la propia ministra diciendo que no había participado del mismo— pasando por funcionarios como Gonzalo Cané, Daniel Barberis, preparando los testimonios de los gendarmes, hasta el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, que negaba la existencia de Santiago en el lugar de los hechos». “Lo más terrible fue la crueldad con la que trataron y deshumanizaron a Santiago», subraya.

El 20 de octubre de 2017 se realizó la autopsia. Luego de haber reconocido el cuerpo, entonces el juez Gustavo Lleral dijo que Santiago no tenía signos de violencia y que la causa de muerte era ahogamiento con ayuda de hipotermia. «El cómo, dónde y cuándo no pareció algo importante para él, como tampoco el contexto de la desaparición», cuestiona Sergio Maldonado. «Desde ese día no se hizo absolutamente nada para saber qué había pasado con Santiago. Todas las presentaciones que realizamos, solicitando pruebas y ampliaciones de la autopsia, fueron rechazadas. Al juez nunca le interesó investigar la desaparición forzada«, agrega.

La figura de desaparición forzada aparece tipificada en el artículo 142 ter del Código Penal: fue introducida por la Ley 26.679 en 2011. El delito refiere a la responsabilidad de agentes del Estado ante la privación ilegal de la libertad de una persona. Estipula una pena de prisión perpetua si de la privación de la libertad resultare la muerte de la víctima. Ese es el delito que la familia Maldonado reclama que investigue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde actualmente se aloja el caso.

«Todas las pericias realizadas por el juez Lleral fueron con el fin de querer cerrar la causa. Como ejemplo, puedo citar la toma de datos de temperatura y mediciones del caudal del río Chubut el día 12 de diciembre de 2017, pericia que debió hacerse el 1 de agosto, para aproximarse a las mismas condiciones del día en que desapareció Santiago. No se ha hecho siquiera una reconstrucción de los hechos ocurridos hace cuatro años«, cuestiona Sergio sobre la etapa de investigación de los acontecimientos que culminaron con la vida de Santiago.

El 29 de noviembre de 2019 el juez Lleral quiso cerrar la causa, sin imputados ni procesados. Su argumento era que Santiago se ahogó solo. La familia, a través de diferentes presentaciones, logró que la causa no se cerrara. Tras una apelación a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el expediente cayó en manos de la jueza federal Eva Parcio, quien se declaró incompetente. Después hizo lo propio el juez federal Hugo Sastre.

La causa pasó a la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py. Allí los jueces Borinski y Hornos esgrimieron que no había desaparición forzada. Devolvieron el expediente a la Cámara de Comodoro Rivadavia para que se siga “investigando”. La familia recusó al juez Lleral cuatro veces.

“Lo que comprueba aún más la impunidad es que el 3 de agosto del año pasado Sabina Frederic hizo una denuncia contra Pablo Noceti y la jerarquía de Gendarmería durante el gobierno de Macri y la causa cayó en el Juzgado de Lleral. ¿Cómo va a investigar el juez que ya dijo que la Gendarmería fue inocente? Y así va pasando el tiempo, Lleral sigue durmiendo todo y estamos a cuatro años sin tener siquiera una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto de 2017”, afirmó Sergio Maldonado en una entrevista con La Izquierda Diario.

El silencio del gobierno del Frente de Todos

Parado en el lugar donde encontró el cuerpo de su hermano, Sergio continúo desandando la falta de investigación por la desaparición forzada de su hermano, que continuó en el actual gobierno: «Desde un comienzo pedimos al gobierno de Mauricio Macri la conformación de un grupo de expertos independientesque garantizaran la investigación. Ese mismo pedido fue reiterado al actual gobierno de Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio de Justicia de la Nación en enero de 2020. Ese pedido se reiteró en julio de este año sin tener respuesta hasta la fecha, ni tampoco un pronunciamiento concreto sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago», expresó Maldonado.

«Algunas funcionarias y funcionarios políticas y políticos, que actualmente integran el gobierno del Frente de Todos y que nos acompañaron durante el gobierno de Mauricio Macri, firmaron la petición para la conformación del grupo de expertos independientes y hacen silencio desde hace 20 meses«, denunció Sergio y afirma que ese silencio de alguna manera también los hace cómplices.

Al cumplirse cuatro años de la desaparición de Santiago, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter: «Hoy, acompañamos a su familia y amistades y a toda la sociedad en el pedido de justicia». Pero para Sergio un tuit no es suficiente: «El acompañamiento a los familiares de las víctimas de la violencia del Estado no es solo poner un mensaje en las redes sociales cuando es un nuevo aniversario, sino garantizar un acceso real a la Justicia para que podamos llegar a la verdad. Deberían tener una postura clara y mantenerla no solo cuando se es oposición sino cuando se es gobierno».

Se cumplen cuatro años de la desaparición de Santiago Maldonado, tras la represión efectuada por Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche en el Pu Lof de Cushamen, Chubut, que se encontraba manifestando sobre la Ruta 40. pic.twitter.com/VFUUUQunW4

Secretaría DDHH (@SDHArgentina) August 1, 2021

«Este es un gobierno que entiende más que ningún otro de derechos humanos, que sabe a la perfección qué se necesita para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia. No estoy pidiendo que el Poder Ejecutivo intervenga en el Poder Judicial: mi pedido es que tengan una firme decisión y voluntad política para que haya avances en la causa. Esto es necesario y urgente para garantizar el Nunca Más en democracia y que no vuelvan a ocurrir desapariciones forzadas, como sucedió el año pasado con Lucio Espinoza y Facundo Castro», agregó.

