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BOLETÍN JUBILEO SUR / AMÉRICAS JUNIO 2020 EL CARIBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Mês: junho 2020
Dialogo 2000: La Deuda o el Pueblo
Las negociaciones que continúan, para acordar un plan de pagos a los prestamistas privados extranjeros, muestran que el poder económico-financiero, político y mediático está alineado en naturalizar y defender la necesidad de “honrar” y pagar la supuesta “deuda”. Ante ello, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deudaredobla su llamado al gobierno para que se cambie de rumbo. Ahora, más que nunca, se precisa priorizar los derechos y necesidades del pueblo.
El pronunciamiento que se dirige al gobierno, con la firma de 600 organizaciones, referentes populares, intelectuales y activistas del país y el mundo, destaca que “la situación actual, donde la pandemia agudizó una crisis económica y social que castiga a la clase trabajadora y al pueblo en su conjunto, es motivo suficiente para sostener, en términos de soberanía y justicia social, la necesidad y urgencia de suspender todos los pagos, investigar la deuda y dejar de dilapidar las divisas disponibles en el pago de una deuda ilegítima, ilegal y odiosa.“
¡La deuda es con el pueblo!, enfatiza la Autoconvocatoria. “Cada moneda que va a los prestamistas –sean los bonistas, el FMI, el BM, el Club de París – es un recorte a la inversión en políticas públicas esenciales para garantizar derechos básicos como salud, vivienda, alimentación, agua, empleo, jubilaciones, contra la violencia de género, entre otros que permitirían cubrir necesidades urgentes”.
Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, entre les impulsores de la campaña popular frente a la Deuda y al FMI, presentaron el llamado en una Conferencia virtual el 20 de mayo. Abogaron por abordar la deuda soberanamente, ser rebeldes frente a la dominación que ejerce y fortalecer la resistencia articulando con todos los pueblos y sectores afectados. Como sostiene el texto, remarcaron que “tenemos derecho a saber si es legítima y legal, o una deuda fraudulenta y odiosa como tanto se ha denunciado, incluso desde los tribunales argentinos… para no pagar lo que no debemos”.
LaAutoconvocatoriareafirmó sus reclamos en la Asamblea virtual realizada el 30 de mayo. Se reunieron 85 organizaciones y dirigentes populares desde diversos puntos del país, incluyendo a referentes en materia de la deuda como Claudio Lozano (Unidad Popular), Eduardo Lucita (integrante de Economistas de Izquierda), Julio Gambina (Corriente Política de Izquierda), Beverly Keene (Diálogo 2000-Jubileo Sur) y María Elena Saludas (Attac-Cadtm) – además de la infaltable Nora Cortiñas.
La Asamblea acordó, además, iniciar un Juicio Popular a la Deuda y al FMI el próximo 13 de julio, al cumplirse 20 años del fallo judicial en el Caso Olmos con el que se debería haber anulado la deuda encontrada fraudulenta. Tomó nota que el Banco Central ha reconocido públicamente que la deuda asumida durante el gobierno de Macri, incluyendo el préstamo del FMI, no benefició en absoluto al pueblo argentino, sirviendo solo para la especulación y la fuga. Se acordó insistir en la profundización de la investigación respectiva, para llegar a sanciones concretas para que, en todo caso, paguen la deuda quienes se beneficiaron con ella. Se planteó presentarse ante la Comisión bicameral de seguimiento de la deuda en ese mismo sentido, buscando además una participación directa en sus investigaciones. Al concluir, convocó a todas las organizaciones populares a sumarse en esta campaña por liberarnos de la dominación de la deuda. Se está al servicio de la Deuda, o del Pueblo.
– Argentina, 4 de junio de 2020
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO
E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
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Ver aquí el pronunciamiento completo.
Fuente: Dialogo 2000
La Deuda es con los Pueblos
La Deuda origina miseria y pobreza para los pueblos.
Frente a esta agresion
Los Pueblos seguiremos en resistencia
¡POR NUESTRA DIGNIDAD!
¡POR NUESTRA SOBERANÍA!
¡POR NUESTRA AUTODETERMINACIÓN!
