El pasado 3 de mayo el estruendo de los helicópteros de las fuerzas de seguridad se entremezclaba con sonidos de disparos y los gritos de personas que corrían entre gases lacrimógenos. Eran los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía colombiana que habían intervenido el barrio popular de Siloé, en Cali, mientras se daba un homenaje pacífico a las víctimas durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Esa noche, tres jóvenes fueron asesinados.
“La protesta social y pacífica la están tratando como un asunto de guerra. Agentes vestidos de civil están matando en la noche, como si fueran escuadrones de la muerte”, señala Walter Agredo, miembro de la oenegé Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Unas denuncias que se repiten en las redes sociales acompañadas de videos donde las personas ya hablan abiertamente de “masacres”, acompañan mensajes con imágenes de uniformados patrullando con fusiles de guerra, dando palizas a manifestantes y disparando contra concentraciones pacíficas.
Fuera del país, organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Unión Europea pidieron a Duque cesar la represión, que hasta la fecha ha dejado al menos 24 fallecidos, 800 heridos y más de 2,000 detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Organismos de derechos humanos apuntan a que el número de fallecidos podría superar la treintena.
Ni siquiera Naciones Unidas (ONU), que también rechazó la violencia, pudo escapar de los ataques. “Miembros de la comisión (de derechos humanos de la ONU) recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía”, confirmó Juliette de Rivero, alta comisionada del organismo en Colombia.
“Me duele mucho saber que todos los días hay mamás a las que les están matando a sus hijos”, cuenta entre lágrimas a la prensa francesa la líder ambiental Francia Márquez, durante un homenaje a los asesinados en Siloé, una comunidad cuyas construcciones desafían la gravedad y la miseria entre las laderas de la ciudad.
Un barrio que, como muchos otros en Colombia, condensa las contradicciones de la pobreza, la violencia, el abandono del Estado, y una desigualdad estructural que mucho antes de la pandemia auguraba un inminente estallido social.
Desde el gobierno la idea de la reforma, la tercera bajo la administración de Duque, era supuestamente tener más recaudación para afrontar los gastos por la crisis sanitaria y evitar ampliar el déficit fiscal que según el Ministerio de Hacienda representaría el 7.8% del PIB.
El alza de impuestos sobre servicios básicos en medio de una severa situación económica agravada por la covid-19, encontró en las clases medias y populares –las más golpeadas por la crisis- una resistencia feroz. Esto se suma a la altísima y tradicional desconfianza de la población en cómo se disponen los fondos públicos y en las instituciones en general; según datos del Latinobarómetro, para 2020, la desconfianza de los colombianos en las instituciones estatales alcanzó un promedio de 67%.
Si Latinoamérica es la zona más desigual del mundo, Colombia encabeza la región con la brecha más grande entre los súper ricos y los más pobres, de acuerdo al Índice de Desarrollo Regional de América Latina elaborado por la Universidad de Los Andes.
De allí que solo hacía falta un chispa, como la reforma, para que se catalizara un descontento con profundas raíces, y que encontró en los jóvenes su canal de expresión más potente, reflexiona Agredo.
“Los jóvenes están cansados de vivir en un sistema social que los excluye, margina y los ve como potenciales delincuentes”, señala el activista, quien trabaja temas de derechos humanos en Cali; la ciudad que ha registrado la mayoría de los casos de violencia estatal, vandalismo, y que empieza a sufrir el desabastecimiento de combustible.
Los manifestantes aseguran que parte del caos en la urbe caleña responde a “infiltrados” del Estado para deslegitimar las protestas; en contraste, el gobierno dice que son bandas criminales y terroristas. “Todos debemos rechazar a los violentos. Organizaciones criminales se esconden detrás de la legítima protesta”, afirmó este miércoles el presidente Duque, en una alocución en la que ofreció recompensa para delatar a los “vándalos”.
Por su parte, la oposición y los movimientos sociales señalan como corresponsable de la crisis al exmandatario de extrema derecha, Alvaro Uribe Vélez (2002-2010), padrino político del presidente Duque. Líder histórico de su propia corriente política, el uribismo, este asevera que detrás de las revueltas habrían “bandas” bajo la doctrina de la “revolución molecular disipada”, una idea impulsada en los últimos años por el conocido neonazi chileno, Alexis López, y que ubicaría a las protestas como un intento de “grupos subversivos” para desestabilizar el país.
Uribe, actualmente investigado por la Justicia en casos ligados al paramilitarismo, sostiene que las manifestaciones están infiltradas por grupos que impulsan un “terrorismo vandálico”.
“Baile” de cifras
Organizaciones de derechos humanos han pedido al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la Nación acelerar la búsqueda de desaparecidos, frente a la enorme diferencia de registros. Oficialmente la Defensoría habla de 87, mientras que grupos como la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada señalan que estas podrían alcanzar los 300.
Si bien la fiscalía apenas ha abierto investigaciones sobre algunas denuncias, personas como Temilda Vanegas, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), tienen serias dudas que las víctimas se les haga justicia o se conozca la verdad de los crímenes cometidos.