La semana pasada, en una entrevista con el periodista Alejandro Bercovich, Sergio Maldonado contó sobre una presentación que le realizaron a la primera ministra de Justicia de la gestión de Alberto Fernández, Marcela Losardo. «Le presentamos en febrero del año pasado una nota pidiendo la participación en la investigación de un grupo de expertos independientes y que hubiera un acompañamiento a los familiares. Se fue del cargo sin contestarnos». «Esa misma nota se la mandamos a Martín Soria cuando asumió y todavía estamos esperando», relató. La familia insistió en el reclamo hace 15 días.

En julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones al Estado argentino por la Causa Maldonado. El gobierno se comprometió a llegar a «una solución amistosa». Pero no hubo avances. El 8 de junio de este año, Sergio anunció que desistían de esa instancia: “No hay una voluntad ni una decisión política del actual gobierno de avanzar en la causa, no aceptaron ninguno de los puntos que les presentamos”, explicó entonces.

¿Qué pasó con Santiago Maldonado?

Santiago, el Brujo, era «una persona genuina, artista, tatuador, muralista, músico que desde su anarquismo se involucraba en diferentes causas». Así lo recuerda Sergio, con la entereza de la dignidad, de pie ante el río helado donde encontraron muerto a su hermano menor. «Así fue como llegó el 31 de julio de 2017 a la Pu Lof Cushamen, a solidarizarse con los integrantes de la comunidad mapuche. Lo hizo desde una fuerte convicción y sin ninguna especulación, aunque algunas personas que estuvieron presentes ese 1° de agosto sí hayan especulado con su desaparición», añade.

La desaparición, la muerte y la impunidad son parte del paisaje de la resistencia mapuche en la Patagonia. En 2019, Soraya Maicoño —vocera mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen— aseveró: «Estas situaciones de muerte, de desaparición de personas mapuches, de despojo del territorio, empezaron en la Conquista del Desierto y continúan hasta hoy. Lo que sucedió es que, a partir de la fatídica y trágica situación con Santiago Maldonado, se visibilizó. Hay que hacer una lectura de que era un desaparecido en democracia, con toda la connotación que eso tiene en este país».

«Encima después apareció su cuerpo cien metros río arriba de donde se lo habían llevado: toda una situación de impunidad, mafiosa, que es el modo de operar de este Estado, de este Ministerio de Seguridad y de la política que llevó adelante Macri con sus secuaces. En un año mataron a Santiago Maldonado en un contexto de lucha mapuche, y a los poquitos meses a Rafael Nahuel. Son situaciones que han sido moneda corriente en la zona de donde provengo y que han quedado impunes», contextualizó Soraya. Esa es la violencia que interpeló a Santiago.

«Asumí esta lucha por él y por mí: sé que estoy haciendo lo correcto, de lo contrario lo estaría traicionando. Él es mi hermano y no un simple expediente. Voy a cuestionar a este gobierno tanto como lo hice con el gobierno anterior, hasta que se encuentre Justicia. No me mueve el odio, solo el interés de saber lo que pasó», dice, tras cuatro años de ausencia, su hermano Sergio.

Santiago Maldonado había cumplido 28 años el 25 de julio de 2017. Nació en democracia, como muchas y muchos de quienes cambiaron la pregunta «¿Dónde está Santiago?» por otra no menos potente, no menos ávida de Justicia: «¿Qué pasó con Santiago?» El joven de mirada profunda, el viajero, el militante, el artista le había avisado a su madre, Stella Peloso, que volvería a su casa el 4 de agosto.

Texto: Agencia Tierra Viva

 

Fuente: Radio Temblor

Boletín Ecológico de Panamá # 139

De la segunda quincena de julio de 2021.

Emitido por Radio Temblor. Medio Alternativo del Colectivo Voces Ecológicas COVEC

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Pescadores  de Isla Taboga se mantiene en vigilia

Pescadores de Isla Taboga han manifestado que aún se mantiene la nave Sea Lion en la zona costera donde hace dos meses se responsabilizó de una presunta contaminación por hidrocarburos. Actualmente la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) no ha divulgado ningún informe oficial y los costos de los operativos de limpieza  pagados por el Estado. Los pescadores habrían captado en video el pasado domingo 25 de julio un aparente derrame de hidrocarburos en aguas cercanas a la Isla de Taboga, incidencias ya cotidianas que aseguran afectan periódicamente a la pesca artesanal e industrias familiares del área basadas en el turismo. 

Panamá y Colombia firman acuerdo de interconexión eléctrica 

Los gobiernos de Colombia y Panamá firmaron un acuerdo para regular la interconexión eléctrica entre ambos países. El convenio permitirá definir los principios, criterios básicos y lineamientos generales en que se basará el esquema de armonización regulatoria para el desarrollo y operación de la interconexión eléctrica entre ambos países. Sin embargo, los pueblos indígenas Ngäbe Buglé y Emberá, presentaron su posicionamiento a esta amenaza e impactos negativos para la biodiversidad y respeto a las territorialidades indígenas.

Continúa la oposición al extractivismo minero

El movimiento Panamá vale más sin minería se movilizó el pasado 22 de julio, día global contra la minería. El movimiento constituido por organizaciones socioambientales y ciudadanos rechaza las negociaciones entre el Gobierno panameño y la empresa  canadiense Firts Quantum Mineral (FQM) que opera una gran mina de cobre. Sin embargo, este acto es contrario al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 9 de febrero de 1997, con la que se aprobó el contrato de la concesión minera. Además, rechazó cinco recursos de Minera Panamá, y la solicitud de aclaración de sentencia del Ministerio de Comercio e Industria (MICI). Es importante manifestar que el movimiento ciudadano Panamá vale más sin minería esta exigiendo enérgicamente una investigación sobre la contaminación producida por la empresa Minera Cobre Panamá el pasado 14 de julio en el afluente de quebrada Chicheme, ríos Del Medio y Caimito. 

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Fuente: Radio Temblor