NO DEBEMOS NO PAGAMOS SOMOS LOS PUEBLOS LOS ACREEDORES
El impacto del COVID-19 en el avance al cumplimiento de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe
Jubileo Sur Americas les invita a escuchar nuestro Podcast “El impacto del COVID-19 en el avance al cumplimiento de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe”.
RACDES: UN AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE BUKELE Y LA AGENDA AMBIENTAL AUN PENDIENTE
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Este primero de junio, el presidente Bukele cumple un año de su gestión gubernamental, un año que se ve sumada a toda una pandemia sanitaria del COVID19 y que muy poco se reflexiona que estos cambios tienen que ver con las relaciones que el ser humano tiene con la naturaleza.
Son 12 meses de una gestión que no ha visualizado cuál es su plan estratégico en materia ambiental y mucho menos qué acciones impulsará por la recuperación de los ríos, flora y fauna, doce meses que aún no se visualiza como serán los mecanismos de acercamientos con las organizaciones ambientalistas del país para lograr consensos por una recuperación del país en materia ambiental.
Las y los ambientalistas afirmamos que la crisis ambiental se manifiesta, en la falta de agua, contaminación, deforestación; falta de marcos jurídicos que protejan y se haga buen uso de los medios de vida; los gobiernos anteriores han dejado un marco regulatorio que puede usarse como instrumentosde política para determinar acciones que puedan reducir el deterioro ambiental y ya no seguir destruyendo los suelos, biodiversidad, bosques, fuentes agua y otros.
Sin embargo, lo que hemos observado es que en esta gestión han sido benevolentes con la autorización de permisos ambientales a las empresas que sin ninguna sensibilidad han destruido pequeñas reservas de bosques que aun guardan biodiversidad y agua en la zona norte de san Salvador proyectos urbanísticos como Valle el Ángel y el proyecto de la zona del cantón San Luis Mariona de Cuscatancingo, La Residencial Bosque del Prado.
Desde el ejecutivo este año de gestión, queda en deuda el poco seguimiento y monitoreo para un adecuado cumplimiento de las leyes ambientales a nivel nacional, en ese sentido es necesario que se cumpla adecuadamente la ley de medio ambiente, la ley forestal, la ley de riego y avenamiento, la ley de áreas naturales protegidas, la ley de conservación de la vida silvestre y la ley para el manejo y cuido de animales de la calle.
Además, urgen acciones gubernamentales para desarrollar una gestión estratégica e integral de los riesgos, donde se pase de un enfoque reactivo o emergencia a un enfoque prospectivo; y esto queda en evidencia con la actual tormenta tropical AMANDA, porque el gobierno no tiene “UN PLAN DE EMERGENCIA” que oriente al Sistema de Protección Civil, el que en este año de gestión fue desarticulada, sabiendo que el 80% de nuestro territorio salvadoreño es vulnerable a los embates del cambio climático.
Que se destinen y ejecuten los fondos suficientes para atender las emergencias y los desastres considerando que los impactos del cambio climático a nivel comunitario se suman cada año a larga gestión que se debe implementar.
Es necesario que esta gestión busque estrategias para darle reconocimiento a la medicina natural y a los alimentos ancestrales pues por ellos se puede enfrentar muchas enfermedades que se están dando a causa de los cambios climáticos. Además, se impulse una política integral de manejo de residuos sólidos, en donde, se rompa el monopolio del negocio de la basura y que la gestión de los mismos la pueda ejecutar cada municipio y no se vea la basura como mercancías sino más bien como un problema de gestión
para el saneamiento ambiental.
El discurso de anoche, no da señales de buscar resolver los problemas estructurales del país y en un año de gestión se ha vulnerado el frágil proceso democrático que se venía construyendo, con esos discursos de odio donde pone a pelear a los mismos pobres; “Señor presidente no vamos a ningún lado, es más usted mismo junto con su gabinete labran la estaca donde terminará su gestión”.
CONSTRUYENDO PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DE LA VIDA.
RED DE AMBIENTALISTAS COMUNITARIOS DE EL SALVADOR, RACDES.
San Salvador, 01 de junio del 2020.