“Las desapariciones y persecuciones han sido una política de Estado por décadas. Desde 1968 lo venimos denunciando”, subraya Vanegas, una mujer que conoce bien el terror paramilitar y la negligencia del Estado. Su esposo, Jorge Franco Argumedo, fue desaparecido por su militancia política en noviembre de 1987. Apareció muerto en el río Magdalena. Vanegas, sin ayuda oficial, logró encontrar a su compañero en el cementerio Calancala de Barranquilla.
Y es que la historia de Colombia reserva no pocos episodios de complicidad o participación del Estado en crímenes de lesa humanidad, como lo evidencian las 22 sentencias en su contra, solo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cifras de la Defensoría estiman que, en un periodo de cuatro años, de 2016 a 2020, fueron asesinados por lo menos 700 líderes sociales y comunitarios en el país.
“El uribismo no tiene el temor de llevar al país a un río de sangre. Hay regiones que han querido expresarse, pero la presencia de bandas armadas y paramilitares lo dificulta. Pese a ese miedo, los muchachos están saliendo a defender el derecho a una vida digna”, apunta Vanegas.
Frustración y resistencia
Para el doctor en historia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina Gallego, estas tensiones son una extensión de las protestas de 2018 y 2019, mal manejadas por una “gestión autista” de Duque.
“La pandemia no generó la movilización, agudizó los problemas. Es la ausencia de una política de seguridad social para los colombianos. Contra el incremento de la pobreza, el hambre, la pauperización de las clases medias trabajadoras. Por eso, aunque Duque reculó con la reforma fiscal, la manifestaciones continúan”, explica Medina.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane), el desempleo para marzo de este año superó el 15%; mientras la población en pobreza monetaria, es decir, que subsiste con ingresos por debajo de la canasta básica, llegó al 42,5%. Unos 21 millones de colombianos son pobres y 7,5 millones están en pobreza monetaria extrema.
En opinión del investigador, Duque ha “seguido fiel las indicaciones del expresidente Álvaro Uribe” y su línea del “uso de las armas para sofocar la protesta social”, un camino que no descarta una declaración de “estado de conmoción nacional” si el Ejecutivo no puede controlar el descontento en las calles. Una militarización de todo el país, similar a lo que ya ocurre en Cali.
Otro punto que destaca Medina son las posibles tensiones a lo interno de la institución policial frente a la crisis. “Hay cierto sector de la Policía que ya no quiere salir a golpear a los sectores populares de los cuales proviene y en donde vive (…) su legitimidad se desmorona cada vez más cuando el pueblo uniformado tortura y asesina al pueblo con pancartas y hambre”, subraya el investigador, que piensa que esta contradicción podría tener consecuencias dentro de la coyuntura.
¿Cuáles podrían ser los posibles caminos que tomen las movilizaciones? De acuerdo con Medina, aunque el escenario de alta incertidumbre, dada la naturaleza fractal del movimiento, en el cual se expresan una multiplicidad de reivindicaciones, una opción podría ser la vía de una mesa de diálogo con la gente en la calle, acompañada de intermediarios reconocidos y veedurías internacionales. Para eso tendría que haber una voluntad real del gobierno frente a muchas demandas que son contrarias a los intereses del uribismo, un escenario difícil de alcanzar por el momento.
Duque instaló este miércoles una mesa diálogo con diversos sectores, aunque sin representación de los manifestantes ni la oposición.
Otro camino, ante un escalamiento del conflicto y la represión, sería la exigencia de la salida de Duque del poder, a quien le queda poco más de uno año para terminar su mandato. Así lo ve Rodrigo Ayala, activista de Colectivos Unidos en Cali: “Si es por la dinámica actual que mantiene el movimiento, no se podría descartar ese escenario. Tras los atropellos y las muertes, algunos sectores han empezado a exigir su dimisión”.
Ayala destaca, además, lo que considera un “fenómeno novedoso” dentro de la dinámica social de Colombia y la “autoorganización popular” en las comunidades. Puesta para exigir derechos, abastecerse de alimentos o resistir el tropel policial en las calles.
Parte de esto, recalca, estaría relacionado con el rol secundario que mantienen los grupos armados guerrilleros.
“Las FARC son parte del pasado y el ELN aún tiene cierta incidencia territorial, pero está al margen de las movilizaciones. Durante mucho tiempo, estas organizaciones se arrogaron el derecho único de ‘representar al pueblo’, lo que minimizó la participación de la gente”, dice Ayala y agrega, “hoy eso cambió en términos de conciencia política, la población asumió un rol mucho más activo, con los jóvenes en la vanguardia de la lucha por las libertades”.
Más allá de las escenas de violencia, miles de colombianos salieron este jueves en varias ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín de manera pacífica. Está convocado para el próximo 19 de mayo un nuevo paro nacional.
Por: Juan Alberto Cajar B. Periodista y analista internacional.
Foto: www.desinformemonos.org
Fuente: Radio Temblor Internacional