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores – Cuba condena el terrorismo y la manipulación política
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su enérgico rechazo a la calumniosa inclusión de la República de Cuba en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos referida a países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, hecha pública el 13 de mayo de 2020, que fue contundentemente rechazada por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Se trata de un listado unilateral y arbitrario, sin fundamento, autoridad o respaldo internacional alguno y que, como se sabe, solo sirve a propósitos de difamación y coerción contra países que se niegan a acatar la voluntad del gobierno de los Estados Unidos en sus decisiones soberanas.
El principal argumento utilizado por el gobierno de los Estados Unidos fue la presencia en el territorio nacional cubano de miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
Como es ampliamente conocido, la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia está en nuestro territorio porque, en virtud del abandono repentino de Ecuador de su condición de sede y a solicitud del gobierno colombiano y del ELN, el proceso de paz se trasladó a La Habana en mayo del 2018.
Este diálogo de paz había comenzado el 7 de febrero del 2017 en Quito. Cuba, junto a Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Noruega, ha fungido como Garante del proceso de paz, por petición de las partes.
A partir de la llegada del Sr. Iván Duque Márquez a la Presidencia de Colombia el 7 de agosto del 2018, representantes de ese gobierno sostuvieron, desde el 8 de agosto de ese año, hasta enero del 2019, varios intercambios con Cuba y con la delegación de paz del ELN con el propósito de continuar los diálogos que habían comenzado durante el mandato del Presidente Santos, proceso en el cual nuestro país actuó con la debida discreción y riguroso acatamiento de su papel de garante.
Tras el atentado en la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá, del 17 de enero de 2019, el Presidente de la República de Cuba y el Ministro de Relaciones Exteriores expresaron de inmediato sus condolencias al gobierno y pueblo colombianos, en particular a los familiares de las víctimas del atentado, y reiteraron la firme posición de nuestro país de rechazo y condena a todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones.
El gobierno colombiano tomó entonces acciones políticas y legales contra la delegación de paz del ELN que se encontraba en territorio cubano y rompió el diálogo de paz. Adicionalmente, decidió desconocer el Protocolo de Ruptura, en franco abandono y quiebre de los compromisos adquiridos por ese Estado con otras seis naciones firmantes del mismo.
El Protocolo de Ruptura se firmó en el marco de las negociaciones de paz por el Gobierno de Colombia, el ELN y los países Garantes, el 5 de abril de 2016. En él se establece el regreso seguro de la delegación guerrillera a Colombia en caso de romperse el diálogo.
El gobierno cubano sostuvo y sostiene hoy que lo que corresponde, según los documentos acordados, es la aplicación del Protocolo. Esta postura, respaldada ampliamente por la comunidad internacional y sectores comprometidos con la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado colombiano, es una práctica universal reconocida y ratificada reiteradamente por apegarse al Derecho Internacional y a los compromisos del País Garante y Sede de los diálogos. Debido a la no aplicación de este Protocolo, es que aún permanecen en el país los miembros de la delegación de paz del ELN.
El gobierno colombiano ha incursionado en una serie de acciones hostiles contra Cuba, que incluyen declaraciones públicas, amenazas y emplazamientos, mediante la manipulación, ingrata y políticamente motivada, de nuestra inobjetable contribución a la paz en Colombia. Entre estas acciones, se registró la modificación de la postura histórica de Colombia de apoyo a la Resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas en demanda del fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos que provoca daños y sufrimiento al pueblo cubano. Esta acción cambió ostensiblemente la posición consistente e invariable de todos los gobiernos colombianos desde 1992.
El mismo día que EE.UU. anunció la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, el Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, Sr. Miguel Ceballos Arévalo declaró públicamente que la decisión del Departamento de Estado de incluir a la isla era un “espaldarazo” al Gobierno de Colombia y a su “insistente solicitud” para que Cuba le entregara a los miembros de la delegación de paz del ELN.
Estas declaraciones del Sr. Ceballos han sido criticadas en Colombia por amplios sectores comprometidos con la paz y varios políticos colombianos han demandado del gobierno una explicación sobre las mismas y acerca del desconocimiento del Protocolo de Ruptura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza, en términos enérgicos, las declaraciones del alto funcionario colombiano.
Lo que se desprende de los comentarios del Alto Comisionado para la Paz es que la conducta del gobierno de Colombia ha servido y facilitado los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos contra nuestra Nación y que ha brindado su “espaldarazo” a las infamias estadounidenses contra una nación de América Latina y el Caribe.
La presencia de representantes del ELN en nuestro territorio, en la que descansa la acusación estadounidense, no es más que un pretexto endeble y deshonesto, carente de sentido y facilitado por la actitud ingrata del gobierno de Colombia, si es que algún crédito merecen las declaraciones del Sr. Ceballos.
En cualquier caso y aún con esa supuesta ayuda del gobierno de Colombia, la acusación de los Estados Unidos es totalmente infundada. Existen evidencias concretas, algunas de ellas muy recientes, de nuestra colaboración bilateral con los Estados Unidos en el combate contra el terrorismo y en esfuerzos conjuntos de aplicación y cumplimiento de la ley, en acciones de particular interés para este, lo que convierte la calificación anunciada por el Departamento de Estado en un acto deliberado de distorsión de la verdad.
Debe recordarse que Cuba es un país que ha sido víctima de numerosos actos terroristas organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos, por parte de grupos e individuos que han disfrutado allí de tolerancia y protección gubernamental, realidad que es de dominio público. Fue víctima también, en el pasado, del terrorismo de Estado perpetrado directamente por el gobierno de los Estados Unidos, que actuó en ocasiones en contubernio con el crimen organizado de ese país. Por acciones de este tipo han muerto 3478 cubanos y 2099 sufren o han sufrido algún tipo de discapacidad.
El pasado 30 de abril, nuestra Embajada en los Estados Unidos fue objeto de una agresión terrorista. El gobierno estadounidense mantiene desde entonces un silencio cómplice, sin condenar o siquiera rechazar el hecho, y se abstiene de tomar acciones contra personas y grupos terroristas radicados en territorio estadounidense que incitan a la violencia contra Cuba y sus instituciones.
Como consecuencia, tras el atentado terrorista contra nuestra Misión Diplomática en Washington, se han producido amenazas contra la integridad de diplomáticos y Embajadas cubanas en los propios Estados Unidos, así como en México, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Canadá, Chipre, Austria y Angola, todo lo cual se ha informado a los respectivos gobiernos.
La actitud de manifiesta complicidad del gobierno de los Estados Unidos conlleva el peligro de ser asumida como un endoso al terrorismo. Es consecuente con la intensificación de la política de agresión e instigación a la violencia contra Cuba, llevada incluso a los países donde labora personal cubano de la salud en programas bilaterales de cooperación.
El compromiso de nuestra Nación con la actuación enérgica y la condena del terrorismo está recogido en la Constitución. Es absoluto y categórico contra cualquiera de sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado, y está respaldado por la debida legislación. Existen sobradas razones para dudar de que el gobierno de los Estados Unidos pueda emitir una afirmación tan categórica sobre su posición frente al terrorismo.
Cuba ha mantenido de manera invariable su apoyo a la paz de Colombia y ha trabajado desde su condición de Garante en la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), a pesar de que el Gobierno colombiano no ha garantizado la protección de dicho Acuerdo y no ha asegurado su estricto cumplimiento.
Como se ha planteado por vías diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita al gobierno de Colombia conocer cuál es su postura sobre la condición de los Garantes en el proceso de Paz de Colombia, en particular el de Cuba.
Igualmente, requiere conocer cuál es la posición del gobierno sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la FARC-EP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores insta al Gobierno de Colombia a que declare su posición oficial acerca de las razones que le atañen para la inclusión de Cuba en la lista elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y aclare cuál fue el papel y la postura de sus funcionarios en los intercambios previos realizados con los Estados Unidos al respecto.
Como país que ha sido víctima del terrorismo, Cuba deplora toda manifestación de manipulación y oportunismo político al tratar un asunto tan sensible.
La Habana, 1 de junio del 2020